Crítica:
La noticia es un ejercicio de transparencia forzada que expone la inoperancia de la cesión. El vacío de información sobre el 'porqué' del abandono de la OMS es la verdadera laguna informativa.
La vacuna española de la covid sigue sin probarse en humanos
Vacuna española: un regalo que nadie usa
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Aviones antiincendios: chatarra oficial al servicio público
Gestionar la flota de aviones antiincendios en España es, hoy por hoy, como intentar ganar una carrera de Fórmula 1 con un SEAT Panda que no arranca y tiene el motor pegado con cinta americana. El Gobierno nos vende el «mayor despliegue del Estado», pero la letra pequeña es un poema al surrealismo administrativo. Mientras el país arde y más de 40.000 personas en Madrid y Ávila han tenido que hacer las maletas por urgencia, el Ejecutivo acaba de mandar a la basura un contrato de 24 millones de euros de fondos europeos. Sí, han extinguido el proyecto de modernización de los CL-215T serie 5, un plan que llevaba abierto desde 2022 con «declaración de urgencia». Urgencia es una palabra curiosa cuando te toma cuatro años decidir que, al final, no vas a hacer nada. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sabe perfectamente que sus naves son piezas de museo. En la memoria del contrato, firmada por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, admitían que la flota está obsoleta y llena de averías recurrentes. Tienen una edad media de 30 años y el objetivo era estirarlos hasta los 45. Pero claro, entre la burocracia y la inoperancia, pasamos de los 18 aviones anfibios que teníamos en 2018 a los 10 prometidos por Pedro Sánchez en mayo. Y aquí viene el chiste: de esos 10, solo siete están operativos. El resto son básicamente pisapapeles con alas. Ahora, con el verano apretando, el Gobierno pide a las comunidades que sean «prudentes» y «dosifiquen» la respuesta. Traducido al lenguaje de la calle: «No nos pidáis milagros porque no tenemos aviones que vuelen». Es la gestión de la escasez disfrazada de eficiencia.
Montes ardiendo: 10.000 millones en humo
España ha vuelto a jugar a la ruleta rusa con sus montes en julio de 2026, y el resultado es el de siempre: Almería, Madrid, Guadalajara y Ávila calcinadas. Mientras la narrativa oficial se refugia en el 'cambio climático' como si fuera un acto de fuerza mayor, la realidad es que hemos convertido nuestros bosques en auténticos polvorines. La factura es obscena: 10.000 millones de euros el curso pasado. Para que nos entendamos, es un sablazo que hace que cualquier lista de la compra parezca un ahorro, sumando desde la extinción hasta la reconstrucción de infraestructuras. La hipocresía alcanza niveles artísticos en el aeropuerto de Salamanca. Allí descansan dos Canadair Super Scooper de Bridger Aerospace, operados por Avincis, cogiendo polvo mientras el país arde. ¿El motivo? Un orgullo burocrático. Al parecer, el Gobierno prefiere ver arder hectáreas antes que admitir que necesita alquilar aviones que alguna vez fueron suyos, ya que solo 6 de sus 14 aviones estatales están operativos. Es como dejar que se queme la casa por no admitir que perdiste las llaves del extintor. Pero el verdadero agujero no está en el aire, sino en el suelo. Hemos sustituido a las cabras y ovejas —que hacían la limpieza del monte gratis y sin pedir permisos— por una maraña de normativas asfixiantes. Juan Luis Delgado, de Asaja, lo dejó claro en agosto de 2025: el despoblamiento y la burocracia han matado la gestión activa. El Ministerio para la Transición Ecológica soltó 187,7 millones de euros para medios aéreos (2025-2027), pero gastar en mangueras cuando el monte es una alfombra de gasolina es darle una tirita a un amputado. Con el 95% de los fuegos originados por humanos, el clima es la excusa perfecta para ocultar que hemos abandonado el campo a cambio de un sello administrativo.
Sueldos de oro en el ICO: El retorno
Hay una magia casi mística en el funcionamiento de ciertas instituciones públicas: la capacidad de convertir una trayectoria profesional cuestionable en un cheque blindado. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha decidido, por fin, abrir la persiana de la transparencia para dejarnos ver el festín de Miguel López de Foronda Pérez. El currículum es una obra de arte del retorno: entró en 1998 por oposición, se fue de excedencia en 2007 y regresó en octubre de 2020, no como un empleado más, sino como Director General de Riesgos y Control Financiero. Lo fascinante no es el cargo, sino el pedigrí. Foronda venía de ser el cerebro financiero de Aldesa Construcciones, esa constructora ligada a China Railway Construction Corporation (CRCC) y, por extensión, al ecosistema de José Luis Rodríguez Zapatero. Mientras el ciudadano medio lucha con la hipoteca y ve cómo el precio del aceite sube como la espuma, Foronda se paseaba por el ICO cobrando sueldos que harían palidecer a cualquier mortal. En 2021 se embolsó 134.947,91 euros; en 2022, la cifra subió a 139.647,94 euros; y en 2023, entre enero y noviembre, se aseguró otros 132.947,26 euros. Para redondear la jugada, los últimos meses de 2020 le supieron otros 24.287,69 euros. El ICO, con una solemnidad envidiable, justifica el nombramiento alegando que la Abogacía del Estado dio el visto bueno y que el señor cumplía los requisitos. Eso sí, el contrato terminó en noviembre de 2023 por 'mutuo acuerdo', sin indemnizaciones, como quien rompe una relación sentimental sin escenas. La joya de la corona es la abstención selectiva: Foronda dice que no quiso intervenir en asuntos de 'una empresa determinada' para evitar conflictos. El ICO lo confirma, pero —casualmente— no dice el nombre de la empresa. Un misterio digno de Agatha Christie financiado con dinero público.
Sánchez: de 500.000 a 1,8 millones
El Gobierno de Pedro Sánchez nos vendió un paquete de regularizaciones como quien te ofrece un menú degustación de 500.000 personas: algo manejable, controlado y digerible. Pero, al abrir la cuenta, el sablazo es monumental. La realidad es que 1,17 millones de inmigrantes han solicitado el trámite, convirtiendo la estimación inicial en una broma de mal gusto. Lo más delirante es que 400.000 de estos beneficiarios ni siquiera pisaban suelo español con la frecuencia exigida; se han colado desde otros países europeos aprovechando que aquí la puerta está abierta de par en par, como quien encuentra un parking gratuito en pleno centro de Madrid. Pero aquí viene el plato fuerte: la reagrupación familiar. Según el informe 'Recuperando el control de Bruselas', publicado en enero por el Colegio Mathias Corvinus, el Instituto de Investigación sobre Migraciones y el Instituto Ordo Iuris, esta figura es la vía rápida para la inmigración masiva. La aritmética es sencilla y cruel: por cada dos que llegan, uno viene 'de regalo' por la familia. Si aplicamos esta regla a los 1,2 millones de regularizados, estamos hablando de 600.000 personas adicionales aterrizando en el país. Alejandro Macarrón, de CEU-CEFAS, lo deja claro: si la media europea se cumple, el número subirá, especialmente si el idioma hispano actúa como imán. Al final, la suma de todas las 'sorpresas' nos deja en 1,8 millones de personas. Es una ingeniería financiera del capital humano donde el beneficio real no es para quienes ya vivían aquí (unos 800.000), sino para un millón de personas que ni residían en España. Hemos pasado de una regularización a una alfombra roja global financiada con la ingenuidad del ciudadano.
Sablazo y voyerismo: el negocio del suegro
Hay quien dice que las paredes oyen, pero en los noventa, en los locales de Sabiniano Gómez, las paredes no solo oían: grababan en alta definición. No era un servicio de cortesía para los clientes, sino un auténtico 'pack premium' de espionaje coordinado por la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO). Mientras el ciudadano medio se peleaba con la inflación o el precio del pan, el suegro de Pedro Sánchez y su tío Conrado Gómez hacían un trueque de manual: permitían que la policía sembrara de micrófonos y cámaras sus saunas gais y prostíbulos (como la sauna Adán en San Bernardo o el Roses en Castellana) a cambio de una inmunidad blindada. Básicamente, el negocio operaba en la ilegalidad, pero tenía un 'seguro de vida' institucional para que la Policía Municipal no le hiciera la vida imposible. El objetivo no eran precisamente los pecados carnales, sino el chantaje de guante blanco. Jueces, banqueros y políticos entraban buscando placer y salían convertidos en expedientes secretos. Es la definición perfecta de hipocresía: el Estado mirando hacia otro lado mientras el negocio florecía, siempre que el flujo de chivatos no se detuviera. Incluso personajes oscuros como el sargento E.D.V., condenador por torturas y vinculado a los GAL verdes, frecuentaban estos templos del vicio sin saber que sus propios primos del Cuerpo Nacional de Policía les seguían la pista desde el techo. La trama se cierra con un círculo de influencias que llega hasta Begoña Gómez, quien administró las cuentas de su padre, y la UCAO, esa unidad de élite que, según sus propios jefes, operaba sin necesidad de jueces ni atestados. Un sistema de vigilancia donde el placer era la carnada y la seguridad nacional la excusa para el voyerismo político.
El 'Clan del Rebujito' y sus millones
Hay amistades que se forjan entre copas de rebujito y que acaban costando millones al contribuyente. María Jesús Montero, la mujer que se autodefinía como la más poderosa de la democracia, montó en Madrid un traslado exprés de su equipo de confianza de la Junta de Andalucía, una especie de 'club de veteranos' donde la lealtad pesaba más que el currículum. El epicentro de este ecosistema es la caseta 'Los Mimogas' de la Feria de Abril, donde se cocinaban decisiones que luego aterrizaban en el BOE. El caso emblemático es Vicente Fernández, el 'hombre para todo' de Montero. Pasó de ser su mano derecha en Andalucía a presidir la SEPI entre 2018 y 2019. Pero el cuento terminó mal: la UCO lo ha vinculado al 'caso Leire' por presunto cohecho y blanqueo. Se dice que, incluso después de dimitir en octubre de 2019, Fernández seguía moviendo los hilos en la sombra, presuntamente cobrando comisiones por rescatar a empresas como Tubos Reunidos, un sablazo de 112,8 millones de euros que dejó a muchos con la boca abierta. Montero, que primero lo blindó, acabó con el clásico 'me arrepiento de haber confiado'. La cadena de favores no termina ahí. Belén Gualda, otra rescatada de la Junta, acabó imputada por el juez Santiago Pedraz el pasado 29 de junio por el mismo rescate siderúrgico. Mientras tanto, Carlos Moreno, exdirector de gabinete, voló por los aires el 1 de abril tras saltar que Víctor de Aldama le habría soltado 25.000 euros para 'aceitar' aplazamientos fiscales. Y para cerrar el círculo, tenemos a Jesús Huerta en la SELAE, cobrando un sueldo de 252.474 euros anuales en 2025, una cifra que hace que la lista de la compra de cualquier mortal parezca un chiste, mientras los loteros llevan 20 años congelados. Una ingeniería de placements donde el mérito es, simplemente, haber compartido caseta.
Diputada del PSOE 'terceriza' cerebro con IA
Hay que tener valor para subir a la tribuna del Congreso y confesar que el cerebro se ha quedado en modo avión. La diputada canaria del PSOE, Alicia Álvarez, decidió que buscar argumentos propios para defender la senda de estabilidad era un esfuerzo demasiado costoso en calorías y prefirió delegar su capacidad cognitiva en un algoritmo. El jueves pasado, en un despliegue de honestidad brutal o de una desfachatez digna de premio, Álvarez admitió haber consultado a la inteligencia artificial para convencer al PP de votar a favor de los objetivos de estabilidad. Mientras el ciudadano medio se pelea con la factura de la luz o intenta que el presupuesto familiar no sea una obra de ficción, la diputada presumía de que la IA le había dado la hoja de ruta: decía que el PP debía votar sí porque era el trámite previo para los Presupuestos, beneficiaba a las comunidades autónomas y calmaba los nervios de Bruselas. El giro final fue la guinda al pastel del surrealismo parlamentario: Álvarez sentenció que era "muy triste que haya más inteligencia detrás de un ordenador que en esta parte del hemiciclo". La ironía es tan espesa que se puede cortar con un cuchillo. La diputada utilizó una herramienta ajena para llamar ignorantes a la oposición, olvidando que el acto de 'copiar y pegar' la lógica de un bot no es precisamente un ejercicio de brillantez intelectual. Al final, la realidad se impuso al código: el PP, Vox, Junts y UPN pasaron del 'consejo digital' y derrotaron la senda de estabilidad por segunda vez y de forma definitiva. El algoritmo falló, pero la comedia fue absoluta.
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