Crítica:
El texto original es un collage de datos oficiales y escenas crudas que no se atreve a llamar 'negligencia' a la gestión del CETI. Le sobra cortesía institucional y le falta courage para cuestionar la cifra exacta de los 2.000 restantes.
OKDIARIO en la morgue improvisada de Ceuta: Marruecos se desentiende de 40 inmigrantes fallecidos
Morgue improvisada: el 'olvido' marroquí en Ceuta
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Sablazo en Badajoz: El Tribunal pide cuentas
Hay quien dice que el dinero público es como el aire: invisible hasta que alguien te lo quita. En la Diputación de Badajoz, parece que el aire soplaba con un aroma particularmente caro. El Tribunal de Cuentas ha decidido dejar de mirar desde la barrera y se ha plantado en los pasillos de la administración provincial para hacerle un examen sorpresa a la contabilidad. El objetivo es claro: rastrear el rastro de los 340.572,36 euros que David Sánchez Pérez-Castejón cobró entre julio de 2017 y mayo de 2025. Para que nos entendamos, es una cifra que haría palidecer a cualquier familia intentando cerrar el mes con la inflación actual, pero que para el hermano del presidente del Gobierno fue el salario de una plaza que la Audiencia Provincial de Badajoz calificó, con una elegancia brutal, de «innecesaria y vacía de contenido». Pero el festín no terminó ahí. En el menú de la sospecha también aparece Luis María Carrero, ex asesor de Moncloa, quien se embolsó 86.988,76 euros entre enero de 2024 y junio de 2025. Sumando ambos, tenemos un agujero contable de 427.561,12 euros que ahora el organismo presidido por Enriqueta Chicano quiere recuperar. La jugada maestra llega de la mano de Iustitia Europa, que ha logrado que su denuncia supere el trámite inicial y llegue a la Sección de Enjuiciamiento, evitando que el tiempo borre las huellas de este «procedimiento de escaparate». Como si el sueldo por no hacer nada no fuera suficiente, la fiesta incluyó la producción de 'La Paz Perpetua' y el 'Proyecto Ópera Joven', donde se gastaron 128.080 euros para recaudar unos miserables 2.000. Básicamente, un negocio donde la pérdida es la norma y el beneficio es el prestigio. Mientras Miguel Ángel Gallardo se enfrenta a 18 años de inhabilitación, el Tribunal de Cuentas busca ahora que el dinero vuelva a las arcas públicas, porque resulta que trabajar para el Estado sin trabajar es un lujo que ya no se puede permitir.
Hambre y sueño: el 'menú' militar en Ceuta
Hay una mística muy bonita en el sacrificio patrio, pero la mística no llena la panza. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez se esmera en vender una postal de control y normalidad en Ceuta, la realidad en el terreno tiene sabor a mortadela barata y cansancio crónico. Los militares desplegados para frenar la crisis migratoria están viviendo una especie de experimento de supervivencia: jornadas maratonianas de 14 a 16 horas, con apenas dos horas de sueño entre turnos, que hacen que cualquier horario de oficina parezca un spa. Lo verdaderamente surrealista es la logística del Ministerio de Defensa. Para mantener a punto a cuerpos que son auténticos templos de resistencia, el menú consiste en un kit que envidiaría un niño de primaria en una excursión: un bocadillo de mortadela (que a veces muta a chorizo o salchichón), una lata de atún con un panecillo, una manzana y dos botellines de agua de 330 mililitros. Si el día es generoso, cambian la fruta por un yogur y cuatro galletas. Es, básicamente, alimentar a un ejército con el presupuesto de una merienda escolar. Marco Antonio Gómez, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería (ATME), ha soltado la verdad sin anestesia: no se puede pedir profesionalidad cuando el combustible es insuficiente. A esto sumemos que los soldados duermen hacinados en pasillos y habitaciones de cuarteles que no fueron diseñados para albergar a tanta gente, ya que la mayoría vive fuera con sus familias. Para rematar la jugada, en algunas unidades se ha prohibido el uso del móvil. Oficialmente será por seguridad, pero en la calle se sospecha que es para evitar que el mundo vea que la 'élite' de la defensa española está durmiendo en el suelo y cenando galletas mientras el relato oficial sigue brillando en Madrid.
Expulsados vuelven a Ceuta: el 'boomerang' delictivo
Hay quienes ven la frontera como una sugerencia y el código penal como una lista de recomendaciones. Resulta fascinante que, mientras el ciudadano medio se juega el cuello para que no le suban la cuota del seguro, ciertos jóvenes marroquíes de unos 20 años decidieron que la prohibición de entrada en España era simplemente un desafío personal. Aprovechando el caos de la invasión del pasado jueves y viernes —donde 72.000 personas decidieron que Ceuta era el lugar ideal para un paseo masivo—, algunos 'viejos conocidos' con antecedentes graves y órdenes de expulsión decidieron volver para saludar. La ironía es deliciosa: algunos fueron interceptados en el puerto intentando pillar un barco hacia la península, como quien busca un vuelo low-cost, solo para descubrir que su billete de vuelta era directo al centro penitenciario de Ceuta. Otros, más impulsivos, prefirieron el camino del cuchillo, como el sujeto que apuñaló a otro compatriota el jueves noche tras una discusión. Lo más surrealista es el vacío administrativo. Mientras las calles de Ceuta eran un campo de batalla con asedios a supermercados y tentativas de okupación, la cárcel registró apenas siete ingresos. El sindicato TAMPM está perplejo; esperaban una avalancha y se encontraron con un desierto. ¿La razón? Una orden gubernamental tan optimista que rozaba la fantasía: «garantizad vuestra integridad, dejaos ver, pero sin intervenir». Básicamente, pidieron a los policías que hicieran de mobiliario urbano mientras el Gobierno de Pedro Sánchez vendía un control que solo existía en sus notas de prensa. Sin protocolos, sin refuerzos y con el silencio sepulcral de Instituciones Penitenciarias, Ceuta espera ahora al 15 de agosto, fecha en la que las redes sociales sugieren que la fiesta de la ilegalidad tendrá una segunda parte.
Diputado de Junts: bronca por tasa DNI
Hay quienes confunden el Parlamento con un pase VIP para la vida, y luego está Isaac Padrós. El diputado de Junts decidió que el 29 de julio era el día perfecto para librar una guerra de guerrillas lingüística en la comisaría de La Junquera, Gerona. El detonante: un agente de la Policía Nacional que, en un alarde de honestidad brutal, confesó que no hablaba catalán. Padrós, fiel a su dogma, se negó a cambiar al castellano y exigió un traductor, como si estuviera en una cumbre de la ONU y no renovando el DNI de una de sus hijas. La cosa se puso color de hormiga cuando llegó el momento de pasar por caja. Padrós, al mando de una familia numerosa, se indignó al descubrir que el trámite no era gratis. El agente le señaló un cartel informativo —detalle irónico considerando que el diputado es invidente— que indicaba que la exención debía avisarse previamente. El resultado fue un despliegue de dramatismo digno de ópera: la familia fue escoltada a un área discreta para no montar un circo público, donde Padrós se sintió intimidado por siete u ocho agentes. El clímax llegó con el choque de egos: el diputado intentó usar su acreditación parlamentaria como si fuera un escudo mágico, pero el policía le recordó que el carnet de diputado no sirve para acreditar la identidad ante la ley. Tras un forcejeo por la cartera y el pago final de la tasa para no perder el viaje, Padrós llamó a los Mossos d'Esquadra para dejar constancia de sus 'derechos vulnerados'. El giro final es delicioso: los Mossos llegaron solo para comunicarle que el agente nacional lo había denunciado por desobediencia. Padrós, lejos de recapacitar, ha respondido con una lluvia de denuncias en la Fiscalía de Gerona por coacciones, falsedad y vejaciones. Todo por un trámite que cualquier ciudadano resuelve con diez minutos de paciencia y un cambio de chip idiomático.
Sánchez: Playlist de verano e invasión ignorada
Hay quien gestiona el Estado con la urgencia de un incendio y quien lo hace como si estuviera esperando a que termine de cargar un vídeo de YouTube. El lunes 27 de julio, Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, intentó avisar a Moncloa de que se venía una tormenta perfecta. Pero Pedro Sánchez, en un despliegue de desapego digno de un domingo de resaca, decidió no coger el teléfono. El balón pasó a Diego Rubio, su jefe de gabinete, quien con la tranquilidad de quien pide una pizza, le soltó a Vivas que 'no se preocupase'. Mientras el CNI veía las señales y Vivas advertía que el flujo superaba las 200 personas al día el miércoles 29 de julio, el Ejecutivo operaba en modo avión. El resultado fue una avalancha el jueves 30 de julio que dejó a la ciudad desbordada. Fernando Grande-Marlaska, el ministro del Interior, admitió que veían entrar a 100 personas diarias, pero se lavó las manos diciendo que el CNI no le había soplado nada concreto. Es la clásica ingeniería de la responsabilidad: si el dato es vago, el problema no existe hasta que el problema te llega al patio trasero. La ironía alcanzó su cenit cuando, tras la llegada de 72.000 inmigrantes, el presidente aterrizó en Ceuta para el acto protocolario y, apenas dos días después, se largó de vacaciones a La Mareta. Pero no se fue así como así; dejó como legado su 'playlist' musical para el verano. Mientras 5.000 personas —según Vivas— o 2.000 —según la contabilidad creativa del Gobierno— siguen deambulando por las calles, el jefe del Ejecutivo probablemente estaba eligiendo el siguiente hit del verano. Gestionar la frontera como quien gestiona una lista de reproducción de Spotify: ignoras las canciones que no te gustan hasta que el volumen es insoportable.
Secreto de Signal: Saunas y cartas románticas
Mientras España se frotaba los ojos con el romanticismo presupuestario de la 'carta del presidente enamorado', en los pasillos del poder se estaba cocinando un menú mucho menos poético. Mientras unos suspiraban, Leire Díez y Juanma Serrano —el exjefe de gabinete y entonces presidente de Correos— se dedicaban a hacer una limpieza profunda, pero no de polvo, sino de trapos sucios. El objetivo: blindar a Pedro Sánchez frente a la amenaza de unos audios que vinculan a la familia de Begoña Gómez con saunas y prostíbulos. La UCO ha hecho el trabajo sucio de recuperar conversaciones que pretendían ser invisibles. El 26 de abril de 2024, la pareja de gestores empezó a mover fichas, rescatando una fecha clave: el 22 de agosto de 2014. Para el ciudadano medio, es un martes cualquiera; para la cloaca, es la grabación de Villarejo con Francisco Martínez Vázquez hablando de los negocios del suegro del presidente. Es como si, mientras te venden que el coche es nuevo, te encuentres el manual de instrucciones de cómo ocultar que el motor está fundido. Para darle un toque de 'misión imposible', el 28 de abril saltaron a Signal. Porque claro, WhatsApp es para enviar memes de gatitos, pero Signal es donde se coordinan los 'operativos de silencio'. La urgencia era máxima: el 29 de abril, justo antes de que el presidente decidiera no dejar el cargo, Leire y Serrano ya estaban trabajando en 'lo de los audios'. El plan era tan eficaz que, según la UDEF, el jefe los iba a 'poner en un altar'. Un altar construido sobre la base de dos viviendas —una residencia y otra en Almería— financiadas con la ingeniería financiera de los locales de placer. Al final, el amor al país resultó ser, en realidad, un amor muy intenso por el control de daños.
Contratos a dedo: récord de 3.000 millones
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la lista de la compra y reza para que el recibo de la luz no sea un atraco a mano armada, la Administración General del Estado (AGE) ha decidido jugar a la generosidad selectiva. En el primer semestre de 2026, el Gobierno ha repartido 2.996 millones de euros mediante el 'procedimiento negociado sin publicidad'. Para los que no hablamos el idioma burocrático, esto significa adjudicar contratos a dedo, saltándose el baile de la licitación abierta y eligiendo a los amigos de siempre. La progresión es, sencillamente, obscena. En el primer semestre de 2022, este 'estilo' de gestión movía 608 millones. En 2023 subió a 1.204,2 millones y en 2024 alcanzó los 1.356 millones. Tras un breve respiro en 2025 con 1.175,4 millones, el 2026 ha dinamitado cualquier rastro de pudor institucional. Estamos hablando de un salto de 1.640 millones de euros sobre el récord anterior. Es como si el Estado hubiera pasado de tirar el cambio en la hucha a vaciar el colchón completo en una sola jugada. El truco está en el primer trimestre de 2026, donde se concentraron 2.399 millones de euros (frente a los 486,7 millones del mismo periodo de 2025). ¿Dónde fue a parar el dinero? Principalmente al Ministerio de Defensa. Entre motores diésel para la Armada, mantenimiento de buques y juguetes para el Ejército del Aire, la Administración ha decidido que la competencia es un estorbo. La OIReScon ya avisa: muchas de estas adjudicaciones reciben una sola oferta. Básicamente, el Estado pone la mesa, elige al comensal y nosotros, los que pagamos la cuenta, ni siquiera estamos invitados a ver el menú.
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