Crítica:
La noticia es un despliegue de tecnicismos para disfrazar una negligencia política evidente. Se centra más en explicar cómo funciona el GPS que en preguntar por qué no se actuó con 80.000 personas en camino.
El CNI tenía pleno conocimiento del traslado de más de 80.000 personas hacia Ceuta por la geolocalización de los móviles
CNI: Sabían todo y no hicieron nada
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Marlaska: de la prepotencia al SOS europeo
Hay una especie de deporte nacional en los despachos de Madrid que consiste en decir que todo va sobre ruedas mientras el coche se desintegra en plena autopista. Fernando Grande-Marlaska es el capitán de este equipo. El 1 de agosto, con una sonrisa de quien tiene la lista de la compra bajo control, presumió de que nuestras fronteras eran las segundas más seguras de la UE y que la normalidad en Ceuta ya estaba 'alcanzada'. Básicamente, nos vendió que el muro era impenetrable y que la gestión era un reloj suizo, apoyándose en una supuesta reducción del 40% de las salidas irregulares gracias a pactos con Marruecos, Mauritania, Senegal, Níger y Gambia. Pero la realidad tiene una forma muy puñetera de pasarte la factura. Un mes después, el relato se ha desinflado como un globo pinchado. Tras rechazar dos veces la mano tendida del comisario europeo Magnus Brunner —llegando al descaro de sugerirle que, si tanto querían ayudar, se fueran a África—, el ministro ha tenido que doblar las rodillas. El resultado: una carta urgente a Beate Gminder pidiendo que Frontex, Europol y la EUAA vengan corriendo a salvar los muebles. Resulta fascinante que, mientras en Canarias el 2024 fue un caos de cayucos que no hizo pestañear el orgullo ministerial, los 80.000 inmigrantes en Ceuta hayan logrado lo imposible: que Marlaska admita que está desbordado. Ahora pide ayuda para el triaje, la tramitación de expedientes y que el barco Duque de Ahumada no se mueva del Estrecho hasta 2027. Pasamos de la prepotencia del 'estamos bajo control' al 'por favor, ayudadnos' en treinta días. No es gestión, es un giro de guion digno de una comedia de errores donde el ciudadano es el único que paga la entrada.
Vox contra Palencia: ¿Convivencia o pesca electoral?
Hay quien confunde la agenda municipal con un manual de estrategia geopolítica. Miriam Andrés, la alcaldesa de Palencia, cometió el 'pecado' de asistir el pasado 25 de agosto al Mawlid al-Nabi, la celebración del nacimiento de Mahoma, en la parroquia de San José. Para algunos, fue un gesto de convivencia; para David Hierro, portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, fue básicamente abrir las puertas del castillo al enemigo mientras Ceuta, según su narrativa, sufre una 'invasión islámica' con más de 70.000 personas ocupando hasta el último banco del polideportivo. La cosa es que Hierro, que presume de su licenciatura en Historia, no se tragó el argumento del 'Al-Ándalus histórico' que la regidora soltó para justificar su presencia en el evento. Para Vox, esto no es cultura, es marketing electoral barato: un intento del Partido Socialista de pescar votos en un estanque que consideran ajeno. La ironía es deliciosa. Mientras la alcaldesa se pone la medalla de la multiculturalidad y denuncia los 'discursos de odio' que florecen en X como malas hierbas, Hierro le sugiere que cambie el calendario y se acuerde de Fernando III el Santo en Autillo de Campos. Es el eterno baile de la política actual: uno vende convivencia y el otro vende miedo, mientras el ciudadano medio mira la escena pensando que, independientemente de quién gane la batalla cultural, el precio del alquiler en Palencia sigue subiendo y los baches de las calles no se tapan con citas históricas ni con rezos. Al final, el acto religioso ha pasado a ser un tablero de ajedrez donde el premio es un puñado de votos y el castigo es una lluvia de tuits incendiarios.
El 'copy-paste' humanitario de la izquierda
Hay algo fascinante en la coreografía digital de la izquierda actual: esa capacidad de coordinar el sentimiento justo en el segundo exacto. No es intuición, es un 'copy-paste' emocional. Todo empezó con Sara Santaolalla, quien lanzó el anzuelo hablando de 'desalmados' que impiden beber agua o llevarse algo a la boca en Ceuta. Un mensaje potente, sí, pero que en una hora se convirtió en el guion oficial de la jornada. Euprepio Padua no solo replicó la frase casi palabra por palabra, sino que le añadió el condimento habitual: culpar a quienes 'siembran odio y miedo' y asegurar que prohibir la comida a las ONG no protege ninguna frontera. Es como cuando en el grupo de WhatsApp de la familia alguien propone un restaurante y, de repente, todos coinciden en que es la mejor idea del siglo para no discutir. Para cerrar el círculo, Blanca Ibarra apareció un día después con el toque de ironía victimista, pidiendo 'perdón por su opinión de extrema izquierda' mientras insistía en el derecho universal al 'trozo de pan'. Mientras el pan vuela en X, en el Congreso la cosa se pone más seria. Enrique Santiago, portavoz de Sumar, decidió que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, tenía una 'clara responsabilidad' en la quema de infraviviendas, sugiriendo que la coincidencia con la visita de José María Aznar no era casualidad, sino un combustible para ultras radicales. Por su parte, Fernando Grande-Marlaska prefirió apuntar directamente a la 'ultraderecha y la derecha', acusándolos de usar términos como 'invasores' para desatar el caos. Al final, entre el trozo de pan y el dedo acusador, la realidad de Ceuta queda sepultada bajo una capa de marketing político donde el sentimiento se gestiona por turnos y el guion está más ensayado que una obra de teatro de barrio.
Fronteras de colador: terrorista colado en Ceuta
Parece que el control fronterizo en Ceuta tiene la porosidad de un colador viejo. Mientras el ciudadano medio se juega el cuello con la declaración de la renta o espera tres meses para una cita médica, un ciudadano marroquí con condena en firme por adoctrinamiento terrorista decidió que las órdenes de prohibición de entrada eran, básicamente, sugerencias opcionales. El sujeto, que ya tenía el sello de 'no deseado' en el pasaporte tras sus andanzas entre 2022 y 2023, se coló en la entrada masiva de finales de julio. Lo más fascinante no es que haya entrado, sino que se tomó su tiempo. Se instaló en un domicilio particular, probablemente disfrutando de la tranquilidad de quien sabe que el sistema es un laberinto de papeles. Estuvo cómodamente instalado hasta que, esta semana, la Guardia Civil decidió hacer su trabajo en la zona portuaria. El despliegue fue cinematográfico: un control rutinario, el sujeto subiéndose a una motocicleta y el momento en que la documentación revela que el caballero tenía prohibido pisar España. La reacción fue inmediata: expulsión exprés a Marruecos. Pero el ruido ya estaba hecho. Ahora, casi un mes después de aquel caos de los días 30 y 31 de julio, España ha tenido que levantar la mano y pedir ayuda a la Comisión Europea. Resulta que para clasificar y tramitar los expedientes de los que aún quedan en situación irregular, necesitamos que Frontex, Europol y la Agencia de la Unión Europea para el Asilo (EUAA) vengan a decirnos cómo se hace. Es la eterna historia: el incendio llega primero y los bomberos europeos vienen a revisar el manual de instrucciones mientras el humo sigue saliendo por las ventanas.
Ceuta arde y el Gobierno busca culpables
El Gobierno ha descubierto que gestionar una crisis es como intentar tapar un agujero en la piscina con chicle: tarde o temprano, el agua te llega al cuello. Tras un mes de vacaciones y una ausencia que en Ceuta se sintió como un abandono total, el Ejecutivo ha decidido que la mejor forma de limpiar el tablero es jugar la carta del 'culpable externo'. Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares han desempolvado el diccionario de la indignación para lanzar dardos contra la 'ultraderecha', la 'internacional reaccionaria' y hasta Elon Musk. Es la clásica maniobra de distracción: cuando no sabes dónde dejaste las llaves de la gestión, culpas al vecino de que te las haya robado. La estrategia ha sido un festival de volantazos. Primero intentaron echarle el muerto a Juan Jesús Vivas, luego se pelearon con Italia y, al ver que nada cuajaba, han decidido que el estallido social y las agresiones a militares son culpa de los 'influencers ultraconservadores'. Mientras tanto, Marruecos disfruta de un silencio sepulcral; ocho ministros han pasado por el Congreso y ninguno se ha atrevido a decir ni 'mu' contra Rabat, tratando al país alauita con una delicadeza que ya quisiera cualquier pareja en su primera cita, a pesar de que la soberanía de la ciudad autónoma esté en el centro del tablero. Ahora, Pedro Sánchez regresa de sus vacaciones para dar la cara el lunes 31 de agosto en la cadena SER. Llega tarde, llega improvisando y llega activando el Consejo de Seguridad Nacional y cambios en la ley de asilo justo cuando el incendio ya ha quemado el jardín. Al final, entre tanta 'desinformación' y 'odio', lo único real es la sensación de los ceutíes, que ven cómo el Estado llega al rescate solo cuando ya no queda nada que rescatar.
Sánchez pone bozal a la Policía en Ceuta
Hay una forma muy elegante de decir que alguien quiere tapar el sol con un dedo: se llama Real Decreto 681/2026. Mientras en Ceuta la realidad es un incendio forestal, Pedro Sánchez ha decidido llegar un mes tarde —específicamente el 25 de agosto— con un extintor que, en lugar de agua, dispara silencio. El decreto no es una herramienta de seguridad, es un manual de relaciones públicas para evitar que la verdad se escape por las costuras. Lo más fascinante es el Artículo 10. Mientras el ciudadano de a pie lucha por entender por qué su factura de la luz sube sin aviso, el Gobierno ha decidido que la Guardia Civil y la Policía Nacional ya no pueden hablar por sí mismas. Ahora, toda la comunicación pasa por un Gabinete de Coordinación Informativa dependiente de la Secretaría de Estado de Comunicación. En cristiano: Moncloa tiene el mando a distancia de la verdad. Si el agente de calle ve que la frontera es un coladero, que se lo guarde; si lo cuenta, el castigo puede ser tan real como el cese de la responsable de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), que cometió el 'pecado' de confirmar la entrada de invasores marroquíes los días 30 y 31 de julio. El contraste es obsceno. El decreto ignora el colapso sanitario y las denuncias por violación, prefiriendo usar eufemismos como 'presión inédita'. No hay presupuesto extra ni estatus de agente de la autoridad para los militares, porque gastar dinero en seguridad es caro, pero controlar el relato es gratis. El Artículo 7 activa una 'Célula de Coordinación' que suena a película de espías, pero que en realidad sirve para que nada llegue a los medios sin el sello de aprobación de la Portavocía. Es la gestión de la crisis convertida en gestión del maquillaje.
Consulado móvil: pasaportes a domicilio por votos
El Gobierno ha decidido que el papeleo es un estorbo cuando hay votos en juego. En lugar de esperar a que el ciudadano vaya a la oficina, han montado un 'consulado móvil' que recorrerá Buenos Aires a partir de octubre. Es, básicamente, un servicio de entrega a domicilio, pero en lugar de pizzas, reparten pasaportes y derechos de sufragio. Mientras que cualquier mortal que intente pedir una cita previa en la Seguridad Social siente que está jugando a la ruleta rusa con su salud, el Consulado General de Buenos Aires se pone las pilas para gestionar 645.000 peticiones, parte de un despliegue masivo de 2,6 millones de solicitudes globales. La Ley de Memoria Democrática, o 'Ley de Nietos' para los que no usan lenguaje jurídico, se ha convertido en una especie de buffet libre de nacionalidades. Resulta fascinante que se admitan 'expedientes incompletos' y que se nacionalice a descendientes de personas que emigraron 54 años antes de la Guerra Civil. Sí, han llegado a incluir emigrantes del siglo XIX. Es una interpretación de la ley tan elástica que hace que el yoga parezca rígido. Todo bajo la batuta de Sofía Puente, quien desde la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública decidió que el concepto de 'exilio' era demasiado estrecho y que cualquier maleta hecha por razones económicas contaba como persecución política. El senador César Mogo, el comisario del PSOE en el Exterior, presume en el programa 'Mañanas Picantes' de que los residentes en Argentina serán pronto la tercera o cuarta provincia española. Un desliz geográfico adorable, pero una estrategia electoral brillante. No es filantropía ni reparación histórica; es ingeniería electoral pura y dura. Están fabricando una provincia virtual en el Atlántico para blindar el tablero interno, transformando el árbol genealógico en una herramienta de campaña.
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