El Gobierno acudió 30 veces a los tribunales en 2025 para frenar decisiones de Transparencia

Gobierno: 30 juicios para no soltar datos

politica Una ilustración conceptual y satírica. Un enorme archivador de acero gris con un candado gigante y cadenas, custodiado por un burócrata anónimo con traje oscuro que sostiene un mazo de juez. Al otro lado, un ciudadano pequeño intentando leer un documento a través de una cerradura. Estilo editorial de periódico, colores sobrios con un toque de rojo crítico, fondo minimalista de oficina gubernamental fría.

En este país, pedir un papel oficial es como intentar sacar un turno en una carnicería un sábado por la mañana: una odisea donde lo normal es que te ignoren. La Memoria de Actividades 2025 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha soltado una bomba de realidad: el Gobierno ha usado los tribunales 30 veces para evitar soltar información que el organismo independiente ya había ordenado liberar.

Es decir, que cuando el árbitro dice que es penalti, el Estado prefiere irse a juicio antes que admitir que cometió falta. De los 41 recursos contencioso-administrativos presentados, el 73,2% fueron promovidos por la propia Administración. Un despliegue de terquedad institucional que incluye a Presidencia, Hacienda, Interior y Defensa, además de joyas como la AEAT, Renfe o la DGT.

Mientras el ciudadano medio lucha contra el silencio administrativo —que fue el origen del 45,5% de las quejas contra el Estado—, los ministerios tiran de tarjeta judicial para blindar sus secretos. El año 2025 ha sido récord en reclamaciones, con 2.767 solicitudes, un salto del 40,2% respecto al año anterior.

Lo más cínico es que el 65,9% de las reclamaciones admitidas terminaron a favor del ciudadano. Peor aún: el 40,3% de esas victorias fueron por 'motivos formales'. Traducido al lenguaje de la calle: la Administración te daba el documento solo después de que el Consejo les diera un toque de atención, fingiendo que siempre quisieron ayudar, pero obligándote a hacer una carrera de obstáculos primero.

Con 172 procedimientos judiciales pendientes y 24 recursos de casación ante el Tribunal Supremo, el mensaje es claro: la transparencia en España es un derecho que solo se consigue si tienes la paciencia de un santo y el presupuesto de un abogado.

Crítica:

El texto original es un despliegue de datos necesario, pero peca de excesiva cortesía institucional. Le falta decir claramente que usar el dinero público para litigar contra la transparencia es, en esencia, pagar para ocultar.

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