Crítica:
La noticia es un ejercicio de evidencia obvia que deja demasiados huecos sobre quién exactamente 'perdió' el informe. El título es correcto, pero el cuerpo peca de ser demasiado amable con la inoperancia administrativa.
Seguridad Nacional encargó hace siete años un informe sobre inmigración en Ceuta y Melilla que aún no ha visto la luz
Seguridad Nacional: el informe que 'olvidaron' leer
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Puertos españoles: China tiene las llaves
España ha decidido abrirle la puerta de casa a COSCO Shipping, y no solo le hemos dejado pasar, sino que le hemos dado las llaves del cajón de los cubiertos y el código de la alarma. No es una inversión cualquiera; es el Gobierno chino sentándose a la mesa en Valencia, Bilbao y Algeciras. En Valencia, donde el puerto es el primero de España en contenedores y el cuarto de Europa, COSCO maneja el 51 % de las acciones. Básicamente, son los dueños del patio y deciden si el suelo se amplía para que sus mega buques aparquen cómodamente, mientras nosotros miramos desde la valla. En Bilbao, con un 39,5 % de las acciones, controlan el acceso al Cantábrico y el Eje del Ebro, conectando directamente con más de cincuenta puertos chinos. Y para rematar el triplete, han desembarcado en Algeciras, el nodo vital entre Europa y África. Es como si alguien comprara la gasolinera, el supermercado y la farmacia de tu barrio: parece un negocio brillante hasta que te das cuenta de que el dueño sabe exactamente cuántas compresas y cuántos kilos de arroz compras cada mes. El software logístico chino permite saber en tiempo real qué entra y sale de España, incluyendo suministros militares y tecnología sensible. El Ministerio de Defensa lanzó un grito de auxilio en mayo y la Comisión Europea ya habló en marzo de «actores estatales de alto riesgo». Pero claro, personajes como Aurelio Martínez en Valencia, o el tándem Gerardo y José Ignacio Landaluce en Algeciras, prefirieron ignorar el ruido europeo para abrazar la inversión. La ironía es deliciosa: hemos cambiado la soberanía estratégica por un cheque, olvidando que la ley china obliga a estas terminales a ayudar a la Armada del Ejército Popular de Liberación si Pekín lo pide. Un detalle menor, como quien acepta los términos y condiciones de una app sin leer la letra pequeña.
Robles y Marlaska: guerra de versiones por Ceuta
El Gobierno español ha decidido jugar al teléfono escacharrado con la seguridad nacional, y el premio es una vergüenza pública en horario prime. Mientras en Rabat el ministro Ahmed Toufiq habla de «liberar las ciudades ocupadas» bajo la mirada del rey Mohamed VI, en Madrid los ministros se dedican a pasarse la pelota caliente como si fuera un partido de tenis mal jugado. Por un lado, Margarita Robles sale al Congreso a decir que todo estaba bajo control. Según ella, los servicios de Inteligencia hicieron los deberes y que el CNI, con sus 25 agentes en Ceuta (un dato que, irónicamente, es secreto pero que ella suelta como quien cuenta los huevos que quedan en la nevera), avisó el 29 de julio de que el 30 sería un caos aprovechando la Fiesta del Trono. Incluso recuerda que el 27 de julio Juan Jesús Vivas y el delegado del Gobierno ya estaban sudando frío por el riesgo de colapso, con mil personas entrando al día. Pero entonces llega Fernando Grande-Marlaska y, con la tranquilidad de quien no ha leído el grupo de WhatsApp, niega que existiera «ningún informe» que avisara del desastre. Es la clásica dinámica de pareja en crisis: uno dice que avisó y el otro jura que no escuchó nada. Mientras tanto, el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, se ríe en nuestra cara reivindicando el «derecho histórico y geográfico» para que las ciudades «vuelvan al seno de la patria». Es fascinante. Tenemos a Marruecos marcando el ritmo y a nosotros discutiendo si el aviso llegó por correo certificado o por paloma mensajera. La seguridad de la frontera se ha convertido en un agujero contable de coherencia donde la única certeza es que, mientras los ministros se desmienten, la realidad golpea la valla.
Pegasus y Ceuta: el regalo envenenado
En el tablero geopolítico, hay quien juega al ajedrez y hay quien juega a las escondidas con la seguridad nacional. Mientras el ciudadano medio se pelea con la tarifa de la luz, el Gobierno español gestiona una brecha de seguridad que parece un colador. La crisis de Ceuta, con 80.000 personas cruzando la frontera, ha servido de despertador para un fantasma que no quiere morir: Pegasus. Resulta fascinante que un grupo de hackers argelinos llamado Jabaroot decida hacer un 'gesto comercial' regalando a España la base de datos de 70.000 agentes y colaboradores marroquíes (DGST y DGSN). Un detalle curioso: Jabaroot ahora juega al misterio, insinuando que tiene los archivos del hackeo al teléfono de Pedro Sánchez. Recordemos que el presidente no fue 'visitado' una sola vez, sino cinco. Le sacaron 2,6 gigas de información, una cantidad de datos que hoy en día equivaldría a vaciarle la cartera y el cajón de los calcetines en un descuido. Lo más excretionario es la sincronía: dos de esas infecciones ocurrieron el 19 y 21 de mayo de 2021, justo cuando más de 10.000 personas nadaban hacia Ceuta. Coincidencia poética, ¿verdad? En el Congreso, Margarita Robles despliega el manual del 'estoy tranquila'. Afirma que nunca se ha sentido chantajeada por Marruecos, aunque admite que su teléfono también fue infectado por un desconocido. La justicia española, por su parte, ha practicado el deporte nacional del archivo. Dos veces pasó el caso por la Audiencia Nacional y el juez José Luis Calama terminó archivándolo en enero de 2026. La razón es la 'impotencia investigadora', un término elegante para decir que Israel y NSO Group pasaron de todo y que Francia no aportó nada útil. Mientras tanto, Rabat sigue lanzando órdagos sobre la soberanía de Ceuta y Melilla, y España responde con vehemencia verbal pero con una seguridad digital que da miedo.
Basuras en Llucmajor: camiones millonarios para dos meses
Gestionar el dinero público en Llucmajor parece haberse convertido en un ejercicio de surrealismo vanguardista. El empresario Bruno da Silva ha destapado una trama de gestión que haría palidecer a cualquier administrador serio. Imaginen la escena: el Ayuntamiento quiere adjudicar la recogida de basuras y, como hoja de ruta, entrega un plano que, según Da Silva, parece dibujado por un niño pequeño. Sin límites claros, sin calles definidas, básicamente un 'aquí hay basura, recógela tú'. Cuando el empresario pidió que alguien de la brigada municipal, concretamente Sebastián Puig, le acompañara al terreno para no acabar en los juzgados por una calle olvidada, la respuesta fue un desplante técnico: que mirara el dibujo rudimentario y ya estaría. Pero lo verdaderamente delirante llega con la calculadora. El consistorio exigía una inversión inicial de 1,7 millones de euros. Hablamos de comprar cuatro camiones compactadores nuevos, naves y equipo homologado. Un sablazo que cualquier empresario absorbería si el contrato fuera a largo plazo, pero aquí viene el giro de guion: el contrato de emergencia duraría solo dos meses. Sí, han leído bien. Pedir que alguien compre una flota de camiones y monte una infraestructura industrial para trabajar sesenta días es como comprar un chalet en Mallorca para pasar un fin de semana. Da Silva lo resumió con una lucidez aplastante: ¿qué hace uno con los camiones después? ¿Hacerse un llavero? En un contexto donde se barajan contratos de hasta 53 millones de euros, esta improvisación no es un error administrativo; es una bofetada a la inteligencia del contribuyente. Mientras los vecinos esperan que sus cubos no se desborden, en el despacho municipal juegan al Monopoly con fondos que no son suyos, exigiendo inversiones millonarias para contratos que caducan antes de que el camión termine de salir del concesionario.
Alcalde PSOE baila sobre billetes: ¡Qué ética!
Hay que tener una confianza ciega en el destino para disfrazarse de turista caribeño y bailar el lunes 24 de agosto mientras, a tus espaldas, alguien ha decidido rediseñar el logo de tu partido. Tirso Calvo, alcalde de Ribaforada y —aquí viene el giro del guion— miembro del Comité Federal de Ética y Garantías del PSOE, decidió que el Paloteado de Ribaforada era el escenario ideal para una sesión de risas colectivas. El detalle: una pancarta donde la rosa socialista, ese símbolo de pureza proletaria, había sido sustituida por un fajo de billetes. Un cambio de imagen que, en cualquier oficina de marketing, llamarían 'honestidad brutal'. La escena, ambientada en la plaza San Francisco Javier y bautizada como “La Casita del Pueblo” (un guiño VIP al estilo Bad Bunny que encaja sospechosamente bien con la gestión de los privilegios), contaba además con la sonrisa cómplice de la eurodiputada Elena Sancho. Mientras el Grupo de Danzas y Paloteado de la Villa y los Gaiteros de Ribaforada ponían la música, la imagen proyectaba una ironía que corta el aire. Porque bailar sobre billetes es divertido cuando no tienes que mirar el calendario judicial. Mientras el ciudadano de a pie hace malabares con la cesta de la compra, el PSOE lidia con un agujero de reputación del tamaño del Tribunal Supremo. Tenemos a José Luis Ábalos con una condena de 24 años y tres meses por el asunto de las mascarillas, y a Santos Cerdán bajo la lupa de la UCO por la millonaria obra de los túneles de Velate con Servinabar. Para rematar el cuadro, la Fiscalía Anticorrupción sigue el rastro de cuentas bancarias en el caso Leire Díez. Que el responsable de la 'Ética y Garantías' del partido baile delante de un puño lleno de dinero no es sátira local; es, sencillamente, un resumen gráfico de la actualidad política española.
Sánchez riega con millones la OIM familiar
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira la cesta de la compra como quien mira una película de terror, en los despachos del poder se practica una aritmética mucho más generosa. El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es un jardín que necesita riego constante. Y no un riego cualquiera: hablamos de 45.150.000 euros desembolsados entre 2018 y agosto de 2026. Lo curioso no es la cifra, sino la coincidencia cósmica de que la misión española de esta agencia de la ONU ha sido capitaneada durante quince años por María Jesús Herrera Ceballos, que, casualmente, comparte el desayuno y la almohada con el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas. Desglosando el sablazo, vemos que hay una parte 'estándar', esas cuotas anuales que España paga por existir en el club: 1,2 millones entre 2018 y 2020, subiendo a 1,4 millones entre 2021 y 2023, y aterrizando en 1,45 millones desde 2024. En total, 12.150.000 euros de mantenimiento básico. Pero aquí viene la ingeniería financiera creativa: el Gobierno ha soltado otros 33.000.000 euros en 'programas y proyectos adicionales'. Es decir, el dinero que no es obligatorio, el que se da porque 'hay confianza'. Casi tres cuartas partes del total se han ido por esa vía, convirtiendo a la OIM en uno de los agujeros contables más profundos de las contribuciones a la ONU, solo superado por ONU Mujeres y la UNRWA. Ahora que María Jesús Herrera Ceballos entra en fase de retirada, el relevo ya tiene nombre: Fernando Medina Donoso. Se cierra un ciclo de quince años donde la gestión migratoria y los vínculos familiares han bailado un tango financieramente impecable.
PSOE Melilla: el único 'no' a España
Hay gestos que son como dejar caer el móvil en la taza del váter: incómodos, costosos y con un olor que no se quita con ambientador. El PSOE de Melilla ha decidido que, mientras el resto del tablero juega al fútbol, ellos prefieren jugar al escondite con la bandera. En plena crisis por la invasión de Ceuta, la formación socialista ha sido el único grupo en votar en contra de una moción que defendía la soberanía española. Sí, han sido los únicos. Un 88% de los diputados dijo que sí, mientras que los tres representantes socialistas decidieron que apoyar la españolidad de la ciudad vecina era, probablemente, demasiado mainstream para su gusto. Juan José Imbroda, que no se ha guardado nada, ha calificado la jugada como una 'falta de miras'. Básicamente, les ha dicho que se han quedado cortos, que no dan la talla y que, en lugar de estar con España y la Constitución, parecen más preocupados por hacer malabares con la agenda del partido para salvarle el cuello a alguien en Madrid. Mientras tanto, en las calles de Ceuta, el ambiente no era precisamente de convivencia intercultural; miles de personas salieron a gritarle a Pedro Sánchez con una creatividad verbal que haría sonrojar a un marinero, dejando claro que Ceuta no es un CETI ni un centro de acogida improvisado. El portavoz socialista, Riduan Moh, ha intentado maquillar el asunto diciendo que Imbroda quería 'politizar' la situación. Es el clásico argumento de quien se pilla la mano en la caja de las galletas: decir que el problema es que alguien esté mirando. Mientras el Gobierno de España se tomaba su tiempo para convocar el Consejo de Seguridad Nacional —llegando tarde, como quien llega a la cena cuando ya están sirviendo el café—, el PSOE de Melilla prefería el silencio administrativo sobre la soberanía. Un movimiento maestro de ingeniería política que, en la calle, se traduce simplemente como no estar donde hay que estar.
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