Crítica:
El texto original es un ejercicio de eufemismos corporativos que intenta disfrazar la incompetencia administrativa de 'desafío'. Le falta nombrar directamente quién paga la factura final de este caos regulatorio.
Ribera provoca un laberinto burocrático en Bruselas con una polémica normativa ambiental
Ribera y el laberinto de papeles europeo
Otros artículos
Zapatero: Gaming, influencias y 447.000 euros
Hay quienes estudian el marketing y quienes, simplemente, nacen con el marketing ya resuelto en el ADN. Laura y Alba Rodríguez Espinosa parecen haber dominado la técnica de la 'facturación creativa' sin necesidad de cursar un MBA. Según la UDEF, las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero convirtieron su agencia, Whathefav SL, en una especie de terminal de autobuses financiera donde el dinero llegaba de un lado y salía disparado hacia sus cuentas personales. Hablemos de números, que es donde la magia ocurre. Mientras el ciudadano medio pelea con la declaración de la renta, las hermanas movieron 447.095,31 euros a sus bolsillos. Laura se llevó 247.191,06 euros y Alba 199.904,25 euros entre 2021 y 2025. Un detalle exquisito: el padre, el gran arquitecto de la historia, figura como autorizado en ambas cuentas. Es la definición de 'familia unida'. La agencia, especializada en gaming y eSports, pasó de ganar migajas a facturar casi 500.000 euros anuales. Pero ojo, que no es que hubieran inventado el nuevo Fortnite; la UDEF sugiere que no aportaban 'valor propio'. Básicamente, Whathefav era una máquina de maquetar informes para justificar que el dinero de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva (561.440 euros) y Análisis Relevante (240.000 euros) fluyera sin hacer ruido. Todo este baile coreografiado por Julio Martínez 'Julito' y supervisado por la secretaria María Gertrudis Alcázar Jiménez huele a la clásica ingeniería financiera de los que creen que las leyes son sugerencias. El juez José Luis Calama ya ha puesto la lupa sobre este entramado que, según la instrucción, podría ser una estructura de tráfico de influencias y blanqueo. Ahora toca esperar a que Santander, BBVA y el resto de la banca confirmen si el dinero caminaba solo o si llevaba correa.
Indulto a Borràs: Sumar se calla por OIT
Hay un arte exquisito en el silencio político, una especie de mimetismo donde los principios se vuelven invisibles según sople el viento. El caso de Laura Borràs es el ejemplo perfecto de este malabarismo. Borràs, condenada a cuatro años y medio de prisión por adjudicar contratos a dedo y fraccionados —lo que en el barrio llamaríamos 'arreglitos entre colegas'—, acaba de recibir un indulto parcial. Y aquí es donde entra Sumar, que ha pasado de pedir la prohibición legal de los indultos por corrupción en marzo de 2024 a practicar un mutismo sepulcral que haría envidia a un confesionario. La gimnasia mental es fascinante. Verónica Barbero, portavoz de la formación, intenta vendernos que el indulto es 'parcial' porque solo evita la cárcel. Es como si te multaran por conducir borracho y el juez te dijera que, aunque no te quiten el carné, puedes seguir usando el coche mientras no te vean los agentes. Una sutileza jurídica para salvar los muebles. Pero el verdadero motor de este silencio no está en el BOE, sino en las aspiraciones de Yolanda Díaz. La política gallega tiene la vista puesta en la dirección general de la OIT, un puesto en la ONU que requiere que el Gobierno de Pedro Sánchez ponga 'toda la carne en el asador'. Básicamente, el precio de una candidatura internacional es tragarse el sapo de una condena por prevaricación. Mientras los Comunes, en 2023, exigían la dimisión de Borràs y Jèssica Albiach sentenciaba que no defenderían indultos por corrupción, hoy el partido de Díaz prefiere mirar hacia otro lado. Al final, la lucha contra la corrupción es como una dieta de lunes a viernes: muy noble en la teoría, pero se Dessert con un indulto cuando el menú del día incluye un puesto en la ONU.
Ceuta colapsa: el Supremo abre el grifo
Ceuta se ha convertido en el escenario de una tormenta perfecta donde la buena voluntad judicial y la torpeza administrativa chocan de frente. Mientras el ciudadano medio se pelea con la factura de la luz, la ciudad autónoma intenta gestionar un 'colapso generalizado' que hace que la crisis de mayo de 2021 —aquella de los 15.000 saltos— parezca un simulacro. El problema es que el mar no tiene vallas, y el Tribunal Supremo decidió el 8 de julio que, si no hay valla, no hay 'devolución en caliente'. Un detalle jurídico que suena muy bien en un despacho de Madrid, pero que en la calle se traduce en un flujo imparable de nadadores que recorren más de ocho kilómetros para aterrizar en una costa saturada. La Delegación del Gobierno habla de 1.500 llegadas irregulares en la última semana, pero la Guardia Civil, que es quien realmente se moja, calcula que para finales de julio la cifra superará los 5.000. Es una aritmética del caos: el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) está tan lleno que los alrededores parecen un campamento improvisado. Mientras Juan Jesús Vivas pide acciones 'contundentes', el Ministerio del Interior juega al juego de las 'soluciones mágicas' que nunca llegan a tiempo. Lo más irónico es que el Gobierno tuvo la oportunidad de parchear este agujero normativo en la reforma de marzo de 2025 sobre el reparto de menores, pero prefirieron evitar el debate político para no ensuciarse las manos con la polémica de las devoluciones exprés. Ahora, entre la niebla que oculta a los nadadores y el silencio administrativo, los agentes del GEAS y el Servicio Marítimo se juegan la vida rescatando a jóvenes marroquíes y argelinos, mientras el Estado intenta agilizar traslados a la Península para vaciar un vaso que ya se ha desbordado hace tiempo.
Gas argelí y caos en Ceuta: el peaje
La diplomacia de salón tiene un precio, y en Ceuta se paga en moneda de supervivencia. Pedro Sánchez aterrizó en Argelia el 20 de julio para 'normalizar' relaciones, un eufemismo político para decir que necesitamos el gas argelino (que supone un tercio de nuestras compras) y que el comercio, bloqueado desde el 8 de junio de 2022, debe volver a fluir. Pero mientras los ministros José Manuel Albares y Sara Aagesen brindaban con empresarios para rescatar la VIII Reunión de Alto Nivel en octubre, en la frontera el tablero cambió. Es la vieja canción del Mediterráneo: si Madrid abraza a Argelia, Rabat suelta la correa. Marruecos, herido en su orgullo por el giro sobre el Sáhara Occidental en marzo de 2022 y el episodio de Brahim Ghali, parece haber decidido que la mejor respuesta a la cordialidad hispano-argelina es abrir el grifo migratorio. El resultado es un caos que recuerda a mayo de 2021, cuando 15.000 personas saltaron las vallas. Ahora el problema es el mar. Con el agua tibia y una sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio que prohíbe devolver a los nadadores, Ceuta se ha convertido en un imán. La Delegación del Gobierno admite 1.500 llegadas solo esta semana, y las previsiones apuntan a más de 5.000 para finales de julio. El CETI, con sus 512 plazas, ha pasado de ser un centro de acogida a un cuello de botella donde 400 personas esperan fuera, mientras Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda —este último alertando de un subidón del 80% en menores no acompañados— piden auxilio. Es la paradoja del poder: se arregla el suministro de energía en un despacho de Argel, pero se deja el patio trasero de Ceuta colapsado por un 'descuido' de vigilancia en las costas marroquíes.
La Séptima: El salto prohibido de Ruiz
En el ecosistema mediático, donde las lealtades duran lo que tarda en enfriarse un café, José Miguel Contreras ha decidido jugar la carta maestra. El fundador de La Sexta quiere que Javier Ruiz, el actual rostro de 'Mañaneros' en La 1 de TVE, sea el primer director de 'La Séptima'. El plan es ambicioso: lanzar el canal el próximo 5 de noviembre desde San Sebastián de los Reyes, en un plató de más de 1.000 metros cuadrados que hace parecer pequeña la cocina de cualquier mortal. La jugada tiene un aroma a nostalgia profesional. Contreras y Ruiz ya habían soñado con esto hace dos años en un proyecto con PRISA que terminó en cisma y salidas abruptas. Ahora, Contreras vuelve a la carga con la oferta sobre la mesa, justo cuando Ruiz navega en una paradoja deliciosa: sus audiencias en RTVE están en lo más alto, pero el programa arrastra condenas judiciales por bulos y denuncias de manipulación. Es el clásico caso de 'vender humo' con éxito mientras los jueces pasan factura. Para completar el cuadro, Daniel Fernández, el cerebro de 'Mañaneros' y excolaborador de Ana Rosa Quintana, llegaría como director de Contenidos. Una estructura donde Informativos y Programas se fusionan en un abrazo incómodo para centrarse en la actualidad. Mientras nombres de peso como Silvia Intxaurrondo o Àngels Barceló se quedan fuera del reparto, Contreras apuesta por una mezcla de veteranos y chavales menores de 30 años, incluyendo a Sarah Santaolalla. Prometen una televisión 'sin gritos', una utopía en un país donde el ruido es la moneda corriente. Con una plantilla de 300 trabajadores (80 periodistas) y una meta modesta de alcanzar el 2% de cuota inicial y el 3% el primer año, La Séptima intenta convencer al público de que la actualidad puede ser elegante, aunque sus protagonistas vengan de la trinchera del escándalo.
VIPS sobre fuego: el sablazo de los Falcon
Hay prioridades en este país y luego están las prioridades del Palacio de la Moncloa. Mientras el verano se convierte en un deporte de riesgo y los bosques arden con la puntualidad de un reloj suizo, el Gobierno ha decidido que el confort de sus alas es sagrado. Hagamos cuentas de barrio: mantener los diez Canadair CL-215T y los cuatro Bombardier CL-415 —los que realmente se mojan la camiseta contra el fuego— ha costado unos 17 millones de euros desde 2018. Para que nos entendamos, es como si en una casa gastáramos en el extintor lo mismo que en un paquete de cerillas, mientras que el coche de lujo tiene el mantenimiento de un Fórmula 1. En la otra columna del libro de cuentas aparecen los Dassault Falcon 900. Esos aviones, diseñados para que las autoridades viajen sin que les suden las palmas de las manos, han absorbido 58 millones de euros. Pero esperen, que la ingeniería financiera no termina ahí. En julio de 2026, una licitación saltó a los 118,6 millones de euros al meter en el mismo saco a los Airbus A310 y los Cessna Citation V del Ejército del Aire y del Espacio. Un incremento del 30% respecto al lustro anterior. Básicamente, el Gobierno prefiere que el transporte VIP brille como un espejo mientras los hidroaviones sobreviven a base de parches. La hipocresía alcanza su cénit con la gestión del parque. Pasamos de 18 aviones anfibios a 14. En junio de 2023, el Ministerio de Transición Ecológica puso cuatro en subasta por 10 millones de euros, y la empresa Bridger Aerospace los compró el 20 de septiembre de ese año por 40,3 millones. Para rematar el chiste, el grupo Avincis anunció el 22 de julio de 2026 que arrendaba dos de esos aviones a los americanos para apagar fuegos en Portugal. En resumen: vendemos las herramientas de casa para que el vecino las use, mientras pagamos el detailing de los Falcon con el dinero de todos.
Indultos 'de tapadillo': Corrupción y maquillaje político
El Gobierno ha decidido jugar al bingo con la ética pública en el Consejo de Ministros del pasado martes. Mientras Pedro Sánchez se dedicaba a maquillarse la gestión en una rueda de prensa, el Ejecutivo deslizaba por debajo de la mesa cinco indultos parciales. Tres de ellos son para condenados por corrupción, una jugada que en la calle llamaríamos 'limpiar la paja del trigo' con dinero y tiempo ajeno. La joya de la corona es Laura Borràs, expresidenta del Parlamento de Cataluña, que vio cómo sus cuatro años y medio de cárcel se encogían a dos. Borràs, experta en el arte de fraccionar contratos para adjudicarlos 'a dedo' entre 2013 y 2017 en la Institución de las Letras Catalanas, recibe este regalo justo cuando el Gobierno lanza la Agencia de Integridad Pública. Es como intentar venderte una dieta detox mientras te comes un donut glaseado en el desayuno. Pero el banquete no es solo para los independentistas. Juan Fernández, exalcalde socialista de Linares, también ve su condena de tres años reducida a dos. Y luego tenemos el caso de Natalio Grueso, el gestor del Centro Niemeyer que convirtió las facturas públicas en una cuenta corriente personal para amigos y familia por valor de 78.819 euros. Tras jugar al escondite internacional y terminar arrestado en el Algarve en diciembre del año pasado, Grueso se beneficia de un indulto por motivos humanitarios. La ironía es tan espesa que se puede cortar con cuchillo: el PSOE se indigna internamente mientras el Gobierno 'normaliza' la política. Emiliano García-Page lo ha resumido bien: se hace 'de tapadillo' y con 'agosticidad'. Mientras Santos Cerdán es investigado por presuntas mordidas y José Luis Ábalos tiene su propia sentencia, el Ejecutivo demuestra que la integridad pública es, en realidad, una sugerencia flexible si el precio es la supervivencia parlamentaria.
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