El texto original es un despliegue de indignación política que se apoya más en las citas del PP que en datos operativos. Le falta profundidad sobre la respuesta real de seguridad, centrándose excesivamente en la agenda de vacaciones del presidente.
El centro de menores Zambrana de Valladolid se ha convertido en un curioso experimento de gestión administrativa donde la mayoría de edad es un detalle secundario. Resulta casi cómico que, en un lugar diseñado para reformar chavales, 23 de los 66 internos ya son adultos. Es decir, uno de cada tres ha pasado la barrera de los 18 mientras esperaba que la maquinaria judicial se despierte de su siesta. Mientras el ciudadano medio espera meses por una cita médica, estos señores disfrutan de una estancia prolongada en un reformatorio porque los procesos judiciales van a la velocidad de un caracol con reuma. Carlos Pollán, vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León y portavoz de Vox, ha visitado el centro para confirmar que el sitio está 'completo', una palabra elegante para decir que están hasta los topes. Pollán no se ha quedado en la logística y ha lanzado el dardo sociológico: hay un 'número elevado' de pandilleros de origen hispanoamericano, una delincuencia que, según él, es 'importada' y desconocida hasta ahora en España. El contraste es delicioso: por un lado, se predica la 'tolerancia cero', pero por otro, el centro funciona como una sala de espera infinita para adultos que ya deberían estar en una prisión de verdad. La gestión del caos tiene fecha de caducidad. Hay contratos de servicios que vencen en diciembre y el de seguridad en junio, lo que deja la puerta abierta a 'mejorar los pliegos', lenguaje corporativo para decir que el sistema actual tiene más agujeros que un colador. Entre ratios asfixiantes y protocolos que, según los trabajadores, les quitan la autoridad, el Zambrana es el espejo de una realidad donde la seguridad de los barrios se discute en reuniones sindicales mientras los adultos siguen durmiendo en camas de menores.
La gestión de la crisis en Ceuta parece un mal guion de thriller donde los protagonistas no se hablan entre sí. Mientras el ciudadano de a pie intenta entender cómo terminó con 80.000 personas cruzando la frontera el pasado 30 de julio, el Ministerio de Defensa suelta la bomba: hubo un plan coordinado para dejar la ciudad a oscuras. No hablamos de un simple fallo en el transformador del barrio, sino de una campaña de sabotaje eléctrico diseñada para convertir el caos en un apagón total, aprovechando que la ciudad ya estaba al límite. El Estado Mayor de la Defensa ha diseccionado el desastre en tres actos. El primero empezó el 8 de julio de 2026, cuando una sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones a Marruecos sirvió de gasolina para que las mafias de tráfico humano encendieran las redes sociales. En la segunda fase, el 30 de julio, los vídeos de los primeros infiltrados funcionaron como un imán, arrastrando a miles bajo proclamas de soberanía. Y luego llegó el tercer acto: el intento de ciberataques y sabotajes contra la red eléctrica, justo cuando se empezaba a gestionar el retorno de los inmigrantes. Pero lo más fascinante no es el plan del enemigo, sino la pelea en el patio del colegio del Gobierno. Margarita Robles, en el Congreso, defiende a muerte que el CNI y el CIFAS hicieron su trabajo y pasaron la información. Mientras tanto, Fernando Grande-Marlaska, desde Moncloa, insiste en que no hubo alertas específicas. Es la clásica danza política: uno dice que avisó y el otro dice que no oyó nada, mientras el país se pregunta cómo es posible que una amenaza a la Seguridad Nacional sea motivo de un 'teléfono escacharrado' entre ministros.
Hay gestos que son como limpiar la casa antes de que lleguen las visitas: quedan muy bien en la foto, pero el polvo sigue ahí, escondido bajo la alfombra. El Rey Mohamed VI ha decidido que el Eid Al Mawlid Annabawi es el momento perfecto para jugar al tablero de la clemencia. En un movimiento de alta costura política, ha soltado la correa a 15 condenados por terrorismo y extremismo. ¿La condición? Haber firmado un papel donde prometen que ya no quieren dinamitar el sistema y que ahora aman los 'valores sagrados de la Nación'. Básicamente, un 'lo siento, ya he aprendido la lección' que abre las puertas de la celda. La aritmética del perdón es curiosa. De esos 15, 9 se libran del resto de su condena y 6 disfrutan de una remisión total. Pero no nos engañemos, estos son solo el aperitivo. El banquete real incluye a 619 beneficiarios en total. Si miramos el centro penitenciario número 462, la cosa se pone interesante: 13 presos salen por la puerta grande y otros 449 ven cómo sus penas se evaporan. Es como si el Estado decidiera hacer un borrón y cuenta nueva en la factura del castigo. Luego están los que ya estaban fuera pero tenían la espada de Damocles sobre la cabeza. 157 personas han recibido el visto bueno real: 28 se libran de la cárcel, 13 mantienen la multa pero evitan el calabozo, y 112 simplemente ven cómo la multa desaparece, como si fuera un error de cobro en el banco. Para rematar, 4 afortunados se libran de todo: ni cárcel ni multa. Un combo completo de generosidad monárquica que convierte la justicia en una cuestión de calendario festivo.
En el tablero de la alta política, cuando dos ministros se desmienten en público, no es un error de comunicación; es un incendio forestal en mitad del salón. Mientras el ciudadano medio se pelea con la máquina del café, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska han decidido jugar al 'teléfono escacharrado' con la seguridad nacional. El escenario: Ceuta. El detonante: el asalto masivo del 30 de julio. Robles, con la seguridad de quien tiene los papeles en regla, soltó en el Congreso que el CNI hizo su trabajo. Según ella, los 25 agentes que operan en Ceuta (un dato que, irónicamente, es secreto pero que ella decidió ventilar) ya habían avisado el 29 de julio de que la Fiesta del Trono en Marruecos sería el caldo de cultivo ideal para el salto. Incluso recordó que el 27 de julio Juan Jesús Vivas ya se había reunido con el delegado del Gobierno porque entraban mil personas al día, un goteo que ya olía a colapso. Pero entonces entra en escena Grande-Marlaska. Con la naturalidad de quien niega haber visto el ticket del supermercado, afirmó que no existía «ningún informe» que previera la magnitud del caos. Ni el CNI, ni los servicios extranjeros, ni nadie. Básicamente, el asalto fue un acto de magia. Mientras en Madrid se tiran los trastos, en Rabat el tono ha dejado de ser diplomático para volverse agresivo. Ahmed Toufiq, el ministro de Asuntos Islámicos, habló de «liberar las ciudades ocupadas» delante del rey Mohamed VI, mientras que Abdellatif Ouahbi, el de Justicia, presume de «derecho histórico y geográfico». Es la clásica jugada: mientras los porteros de la casa se pelean por quién dejó la puerta abierta, el vecino de al lado ya está midiendo el salón para poner su sofá.
Hay coincidencias que rozan el milagro y otras que huelen a fragancia de despacho ministerial. El Gobierno de Pedro Sánchez ha desembolsado 45.150.000 euros para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) entre 2018 y agosto de 2026. Sobre el papel, es cooperación internacional; en la práctica, es un flujo constante de fondos hacia una agencia cuya misión española ha sido el feudo de María Jesús Herrera Ceballos durante quince años. Sí, la misma que comparte manta y almohada con el ministro de Agricultura, Luis Planas. Si miramos la factura, las cuotas ordinarias son el ruido blanco: empezaron en 1.200.000 euros anuales (2018-2020), subieron a 1.400.000 euros (2021-2023) y ahora se han acomodado en los 1.450.000 euros anuales desde 2024. Sumando esos 'gastos de mantenimiento', llegamos a 12.150.000 euros. Pero aquí viene el truco de magia financiera, el verdadero sablazo que haría palidecer a cualquier administrador de comunidad de vecinos: los 33.000.000 euros destinados a 'programas y proyectos adicionales'. Es fascinante. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la cesta de la compra, el Ejecutivo ha decidido que la OIM es una prioridad absoluta, situándola solo por detrás de ONU Mujeres y la UNRWA en el ranking de generosidad adicional. Casi tres cuartas partes del dinero total se han movido por la vía de los proyectos extra, justo donde la discrecionalidad es la reina. Ahora que María Jesús Herrera Ceballos se retira, el relevo lo toma Fernando Medina Donoso, un abogado que ya conoce el terreno tras dirigir la misión en Colombia. El ciclo se cierra, el dinero ha fluido y la ética, como siempre, se ha quedado esperando en la cola del paro.
Hay premios que, vistos con el retrovisor, parecen una broma de mal gusto o un error de cálculo monumental. En noviembre de 2025, Fernando Grande-Marlaska decidió que era el momento ideal para entregar la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a Abdellatif Hammouchi. No fue un detalle menor; hablamos de la máxima categoría, el 'estrellato' de las medallas, entregado en un acto privado en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil con la presencia de Mercedes González. El motivo: una cooperación ejemplar en seguridad. El problema es que, mientras nosotros seguimos intentando que la factura de la luz no nos deje en la calle, la 'cooperación' parece haber tenido una letra pequeña muy peligrosa. El grupo de hackers Jabaroot ha dinamitado la narrativa oficial filtrando datos de 70.000 agentes de la DGSN y la DGST marroquí. Según Jabaroot, el mismo Hammouchi que luce la medalla española sería el cerebro detrás de la avalancha migratoria en Ceuta hace un mes. Es el clásico caso de darle las llaves de casa al que luego te organiza el asalto al salón. Hammouchi no es un funcionario cualquiera; es el hombre que controla la policía y el espionaje interior del Reino, asesor del rey Mohamed VI y un experto en coleccionar honores, como la Orden Nacional del Mérito que le dio Francia en 2015. Eso sí, su currículum tiene manchas que no salen con lejía, como aquella citación judicial en París en 2014 por supuestas torturas. Ahora, junto a Fouad Ali el Himma, el hombre de confianza del Palacio, Hammouchi aparece como el arquitecto de una operación para poner a España contra las cuerdas. Al final, la Gran Cruz parece haber sido un anticipo muy generoso para alguien que, según los datos filtrados, prefiere coordinar crisis que evitarlas.
En el tablero de la geopolítica, hay quien juega al ajedrez y hay quien prefiere tirar la mesa. El colectivo Jabaroot ha decidido que es el momento de hacer limpieza de armario en Marruecos y lo ha hecho con un despliegue que dejaría pequeño cualquier hackeo de barrio. Primero, el 20 de agosto, soltaron un aperitivo de veinte nombres de la inteligencia marroquí. Pero como el hambre de caos es insaciable, cuatro días después pasaron al plato principal: una base de datos con 70.000 registros de la DGST y la DGSN. Nombres, fechas de nacimiento y DNIs expuestos como quien cuelga la lista de la compra en el portal de la comunidad. Pero aquí viene el giro de guion que hace que en Moncloa se pongan nerviosos. Jabaroot ha soltado la bomba: dicen tener los archivos originales del espionaje con Pegasus al teléfono de Pedro Sánchez y de Margarita Robles. Aquello que en 2022 se quedó en un 'nos han hackeado, pero no sabemos quién ha sido' —una respuesta tan vaga que parece redactada por un adolescente que ha roto un jarrón— podría tener ahora nombre y apellidos. Mientras Rabat y Madrid mantienen esa tensión pasivo-agresiva típica de cuñados en Navidad, los hackers presumen de tener órdenes de misión de agentes en Fnideq y detalles sobre la crisis de Ceuta. No es solo una filtración; es un 'regalo para Europa' envuelto en sarcasmo digital. Ahora mismo, los archivos de Pegasus son como esa promesa de 'te lo cuento mañana': están ahí, flotando en la red, esperando que Jabaroot decida si pulsa el botón de publicar o si prefiere seguir disfrutando del sudor frío de los servicios de seguridad marroquíes. El juego es sencillo: quien tiene la llave del servidor, tiene la sartén por el mango.
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