Crítica:
El texto original es una sucesión de datos que no termina de explotar la ridiculez de la promesa incumplida. Le sobra descripción técnica de Francia y le falta más veneno contra la gestión de expectativas del Ejecutivo español.
Sánchez prometió hace 2 meses contar con el Airbus antiincendios que estrenó Francia este sábado
Sánchez prometió un Dumbo que no vuela
Otros artículos
Sánchez: 20 millones en cargos inventados
Imaginen que van al supermercado y, al llegar a la caja, descubren que el ticket incluye la compra de un yate que no pidieron y la suscripción premium a un club de lectura de la que no saben nada. Así se siente el contribuyente al mirar la nómina de altos cargos de Pedro Sánchez. Uno de cada cuatro puestos en la Administración estatal es, básicamente, un 'invento' creativo. Estamos hablando de una ingeniería financiera donde el coste de estos cargos superfluos supera los 20 millones de euros anuales. Dinero que vuela mientras el ciudadano medio hace malabarismos para que el sueldo llegue al día 30. La lista es un catálogo de surrealismo administrativo. Tenemos a José Ramón Becerra, ingeniero técnico industrial, cobrando unos 100.000 euros como director general de Derecho de los Animales. O Manuel Villora, con unos 90.000 euros, presidiendo la Autoridad Independiente para la Protección al Informante; un organismo que Félix Bolaños lanzó en 2025 para proteger 'chivatos', aunque el PSOE parece tener una relación de amor-odio con los delatores cuando aparecen nombres como Víctor Aldama en el caso Ábalos. Pero lo mejor es la 'colección de comisionados'. Hay quien cobra 125.000 euros por celebrar que España lleva 50 años en libertad (un cargo que ya debería estar jubilado en 2026), o el Comisionado para la Reconstrucción de La Palma que percibe 127.000 euros mientras las ayudas prometidas siguen en el limbo. Sumemos a la Comisionada para la Dana (128.000 euros) y a la del Perte de la Salud de Vanguardia (131.000 euros). El salario medio de este ejército de invisibles supera los 120.000 euros. Es el arte de crear puestos para recolocar amigos, donde la formación es un detalle opcional y la función real es un misterio digno de novela policíaca.
Sánchez: Casting de lujo para salvarse
Pedro Sánchez ha decidido jugar al Tetris con el mapa mundial, intentando encajar a sus piezas favoritas en los sillones más caros de la diplomacia internacional. Mientras en casa los Presupuestos de 2027 parecen un sueño febril y la imagen del Gobierno tiene más manchas que una camisa de cocinero, Moncloa se lanza a una partida de póker de alto riesgo. El objetivo: limpiar el escaparate exterior situando a sus cargos en la élite global antes de que llegue el inevitable adelanto electoral de principios de 2027. La jugada maestra empieza con Yolanda Díaz, lanzada este jueves hacia la dirección de la OIT en Ginebra para las elecciones de noviembre. Es el primer examen: intentar vender 'justicia social' mientras el ruido de los casos de corrupción del PSOE empieza a sonar demasiado fuerte en los oídos de los inversores. Pero Sánchez no se detiene ahí. Quiere que Luis Planas tome el mando de la FAO en junio de 2027, aunque para ello tendrá que pelearse con el irlandés Phil Hogan y el italiano Maurizio Martina. Es como intentar colarse en la zona VIP de un festival con una acreditación caducada; hace falta un lobby agresivo y mucha cara. El movimiento más surrealista, digno de una comedia de enredos, es el de Pablo Hernández de Cos. Sánchez, que hace poco miraba con recelo al exgobernador por venir de la era Rajoy, ahora lo abraza para intentar colocarlo en la presidencia del BCE tras la salida de Christine Lagarde en octubre de 2027. Lo venden como una 'visión de país', pero en la calle sabemos que es el clásico 'enemigo de mi enemigo es mi socio'. Tras el fracaso estrepitoso de intentar colar a Leire Pajín como número dos del Consejo de Europa, el presidente necesita victorias rápidas. Si logra estos puestos, podrá decir que el mundo lo respeta, aunque en España el presupuesto sea un agujero negro y la legislatura esté más agotada que un corredor de maratón en el kilómetro 42.
Aviones antiincendios: chatarra oficial al servicio público
Gestionar la flota de aviones antiincendios en España es, hoy por hoy, como intentar ganar una carrera de Fórmula 1 con un SEAT Panda que no arranca y tiene el motor pegado con cinta americana. El Gobierno nos vende el «mayor despliegue del Estado», pero la letra pequeña es un poema al surrealismo administrativo. Mientras el país arde y más de 40.000 personas en Madrid y Ávila han tenido que hacer las maletas por urgencia, el Ejecutivo acaba de mandar a la basura un contrato de 24 millones de euros de fondos europeos. Sí, han extinguido el proyecto de modernización de los CL-215T serie 5, un plan que llevaba abierto desde 2022 con «declaración de urgencia». Urgencia es una palabra curiosa cuando te toma cuatro años decidir que, al final, no vas a hacer nada. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sabe perfectamente que sus naves son piezas de museo. En la memoria del contrato, firmada por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, admitían que la flota está obsoleta y llena de averías recurrentes. Tienen una edad media de 30 años y el objetivo era estirarlos hasta los 45. Pero claro, entre la burocracia y la inoperancia, pasamos de los 18 aviones anfibios que teníamos en 2018 a los 10 prometidos por Pedro Sánchez en mayo. Y aquí viene el chiste: de esos 10, solo siete están operativos. El resto son básicamente pisapapeles con alas. Ahora, con el verano apretando, el Gobierno pide a las comunidades que sean «prudentes» y «dosifiquen» la respuesta. Traducido al lenguaje de la calle: «No nos pidáis milagros porque no tenemos aviones que vuelen». Es la gestión de la escasez disfrazada de eficiencia.
Montes ardiendo: 10.000 millones en humo
España ha vuelto a jugar a la ruleta rusa con sus montes en julio de 2026, y el resultado es el de siempre: Almería, Madrid, Guadalajara y Ávila calcinadas. Mientras la narrativa oficial se refugia en el 'cambio climático' como si fuera un acto de fuerza mayor, la realidad es que hemos convertido nuestros bosques en auténticos polvorines. La factura es obscena: 10.000 millones de euros el curso pasado. Para que nos entendamos, es un sablazo que hace que cualquier lista de la compra parezca un ahorro, sumando desde la extinción hasta la reconstrucción de infraestructuras. La hipocresía alcanza niveles artísticos en el aeropuerto de Salamanca. Allí descansan dos Canadair Super Scooper de Bridger Aerospace, operados por Avincis, cogiendo polvo mientras el país arde. ¿El motivo? Un orgullo burocrático. Al parecer, el Gobierno prefiere ver arder hectáreas antes que admitir que necesita alquilar aviones que alguna vez fueron suyos, ya que solo 6 de sus 14 aviones estatales están operativos. Es como dejar que se queme la casa por no admitir que perdiste las llaves del extintor. Pero el verdadero agujero no está en el aire, sino en el suelo. Hemos sustituido a las cabras y ovejas —que hacían la limpieza del monte gratis y sin pedir permisos— por una maraña de normativas asfixiantes. Juan Luis Delgado, de Asaja, lo dejó claro en agosto de 2025: el despoblamiento y la burocracia han matado la gestión activa. El Ministerio para la Transición Ecológica soltó 187,7 millones de euros para medios aéreos (2025-2027), pero gastar en mangueras cuando el monte es una alfombra de gasolina es darle una tirita a un amputado. Con el 95% de los fuegos originados por humanos, el clima es la excusa perfecta para ocultar que hemos abandonado el campo a cambio de un sello administrativo.
Vacuna española: un regalo que nadie usa
Hay un arte muy sofisticado en el acto de regalar algo para quedar como un filántropo global mientras, en realidad, estás despejando el armario de trastos viejos. El Centro Nacional de Biotecnología y el CSIC diseñaron una vacuna contra la covid que, en agosto de 2023, fue entregada gratuitamente a la OMS. Un gesto noble, dirían los optimistas. Un 'quítame esto de aquí', diría cualquiera que sepa leer entre líneas. Tres años después, la joya de la corona española sigue en el limbo. Ni una sola persona ha recibido la dosis; los ensayos clínicos en humanos (Fase I, II o III) son, hoy por hoy, una leyenda urbana. El Ministerio de Diana Morant, a través de una resolución firmada el 16 de abril de 2026 por Eva Ortega Paíno, ha confirmado que el proyecto tiene el ritmo de una tortuga con anemia: cero avances en licencias, cero fabricación y cero distribución. Lo más fascinante es la gestión del presupuesto. Mientras el ciudadano medio hace malabarismos con el recibo de la luz, el Estado presume de que 'no aplica' gastar un solo euro más desde febrero de 2025. El trabajo de los investigadores Juan García Arriaza y Mariano Esteban terminó en un archivo que la OMS parece haber guardado en el cajón de los calcetines desparejados. THE OBJECTIVE tuvo que tirar de Ley de Transparencia para que la Administración admitiera que, desde que se dieron la mano en 2023, no ha pasado absolutamente nada. Hemos pasado de la vanguardia biotecnológica al silencio administrativo más absoluto, envolviendo la inacción en un papel de regalo llamado 'cooperación internacional'.
Sueldos de oro en el ICO: El retorno
Hay una magia casi mística en el funcionamiento de ciertas instituciones públicas: la capacidad de convertir una trayectoria profesional cuestionable en un cheque blindado. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha decidido, por fin, abrir la persiana de la transparencia para dejarnos ver el festín de Miguel López de Foronda Pérez. El currículum es una obra de arte del retorno: entró en 1998 por oposición, se fue de excedencia en 2007 y regresó en octubre de 2020, no como un empleado más, sino como Director General de Riesgos y Control Financiero. Lo fascinante no es el cargo, sino el pedigrí. Foronda venía de ser el cerebro financiero de Aldesa Construcciones, esa constructora ligada a China Railway Construction Corporation (CRCC) y, por extensión, al ecosistema de José Luis Rodríguez Zapatero. Mientras el ciudadano medio lucha con la hipoteca y ve cómo el precio del aceite sube como la espuma, Foronda se paseaba por el ICO cobrando sueldos que harían palidecer a cualquier mortal. En 2021 se embolsó 134.947,91 euros; en 2022, la cifra subió a 139.647,94 euros; y en 2023, entre enero y noviembre, se aseguró otros 132.947,26 euros. Para redondear la jugada, los últimos meses de 2020 le supieron otros 24.287,69 euros. El ICO, con una solemnidad envidiable, justifica el nombramiento alegando que la Abogacía del Estado dio el visto bueno y que el señor cumplía los requisitos. Eso sí, el contrato terminó en noviembre de 2023 por 'mutuo acuerdo', sin indemnizaciones, como quien rompe una relación sentimental sin escenas. La joya de la corona es la abstención selectiva: Foronda dice que no quiso intervenir en asuntos de 'una empresa determinada' para evitar conflictos. El ICO lo confirma, pero —casualmente— no dice el nombre de la empresa. Un misterio digno de Agatha Christie financiado con dinero público.
Sánchez: de 500.000 a 1,8 millones
El Gobierno de Pedro Sánchez nos vendió un paquete de regularizaciones como quien te ofrece un menú degustación de 500.000 personas: algo manejable, controlado y digerible. Pero, al abrir la cuenta, el sablazo es monumental. La realidad es que 1,17 millones de inmigrantes han solicitado el trámite, convirtiendo la estimación inicial en una broma de mal gusto. Lo más delirante es que 400.000 de estos beneficiarios ni siquiera pisaban suelo español con la frecuencia exigida; se han colado desde otros países europeos aprovechando que aquí la puerta está abierta de par en par, como quien encuentra un parking gratuito en pleno centro de Madrid. Pero aquí viene el plato fuerte: la reagrupación familiar. Según el informe 'Recuperando el control de Bruselas', publicado en enero por el Colegio Mathias Corvinus, el Instituto de Investigación sobre Migraciones y el Instituto Ordo Iuris, esta figura es la vía rápida para la inmigración masiva. La aritmética es sencilla y cruel: por cada dos que llegan, uno viene 'de regalo' por la familia. Si aplicamos esta regla a los 1,2 millones de regularizados, estamos hablando de 600.000 personas adicionales aterrizando en el país. Alejandro Macarrón, de CEU-CEFAS, lo deja claro: si la media europea se cumple, el número subirá, especialmente si el idioma hispano actúa como imán. Al final, la suma de todas las 'sorpresas' nos deja en 1,8 millones de personas. Es una ingeniería financiera del capital humano donde el beneficio real no es para quienes ya vivían aquí (unos 800.000), sino para un millón de personas que ni residían en España. Hemos pasado de una regularización a una alfombra roja global financiada con la ingenuidad del ciudadano.
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