Crítica:
El texto original es una sucesión de declaraciones oficiales que intentan diluir la responsabilidad. Es sospechosamente vago sobre quién, exactamente, decidió ignorar los siete avisos del INEE.
La Generalitat esconde por qué ignoró los siete avisos sobre "errores" en las pruebas PISA en Cataluña
PISA en Cataluña: el arte de ignorar
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VIPs blindados mientras Ceuta arde
Hay una ironía casi poética en el despliegue de seguridad en Ceuta. Imagínese usted que su casa se está inundando, el agua llega al cuello y, justo cuando llega el fontanero con el equipo de emergencia, este decide que lo más urgente es colocar una alfombra roja y escoltar al dueño de la empresa de fontanería para que no se moje los zapatos. Eso es, básicamente, lo que ha pasado en la ciudad autónoma. El 31 de julio, mientras 80.000 migrantes hacían que una ciudad de 83.000 habitantes pareciera un concierto de rock sin control, el Ministerio del Interior envió un primer retén de 18 antidisturbios. Pero no se equivoquen: no fueron a poner orden en el caos, sino a montar el 'cortapisos' para que Pedro Sánchez y el ministro Grande-Marlaska pasearan tranquilos. La desfachatez institucional alcanzó su pico el 17 de agosto. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, aterrizó y, en lugar de gestionar la crisis, le pidió al alcalde Juan Jesús Vivas que le pusiera más policías de Ayuntamiento a sus escoltas. Vivas, que probablemente estaba intentando averiguar cómo evitar que la ciudad colapsara, le soltó un 'no' rotundo. ¿Cómo voy a darte más seguridad a ti, que ya vienes blindada, si mis vecinos están encerrados en casa por miedo? Pero el surrealismo no termina ahí. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denuncia que Ángel Víctor Torres, el mando único, se pasea con un coche 'zeta' de patrulla como si fuera un accesorio de lujo, mientras los agentes escuchan por radio que sus compañeros necesitan ayuda y no hay coches libres. En total, 26 cargos públicos —incluyendo a Margarita Robles, Sira Rego y Mónica García— han usado la policía local como servicio de chóferes VIP. Mientras el Ministerio del Interior dice que 'todo está cubierto', los policías de Jupol y el SUP se suben por las paredes. Es la gestión de siempre: el ciudadano paga la factura del caos, mientras el VIP viaja en primera clase con escolta pagada con el dinero de todos.
Ceuta: Burocracia paralizada por miedo al juez
El Gobierno juega a los números mágicos. Presumen de que el 90% de los que saltaron la valla del Tarajal el pasado 30 de julio regresaron a Marruecos, pero la realidad es que el resto del proceso tiene el ritmo de una tortuga con asma. Mientras Moncloa intenta vender una gestión impecable, la maquinaria administrativa se ha quedado congelada. El motivo es tan humano como cínico: el miedo. Los funcionarios han decidido que no van a firmar ni un papel que se salga un milímetro de la norma porque nadie quiere acabar como Salvadora Mateos o Mabel Deu. Aquella sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz en 2025, que les encajó nueve años de inhabilitación por prevaricación tras devolver 55 menores en 2021, ha dejado un trauma colectivo en los despachos. Ahora, el 'cumplir el libro' es la religión oficial para evitar que el juez les toque la cartera o la carrera. El resultado es un goteo ridículo. De los 1.200 inmigrantes que siguen en Ceuta, esta semana pretenden enviar a unos 25 menores; quizás lleguen a 35 si alguien se siente generoso. Estamos hablando de un 2% del total. Es como intentar vaciar una piscina con una cuchara de café mientras el vecino te dice que no hay problema. Para maquillar la cifra, sacan a relucir que han expulsado a 200 adultos por la vía extraordinaria debido a delitos menores, pero el embudo burocrático es real y asfixiante. Para rematar la faena, la ministra Sira Rego ha soltado que Marruecos retiene 600 expedientes de menores previos al 30 de julio. El Gobierno, en un ejercicio de optimismo casi poético, insiste en que el vecino colabora y que el retraso es 'nuestro' por ser demasiado garantistas. En resumen: el Estado tiene el coche encendido, Marruecos dice que tiene la puerta abierta, pero el funcionario que tiene la llave no quiere girarla por miedo a que el coche explote en su cara.
Kétchup comunitario: el nuevo lujo sostenible
Bruselas ha decidido que salvar el planeta es más urgente que evitar que el cliente de la mesa cuatro se deje un moco en la boquilla del kétchup. A partir de 2030, el nuevo Reglamento europeo fulminará las monodosis de mayonesa, mostaza, azúcar o leche en la hostelería. Sí, esas bolsitas que eran el búnker sanitario de nuestra comida y que ahora pasan a ser 'enemigas del clima'. La lógica es tan circular que marea: pasamos de prohibir las aceiteras rellenables hace una década por pura desconfianza higiénica a obligar a los restaurantes a volver al bote comunitario. Es como intentar ahorrar en la factura de la luz apagando la nevera; el ahorro es real, pero el resultado es que la comida se pudre. La alternativa será el dispensador o la botella que viaja de mesa en mesa, convirtiéndose en un autobús social de bacterias donde la economía circular se da la mano con la microbiología más salvaje. Lo más delirante es que el Reglamento admite que en hospitales, clínicas y residencias las monodosis son imprescindibles por seguridad sanitaria. O sea, que Bruselas cree que los virus son selectivos: atacan al cliente de la cafetería, pero respetan al paciente del hospital. Mientras tanto, la Comisión y la EFSA se tomarán su tiempo para publicar directrices, y para 2032 evaluarán si el experimento ha funcionado. Para entonces, habremos olvidado que existía la gloria de abrir un sobre de kétchup sabiendo que nadie, absolutamente nadie, había metido los dedos en él antes que nosotros. En 2013 rellenar un bote era sospechoso; en 2030 será 'sostenible'. La ciencia no ha avanzado, es que la prioridad política ha decidido que el plástico molesta más que una infección intestinal.
Moncloa y Rabat: el grifo del chantaje
Gestionar la frontera con Marruecos es, hoy por hoy, como vivir en un piso compartido donde el dueño tiene la llave de la válvula del agua y te amenaza con cortártela si no le llevas la razón en todo. En Moncloa saben que el grifo es ajeno. Mientras Pedro Sánchez se hace el desentendido en público, preguntando con una inocencia casi conmovedora qué podría ganar Rabat con estas tácticas, en los pasillos del poder se admite la realidad cruda: si la relación con el reino alauí se tuerce, podríamos tener a 70.000 migrantes a la semana tocando la puerta de Ceuta. Un sablazo demográfico que dejaría cualquier presupuesto de seguridad como una propina insuficiente. La hipocresía es el plato fuerte. El presidente cerró filas con Rabat tras la avalancha de más de 72.000 personas los días 30 y 31 de julio, prefiriendo culpar a fantasmas de la 'internacional ultraderechista' o a agentes de Rusia e Israel antes que señalar al vecino. Es la danza del 'estamos muy bien' mientras el CNI y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad miran el radar con sudor frío, sabiendo que los ataques híbridos no han terminado. El balance final es un ejercicio de contabilidad creativa: de los que entraron, el 90% ya se ha ido, pero quedan 5.000 personas en Ceuta, entre ellas 1.200 menores no acompañados. Sánchez dice que nadie predijo el caos, aunque Interior y Defensa se hayan tirado los trastos a la cabeza sobre quién sabía qué. Ahora, la prioridad es que los padres en Marruecos pidan el regreso de sus hijos, porque devolverlos sin el visto bueno de Rabat sería como intentar cobrar una deuda a quien tiene la sartén por el mango. España controla su valla, sí, pero el mando a distancia lo tiene Mohamed VI.
Sánchez 'vacila' al Rey con Ceuta
En el tablero del poder, hay quien juega al ajedrez y quien prefiere tirar las piezas para ver qué ruido hacen al caer. Pedro Sánchez ha decidido que la crisis de Ceuta es el escenario perfecto para aplicarle un 'sablazo' reputacional a Felipe VI. La jugada es maestra en su cinismo: mientras el Gobierno mantenía la visita del Rey en el congelador —considerándola 'absolutamente imposible' para el 2 de septiembre—, el presidente ha decidido cambiar el relato. Ahora, en un giro de guion digno de telenovela, Sánchez se presenta como el impulsor del viaje, lanzando la pelota al tejado de Zarzuela con una elegancia que recuerda a quien te pide que pagues la cuenta después de haber pedido el menú más caro. El punto más delirante llega con las matemáticas. Sánchez soltó que el Monarca lleva '20 años' sin pisar las ciudades autónomas. Un dato que, si lo pasamos por el filtro de la realidad, es un chiste: Felipe VI fue proclamado en junio de 2014. Para que el presidente llegue a esa cifra, tendría que haber empezado a contar desde que el Rey llevaba el pañal. En realidad, se refería a la última visita de Juan Carlos I y Sofía en noviembre de 2007, pero en la política de hoy, la precisión es un estorbo para la narrativa. Es una pelea desigual, un combate de boxeo donde el Rey tiene las manos atadas por la Constitución. Sánchez utiliza las conversaciones privadas como moneda de cambio pública, exponiendo al jefe del Estado mientras él se cuelga la medalla de ser el presidente que más ha visitado Ceuta y Melilla. Al final, el uso de la crisis migratoria y la tensión con Marruecos no son más que el decorado para una estrategia de desgaste. Moncloa ha descubierto que es mucho más fácil señalar la ausencia del Rey que gestionar la presencia de una crisis que no saben cerrar.
Rabat hace el vacío al narcotúnel
Hay cosas que se entierran para que no huelan, y el narcotúnel de la «Operación Hades» es el ejemplo perfecto de ingeniería del silencio. Mientras el ciudadano medio se pelea con la administración por una ayuda al alquiler, la jueza María Tardón lleva más de un año enviando cartas a Rabat que parecen haber caído en un agujero negro. No es un descuido; es un muro de silencio más sólido que el hormigón de la frontera. El asunto es sencillo: en marzo de 2025 se descubrió una galería a doce metros de profundidad que conectaba una marmolería del polígono del Tarajal en Ceuta con el lado marroquí. Diez años de funcionamiento. Diez años moviendo hachís, armas y, según se rumorea, personas, justo debajo de las narices de una zona de seguridad máxima en Castillejos. Para que un túnel así sobreviva una década sin que nadie en Rabat «escuche» el ruido de las palas, hace falta una coreografía muy ensayada. La jueza Tardón, del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, ha pedido auxilio judicial tres veces: el 21 de febrero de 2025, en julio de 2025 y nuevamente en enero de este año. El Ministerio de Justicia y el de Presidencia han hecho de mensajeros, pero la respuesta es el vacío absoluto. Es la diplomacia del 'no te cuento nada'. Lo más jugoso es el contraste: mientras el Gobierno de Pedro Sánchez gestiona el 'vía crucis' de la crisis migratoria de julio, la justicia intenta averiguar si ese mismo túnel sirvió para meter inmigrantes. Y para rematar el cuadro, cuatro agentes de la Guardia Civil están imputados por cobrar el 'alquiler' de la seguridad del túnel. En resumen, tenemos un agujero en la tierra, un agujero en la ley y un silencio administrativo que vale oro.
Vuelos de Ceuta: el sablazo sanitario
Hay una diferencia abismal entre el discurso de la salud pública y la factura que llega al final del mes. En Ceuta, el transporte sanitario aéreo ha pasado de ser un servicio eficiente a una especie de safari financiero. En 2014, cuando el INGESA estaba bajo el mando del PP y Fernando Pérez-Padilla llevaba el timón, el contrato con Inaer Helicópteros cerraba en 2,4 millones de euros. Una cifra razonable, casi modesty. Pero entonces llegó el relevo. Jesús Lopera, rescatado de la era Zapatero y colocado a dedo por el PSOE, decidió que el aire de Ceuta debía ser más caro. El resultado fue un salto acrobático: el contrato de 2018 se disparó a 11 millones de euros. Cinco veces más. Para que el ciudadano medio lo entienda, es como si el alquiler de tu piso pasara de 400 a 2.000 euros de la noche a la mañana sin que hayan puesto ni una sola baldosa nueva. Y lo más delirante no es el precio, sino a quién se le paga. La UTE Eliance-Hélity se llevó el gato al agua tras un baile de recursos ante el TACRC que dejó fuera a Babcock España. Pero aquí viene lo jugoso: el Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos (STLA) denunció que la empresa vendió el servicio con un catálogo de lujo pero entregó un producto 'low cost', omitiendo flotadores esenciales para volar sobre el mar. Seguridad sacrificada en el altar del beneficio económico. A esto sumemos quejas de médicos y enfermeros sobre turnos inhumanos y una plantilla reducida al mínimo. A pesar de todo este ruido, Mónica García y su Ministerio de Sanidad han decidido que en 2024 la mejor opción era renovar la confianza en Eliance-Hélity por 11,9 millones de euros. Mientras tanto, Lopera sigue siendo el 'comisario político' favorito, aquel que, en enero de 2021, decidió que su brazo era más urgente que el de los ancianos de las residencias o el de los sanitarios de primera línea para recibir la vacuna del Covid.
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