Crítica:
El texto original es un eco de declaraciones partidistas sin contrastar los datos de inversión con la realidad técnica. Es puro marketing electoral disfrazado de exigencia presupuestaria.
El texto original es un eco de declaraciones partidistas sin contrastar los datos de inversión con la realidad técnica. Es puro marketing electoral disfrazado de exigencia presupuestaria.
En este país, pedir un papel oficial es como intentar sacar un turno en una carnicería un sábado por la mañana: una odisea donde lo normal es que te ignoren. La Memoria de Actividades 2025 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha soltado una bomba de realidad: el Gobierno ha usado los tribunales 30 veces para evitar soltar información que el organismo independiente ya había ordenado liberar. Es decir, que cuando el árbitro dice que es penalti, el Estado prefiere irse a juicio antes que admitir que cometió falta. De los 41 recursos contencioso-administrativos presentados, el 73,2% fueron promovidos por la propia Administración. Un despliegue de terquedad institucional que incluye a Presidencia, Hacienda, Interior y Defensa, además de joyas como la AEAT, Renfe o la DGT. Mientras el ciudadano medio lucha contra el silencio administrativo —que fue el origen del 45,5% de las quejas contra el Estado—, los ministerios tiran de tarjeta judicial para blindar sus secretos. El año 2025 ha sido récord en reclamaciones, con 2.767 solicitudes, un salto del 40,2% respecto al año anterior. Lo más cínico es que el 65,9% de las reclamaciones admitidas terminaron a favor del ciudadano. Peor aún: el 40,3% de esas victorias fueron por 'motivos formales'. Traducido al lenguaje de la calle: la Administración te daba el documento solo después de que el Consejo les diera un toque de atención, fingiendo que siempre quisieron ayudar, pero obligándote a hacer una carrera de obstáculos primero. Con 172 procedimientos judiciales pendientes y 24 recursos de casación ante el Tribunal Supremo, el mensaje es claro: la transparencia en España es un derecho que solo se consigue si tienes la paciencia de un santo y el presupuesto de un abogado.
Hay quien presume de sus medallas y hay quien presume de aparecer en un informe del Departamento de Estado de EE. UU. como un 'colaborador útil' de un régimen cuestionable. Para Pablo Iglesias, que pasó de gestionar el presupuesto del Estado a gestionar su propio ecosistema mediático, que Marco Rubio lo haya incluido en el documento 'Cuba. La capital del comunismo del siglo XXI' el pasado 20 de julio no es un problema, es un trofeo. Es como si te ponen en la lista negra de un club exclusivo y, en lugar de buscar la salida, pides que te saquen una foto junto a la puerta. El informe, un tostón de 107 páginas que funciona como hoja de ruta contra el castrismo, no se anda con chiquitas. Describe una maquinaria de subversión que lleva siete décadas infiltrándose en Washington. En medio de este despliegue de inteligencia, aparece la 'Flotilla a La Habana' de marzo de 2026, el Convoy Nuestra América. Un viaje que para muchos fue turismo revolucionario y para otros, una excursión propagandística donde 120 organizaciones de 33 países jugaron a los comisarios. Allí estuvo Iglesias, entrevistando a Miguel Díaz-Canel en el Canal Red, mientras se lanzaba piropos a China, describiéndola como el ejemplo del bienestar socialista. Mientras el Departamento de Estado advierte que los espías de Pekín en Cuba se han triplicado en tres años, convirtiendo la isla en una base de operaciones hostiles, la izquierda española celebra la mención. Para el exvicepresidente, ser etiquetado en un contexto de 'terrorismo de izquierda' es el equivalente político a que te den una estrella Michelin en la cocina del activismo. Al final, el dinero público y la influencia política se transforman en contenido para sus canales, convirtiendo la vigilancia de una superpotencia en el mejor marketing viral de la temporada.
El Palacio de la Moncloa ha decidido jugar al Tetris con sus piezas más pesadas y ha lanzado a Yolanda Díaz al tablero global. El anuncio es el clásico manual de marketing institucional: Pedro Sánchez, vía X el 23 de julio de 2026, habla de «honor» y de una «vocación de consenso» que suena a música celestial, mientras en la calle sabemos que el consenso suele ser el nombre elegante que se le da a la negociación de última hora para que nadie grite demasiado. La meta es la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ese templo de Ginebra donde se teoriza sobre el 'trabajo decente' mientras los currículums se acumulan en el olvido. Pero ojo, que esto no es un sorteo de lotería; es una operación de ingeniería política. Díaz no ha llegado aquí por azar, sino tras un despliegue de diplomacia que haría palidecer a cualquier agente secreto. El objetivo claro: China. Mientras en Washington Donald Trump se pone en modo gladiador para blindar los semiconductores y a Nvidia, la vicepresidenta segunda ha preferido tender puentes hacia Pekín. En mayo, Díaz ya estaba allí, defendiendo que la cooperación con los asiáticos en inteligencia artificial y algoritmos es la clave para 'trabajar menos'. Una promesa tentadora, casi como un descuento en la factura de la luz que nunca llega, pero efectiva para ganar votos en un organismo donde China tiene voto permanente. No es la primera vez que el Gobierno intenta colocar a los suyos en el escaparate de la ONU; Luis Planas ya ha sido propuesto para dirigir la FAO a partir de 2027. Parece que la estrategia es exportar la gestión nacional antes de que el desgaste local sea insalvable. Ahora solo queda ver si el guiño a Pekín y la crítica a las propuestas de EE. UU. en la Conferencia Internacional del Trabajo son suficientes para que el tablero se mueva a su favor.
En el tablero político, hay silencios que valen oro y otros que huelen a chamusquina. Moncloa ha pasado del 'amor incondicional' a un tibio 'presunción de inocencia' respecto a José Luis Rodríguez Zapatero, un giro copernicano que ocurre justo cuando el caso Plus Ultra deja de ser un rumor de pasillo para convertirse en un terremoto judicial. El detonante es Julio Martínez Martínez, quien en un documento de seis páginas decidió que era buen momento para cantar. Según el empresario, Zapatero no solo medió para que la aerolínea pescara un rescate público de 53 millones de euros en marzo de 2021, sino que pactó una comisión del 1%. Traduzcamos esto al lenguaje de la calle: mientras el ciudadano medio se pelea con la factura de la luz, aquí hablamos de una 'comisión de éxito' que se traduce en 530.000 euros. ¿Cómo se cobró ese sablazo? No fue un ingreso limpio en la cuenta, sino una ingeniería financiera digna de casino: pagos canalizados por Análisis Relevante y 46 vuelos en clase business que el expresidente solicitó y jamás pagó. Básicamente, viajar gratis mientras se gestionaba el dinero de todos. El riesgo para Pedro Sánchez es que el escudo de Zapatero se agriete. Si el antiguo líder socialista decide cantar para salvar a sus hijas —también señaladas por Martínez Martínez— y admite que hizo de lobby, el Gobierno tendría que poner nombre y apellidos a los contactos en la SEPI que avisaron del rescate el 26 de febrero de 2021, dos semanas antes de que el Consejo de Ministros diera el visto bueno. El juego ahora es esperar a ver si Zapatero mantiene su versión o si, como pasó con Víctor de Aldama en el caso Koldo, el miedo a la celda convierte a los cómplices en los mejores informantes de la fiscalía, Elena Lorente.
Hablemos de la 'cortesía'. En el barrio, si un vecino te regala un juego de llaves, es un detalle; si un Estado extranjero te regala joyas valoradas en 1,3 millones de euros, ya estamos hablando de una ingeniería financiera de alta costura. José Luis Rodríguez Zapatero apareció en los Mañaneros 360 de La 1 de TVE para explicarnos que tener una fortuna en piedras preciosas guardada en una caja fuerte de su despacho en la calle Ferraz es, básicamente, un descuido sentimental. Un 'regalo de cortesía personal' de un país que, curiosamente, prefiere quedar en el anonimato, como si fuera un admirador secreto con presupuesto de monarquía. El contraste es delicioso. Mientras el ciudadano medio se pelea con el recibo de la luz, el expresidente admite que aceptar tal tesoro 'puede ser' un error, pero que no tenía 'afán patrimonial'. Claro, porque guardar 1,3 millones de euros en joyas no es buscar dinero, es simplemente decorar la caja fuerte. La UDEF ya hizo el trabajo sucio de intervenir el botín, y ahora Zapatero se encomienda al juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional para desgranar el misterio. Lo más brillante no es el diamante, sino la gimnasia mental sobre el código de buen gobierno que él mismo aprobó. Según el exmandatario, cumplir las normas es algo 'interpretable'. Una palabra maravillosa: 'interpretable'. Es la misma que usamos cuando llegamos tarde a una cena y decimos que el tráfico era 'impredecible'. Ahora, mientras se enfrenta a investigaciones por contrabando y defraudación a la Hacienda Pública en el marco del caso Plus Ultra, el exsecretario de Organización del PSOE nos pide paciencia. Dice que no filtrará nada y que se someterá a una pericial alternativa para discutir el valor de las joyas. Al final, la cortesía internacional sale muy cara, pero solo para quien no la recibe.
El Gobierno ha decidido jugar al Monopoly con la salud pública lanzando la propuesta de prohibir fumar en las terrazas justo ahora, que el país está a reventar de turistas. José Luis Álvarez Almeida, el presidente de Hostelería de España, no se ha guardado nada en COPE: ha calificado la medida como la 'canción del verano', esa melodía pegajosa y molesta que llega sin previo aviso y sin que nadie la haya pedido. La lógica es tan simple como un tique de cafetería: si echas al fumador de la mesa, el sujeto no dejará de fumar por arte de magia, sino que se mudará al portal del vecino o al soportal más cercano. En Asturias, con un clima que te obliga a buscar refugio hasta debajo de una piedra, el problema pasará de ser una molestia de terraza a una guerra civil en los rellanos. Mientras el Estado se siente virtuoso prohibiendo, ignora que España se quedaría como la oveja negra del turismo europeo, siendo el único gran destino junto a Suecia en aplicar este cepo. Con la previsión de recibir a 100 millones de turistas este año, el sector siente que el Gobierno ha elegido el camino más corto: prohibir en lugar de educar. Es el clásico movimiento de quien quiere limpiar la casa echando la basura al pasillo del vecino. Álvarez Almeida recuerda que la hostelería no es un hobby, sino un motor que sostiene el 7% del PIB y genera 2 millones de puestos de trabajo. Pedir respeto no es un capricho, es una necesidad cuando te intentan dinamitar la convivencia en plena temporada alta sin haber movido un dedo en campañas de sensibilización previas.
Mientras el ciudadano medio se pelea con la aplicación del banco para que no le cobren una comisión por respirar, en las altas esferas el dinero fluye con una elasticidad envidiable. La Audiencia Nacional ha vuelto a encender la luz sobre el rescate de Plus Ultra, y el escenario es el clásico juego de sillas donde nadie quiere sentarse. Julito, el testigo que no deja de soltar lastre ante el juez José Luis Calama, ha vuelto a poner el dedo en la llaga: José Luis Rodríguez Zapatero habría sido el lubricante social para que un préstamo de 53 millones de euros aterrizara en las cuentas de la aerolínea. Lo fascinante es la coreografía del poder. El 7 de septiembre de 2020, José Luis Escrivá —actual gobernador del Banco de España y entonces ministro de Seguridad Social— se sentó con Zapatero. Seis días después de que la compañía pidiera el rescate a la SEPI, ocurrió el milagro: la Seguridad Social decidió que la deuda de Plus Ultra podía esperar. Escrivá dice que no habló de aviones con el expresidente, pero que es 'compatible' que la empresa estuviera al día sin haber pagado. Una gimnasia mental digna de un circo romano. Pero el hambre de influencias no paró ahí. Los implicados buscaban desesperadamente a José Luis Ábalos, el jefe de los cielos, o en su defecto, a su 'mano derecha', Koldo García. Mientras tanto, Nadia Calviño y María Jesús Montero cocinaban el Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, aprobado el 21 de julio de 2020. Un mecanismo diseñado a medida para que los fondos llegaran a destino. La portavoz Elma Saiz se ha limitado a recitar el manual de instrucciones, asegurando que todo fue 'correcto' porque pasó por la SEPI, el Tribunal de Cuentas y la Comisión Europea. Claro, porque cuando el papel dice que todo está bien, la realidad es solo un detalle irrelevante.
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