Crítica:
La noticia es un manual de cómo la burocracia judicial ignora la logística del terreno. Brilla por la ausencia de una respuesta concreta del Gobierno, limitándose a citar que 'no hay soluciones mágicas' mientras el sistema implosiona.
Una oleada de inmigrantes colapsa Ceuta tras llegar a nado a la costa: «Esto es un drama»
Ceuta colapsa: el Supremo abre el grifo
Otros artículos
Indulto a Borràs: Sumar se calla por OIT
Hay un arte exquisito en el silencio político, una especie de mimetismo donde los principios se vuelven invisibles según sople el viento. El caso de Laura Borràs es el ejemplo perfecto de este malabarismo. Borràs, condenada a cuatro años y medio de prisión por adjudicar contratos a dedo y fraccionados —lo que en el barrio llamaríamos 'arreglitos entre colegas'—, acaba de recibir un indulto parcial. Y aquí es donde entra Sumar, que ha pasado de pedir la prohibición legal de los indultos por corrupción en marzo de 2024 a practicar un mutismo sepulcral que haría envidia a un confesionario. La gimnasia mental es fascinante. Verónica Barbero, portavoz de la formación, intenta vendernos que el indulto es 'parcial' porque solo evita la cárcel. Es como si te multaran por conducir borracho y el juez te dijera que, aunque no te quiten el carné, puedes seguir usando el coche mientras no te vean los agentes. Una sutileza jurídica para salvar los muebles. Pero el verdadero motor de este silencio no está en el BOE, sino en las aspiraciones de Yolanda Díaz. La política gallega tiene la vista puesta en la dirección general de la OIT, un puesto en la ONU que requiere que el Gobierno de Pedro Sánchez ponga 'toda la carne en el asador'. Básicamente, el precio de una candidatura internacional es tragarse el sapo de una condena por prevaricación. Mientras los Comunes, en 2023, exigían la dimisión de Borràs y Jèssica Albiach sentenciaba que no defenderían indultos por corrupción, hoy el partido de Díaz prefiere mirar hacia otro lado. Al final, la lucha contra la corrupción es como una dieta de lunes a viernes: muy noble en la teoría, pero se Dessert con un indulto cuando el menú del día incluye un puesto en la ONU.
Ribera y el laberinto de papeles europeo
Bruselas se ha convertido en un juego de escape donde el premio es, simplemente, que no te multen. La vicepresidenta Teresa Ribera y la comisaria Jessika Roswall han pilotado la Responsabilidad Extendida del Productor (EPR), una joya normativa que, en teoría, salva el planeta, pero que en la práctica ha levantado un muro de papeles delante de cualquier pyme que quiera vender un envoltorio en dos países distintos. Mientras que para el IVA el comercio electrónico tiene una ventanilla única —algo parecido a pasar por el cajero rápido—, la EPR es como intentar renovar el carné de conducir en los años 80: una odisea de trámites que varían según el capricho de cada Gobierno nacional. Ursula von der Leyen ahora juega al bombero y promete simplificar el mercado único, mientras un ejército de funcionarios escudriña por qué la basura reciclable no puede viajar tan libremente como un turista en agosto. Pero el verdadero espectáculo ocurre en casa. España es la campeona del 'gold plating', esa delicada técnica de coger una norma europea sencilla y adornarla con capas de burocracia innecesaria hasta que es irreconocible. El resultado es un dato que duele: una tasa de infracciones por transposición incorrecta del 1,4%, superando la media comunitaria. Para rematar la faena, en el indicador de facilidad de cumplimiento, España se hunde con un 2,7 frente al 3,9 de la UE. Traducido al lenguaje de la calle: hacer negocios aquí es como intentar correr un maratón cargando con un saco de cemento mientras el funcionario de turno te pide que rellenes el formulario en triplicado y con tinta azul. Ahora pretenden arreglarlo con un 'reglamento de simplificación', lo cual es la paradoja máxima: crear más leyes para que haya menos leyes.
Gas argelí y caos en Ceuta: el peaje
La diplomacia de salón tiene un precio, y en Ceuta se paga en moneda de supervivencia. Pedro Sánchez aterrizó en Argelia el 20 de julio para 'normalizar' relaciones, un eufemismo político para decir que necesitamos el gas argelino (que supone un tercio de nuestras compras) y que el comercio, bloqueado desde el 8 de junio de 2022, debe volver a fluir. Pero mientras los ministros José Manuel Albares y Sara Aagesen brindaban con empresarios para rescatar la VIII Reunión de Alto Nivel en octubre, en la frontera el tablero cambió. Es la vieja canción del Mediterráneo: si Madrid abraza a Argelia, Rabat suelta la correa. Marruecos, herido en su orgullo por el giro sobre el Sáhara Occidental en marzo de 2022 y el episodio de Brahim Ghali, parece haber decidido que la mejor respuesta a la cordialidad hispano-argelina es abrir el grifo migratorio. El resultado es un caos que recuerda a mayo de 2021, cuando 15.000 personas saltaron las vallas. Ahora el problema es el mar. Con el agua tibia y una sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio que prohíbe devolver a los nadadores, Ceuta se ha convertido en un imán. La Delegación del Gobierno admite 1.500 llegadas solo esta semana, y las previsiones apuntan a más de 5.000 para finales de julio. El CETI, con sus 512 plazas, ha pasado de ser un centro de acogida a un cuello de botella donde 400 personas esperan fuera, mientras Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda —este último alertando de un subidón del 80% en menores no acompañados— piden auxilio. Es la paradoja del poder: se arregla el suministro de energía en un despacho de Argel, pero se deja el patio trasero de Ceuta colapsado por un 'descuido' de vigilancia en las costas marroquíes.
La Séptima: El salto prohibido de Ruiz
En el ecosistema mediático, donde las lealtades duran lo que tarda en enfriarse un café, José Miguel Contreras ha decidido jugar la carta maestra. El fundador de La Sexta quiere que Javier Ruiz, el actual rostro de 'Mañaneros' en La 1 de TVE, sea el primer director de 'La Séptima'. El plan es ambicioso: lanzar el canal el próximo 5 de noviembre desde San Sebastián de los Reyes, en un plató de más de 1.000 metros cuadrados que hace parecer pequeña la cocina de cualquier mortal. La jugada tiene un aroma a nostalgia profesional. Contreras y Ruiz ya habían soñado con esto hace dos años en un proyecto con PRISA que terminó en cisma y salidas abruptas. Ahora, Contreras vuelve a la carga con la oferta sobre la mesa, justo cuando Ruiz navega en una paradoja deliciosa: sus audiencias en RTVE están en lo más alto, pero el programa arrastra condenas judiciales por bulos y denuncias de manipulación. Es el clásico caso de 'vender humo' con éxito mientras los jueces pasan factura. Para completar el cuadro, Daniel Fernández, el cerebro de 'Mañaneros' y excolaborador de Ana Rosa Quintana, llegaría como director de Contenidos. Una estructura donde Informativos y Programas se fusionan en un abrazo incómodo para centrarse en la actualidad. Mientras nombres de peso como Silvia Intxaurrondo o Àngels Barceló se quedan fuera del reparto, Contreras apuesta por una mezcla de veteranos y chavales menores de 30 años, incluyendo a Sarah Santaolalla. Prometen una televisión 'sin gritos', una utopía en un país donde el ruido es la moneda corriente. Con una plantilla de 300 trabajadores (80 periodistas) y una meta modesta de alcanzar el 2% de cuota inicial y el 3% el primer año, La Séptima intenta convencer al público de que la actualidad puede ser elegante, aunque sus protagonistas vengan de la trinchera del escándalo.
VIPS sobre fuego: el sablazo de los Falcon
Hay prioridades en este país y luego están las prioridades del Palacio de la Moncloa. Mientras el verano se convierte en un deporte de riesgo y los bosques arden con la puntualidad de un reloj suizo, el Gobierno ha decidido que el confort de sus alas es sagrado. Hagamos cuentas de barrio: mantener los diez Canadair CL-215T y los cuatro Bombardier CL-415 —los que realmente se mojan la camiseta contra el fuego— ha costado unos 17 millones de euros desde 2018. Para que nos entendamos, es como si en una casa gastáramos en el extintor lo mismo que en un paquete de cerillas, mientras que el coche de lujo tiene el mantenimiento de un Fórmula 1. En la otra columna del libro de cuentas aparecen los Dassault Falcon 900. Esos aviones, diseñados para que las autoridades viajen sin que les suden las palmas de las manos, han absorbido 58 millones de euros. Pero esperen, que la ingeniería financiera no termina ahí. En julio de 2026, una licitación saltó a los 118,6 millones de euros al meter en el mismo saco a los Airbus A310 y los Cessna Citation V del Ejército del Aire y del Espacio. Un incremento del 30% respecto al lustro anterior. Básicamente, el Gobierno prefiere que el transporte VIP brille como un espejo mientras los hidroaviones sobreviven a base de parches. La hipocresía alcanza su cénit con la gestión del parque. Pasamos de 18 aviones anfibios a 14. En junio de 2023, el Ministerio de Transición Ecológica puso cuatro en subasta por 10 millones de euros, y la empresa Bridger Aerospace los compró el 20 de septiembre de ese año por 40,3 millones. Para rematar el chiste, el grupo Avincis anunció el 22 de julio de 2026 que arrendaba dos de esos aviones a los americanos para apagar fuegos en Portugal. En resumen: vendemos las herramientas de casa para que el vecino las use, mientras pagamos el detailing de los Falcon con el dinero de todos.
Indultos 'de tapadillo': Corrupción y maquillaje político
El Gobierno ha decidido jugar al bingo con la ética pública en el Consejo de Ministros del pasado martes. Mientras Pedro Sánchez se dedicaba a maquillarse la gestión en una rueda de prensa, el Ejecutivo deslizaba por debajo de la mesa cinco indultos parciales. Tres de ellos son para condenados por corrupción, una jugada que en la calle llamaríamos 'limpiar la paja del trigo' con dinero y tiempo ajeno. La joya de la corona es Laura Borràs, expresidenta del Parlamento de Cataluña, que vio cómo sus cuatro años y medio de cárcel se encogían a dos. Borràs, experta en el arte de fraccionar contratos para adjudicarlos 'a dedo' entre 2013 y 2017 en la Institución de las Letras Catalanas, recibe este regalo justo cuando el Gobierno lanza la Agencia de Integridad Pública. Es como intentar venderte una dieta detox mientras te comes un donut glaseado en el desayuno. Pero el banquete no es solo para los independentistas. Juan Fernández, exalcalde socialista de Linares, también ve su condena de tres años reducida a dos. Y luego tenemos el caso de Natalio Grueso, el gestor del Centro Niemeyer que convirtió las facturas públicas en una cuenta corriente personal para amigos y familia por valor de 78.819 euros. Tras jugar al escondite internacional y terminar arrestado en el Algarve en diciembre del año pasado, Grueso se beneficia de un indulto por motivos humanitarios. La ironía es tan espesa que se puede cortar con cuchillo: el PSOE se indigna internamente mientras el Gobierno 'normaliza' la política. Emiliano García-Page lo ha resumido bien: se hace 'de tapadillo' y con 'agosticidad'. Mientras Santos Cerdán es investigado por presuntas mordidas y José Luis Ábalos tiene su propia sentencia, el Ejecutivo demuestra que la integridad pública es, en realidad, una sugerencia flexible si el precio es la supervivencia parlamentaria.
LAPD despide a Flock por fallar estrepitosamente
El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) tiene un apetito insaciable por los juguetes tecnológicos. Desde los contratos con Palantir hasta el despliegue de drones para vigilar manifestantes, el tercer cuerpo policial más grande de EE. UU. suele comprar cualquier software que prometa control total. Pero incluso para ellos, el contrato con Flock Safety ha resultado ser un producto defectuoso, como ese electrodoméstico barato que compras en oferta y termina quemando la cocina. La decisión de no renovar el acuerdo de tres años no ha sido un acto de generosidad hacia la privacidad ciudadana, sino un ejercicio de supervivencia legal. Dean Gialamas, el jefe de información del LAPD, ha tenido que admitir que existen 'serias preocupaciones' sobre las libertades civiles. Y es que los datos son demoledores: una auditoría del 10 de julio de la Oficina del Inspector General reveló que el sistema es una ruleta rusa. En solo dos meses, las cámaras generaron 161 alertas falsas de vehículos robados. Si sumamos los 337 casos reales, tenemos una tasa de error del 32,3 %. Traducido al lenguaje de la calle: uno de cada tres conductores detenidos es totalmente inocente. Lo verdaderamente escalofriante no es el fallo del software, sino el protocolo. El LAPD trata estas alertas como paradas de 'alto riesgo'. No es un simple 'licencia y registro'; es un despliegue de fuerza con apoyo aéreo y supervisores, convirtiendo un error de base de datos en una situación de rehén involuntario. Para la población negra de Los Ángeles —que representa el 19,5 % de los muertos a manos de la policía pese a ser solo el 9 % de la ciudad—, este margen de error del 32 % no es un dato estadístico, es una sentencia de riesgo vital. Al final, la ingeniería financiera de la vigilancia ha chocado con la realidad de que sus algoritmos no saben distinguir un Range Rover robado de un ciudadano yendo a comprar el pan.
Comentarios