Crítica:
La noticia expone la parálisis, pero el Gobierno intenta camuflarlo con el uso de decretos. Falta analizar cuánto de este 'vacío' es estrategia deliberada para evitar debates incómodos.
Sánchez empuja al Congreso a un vacío legislativo: sólo logra sacar adelante siete leyes en el último año
Sánchez y el récord de leyes fantasma
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Sobres en Ferraz: El PSOE en el banquillo
En la política, como en el barrio, hay quienes llevan la contabilidad en un Excel y quienes la llevan en sobres debajo del colchón. El último informe de la UCO sobre Santos Cerdán no es solo un papel más; es el mapa de un laberinto donde el dinero aparece y desaparece como por arte de magia. Hablemos de los 4.700 euros que Cerdán ingresó en efectivo en el PSOE entre 2014 y 2016. Para un ciudadano normal, cuatro mil euros son un coche de segunda mano o un ahorro para las vacaciones; para la Guardia Civil, son tres depósitos fantasma cuyo origen es un misterio absoluto. Solo uno tiene rastro bancario. Los otros tres llegaron al partido como quien deja una propina anónima en un restaurante. Pero el agujero contable es más profundo. Entre 2019 y 2025, Cerdán vio cómo su nómina de diputado se reducía en 16.492,48 euros, sumando otros 11.310 euros por su puesto en el Consejo Ejecutivo Federal. El problema es que las liquidaciones de gastos del PSOE y el Congreso no cuadran con el efectivo que el señor tenía en la cartera. O Cerdán es un filántropo secreto que paga sus cenas con dinero invisible, o alguien más estaba financiando la fiesta. Mientras tanto, en la oficina de los sobres, José Luis Ábalos y Koldo García recibieron 19.638,97 euros en metálico entre 2017 y 2021. El truco era llamarlo 'liquidación de gastos', aunque haya un desfase de 13.590 euros entre lo declarado y lo recibido. Y para rematar el cuadro, Carmen Pano cuenta que dejó 90.000 euros en efectivo en la sede de Ferraz, en dos tandas de 45.000, por instrucciones de Víctor de Aldama y Claudio Rivas para conseguir una licencia de hidrocarburos. La Audiencia Nacional ya pide la lista de todos los pagos en efectivo del partido entre 2017 y 2024. Si el juez decide que Ferraz no es solo una dirección, sino una maquinaria de blanqueo, el PSOE podría pasar de ser el dueño del tablero a ser el investigando con riesgo de disolución.
Yoyós y BMW: el festín del PSOE
Hay que tener valor, o una cuenta corriente ajena muy generosa, para aterrizar en una empresa de Defensa y lo primero que hacer es comprar yoyós. Manuel Cutrín, exdirigente del PSOE en Galicia y asesor jurídico en Santiago de Compostela, llegó a ISDEFE en abril de 2025 con un currículum que brilla por su ausencia en temas militares, pero con un hambre voraz de 'estilo'. Mientras el ciudadano medio mira la cuenta del supermercado con pánico, Cutrín decidió que la 'nueva estrategia' de la compañía requería un logo nuevo por 95.000 euros y un despliegue de merchandising de 215.000 euros. Sí, han gastado una fortuna en tazas, botellas y gafas para eclipses, porque aparentemente la seguridad nacional ahora depende de que el personal tenga un yoyó con el logo oficial. El despliegue de lujo no se detuvo en la papelería. El 40º aniversario de ISDEFE se celebró en el Teatro Real de Madrid con un catering de 90.000 euros; una fiesta de etiqueta pagada con el dinero de todos. Para desplazarse a estas citas sociales, Cutrín se aseguró un BMW Serie 3 con todos los extras, un renting que costó 32.000 euros por cuatro años. Y para que el cerebro estuviera a la altura del coche, se inscribió en un MBA del IESE Business School por 95.000 euros, cursando las clases en horario laboral. Todo esto mientras la empresa lidia con la sombra de la trama de Leire Díez y la imputación de María Teresa Castillo Pasalodos por el juez Santiago Pedraz. Para rematar el cuadro, contrataron en enero a David Romero Sánchez, el gurú de TikTok de Pedro Sánchez. En resumen: menos defensa y más postureo corporativo en la zona de Moncloa.
Palma: Comprar al mantero sale carísimo
Jaime Martínez ha decidido que este verano la Playa de Palma no sea un centro comercial a cielo abierto y sin ticket. Mientras el ciudadano medio mira el precio de la luz con pánico, el alcalde del PP ha desplegado una maquinaria bélica contra el top manta que hace que la gestión de José Hila parezca un campamento de vacaciones. Ocho macrooperativos en apenas un mes. Ocho. Para quien viene de una era donde las detenciones se contaban con los dedos de una mano, esto es pasar del modo 'siesta' al 'turbo'. El despliegue no es broma. El pasado 17 de julio, 50 agentes de la Policía Local y Nacional se lanzaron sobre la calle del Pare Bartomeu Salvà. El botín: una montaña de trastos que equivaldría a cinco contenedores de basura urbanos. Imaginen el volumen de camisetas falsas y gafas de plástico necesarias para llenar cinco cubos de residuos; es básicamente el PNJ de cualquier turista distraído. El balance final deja 41 vendedores controlados, 12 actas por venta no autorizada y ocho personas enfrentando diligencias penales por delitos contra la propiedad industrial. Incluso hubo tiempo para levantar un acta por estupefacientes, el clásico 'bonus' de estas jornadas. Pero el verdadero giro de guion está en la nueva ordenanza cívica, esa que los socialistas, Més y Podemos rechazaron como si fuera una plaga. Ahora, el sablazo no es solo para el que vende, sino para el que compra. Si te pilla con un bolso o unas zapatillas del top manta, la multa oscila entre los 300 y los 750 euros. Básicamente, comprarse una imitación barata puede salirte más caro que comprar la original en la tienda oficial, un movimiento maestro para asfixiar la demanda mientras el pequeño comercio, ese que paga impuestos hasta por respirar, celebra la fiesta con aplausos desde sus escaparates.
Més busca sombras que ellos mismos borraron
Hay un arte casi místico en la capacidad de algunos políticos para descubrir problemas que ellos mismos ignoraron mientras tenían las llaves del coche. En Palma, la formación Més ha decidido que el Ayuntamiento de Jaime Martínez padece una ceguera climática terminal y le ha soltado una moción que es, básicamente, un mapa de sombras. Exigen que en seis meses se redacte un plan municipal de espacios y zonas de sombra, como si el sol de Baleares fuera una novedad de este trimestre y no un elemento básico del paisaje. La ironía es tan espesa que se puede cortar con un cuchillo. Los regidores de Més, que ahora gritan desde la oposición con Neus Truyol al mando, claman por ampliar horarios en piscinas, bibliotecas y casales de barrio. Lo curioso es que esos horarios, que ahora les parecen un castigo medieval, son exactamente los mismos que ellos mismos diseñaron y mantuvieron durante las dos legislaturas pasadas cuando gobernaban coaligados con el PSOE y Podemos. Es el clásico caso de 'el perro que se muerde la cola': critican la inacción institucional mientras el reloj marca la misma hora que cuando ellos mandaban. Para rematar la jugada, exigen una campaña de sensibilización contra el calor. Un detalle menor: el Govern balear —donde sus colores también pintan— ya tiene en marcha la campaña 'La calor pot ser mortal, la prevenció és vital'. Parece que la comunicación interna entre sus propias filas es tan eficiente como un teléfono escacharracado en mitad de una tormenta. El pleno del jueves 30 será el escenario de este teatro, donde la urgencia climática se usa como moneda de cambio para el juego político, mientras el ciudadano sigue sudando la gota gorda esperando que alguien, alguna vez, deje de hacer inventarios de sombras y empiece a plantar árboles.
Educación paga las nóminas de Presidencia
Hacer malabares con el dinero público es un arte, pero lo del Gobierno es ya cirugía estética de presupuesto. Imaginen que en su casa deciden quitarle el presupuesto de la comida de los niños para pagar la suscripción al gimnasio del padre porque se le olvidó renovar el contrato. Pues bien, el Consejo de Ministros ha aplicado esa misma lógica a escala nacional. Han decidido que el Ministerio de Educación soltará 309.840.377,20 euros para que el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones no tenga que dejar a sus empleados en el aire. La excusa es la de siempre: la prórroga presupuestaria. Llevamos desde finales de 2022 intentando aprobar unos Presupuestos Generales que parecen un unicornio: todo el mundo habla de ellos, pero nadie los ha visto. El resultado es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha pasado tres años ignorando la obligación constitucional de presentar cuentas claras. Para solucionar este agujero contable, han decidido que la educación es la hucha perfecta. Mientras el departamento de Bolaños gasta más del 73% de sus fondos en personal —nóminas, trienios y complementos que no perdonan—, el Gobierno prefiere no decirnos qué se queda sin fondos en las aulas. ¿Becas? ¿Digitalización? ¿Refuerzo escolar? El texto brilla por su ausencia en detalles, pero el sablazo es quirúrgico. Todo esto ocurre mientras intentan vender una senda de estabilidad para 2027-2029 con un déficit del 1,8% del PIB para el próximo año, bajando al 1,6% en 2028 y al 1,5% en 2029. Un ejercicio de optimismo matemático donde la Administración Central se lleva la tajada del 1,5%, 1,4% y 1,3% respectivamente, dejando a las comunidades autónomas con unas migajas de 5.849 millones de euros de margen fiscal. Básicamente, han vaciado la mochila del alumno para pagar el café del despacho.
Dos millones para reírse de Abascal
Hacer la compra hoy es un deporte de riesgo, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido que gastar 1.908.710 euros en un informe para reírse de sus adversarios es una inversión razonable. No es un folleto de barrio; es el proyecto 'DemocraZia con Z', una joya de la ingeniería financiera cofinanciada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y el Consejo de la Juventud de España (CJE), con el INJUVE soltando la pasta. El resultado es un tostón de 145 páginas titulado 'Entre el cuestionamiento y el cambio', que pretende analizar la desafección juvenil pero termina pareciendo el grupo de WhatsApp de un militante muy motivado. Mientras el ciudadano medio cuenta los céntimos, el Gobierno paga para que una joven de 24 años describa a Santiago Abascal como 'Jesucristo reencarnado' en un tono de burla que haría palidecer a cualquier manual de neutralidad administrativa. Lo más fascinante es la gimnasia mental del texto. Vox, con sus más de 3 millones de votantes, es pintado como una 'amenaza' sistémica. En cambio, la corrupción del entorno de Sánchez —con Begoña Gómez y su hermano en el ojo del huracán— se diluye en un caldo primigenio donde 'todos son iguales' y la desconfianza es general. Es el truco del mago: distraer con el 'fascismo' del vecino mientras se barre el polvo de los propios casos de las cloacas bajo la alfombra de la 'desafección política'. Todo este despliegue de pedagogía selectiva tiene fecha de caducidad: octubre de 2026, coincidiendo con los 50 años de España en libertad. Un brindis con champán pagado con el dinero de quienes, precisamente, no confían en la política profesional.
Guardia Civil: castigo al raso, impunidad arriba
En la Benemérita, parece que el manual de disciplina se aplica según el rango: para la tropa, la guillotina; para el mando, un masaje en la espalda. Mientras Carlos Román y Manuel Velarde, dos veteranos con el currículum lleno de cruces al mérito y experiencia en antiterrorismo, fueron suspendidos de empleo y sueldo justo antes de Navidad por publicar un comunicado defendiendo el Estado de Derecho el 10 de noviembre de 2023, la cúpula opera en otra dimensión. A estos agentes les aplicaron la 'máxima', dejándolos sin un euro en la cuenta bancaria por una nota redactada por abogados, tratándolos como si fueran golpistas en lugar de quienes persiguieron el procés. El Tribunal de Justicia Central Militar tuvo que intervenir para decir que la medida era 'desproporcionada con creces', pero el daño psicológico ya estaba hecho. La comedia se vuelve surrealista cuando miramos hacia arriba. Manuel Llamas, el DAO, lleva casi dos semanas imputado por prevaricación y obstrucción a la Justicia en el caso de las 'cloacas del PSOE', y sigue en su despacho como si nada hubiera pasado. Es la doble vara de medir en estado puro: a un agente como Serviliano Valencia le clavan 15 días de suspensión y un sablazo de 1.400 euros por mirar la matrícula de Carles Puigdemont —un prófugo con euroorden—, mientras que los mandos imputados no pierden ni el sitio en el parking. Desde Agustín Leal, suspendido seis meses por decir que sin Guardia Civil España sería como Venezuela, hasta Braulio J. Calvo, procesado por buscar el DNI de su hermano desaparecido, el mensaje es claro. Si eres la escala básica, cualquier 'exasperación' retórica te deja en la calle; si eres el DAO o la directora Mercedes González, la imputación es solo un trámite administrativo que no interfiere con el horario de oficina.
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