Crítica:
El texto original es una radiografía perfecta de la contradicción política, aunque peca de ser demasiado amable con el 'olvido' de las promesas del ministro.
El texto original es una radiografía perfecta de la contradicción política, aunque peca de ser demasiado amable con el 'olvido' de las promesas del ministro.
Parece que el verano ya no es solo para quemarse la espalda al sol y pelearse por el último polo de limón. El gobierno de Illa ha decidido que las vacaciones son el momento idóneo para que los niños, desde los 3 hasta los 18 años, se sumerjan en la educación afectivo-sexual y las 'masculinidades igualitarias'. Porque claro, ¿qué mejor lugar para desmantelar estereotipos de género que un casal de verano mientras se juega al escondite? La consejera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, lidera este despliegue bajo la bandera de 'Cataluña, territorio coeducador'. El plan es ambicioso: que la coeducación no se quede encerrada en el aula, sino que persiga a los chavales hasta las piscinas municipales y los servicios de canguraje. Un proyecto piloto que ya ha aterrizado en una cincuentena de centros, aunque la red total de servicios financiados por el Plan Corresponsables supera los 390. En Lérida, por ejemplo, ya han montado más de 70 de estos recursos. Lo más fascinante no es el currículo pedagógico, sino la ingeniería financiera. Para que los monitores aprendan a gestionar la 'corresponsabilidad en los cuidados' y los niños descubran las aportaciones de las mujeres, el Departamento de Igualdad y Feminismo ha soltado más de 22 millones de euros a ayuntamientos y consejos comarcales entre 2025 y 2026. Es un sablazo presupuestario considerable que ahora, por primera vez, la Generalitat ha decidido costearse en un 25% directamente. Mientras las familias hacen malabares con la hipoteca y la factura de la luz, el Govern invierte millones para que el ocio infantil sea, básicamente, una extensión del programa político del Ministerio de Igualdad. El juego ya no es solo juego; ahora es una herramienta de construcción social financiada con el dinero de todos.
En Ceuta, la burocracia es un muro más alto que cualquier valla fronteriza. Llevamos casi un mes desde que más de 80.000 personas cruzaron la línea, y el Gobierno juega al bingo con las cifras. Mientras el ministro Ángel Víctor Torres insiste en que solo quedan 5.000 refugiados de aquellos 72.000 que entraron los días 30 y 31 de julio, los sindicatos policiales y la Guardia Civil miran el mapa y cuentan entre 8.000 y 12.000. Esa diferencia no es un error de cálculo; es el abismo entre el despacho climatizado y el barro de la calle. Aquí viene la joya de la corona: para que alguien se vaya, el sistema pide una paciencia casi zen. Jupol advierte que, al ritmo actual de filiaciones individuales —un papeleo que avanza a la velocidad de una tortuga con reuma—, los trámites podrían tardar más de un año. Es como intentar vaciar el océano con una cuchara de café. Sin embargo, hay un 'atajo' fascinante. Para que la maquinaria administrativa deje de bostezar y se ponga las pilas, hace falta un delito. Fernando Grande-Marlaska lo ha dejado claro en el Congreso: el camino rápido es el juicio rápido. Si cometes un delito con pena superior a un año, el Estado te regala un billete de ida. De hecho, ya hay más de 100 expulsiones bajo esta modalidad de 'delinque y te vas'. El ejemplo más reciente es el de los 11 detenidos por agredir a cuatro militares el jueves pasado; aceptaron dos años de cárcel canjeados por la expulsión y una prohibición de volver en cinco años. El duodécimo, que insiste en su inocencia, se ha quedado fuera del trato y, por ende, se queda en la cola del papeleo. Una paradoja exquisita: en Ceuta, la vía más rápida para salir es meter la pata.
Hay quien confunde la agenda municipal con un manual de estrategia geopolítica. Miriam Andrés, la alcaldesa de Palencia, cometió el 'pecado' de asistir el pasado 25 de agosto al Mawlid al-Nabi, la celebración del nacimiento de Mahoma, en la parroquia de San José. Para algunos, fue un gesto de convivencia; para David Hierro, portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, fue básicamente abrir las puertas del castillo al enemigo mientras Ceuta, según su narrativa, sufre una 'invasión islámica' con más de 70.000 personas ocupando hasta el último banco del polideportivo. La cosa es que Hierro, que presume de su licenciatura en Historia, no se tragó el argumento del 'Al-Ándalus histórico' que la regidora soltó para justificar su presencia en el evento. Para Vox, esto no es cultura, es marketing electoral barato: un intento del Partido Socialista de pescar votos en un estanque que consideran ajeno. La ironía es deliciosa. Mientras la alcaldesa se pone la medalla de la multiculturalidad y denuncia los 'discursos de odio' que florecen en X como malas hierbas, Hierro le sugiere que cambie el calendario y se acuerde de Fernando III el Santo en Autillo de Campos. Es el eterno baile de la política actual: uno vende convivencia y el otro vende miedo, mientras el ciudadano medio mira la escena pensando que, independientemente de quién gane la batalla cultural, el precio del alquiler en Palencia sigue subiendo y los baches de las calles no se tapan con citas históricas ni con rezos. Al final, el acto religioso ha pasado a ser un tablero de ajedrez donde el premio es un puñado de votos y el castigo es una lluvia de tuits incendiarios.
Resulta fascinante descubrir que, mientras a nosotros nos cobran hasta el aire en la factura del móvil, el Estado usa esa misma señal para jugar al Tetris con miles de personas. El CNI no es que estuviera 'al tanto', es que tenía el mapa de calor en alta definición mientras el Gobierno se hacía el dormido. No hace falta ser un genio de la informática para entender que si 80.000 personas se mueven hacia Ceuta, las antenas de telefonía empiezan a gritar. No eran fantasmas; eran dispositivos conectados que dejaban un rastro más claro que el aceite en una sartén. Margarita Robles, con la calma de quien sabe que el papeleo está en regla, admitió que el CNI cumplió su parte. Hubo avisos los días 27 y 29 de julio, aunque la información fluía mucho antes. El 30 de julio ya era evidente que no era una excursión escolar: hubo picos de más de 60.000 personas concentradas. El sistema es sencillo: el móvil se comunica con la antena aunque no estés mandando un WhatsApp, y el CNI solo tiene que mirar la 'densidad de tráfico'. Es como mirar el atasco de la M-30 en Google Maps, pero con implicaciones geopolíticas. Lo más cínico es que el Gobierno presume de una 'colaboración permanente' con Marruecos. O sea, que ambos bandos veían el mismo mapa, sabían que la marea humana se acercaba y, aun así, el resultado fue el caos. Entre los datos de los corredores de anuncios (sí, esa aplicación de linterna que instalaste hace tres años probablemente ayudó a rastrear el flujo) y los IMSI catchers, el CNI tenía la película completa. El problema no fue la falta de datos, sino que parece que en el despacho donde se toman las decisiones prefieren el modo avión.
Hay algo fascinante en la coreografía digital de la izquierda actual: esa capacidad de coordinar el sentimiento justo en el segundo exacto. No es intuición, es un 'copy-paste' emocional. Todo empezó con Sara Santaolalla, quien lanzó el anzuelo hablando de 'desalmados' que impiden beber agua o llevarse algo a la boca en Ceuta. Un mensaje potente, sí, pero que en una hora se convirtió en el guion oficial de la jornada. Euprepio Padua no solo replicó la frase casi palabra por palabra, sino que le añadió el condimento habitual: culpar a quienes 'siembran odio y miedo' y asegurar que prohibir la comida a las ONG no protege ninguna frontera. Es como cuando en el grupo de WhatsApp de la familia alguien propone un restaurante y, de repente, todos coinciden en que es la mejor idea del siglo para no discutir. Para cerrar el círculo, Blanca Ibarra apareció un día después con el toque de ironía victimista, pidiendo 'perdón por su opinión de extrema izquierda' mientras insistía en el derecho universal al 'trozo de pan'. Mientras el pan vuela en X, en el Congreso la cosa se pone más seria. Enrique Santiago, portavoz de Sumar, decidió que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, tenía una 'clara responsabilidad' en la quema de infraviviendas, sugiriendo que la coincidencia con la visita de José María Aznar no era casualidad, sino un combustible para ultras radicales. Por su parte, Fernando Grande-Marlaska prefirió apuntar directamente a la 'ultraderecha y la derecha', acusándolos de usar términos como 'invasores' para desatar el caos. Al final, entre el trozo de pan y el dedo acusador, la realidad de Ceuta queda sepultada bajo una capa de marketing político donde el sentimiento se gestiona por turnos y el guion está más ensayado que una obra de teatro de barrio.
Parece que el control fronterizo en Ceuta tiene la porosidad de un colador viejo. Mientras el ciudadano medio se juega el cuello con la declaración de la renta o espera tres meses para una cita médica, un ciudadano marroquí con condena en firme por adoctrinamiento terrorista decidió que las órdenes de prohibición de entrada eran, básicamente, sugerencias opcionales. El sujeto, que ya tenía el sello de 'no deseado' en el pasaporte tras sus andanzas entre 2022 y 2023, se coló en la entrada masiva de finales de julio. Lo más fascinante no es que haya entrado, sino que se tomó su tiempo. Se instaló en un domicilio particular, probablemente disfrutando de la tranquilidad de quien sabe que el sistema es un laberinto de papeles. Estuvo cómodamente instalado hasta que, esta semana, la Guardia Civil decidió hacer su trabajo en la zona portuaria. El despliegue fue cinematográfico: un control rutinario, el sujeto subiéndose a una motocicleta y el momento en que la documentación revela que el caballero tenía prohibido pisar España. La reacción fue inmediata: expulsión exprés a Marruecos. Pero el ruido ya estaba hecho. Ahora, casi un mes después de aquel caos de los días 30 y 31 de julio, España ha tenido que levantar la mano y pedir ayuda a la Comisión Europea. Resulta que para clasificar y tramitar los expedientes de los que aún quedan en situación irregular, necesitamos que Frontex, Europol y la Agencia de la Unión Europea para el Asilo (EUAA) vengan a decirnos cómo se hace. Es la eterna historia: el incendio llega primero y los bomberos europeos vienen a revisar el manual de instrucciones mientras el humo sigue saliendo por las ventanas.
El Gobierno ha descubierto que gestionar una crisis es como intentar tapar un agujero en la piscina con chicle: tarde o temprano, el agua te llega al cuello. Tras un mes de vacaciones y una ausencia que en Ceuta se sintió como un abandono total, el Ejecutivo ha decidido que la mejor forma de limpiar el tablero es jugar la carta del 'culpable externo'. Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares han desempolvado el diccionario de la indignación para lanzar dardos contra la 'ultraderecha', la 'internacional reaccionaria' y hasta Elon Musk. Es la clásica maniobra de distracción: cuando no sabes dónde dejaste las llaves de la gestión, culpas al vecino de que te las haya robado. La estrategia ha sido un festival de volantazos. Primero intentaron echarle el muerto a Juan Jesús Vivas, luego se pelearon con Italia y, al ver que nada cuajaba, han decidido que el estallido social y las agresiones a militares son culpa de los 'influencers ultraconservadores'. Mientras tanto, Marruecos disfruta de un silencio sepulcral; ocho ministros han pasado por el Congreso y ninguno se ha atrevido a decir ni 'mu' contra Rabat, tratando al país alauita con una delicadeza que ya quisiera cualquier pareja en su primera cita, a pesar de que la soberanía de la ciudad autónoma esté en el centro del tablero. Ahora, Pedro Sánchez regresa de sus vacaciones para dar la cara el lunes 31 de agosto en la cadena SER. Llega tarde, llega improvisando y llega activando el Consejo de Seguridad Nacional y cambios en la ley de asilo justo cuando el incendio ya ha quemado el jardín. Al final, entre tanta 'desinformación' y 'odio', lo único real es la sensación de los ceutíes, que ven cómo el Estado llega al rescate solo cuando ya no queda nada que rescatar.
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