Crítica:
La noticia es un ejercicio de contraste evidente, aunque el autor se pierde en un exceso de historia sobre la Bastilla que no aporta nada al conflicto político. Es básicamente un '¿Dónde está el presidente?' disfrazado de crónica.
Sánchez celebra la Fiesta Nacional de Francia en París el mismo día que España se juega el Mundial ante los...
Sánchez prefiere París que el Mundial
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Supremo tumba otro enchufe en Badajoz
En la Diputación de Badajoz, el concepto de 'meritocracia' parece haberse confundido con el de 'árbol genealógico'. Mientras el ciudadano medio se pelea con la administración para conseguir una cita médica, algunos logran que el currículum sea un simple trámite familiar. El Tribunal Supremo, en una providencia del 6 de mayo de 2026, ha puesto el punto final a la fantasía de Ana Filipa Filipe Domingues. La nuera de Francisco Mendoza Sánchez, ex delegado del Gobierno en Extremadura, ha visto cómo su intento de salvar un nombramiento cuestionable se estrellaba contra la realidad jurídica. El magistrado José Luis Requero y el presidente Pablo Lucas no han tenido piedad: el recurso de casación estaba tan mal fundamentado que ni siquiera merecía entrar en el juego. Es el clásico caso de intentar tapar el sol con un dedo, pero con un dedo que no sabe escribir derecho. El Supremo ha dejado claro que no está para analizar 'defectos de forma' en escritos que no aportan nada nuevo, condenando además a la recurrente a pagar las costas procesales, con un tope de 500 euros más IVA por cada parte. Un sablazo final, aunque ridículo comparado con el valor de una plaza de funcionario. Este episodio es el espejo deformante del 'caso del hermanísimo' de Pedro Sánchez en la misma institución. Si bien uno va por la vía penal y el otro por la contencioso-administrativa, el aroma es el mismo: el uso de la maquinaria pública como una agencia de colocación privada. Francisco Mendoza Sánchez, quien ya tiene a varios familiares en la Diputación y en Promedio, intentó blindar a su nuera portuguesa mediante un examen corregido 'a medida', una maniobra que el TSJ de Extremadura ya había dinamitado en 2024. Ahora, la Diputación de Badajoz tiene la sentencia firme en la mesa y el dilema de si ejecutarla de oficio o esperar a que alguien se atreva a denunciar, sabiendo que en esos pasillos el miedo a las represalias es el combustible principal.
Menos aviones y más fuego: el cuento
El Gobierno juega al póker con el clima y, por lo visto, ha decidido apostar a que el fuego no sabe contar. Pedro Sánchez nos advierte que tendremos un 'verano complejo', una frase que suena a aviso de tormenta pero que, en la práctica, es como decirte que el barco tiene agujeros mientras te pide que sigas remando. La paradoja es deliciosa: el escenario es peor, pero la flota de apoyo a las autonomías se ha quedado congelada en 42 aeronaves, exactamente las mismas que en 2025. Para entender el delirio, miremos la factura. En septiembre de 2025, el Ejecutivo tuvo que soltar 2,1 millones de euros extra porque los helicópteros se quedaron sin horas de vuelo; básicamente, se gastaron el presupuesto antes de que terminara la temporada. Ahora, con un matorral que ha crecido gracias a las lluvias y que es combustible puro, el Gobierno repite la misma receta. Hugo Morán presume de que las horas de vuelo han saltado de 764 a 2.086 en el mismo periodo, un incremento del 173% que no es una medalla al mérito, sino la prueba de que el sistema está al borde del colapso. Mientras Juanma Moreno alerta de que la superficie quemada se ha triplicado, el Estado se escuda en la falta de Presupuestos Generales para no contratar más medios. Es la clásica ingeniería financiera de 'no tengo dinero para el seguro, pero espero que no se queme la casa'. Y la mentira tiene patas cortas y alas rotas: Sánchez prometió 15 aviones anfibios para el despliegue más grande de la historia, pero la realidad es que solo hay siete FOCA activos. Al final, el coste de este ahorro creativo se paga en hectáreas y vidas, como el drama de Los Gallardos con sus 13 fallecidos y 7.000 hectáreas calcinadas. Un despliegue de optimismo ciego frente a un país que arde.
Sánchez: graduación VIP con asesor público
Hay quienes viajan en familia para celebrar los logros de sus hijos y luego vuelven a la realidad de pagar el alquiler. Pedro Sánchez, en cambio, ha elevado la graduación de su hija Ainhoa en la Universidad de Bristol el pasado 9 de julio a un evento de Estado, con derecho a escolta y un 'estuche de viaje' humano incluido. El invitado de honor no fue un primo lejano, sino Raúl Díaz Silva, el asistente personal y administrador de Moncloa que ya conoce bien los pasillos del juzgado tras declarar ante el juez Juan Carlos Peinado en el caso Begoña Gómez. Mientras el ciudadano medio calcula si puede permitirse un café con leche, el presidente utilizó el Airbus A310 oficial para volar desde la cumbre de la OTAN en Ankara hasta Londres el 8 de julio. Un despliegue logístico que hace que un viaje de EasyJet de vuelta a Madrid parezca, casi, un acto de humildad fingida. Raúl Díaz Silva no solo fue el testigo que negó haber nombrado a Cristina Álvarez en mayo de 2025, sino que se sentó en la misma fila que los padres y hermanos, fundiéndose en el núcleo familiar como si fuera un Sánchez más, pero pagado con el dinero de todos. La escena es surrealista: el asesor, que también acompaña al matrimonio en escapadas a Andorra o al Primavera Sound el pasado 6 de junio, vigilaba que nadie 'importunara' al jefe en la tercera fila del avión. Es la gestión de la confianza llevada al extremo: un funcionario de alto cargo que sirve de escudo humano y acompañante sentimental en eventos privados, mientras la esposa del presidente, Begoña Gómez, navega entre permisos judiciales del magistrado Antonio Viejo y pasaportes retenidos. Un despliegue de privilegios donde la línea entre el erario público y la agenda íntima es tan difusa que ya no se sabe dónde termina el Estado y dónde empieza el club privado de Moncloa.
Rajoy se pasa de frenada con Francia
Mariano Rajoy ha vuelto a demostrar que tiene el don de decir lo que nadie quiere oír, pero con la elegancia de quien cree que está soltando una verdad incómoda en un café de barrio. En una columna para El Debate, el expresidente lanzó un dardo venenoso: la selección francesa tiene un «altísimo nivel», pero añadió que es «sin franceses». Una frase que, traducida al idioma de la calle, es básicamente decir que el cocinero es un crack, pero que el restaurante no es francés. Un comentario que ha caído como un cubo de agua fría en el Elíseo y que ha activado todas las alarmas del correctness galo. La respuesta ha sido un despliegue de indignación institucional que parece coordinado por un reloj suizo. Laurent Nuñez, ministro del Interior, no se ha guardado nada en BMF TV, calificando las palabras de «absolutamente inaceptables». Mientras Rajoy jugaba con la semántica de la identidad, la Embajada de Francia decidió sacar la calculadora para dejarle en evidencia: de los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Los otros 3 también son franceses. Básicamente, le han dicho que su análisis tiene menos rigor que una promesa electoral de campaña. Pero la cosa no quedó en el reproche diplomático. Aurore Bergé, ministra delegada para la Igualdad, ha tachado el episodio de «resbalón racista insoportable», mientras que Naïma Moutchou, ministra para los territorios de Ultramar, ha pedido a la Federación Francesa de Fútbol que pase a la acción legal. Moutchou no ve un desliz, sino un «odio metódico». Al final, lo que empezó como una opinión de columnista ha terminado siendo un partido de tenis diplomático donde Rajoy ha servido un doble error y Francia ha respondido con un derechazo jurídico.
Supremo frena el 'tajo' a inmigrantes
El Tribunal Supremo acaba de darle un correctivo al Gobierno, recordándole que gobernar no es como borrar un mensaje de WhatsApp: no todo se soluciona con un 'clic' automático. Resulta que el reglamento de extranjería aprobado el 19 de noviembre de 2024 pretendía aplicar la técnica del 'tajo ciego', denegando la residencia a familiares de inmigrantes con antecedentes penales sin mirarles siquiera a los ojos. Una especie de portero de discoteca implacable que no deja pasar a nadie con una mancha en el currículum, sin importar si la falta fue un desliz de hace veinte años o algo serio. Cinco entidades sociales —Cáritas, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Red Acoge, Andalucía Acoge y el Servicio Jesuita a Migrantes— decidieron que este automatismo era una aberración y llevaron el asunto al juzgado. El Supremo les ha dado la razón en lo fundamental: no se puede gestionar la vida de las personas como si fueran tickets de soporte técnico. Ahora, la Administración tendrá que sudar la camiseta y hacer una valoración individualizada, pesando la gravedad del delito y el interés de los hijos menores, en lugar de limitarse a pulsar el botón de 'denegar'. Pero la fiesta de la anulación no termina ahí. El Supremo también ha barrido la norma que castigaba a los menores casados (un guiño necesario a las víctimas de matrimonios forzados) y ha dejado claro que atender a menores no acompañados es una obligación incondicionada, no una sugerencia según el humor del funcionario. Incluso ha dinamitado la barrera digital que obligaba a ciertos extranjeros a hablar solo con la Administración vía electrónica, como si todos tuvieran fibra óptica y un máster en informática. Eso sí, el Gobierno mantiene su victoria en el arraigo: mientras esperes el asilo, no hay atajos ni cuentan los días para el arraigo. Un equilibrio quirúrgico entre la humanidad y la burocracia.
Sueldos de lujo en Correos hundidos
Hay una magia muy particular en la gestión pública: la capacidad de hundir un barco y cobrar un bono por el hundimiento. Mientras Correos se desangraba con pérdidas superiores a los 1.000 millones de euros entre 2018 y 2023, Juan Manuel Serrano y Leire Díez se aseguraron de que sus cuentas personales no conocieran la sequía. Juntos embolsaron más de 1,2 millones de euros. Es el arte de la ingeniería financiera aplicada al bolsillo propio mientras la empresa, la 'corporación amarilla', se convertía en un agujero negro presupuestario. Serrano, el hombre fiel que acompañó a Pedro Sánchez desde 2014, aterrizó en la presidencia de Correos el 19 de julio de 2018. Durante cinco años y cinco meses, se paseó por el cargo cobrando cerca de un millón de euros. En 2023, su retribución fue de 207.077,65 euros; una cifra que, para el ciudadano medio, equivale a décadas de ahorro sin salir de casa. Y como el sistema es generoso con los suyos, al salir el 27 de diciembre de 2023, se llevó una indemnización de 25.335 euros. Para no aburrirse, Sánchez lo recolocó en la Seitt, donde puede aspirar a otros 160.000 euros anuales. Es el ciclo del reciclaje político: del fracaso al sueldo público. Luego tenemos a Leire Díez, la pieza del puzzle que entró el 17 de noviembre de 2021 gracias a un diseño de requisitos 'a medida' pactado con Vicente Fernández de la SEPI. En poco más de dos años, Díez acumuló unos 260.000 euros, incluyendo 24.400 euros de indemnización. Lo más jugoso: en sus dos últimos meses cobró más de 57.000 euros brutos. Mientras Amazon y AliExpress devoraban la paquetería, la cúpula de Correos se dedicaba a la filatelia de lujo. Ahora, para tapar el desastre que CCOO y UGT tachan de histórico —con pérdidas que algunos elevan a 1.500 millones—, el Gobierno soltará una inyección de 3.000 millones de euros. Dinero público para arreglar el desastre de quienes cobraron como estrellas de rock mientras la empresa quebraba.
Visados de lujo y relevos sospechosos en Níger
Hay quien dice que la diplomacia es el arte de decir 'estoy pensando en ello' mientras se cierra la puerta. En Niamey, el arte ha pasado a ser la gestión de visados Schengen, que según Africa Intelligence se vendían como si fueran entradas VIP para un festival, con precios que oscilaban entre los 2 y 5 millones de francos CFA. Traducido al idioma del ciudadano que lucha con la inflación: entre 3.000 y 7.600 euros por un papelito que te abre las puertas de Europa. Un negocio redondo para Maty Cissokho Toumba, esposa del general Mohamed Toumba, quien no solo es el ministro del Interior y el número tres de la junta militar desde el golpe de julio de 2023, sino que su mujer figuraba en LinkedIn como administrativa de la Embajada de España. Mientras la Dgdse, el servicio de inteligencia de Níger, rastrea cómo 1.500 malienses saltaron la valla usando Benín y Senegal como escala, Madrid ha decidido aplicar la técnica del 'borrón y cuenta nueva'. Justo en medio del avispero, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha reorganizado la casa. El BOE publicó en abril el nombramiento de Eugenia Simó García como Segunda Jefa de la Embajada, sustituyendo a Raúl Montilla Rubiales, quien ha sido enviado a Macedonia del Norte, probablemente para respirar aire más puro. La hipocresía es exquisita: mientras la Audiencia Nacional ya tiene en el radar una trama similar en Argel, el Ministerio de Exteriores guarda un silencio sepulcral ante THE OBJECTIVE. No hay respuestas, solo relevos organizativos. Es la danza clásica de la administración: cuando el humo de la corrupción empieza a oler a quemado, cambian los muebles de sitio y esperan que el viento se lleve el escándalo. Al final, el visado es la moneda de cambio y la ética, un trámite opcional.
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