Crítica:
El texto original es demasiado complaciente al presentar los riesgos como 'casos remotos'. Le falta profundidad sobre el coste real de la dependencia tecnológica frente a la inversión inmediata.
El inquietante control chino sobre los puertos de Bilbao, Valencia y Algeciras
Puertos españoles: China tiene las llaves
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Sánchez en la playa, Ayuso en el fuego
Hay quien entiende las vacaciones como un derecho sagrado y quien las ve como un lujo que el calendario no permite. Pedro Sánchez, por ejemplo, ha gestionado la crisis migratoria de Ceuta —donde aterrizaron unos 80.000 inmigrantes— con la agilidad de quien pide un café para llevar. El 31 de julio hizo una escala técnica en la ciudad autónoma solo para volver a correr hacia La Mareta, su refugio en Lanzarote. Se tomó 27 días de desconexión, las vacaciones más largas desde que llegó a La Moncloa en 2018, para reintegrarse al mundo real el 25 de agosto en un Consejo de Seguridad Nacional. Básicamente, mientras el país ardía en caos migratorio, el jefe del Ejecutivo aplicaba el 'modo avión' en el Caribe español. En la otra acera, Isabel Díaz Ayuso ha pasado el agosto jugando a los bomberos, literalmente. Con 17 municipios calcinados desde el 23 de julio, la presidenta madrileña no ha sabido lo que es una tumbona, salvo por escapadas rápidas a Sotillo de la Adrada. Su agenda ha sido un despliegue de kilometraje: desde Pelayos de la Presa el 2 de agosto hasta Villa del Prado el 5 y el 10, pasando por Aldea del Fresno y Navalagamella el día 7. No se ha ahorrado ni el barro ni la polémica del ático de Planifica Madrid, que ahora se vende por unos 6 millones de euros para parchear los daños. Entre visitas a familias de Tres Cantos el 13 de agosto y la vendimia en San Martín de Valdeiglesias el 17, donde soltó medio millón de euros para los viticultores, Ayuso ha cerrado el ciclo el 24 de agosto en el Pantano de San Juan con un cheque de 3 millones de euros para empresas afectadas. Un contraste brutal: mientras uno contaba olas en Lanzarote, la otra contaba hectáreas quemadas y facturas de reconstrucción.
Robles y Marlaska: guerra de versiones por Ceuta
El Gobierno español ha decidido jugar al teléfono escacharrado con la seguridad nacional, y el premio es una vergüenza pública en horario prime. Mientras en Rabat el ministro Ahmed Toufiq habla de «liberar las ciudades ocupadas» bajo la mirada del rey Mohamed VI, en Madrid los ministros se dedican a pasarse la pelota caliente como si fuera un partido de tenis mal jugado. Por un lado, Margarita Robles sale al Congreso a decir que todo estaba bajo control. Según ella, los servicios de Inteligencia hicieron los deberes y que el CNI, con sus 25 agentes en Ceuta (un dato que, irónicamente, es secreto pero que ella suelta como quien cuenta los huevos que quedan en la nevera), avisó el 29 de julio de que el 30 sería un caos aprovechando la Fiesta del Trono. Incluso recuerda que el 27 de julio Juan Jesús Vivas y el delegado del Gobierno ya estaban sudando frío por el riesgo de colapso, con mil personas entrando al día. Pero entonces llega Fernando Grande-Marlaska y, con la tranquilidad de quien no ha leído el grupo de WhatsApp, niega que existiera «ningún informe» que avisara del desastre. Es la clásica dinámica de pareja en crisis: uno dice que avisó y el otro jura que no escuchó nada. Mientras tanto, el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, se ríe en nuestra cara reivindicando el «derecho histórico y geográfico» para que las ciudades «vuelvan al seno de la patria». Es fascinante. Tenemos a Marruecos marcando el ritmo y a nosotros discutiendo si el aviso llegó por correo certificado o por paloma mensajera. La seguridad de la frontera se ha convertido en un agujero contable de coherencia donde la única certeza es que, mientras los ministros se desmienten, la realidad golpea la valla.
Seguridad Nacional: el informe que 'olvidaron' leer
Hay cosas que en la administración pública se archivan con la misma diligencia con la que uno guarda los tickets del supermercado para una reclamación que sabe que no va a prosperar: en el fondo del cajón y hasta que el papel se vuelva amarillo. El Consejo de Seguridad Nacional decidió el 11 de enero de 2019 que era vital redactar un informe sobre la inmigración irregular en Ceuta y Melilla. La entonces secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Botella, presidió aquel encuentro con la urgencia de quien cree que el futuro se puede predecir con un PDF. Diseñaban planes de contingencia, células de seguimiento y estrategias nacionales, mientras invertían en fibra óptica y concertinas para que la frontera pareciera un fuerte inexpugnable. Siete años después, el informe es el unicornio de la burocracia: todo el mundo sabe que se pidió, pero nadie lo ha visto. Mientras tanto, la realidad ha pasado de ser una hipótesis en un despacho climatizado a un caos absoluto en el asfalto. El 30 de julio de 2026, la frontera se convirtió en un colador humano. Las cifras bailaron según el viento: el Ministerio del Interior empezó hablando de 72.000 personas, pero el ministro Ángel Víctor Torres terminó ajustando el dial hasta los 80.000. Es la eterna danza del Estado: gastar recursos en analizar un riesgo para luego olvidar el análisis justo cuando el riesgo te golpea en la cara. Ahora el Gobierno convoca reuniones extraordinarias y prepara un mando único, como quien intenta apagar un incendio forestal con un vaso de agua después de haber perdido el manual de instrucciones hace siete años. La hipocresía es exquisita: se modernizan las vallas, pero se oxida la inteligencia estratégica.
Pegasus y Ceuta: el regalo envenenado
En el tablero geopolítico, hay quien juega al ajedrez y hay quien juega a las escondidas con la seguridad nacional. Mientras el ciudadano medio se pelea con la tarifa de la luz, el Gobierno español gestiona una brecha de seguridad que parece un colador. La crisis de Ceuta, con 80.000 personas cruzando la frontera, ha servido de despertador para un fantasma que no quiere morir: Pegasus. Resulta fascinante que un grupo de hackers argelinos llamado Jabaroot decida hacer un 'gesto comercial' regalando a España la base de datos de 70.000 agentes y colaboradores marroquíes (DGST y DGSN). Un detalle curioso: Jabaroot ahora juega al misterio, insinuando que tiene los archivos del hackeo al teléfono de Pedro Sánchez. Recordemos que el presidente no fue 'visitado' una sola vez, sino cinco. Le sacaron 2,6 gigas de información, una cantidad de datos que hoy en día equivaldría a vaciarle la cartera y el cajón de los calcetines en un descuido. Lo más excretionario es la sincronía: dos de esas infecciones ocurrieron el 19 y 21 de mayo de 2021, justo cuando más de 10.000 personas nadaban hacia Ceuta. Coincidencia poética, ¿verdad? En el Congreso, Margarita Robles despliega el manual del 'estoy tranquila'. Afirma que nunca se ha sentido chantajeada por Marruecos, aunque admite que su teléfono también fue infectado por un desconocido. La justicia española, por su parte, ha practicado el deporte nacional del archivo. Dos veces pasó el caso por la Audiencia Nacional y el juez José Luis Calama terminó archivándolo en enero de 2026. La razón es la 'impotencia investigadora', un término elegante para decir que Israel y NSO Group pasaron de todo y que Francia no aportó nada útil. Mientras tanto, Rabat sigue lanzando órdagos sobre la soberanía de Ceuta y Melilla, y España responde con vehemencia verbal pero con una seguridad digital que da miedo.
Basuras en Llucmajor: camiones millonarios para dos meses
Gestionar el dinero público en Llucmajor parece haberse convertido en un ejercicio de surrealismo vanguardista. El empresario Bruno da Silva ha destapado una trama de gestión que haría palidecer a cualquier administrador serio. Imaginen la escena: el Ayuntamiento quiere adjudicar la recogida de basuras y, como hoja de ruta, entrega un plano que, según Da Silva, parece dibujado por un niño pequeño. Sin límites claros, sin calles definidas, básicamente un 'aquí hay basura, recógela tú'. Cuando el empresario pidió que alguien de la brigada municipal, concretamente Sebastián Puig, le acompañara al terreno para no acabar en los juzgados por una calle olvidada, la respuesta fue un desplante técnico: que mirara el dibujo rudimentario y ya estaría. Pero lo verdaderamente delirante llega con la calculadora. El consistorio exigía una inversión inicial de 1,7 millones de euros. Hablamos de comprar cuatro camiones compactadores nuevos, naves y equipo homologado. Un sablazo que cualquier empresario absorbería si el contrato fuera a largo plazo, pero aquí viene el giro de guion: el contrato de emergencia duraría solo dos meses. Sí, han leído bien. Pedir que alguien compre una flota de camiones y monte una infraestructura industrial para trabajar sesenta días es como comprar un chalet en Mallorca para pasar un fin de semana. Da Silva lo resumió con una lucidez aplastante: ¿qué hace uno con los camiones después? ¿Hacerse un llavero? En un contexto donde se barajan contratos de hasta 53 millones de euros, esta improvisación no es un error administrativo; es una bofetada a la inteligencia del contribuyente. Mientras los vecinos esperan que sus cubos no se desborden, en el despacho municipal juegan al Monopoly con fondos que no son suyos, exigiendo inversiones millonarias para contratos que caducan antes de que el camión termine de salir del concesionario.
Alcalde PSOE baila sobre billetes: ¡Qué ética!
Hay que tener una confianza ciega en el destino para disfrazarse de turista caribeño y bailar el lunes 24 de agosto mientras, a tus espaldas, alguien ha decidido rediseñar el logo de tu partido. Tirso Calvo, alcalde de Ribaforada y —aquí viene el giro del guion— miembro del Comité Federal de Ética y Garantías del PSOE, decidió que el Paloteado de Ribaforada era el escenario ideal para una sesión de risas colectivas. El detalle: una pancarta donde la rosa socialista, ese símbolo de pureza proletaria, había sido sustituida por un fajo de billetes. Un cambio de imagen que, en cualquier oficina de marketing, llamarían 'honestidad brutal'. La escena, ambientada en la plaza San Francisco Javier y bautizada como “La Casita del Pueblo” (un guiño VIP al estilo Bad Bunny que encaja sospechosamente bien con la gestión de los privilegios), contaba además con la sonrisa cómplice de la eurodiputada Elena Sancho. Mientras el Grupo de Danzas y Paloteado de la Villa y los Gaiteros de Ribaforada ponían la música, la imagen proyectaba una ironía que corta el aire. Porque bailar sobre billetes es divertido cuando no tienes que mirar el calendario judicial. Mientras el ciudadano de a pie hace malabares con la cesta de la compra, el PSOE lidia con un agujero de reputación del tamaño del Tribunal Supremo. Tenemos a José Luis Ábalos con una condena de 24 años y tres meses por el asunto de las mascarillas, y a Santos Cerdán bajo la lupa de la UCO por la millonaria obra de los túneles de Velate con Servinabar. Para rematar el cuadro, la Fiscalía Anticorrupción sigue el rastro de cuentas bancarias en el caso Leire Díez. Que el responsable de la 'Ética y Garantías' del partido baile delante de un puño lleno de dinero no es sátira local; es, sencillamente, un resumen gráfico de la actualidad política española.
Sánchez riega con millones la OIM familiar
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira la cesta de la compra como quien mira una película de terror, en los despachos del poder se practica una aritmética mucho más generosa. El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es un jardín que necesita riego constante. Y no un riego cualquiera: hablamos de 45.150.000 euros desembolsados entre 2018 y agosto de 2026. Lo curioso no es la cifra, sino la coincidencia cósmica de que la misión española de esta agencia de la ONU ha sido capitaneada durante quince años por María Jesús Herrera Ceballos, que, casualmente, comparte el desayuno y la almohada con el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas. Desglosando el sablazo, vemos que hay una parte 'estándar', esas cuotas anuales que España paga por existir en el club: 1,2 millones entre 2018 y 2020, subiendo a 1,4 millones entre 2021 y 2023, y aterrizando en 1,45 millones desde 2024. En total, 12.150.000 euros de mantenimiento básico. Pero aquí viene la ingeniería financiera creativa: el Gobierno ha soltado otros 33.000.000 euros en 'programas y proyectos adicionales'. Es decir, el dinero que no es obligatorio, el que se da porque 'hay confianza'. Casi tres cuartas partes del total se han ido por esa vía, convirtiendo a la OIM en uno de los agujeros contables más profundos de las contribuciones a la ONU, solo superado por ONU Mujeres y la UNRWA. Ahora que María Jesús Herrera Ceballos entra en fase de retirada, el relevo ya tiene nombre: Fernando Medina Donoso. Se cierra un ciclo de quince años donde la gestión migratoria y los vínculos familiares han bailado un tango financieramente impecable.
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