El texto original es una denuncia frontal que se apoya en datos, pero falla al no cuestionar a dónde fueron exactamente esos 1.330 millones reasignados. Es un ejercicio de transparencia forzada que deja al Gobierno como un incompetente, pero no llega a rastrear el destino final del dinero.
La política, como ocurre con algunas dietas milagro, suele prometer salud mientras ignora la letra pequeña de la ciencia. Mónica García ha puesto sobre la mesa una reforma de la ley del tabaco que es, sencillamente, un ejercicio de equilibrismo mental. Por un lado, el Plan Nacional sobre Drogas —que es, básicamente, el brazo derecho del Ministerio de Sanidad— suelta un mensaje claro: el verdadero villano de la película es la combustión, ese humo negro que nos destroza los pulmones. Pero, por otro lado, la ministra decide que, a efectos legales, un cigarrillo convencional, un vapeador y una bolsa de nicotina son exactamente lo mismo. Es como decir que un accidente de coche es igual de grave que un rasguño en la pintura porque, en ambos casos, hay un vehículo implicado. Mientras que en Suecia, Reino Unido o Nueva Zelanda han entendido que reducir el daño es mejor que prohibirlo todo y quedarse mirando cómo la gente sigue fumando en los portales, en España preferimos el camino del 'todo o nada'. La ciencia, con nombres como Robert Beaglehole, Ruth Bonita y Tikki Pang en la revista Nature Health, ya ha avisado: el Convenio Marco para el Control del Tabaco se ha quedado cojo y hace falta pragmatismo. Incluso estudios en Toxics y las revisiones de los doctores Silvio Festinese y Dimitris Richter confirman que cambiar el humo por aerosoles reduce la exposición a tóxicos a niveles que casi rozan los de un no fumador. Pero claro, para la regulación de García, los matices son un lujo que no podemos permitirnos. Al final, el resultado es una paradoja exquisita: Sanidad admite que el humo es el problema, pero legisla como si el aire limpio fuera el culpable. Un sablazo regulatorio que ignora a nueve millones de fumadores españoles en favor de una coherencia que brilla por su ausencia.
Hay un arte casi místico en la capacidad de algunos políticos para señalar el incendio mientras sostienen el bidón de gasolina. El PSOE mallorquín ha decidido que es el momento perfecto para lamentar los atascos de la isla, olvidando convenientemente que durante ocho años el Consell y el Govern fueron su patio de recreo. Es la clásica maniobra de quien deja la cocina sucia durante una década y, al ver que el relevo no ha terminado de fregar los platos, denuncia que el establecimiento es insalubre. La memoria es selectiva, pero los datos son tercos. Mientras Catalina Cladera y Francina Armengol timoneaban la isla, proyectos como la carretera Selva-Campanet se quedaron en un limbo burocrático: empezaron antes de 2015, se congelaron en 2018 y llegaron a 2023 sin que nadie moviera una piedra. Fue una gestión de 'cajón', donde el segundo cinturón de Palma y las mejoras en la Serra de Tramuntana quedaron archivados, probablemente junto a las promesas de movilidad sostenible que Podemos gestionaba con la eficacia de un semáforo roto. Ahora, Jaume Mateu se pone la túnica de juez y tacha de «fracaso rotundo» la gestión de Llorenç Galmés. Le echa en cara que no haya ejecutado los 26 viales cívicos prometidos ni los 164 millones para los accesos a Palma. Es un duelo de listas: la lista de promesas incumplidas del PP frente a la lista de obras jamás iniciadas del PSOE. El colofón es la Ley de limitación de vehículos para el verano de 2027; el PSOE dice que es imposible, mientras que Galmés ya se lo juró al Rey Felipe VI. Al final, el ciudadano sigue atrapado en la misma rotonda, viendo cómo los políticos juegan al ping-pong con el asfalto mientras el transporte público sigue siendo una sugerencia más que una solución.
Hay quienes cambian los muebles de casa al mudarse; Abelardo de la Espriella ha preferido cambiar el mapa del mundo apenas terminó de ajustarse la banda presidencial. Mientras el eco de los 21 cañonazos de salva aún retumbaba en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, el nuevo Gobierno colombiano decidió que la soberanía del Sáhara Occidental ahora es, oficialmente, marroquí. Un giro de timón tan brusco que ha dejado a la línea de Gustavo Petro en el retrovisor antes siquiera de que el nuevo presidente terminara de descorchar el champán de su investidura. La jugada ha sido ejecutada con la precisión de quien liquida una cuenta pendiente. El vicepresidente José Manuel Restrepo y el canciller Omar Bula se sentaron con el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos para 'revitalizar' la relación. Traducido al lenguaje de la calle: han decidido hacerle un favor diplomático a Rabat para empezar la administración con el pie derecho en el club de los pragmáticos. Es el primer movimiento de un tablero donde la ideología ha sido sustituida por la 'perspectiva de largo plazo', esa frase elegante que en política suele significar 'nos conviene más este socio que el anterior'. El escenario del juramento, la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, ya anticipaba que De la Espriella no venía a seguir el manual de Bogotá. Tras derrotar en junio al senador Iván Cepeda, el abogado conservador llega al Palacio de Nariño con un plan de choque que parece una auditoría agresiva: quiere recortar el aparato estatal hasta un 40% —un sablazo presupuestario que haría palidecer a cualquier administrador de consorcio— y relanzar el petróleo y el gas. En este nuevo orden, el reconocimiento a Marruecos es solo el primer trámite de una agenda que prioriza los negocios y la mano dura sobre los romanticismos diplomáticos del pasado.
Hay peleas de patio de colegio y luego está la diplomacia de alto nivel entre Pedro Sánchez y Giorgia Meloni. El escenario es el espacio Schengen, ese sueño europeo de moverse sin papeles que ahora se ha convertido en un tablero de 'tú me haces esto y yo te respondo con aquello'. La mecha se encendió con la crisis migratoria en Ceuta y la posterior decisión de Italia de cerrar el grifo el 1 de agosto. Sánchez, que no se deja pisar el jardín, lanzó una amenaza que terminó en realidad este sábado: controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia hasta el 7 de septiembre. Traducido al lenguaje de la calle: es como si dos vecinos se pelearan por una valla y, en lugar de hablar, decidieran revisarle la bolsa al perro del otro cada vez que cruza la acera. Mientras el Gobierno mantiene una política de puertas abiertas en Ceuta y Melilla, ha decidido que el verdadero peligro está en los vuelos que vienen de Roma o Milán. El Ministerio del Interior, con Fernando Grande-Marlaska al mando, ha disfrazado esta rabieta política con el lenguaje aséptico de la 'delincuencia transfronteriza', pero los datos cuentan otra historia. En la primera jornada, el balance es casi anecdótico comparado con el despliegue: 199 ciudadanos de terceros países controlados en doce vuelos. Barajas se llevó el premio con 83 pasajeros, seguido por El Prat con 67. Valencia sumó 33, Sevilla 11 y Bilbao apenas 5. Lo más surrealista ocurre en Alicante: tres vuelos llegaron, el dispositivo estaba activo, pero no se controló a nadie. Un despliegue de seguridad que parece más una coreografía para la foto que una medida real de orden público. Al final, el ciudadano es el que paga el peaje de tiempo en un juego de egos donde el pasaporte es el arma y el orgullo el combustible.
Hay una diferencia abismal entre gestionar una crisis y gestionar el catering de una fiesta. Mientras Ceuta se convertía en un escenario dantesco el pasado jueves 30 de julio, con 72.000 personas cruzando el agua —incluyendo un millar de menores— y un saldo oficial de 82 muertos que la AMDH eleva a 141, en Madrid el ambiente era mucho más relajado. En la mansión de Puerta de Hierro de la embajadora Karima Benyaich, se celebraba la Fiesta del Trono del Rey Mohamed VI con manjares típicos y la música de Sanaa Maraati. Una velada de gala donde el lujo contrastaba con el barro y la desesperación de la frontera. El Partido Popular, liderado por Núñez Feijóo, decidió que no era el momento de brindar y declinó la invitación. El Gobierno, en cambio, aplicó la técnica del 'estoy pero no estoy'. Aunque Fernando Grande-Marlaska y Elma Saiz se echaron atrás, Luis Planas —exembajador en Marruecos y experto en mantener los puentes intactos— se sentó en primera fila para escuchar que la invasión era una situación 'no querida' por el Reino Alauí. La hipocresía es el plato fuerte. Pedro Sánchez, antes de marcharse a Lanzarote a descansar del estrés, ensalzó la 'colaboración' marroquí, mientras que en la calle los policías y guardias civiles denuncian una pasividad criminal. Sánchez ha preferido echarle la culpa al Supremo y a una sentencia que 'corrió como la pólvora', transformando una falla de seguridad nacional en un problema jurídico. Mientras tanto, el presidente ceutí Juan Jesús Vivas advierte que quedan entre 8.000 y 11.000 inmigrantes sin repatriar, una cifra que el Gobierno intenta maquillar bajándola a 2.000. Al final, la única cabeza que ha rodado es la de la jefa de prensa de Seguridad Nacional. Una limpieza contable para que el banquete no dejara mal sabor de boca.
Hay días en los que gestionar el Estado es secundario frente a la gestión del Photoshop. Mientras el país intenta digerir la crisis de Ceuta, La Moncloa ha decidido regalarnos un enigma digno de un episodio de 'Cuéntame': la desaparición selectiva de las extremidades inferiores de Pedro Sánchez. La escena ocurre en La Mareta, Lanzarote, donde el presidente aparece en una videoconferencia con sus ministros, pero con un encuadre que haría llorar a cualquier estudiante de primer año de fotografía. El resultado es una imagen donde el mandatario parece flotar sobre la silla, como si el presupuesto del Estado hubiera servido para comprarle un kit de levitación invisible. Los detectives de Twitter, que tienen más tiempo libre que el Gobierno para hacer presupuestos, han detectado que una pata de la silla es sospechosamente más larga que las demás. Pero el verdadero 'sablazo' a la lógica llega al comparar la foto con la de la crisis de Afganistán de 2021. En aquella ocasión, la mesa de cristal dejaba ver una estructura metálica triangular; ahora, la barra central ha decidido jugar al escondite. Es el eterno retorno de la estética Moncloa. Ya tuvimos el trauma colectivo de las alpargatas en 2021, ese 'look' de domingo de playa mezclado con americana que nos recordó que, para algunos, el protocolo es como la declaración de la renta: algo que se puede ignorar si tienes el poder suficiente. Aunque un vídeo posterior confirme que Sánchez lleva pantalón largo, el misterio del calzado permanece intacto. Al final, nos queda la duda de si es un error óptico o si el equipo de comunicación ha intentado borrar el rastro de unas chanclas demasiado informales para la gravedad de los hechos.
Mientras el ciudadano medio negocia con su jefe hasta el último minuto de su convenio para no morir en el intento, en la cúspide del poder europeo el concepto de 'vacaciones' parece haber sido redactado por un agente de viajes con presupuesto infinito. La comparativa es, sencillamente, un ejercicio de sadismo administrativo. En la base de la pirámide del descanso, tenemos a los 'sacrificados': Luís Montenegro en Portugal y Kyriakos Mitsotakis en Grecia, que se conforman con siete días. Siete. Básicamente, un fin de semana largo con esteroides. Donald Tusk y Giorgia Meloni suben la apuesta a diez días, mientras que Friedrich Merz se permite una semana y media entre Baviera y su casa, probablemente revisando el correo electrónico cada cinco minutos para no sentir que el mundo se cae a pedazos. Luego entramos en la zona de confort. Péter Magyar y Micheál Martin, junto a los jefes de Bélgica, Malta, Eslovaquia, Luxemburgo y la República Checa, se toman las dos semanas reglamentarias. Emmanuel Macron, fiel a su estilo de 'emperador moderno', estira el chicle hasta medio mes en el Fuerte de Brégançon. Pero es en el Norte donde la desconexión se vuelve deporte nacional: Mette Frederiksen dispara a tres semanas, y Ulf Kristersson y Petteri Orpo rozan el mes entero, confirmando que en Escandinavia el sol de verano es sagrado, aunque sea invisible. Sin embargo, la medalla de oro en la disciplina del 'no molestar' se la lleva Pedro Sánchez. Con un despliegue de generosidad hacia su propio calendario, el presidente español ha firmado su récord personal en La Moncloa: 25 días de desconexión. Del 1 al 25 de agosto, repartiendo su tiempo entre el aire puro de Las Marismillas en Doñana y la brisa de La Mareta en Lanzarote. Mientras el resto de Europa hace maletas a contrarreloj, Sánchez ha montado un campamento de verano que deja cualquier contrato de oficina en ridículo.
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