Menores de Ceuta: el ping-pong diplomático

La diplomacia es un arte exquisito, especialmente cuando se trata de usar a los niños como fichas de dominó. El 30 de julio, Ceuta vivió un asalto masivo a nado que dejó centenares de menores en tierra española. Durante once días, el silencio desde Rabat fue tan absoluto que parecía que habían desaparecido del mapa.

Pero el 6 de agosto, mágicamente, el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, despertó con un sentido paternalista agudo: ahora exige la repatriación de sus 'hijos' por la vía legal y política. Es curioso que el 'interés superior' del menor aparezca justo cuando la factura de la acogida empieza a sumar en las cuentas españolas. Mientras Ouahbi lanza dardos acusando a España de mantener a los chicos lejos de su patria, la ministra Sira Rego juega al tenis diplomático asegurando que no hay trabas, solo el deseo de proteger a los niños.

Pero el verdadero espectáculo ocurre en casa. El Gobierno quiere repartir a los menores por las comunidades autónomas, como quien distribuye folletos en una feria, pero se ha topado con un muro. Aragón, Extremadura y Castilla y León —donde el PP y Vox llevan el timón— han dicho que ni hablar.

No piensan asistir a la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia del 13 de agosto y exigen que, en lugar de repartir el problema, se busque la reunificación familiar. En medio de este ping-pong institucional, los chavales han salido de sus escondites para acudir a la Jefatura Superior de Policía de Ceuta.

Allí, entre nervios y tensión, esperan que alguien decida si su futuro es un vuelo de vuelta a Marruecos o un billete de autobús hacia una comunidad autónoma que no los quiere. Al final, la política es como una cena familiar incómoda: todos discuten sobre quién paga la cuenta, mientras los invitados siguen esperando el plato principal.