Crítica:
El texto original es un despliegue de agravios comparativos que mezcla rigor histórico con peleas de Twitter. Le sobra militancia y le falta un editor que sepa separar la crónica de la denuncia.
Las feministas cargan contra TVE por incluir propaganda trans en programas de historia
TVE reescribe la historia: ¡Sablazo al feminismo!
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Visados de lujo y relevos sospechosos en Níger
Hay quien dice que la diplomacia es el arte de decir 'estoy pensando en ello' mientras se cierra la puerta. En Niamey, el arte ha pasado a ser la gestión de visados Schengen, que según Africa Intelligence se vendían como si fueran entradas VIP para un festival, con precios que oscilaban entre los 2 y 5 millones de francos CFA. Traducido al idioma del ciudadano que lucha con la inflación: entre 3.000 y 7.600 euros por un papelito que te abre las puertas de Europa. Un negocio redondo para Maty Cissokho Toumba, esposa del general Mohamed Toumba, quien no solo es el ministro del Interior y el número tres de la junta militar desde el golpe de julio de 2023, sino que su mujer figuraba en LinkedIn como administrativa de la Embajada de España. Mientras la Dgdse, el servicio de inteligencia de Níger, rastrea cómo 1.500 malienses saltaron la valla usando Benín y Senegal como escala, Madrid ha decidido aplicar la técnica del 'borrón y cuenta nueva'. Justo en medio del avispero, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha reorganizado la casa. El BOE publicó en abril el nombramiento de Eugenia Simó García como Segunda Jefa de la Embajada, sustituyendo a Raúl Montilla Rubiales, quien ha sido enviado a Macedonia del Norte, probablemente para respirar aire más puro. La hipocresía es exquisita: mientras la Audiencia Nacional ya tiene en el radar una trama similar en Argel, el Ministerio de Exteriores guarda un silencio sepulcral ante THE OBJECTIVE. No hay respuestas, solo relevos organizativos. Es la danza clásica de la administración: cuando el humo de la corrupción empieza a oler a quemado, cambian los muebles de sitio y esperan que el viento se lleve el escándalo. Al final, el visado es la moneda de cambio y la ética, un trámite opcional.
Serrano: Millones en Panamá y Correos hundidos
Gestionar Correos resultó ser un deporte de riesgo, o al menos para el contribuyente. Juan Manuel Serrano, el hombre de confianza de Pedro Sánchez, dirigió la entidad entre 2018 y diciembre de 2023 dejando un agujero contable que supera los 1.000 millones de euros. Mientras la empresa se desangraba, Serrano y Leire Díez —a quien 'enchufó' en la estructura— se aseguraban un botín personal de unos 1,2 millones de euros. Una gestión brillante, si el objetivo era vaciar la hucha. Lo más excretionario es la ingeniería financiera para repartir el pastel. En 2021, Serrano soltó dos millones de euros a Sortis Networks, una consultora de comunicaciones basada en Panamá. Para el ciudadano común, dos millones son el precio de varias vidas de alquiler, pero para Serrano era el coste de un 'servicio de consultoría' adjudicado a una firma invisible en los rankings, pero muy visible en la agenda de amigos. Resulta curioso que la empresa pertenezca a Javier Martínez Acha, íntimo de Antonio Hernando. Lo más irónico es que Sánchez prometió no contratar con paraísos fiscales, justo cuando Panamá volvía a la 'lista negra' de la UE en marzo de 2020. El compromiso político, al parecer, tiene un asterisco cuando el amigo es el que firma. Pero el festín no terminó ahí. La lista de invitados incluía a Huawei, a pesar de que la UE la ve como un riesgo de seguridad nacional, y a las empresas de Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez. Incluso hubo espacio para Iberojet (Ávoris), justo después de que la familia Hidalgo recibiera un rescate de 475 millones en 2020. Todo coordinado por Serrano, quien ahora ve cómo la UCO y la imputación por el caso Leire convierten sus antiguos contratos en el peor regreso de inversión de su carrera.
Zapatero: El 'broker' del oro venezolano
Hay quien se jubila para cultivar tomates y hay quien, como el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero, decide que la jubilación es el momento ideal para jugar al 'broker' de metales preciosos en el Caribe. Mientras el ciudadano medio pelea con la letra pequeña de la hipoteca, Julio Martínez y Domingo Amaro Chacón —este último, generoso benefactor que soltó más de medio millón de euros a las hijas del expresidente por una web— se dedicaban a coordinar expediciones al Arco Minero del Orinoco. No eran vacaciones; buscaban el 'amarillo'. La jugada empezó en mayo de 2023, justo cuando el régimen de Nicolás Maduro se quedó huérfano de rutas comerciales tras el desplome del ministro Tareck El Aissami y el escándalo 'PDVSA-Cripto'. En ese vacío de poder, apareció la red de Zapatero para hacer de puente dorado hacia In2Metals, la joya de la corona del magnate egipcio Naguib Sawiris. El plan era sencillo: usar la agenda del exmandatario como llave maestra para abrir las puertas de Minerven y obtener licencias privadas bajo el 'paraguas' de Delcy Rodríguez y el joven Nicolás Maduro Guerra (el tal 'M.G.'). La trama, rastreada por la UCO y la UDEF, se traduce en una logística de película: geólogos, ingenieros como Philip Stander, Nuris Orihuela y Karl Sonni Mena, y pasaportes volando entre chats de WhatsApp. Mientras Amaro Chacón sudaba frío para que el hotel y la seguridad de los técnicos de Sawiris estuvieran listos en Guasipati, el objetivo final era el 'Proyecto Colombia' y las minas Isidora-Laguna y Sosa Méndez. Básicamente, transformar la influencia política en lingotes, operando en la zona más gris del mapa mundial mientras el resto seguimos contando céntimos para el café.
Plazas vendidas: los 'genios' que huyen del BOE
Hay quien dice que el mérito es la base del éxito, pero en La Coruña descubrieron que el éxito se puede comprar con un cheque. Imagínate el cuadro: 50.000 personas sudando tinta en septiembre de 2025 para entrar en la Seguridad Social, y de repente, 33 aspirantes en una sola provincia se convierten en los 'Einstein' del BOE, barriendo las mejores notas del país. Una anomalía estadística que no es suerte, es ingeniería financiera aplicada al examen. El juego era sencillo: reuniones en hoteles, pinganillos para el chivatazo y un precio que haría temblar a cualquiera, entre 20.000 y 60.000 euros por plaza. Básicamente, el coste de un piso pequeño a cambio de un sueldo público vitalicio. El Ministerio, bajo el mando de Elma Saiz, hizo una auditoría en enero que confirmó que el proceso era un coladero, aunque convenientemente decidieron que las irregularidades ocurrían 'fuera' de su departamento. Muy práctico. Lo más surrealista llega ahora. Siete de los elegidos han renunciado a su plaza. Seis de ellos eran los 'estrellas' de La Coruña (tres con cero fallos, dos con uno y otro con dos). ¿Quién renuncia a un puesto fijo hoy en día? Pues quien tiene miedo de que el Juzgado de Instrucción número dos de La Coruña, que ya investiga la falsificación documental, le pida explicaciones sobre cómo ocurrió el milagro. Algunos ya tienen plazas en ADIF, la AGE o Auxilio Judicial; parece que coleccionaban aprobados como quien colecciona sellos, saltando de organismo en organismo. Para cerrar el círculo de la hipocresía, Cristina Asacia Navarro, la subsecretaria, firmó la lista de aprobados el 6 de febrero y dimitió ese mismo día. El Ministerio dice que fueron 'razones personales'. Seguramente, la razón personal de no querer estar sentada en el despacho cuando el castillo de naipes se desplome.
V16: La DGT pide milagros imposibles
Pere Navarro y la DGT han decidido jugar al 'simulador de gestión' con la realidad de nuestras carreteras. La idea es romántica: que un agente de la Guardia Civil aparezca como por arte de magia cada vez que un conductor active su baliza V16. Un plan brillante si viviéramos en un mundo de Lego, pero en el mundo real, donde el presupuesto es un chiste y el personal es un recuerdo, suena a delirio. Carlos Cantero, de la AUGC, ha tenido que bajar el telón de este teatro con una dosis de realidad necesaria: es materialmente imposible. Hagamos cuentas de barrio. Tenemos unos 9.000 agentes de Tráfico cuando, para no morir en el intento, harían falta más de 10.000. Mientras tanto, la DGT nos suelta que hay unos 2.700 avisos de balizas V16 diarios. Casi 3.000 conductores pidiendo auxilio cada 24 horas. Intentar cubrir eso con la plantilla actual es como querer limpiar el Estadio Santiago Bernabéu con un cepillo de dientes mientras alguien sigue tirando palomitas. La hipocresía alcanza su clímax al comparar este caos con el País Vasco, donde la Ertzaintza sí acude a cada aviso. Claro, comparar la logística de una región pequeña con la inmensidad de España es como comparar un coche de juguete con un tráiler cargado de cemento. En la A-4 de Madrid, con 3 o 4 siniestros por turno y apenas dos o tres patrullas disponibles, el sistema ya está en modo supervivencia. Sumemos a esto las campañas de alcoholemia que absorben los pocos recursos que quedan y tenemos la receta perfecta para el colapso. Al final, lo de Navarro no es un protocolo, es un 'brindis al sol' pagado con la salud mental de los agentes.
Zapatero salvó a UGT con 149 millones
Hay quien dice que la solidaridad obrera es sagrada, pero en los despachos de Madrid la solidaridad se mide en ceros y favores políticos. La historia es un clásico: UGT se metió en un jardín inmobiliario con la promotora PSV que terminó siendo un pantano de deuda. Para evitar que el sindicato aterrizara en la quiebra técnica, José Luis Rodríguez Zapatero ejecutó una maniobra de ingeniería legal en 2005 digna de un prestidigitador. Mediante un Real Decreto-ley, el Gobierno decidió que UGT debía cobrar hasta 149 millones de euros basándose en el testamento de Cesáreo del Cerro, un señor que murió en 1915 y que, curiosamente, quería que su dinero fuera a hospitales si la Casa del Pueblo desaparecía. Pero claro, los hospitales no votan ni tienen influencia en el PSOE. El dinero ni siquiera pasó por las arcas del sindicato; fue un traspaso directo al ICO para tapar el agujero. Un 'estoy yo aquí para salvarte' que dejó a CC.OO. y a la CNT echando humo. Mientras UGT recibía el rescate completo, la CNT —que en tiempos de la Guerra Civil era la jefa de la calle— recibió migajas. Zapatero les soltó apenas el 8% de lo que le dio a UGT. Es como si tres hermanos heredan una fortuna y el padre decide que uno se lleva el ático y los otros dos se reparten los cubiertos usados. El Tribunal Supremo intentó poner un parche en 2018 obligando al Estado a pagar a la CNT 2,5 millones de euros y un par de inmuebles, pero con una letra pequeña insultante: valoraron los bienes con precios de 1986. Básicamente, les devolvieron el valor de un coche de lujo de hoy con el precio de un Seat Panda de hace cuatro décadas. Al final, el Tribunal Constitucional tumbó el decreto, pero el daño —o el favor— ya estaba hecho.
Piano público y mesa real para el hermano
Hay que tener valor para componer una sinfonía mientras esperas que la Audiencia de Badajoz decida si te han coronado prevaricador o traficante de influencias. David Sánchez, el hermano del presidente, ha convertido el Palacio de La Moncloa en su refugio personal, donde el estrés judicial se combate con la acústica de un piano Kawai K-600. Para que el ciudadano medio lo entienda: mientras nosotros miramos la etiqueta del precio en el súper, el músico disfruta de un instrumento de 12.000 euros pagado con el dinero de todos, propiedad de Patrimonio Nacional. Pero el lujo no es solo sonoro, es histórico. El señor David no escribe sus notas en cualquier sitio; lo hace sobre una mesa que fue el epicentro del poder durante los mandatos de Adolfo Suárez y Felipe González, un regalo del Rey Juan Carlos que ahora sirve de soporte para partituras. Es el contraste perfecto: la solemnidad de la democracia española convertida en el escritorio de alguien que podría acabar condenado por una contratación fraudulenta en la Diputación de Badajoz. Mientras tanto, el ruido de fondo no es música clásica, sino el eco de la Audiencia Nacional investigando a Leire Díez —la famosa 'fontanera' del PSOE— por intentar espiar a la magistrada Beatriz Biedma. Sumemos a esto la presión de la Guardia Civil para ignorar un correo sospechoso llamado 'pedrosanchez1212' y las maniobras del entorno de Álvaro García Ortiz para dinamitar la instrucción. Al final, la partitura es siempre la misma: el poder protege al suyo, y si la sentencia sale mal, al menos lo hará rodeado de mármol rojizo, alfombras persas y la tranquilidad de que el piano, aunque esté arañado en el tornillo izquierdo, sigue siendo público.
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