Crítica:
El texto original es una mina de oro de hipocresía, aunque se pierde un poco en la repetición de los pasos judiciales del TACRC. La verdadera noticia es la renovación del contrato en 2024 a pesar de las alertas de seguridad.
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Rabat hace el vacío al narcotúnel
Hay cosas que se entierran para que no huelan, y el narcotúnel de la «Operación Hades» es el ejemplo perfecto de ingeniería del silencio. Mientras el ciudadano medio se pelea con la administración por una ayuda al alquiler, la jueza María Tardón lleva más de un año enviando cartas a Rabat que parecen haber caído en un agujero negro. No es un descuido; es un muro de silencio más sólido que el hormigón de la frontera. El asunto es sencillo: en marzo de 2025 se descubrió una galería a doce metros de profundidad que conectaba una marmolería del polígono del Tarajal en Ceuta con el lado marroquí. Diez años de funcionamiento. Diez años moviendo hachís, armas y, según se rumorea, personas, justo debajo de las narices de una zona de seguridad máxima en Castillejos. Para que un túnel así sobreviva una década sin que nadie en Rabat «escuche» el ruido de las palas, hace falta una coreografía muy ensayada. La jueza Tardón, del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, ha pedido auxilio judicial tres veces: el 21 de febrero de 2025, en julio de 2025 y nuevamente en enero de este año. El Ministerio de Justicia y el de Presidencia han hecho de mensajeros, pero la respuesta es el vacío absoluto. Es la diplomacia del 'no te cuento nada'. Lo más jugoso es el contraste: mientras el Gobierno de Pedro Sánchez gestiona el 'vía crucis' de la crisis migratoria de julio, la justicia intenta averiguar si ese mismo túnel sirvió para meter inmigrantes. Y para rematar el cuadro, cuatro agentes de la Guardia Civil están imputados por cobrar el 'alquiler' de la seguridad del túnel. En resumen, tenemos un agujero en la tierra, un agujero en la ley y un silencio administrativo que vale oro.
El 'alquiler' de Ceuta: el plan de Rabat
Hacer geopolítica con el Estrecho de Gibraltar es como intentar montar un mueble de IKEA sin instrucciones: alguien acaba rompiendo algo y el resultado nunca es el que prometía el catálogo. Rabat ha vuelto a sacar el libro de jugadas y la estrategia es tan vieja como el polvo de las alfombras de Marrakech. Primero, te lanzan un 'sablazo' migratorio —80.000 personas entrando en Ceuta en dos días— para recordarte que el grifo lo llevan ellos. Luego, con la tranquilidad de quien sabe que tiene la sartén por el mango, te venden la 'prosperidad compartida'. Suena a folleto turístico, pero en lenguaje de calle significa: 'te ayudo con la factura de la luz a cambio de que me des las llaves de la casa'. Mohamed VI no es un novato; solo está reciclando el 'pack premium' que su padre, Hassan II, intentó encasquetar a Felipe González en 1987. Aquella 'célula de reflexión' era el eufemismo perfecto para una transferencia de soberanía sin ruido. González dijo que no, Aznar en 1997 y 1998 también cerró la persiana advirtiendo que una vía militar sería una 'guerra perdida', pero el tiempo es un animal traicionero. Ahora, con el apoyo de Estados Unidos e Israel y el reciente acuerdo sobre el Peñón con el Reino Unido, Rabat juega a la 'soberanía compartida'. Es la técnica del goteo: primero el codesarrollo, luego un estatus especial tipo Andorra y, finalmente, que Ceuta y Melilla pasen a ser provincias del sur. Mientras Margarita Robles comparece en el Congreso y el PSOE mantiene un silencio sepulcral sobre el fondo del asunto, hay analistas como Fernando Cucho Pérez que ya ven el calendario marcado para 2030-2032. Básicamente, nos están proponiendo un alquiler con opción a compra donde nosotros ponemos el depósito y ellos se quedan la propiedad.
Sánchez regala fronteras por votos separatistas
El arte de hacer negocios mientras el barrio arde. Así es como Junts ha decidido jugar sus cartas en la crisis de Ceuta. Mientras el ciudadano medio intenta que la factura de la luz no parezca un atraco a mano armada, en los despachos de Madrid y Barcelona se reparten el mapa como si fuera una pizza. Miriam Nogueras, la voz de Puigdemont en el Congreso, ha desempolvado una promesa verbal de Pedro Sánchez: el traspaso de la política de inmigración y el control de fronteras a la Generalitat. Un regalo envuelto en papel de seda que Sánchez ya había aceptado, pero que se quedó en el limbo porque Podemos, en un arranque de pureza moral, lo tachó de racista. La hipocresía es el combustible de esta maquinaria. Junts, que históricamente ha mirado con buenos ojos que Marruecos se quede con Ceuta y Melilla, ahora se pone el traje de 'vigilante de la frontera' para no perder votos frente a Silvia Orriols y su Aliança Catalana. Es el clásico movimiento de quien quiere comer el pastel y quedarse con la receta: piden el control migratorio para decir que no quieren recibir a ningún menor de Ceuta, aunque Salvador Illa, desde la Generalitat, pase de ellos y siga abriendo las puertas. El contraste es sangrante. Mientras Canarias soporta el peso real con 5.800 menores no acompañados, Andalucía con 2.600, Madrid con 2.400 y Cataluña con 2.200, los políticos discuten si el preámbulo de una ley es lo suficientemente 'progresista' para que Belarra y Podemos den el visto bueno. Al final, la seguridad es el tabú que Junts intenta colar en el BOE, mientras el Gobierno de Sánchez hace malabares mediáticos para que nadie llame racista a sus socios, reservando ese adjetivo exclusivamente para el PP o Vox. Una ingeniería financiera de votos donde la moneda de cambio es la frontera.
Ceuta: jugar a la ruleta con el agua
Gestionar la seguridad nacional en Ceuta se ha convertido en un ejercicio de optimismo ciego que roza la negligencia. Mientras el ciudadano medio se pelea con el banco por una comisión de cinco euros, el Gobierno ha decidido que dejar a miles de personas acampadas junto a las arterias vitales de la ciudad es un 'riesgo asumible'. Estamos hablando de un espacio de apenas 20 kilómetros cuadrados donde la desalinizadora de Playa Benítez y los embalses del Infierno y el Renegado —el grifo que da de beber a 83.000 ceutíes— conviven en un abrazo incómodo con asentamientos improvisados. La teoría del 'no pasará nada' dinamitó su credibilidad el jueves pasado. En Benzú, entre 30 y 40 personas organizaron una emboscada a un vehículo del Ejército; piedras grandes, cuatro militares heridos y un resultado judicial rápido: doce detenidos, once de ellos condenados a dos años de prisión (canjeados por la expulsión y prohibición de entrada por cinco años). Al día siguiente, otro ataque contra una patrulla militar dejó a un sargento herido. Dieciséis detenidos en dos días. No es una coincidencia, es una señal de humo que el Ministerio de Defensa parece ignorar. Lo verdaderamente surrealista es que el mapa de riesgos parece dibujado por alguien que no sabe leer un plano. Tenemos depósitos de combustible de ATLAS S.A.-CEPSA y el Polvorín El Renegado justo ahí, en el epicentro del caos. La ministra Mónica García confesó el sábado que es 'imposible filiar a la gente' en la playa. Traducción: no sabemos quién está ahí ni qué quiere. Si el Estado no puede ponerle nombre y apellidos a quienes duermen junto a la infraestructura crítica, ¿cómo puede decir que el perímetro está seguro? Margarita Robles presumía de los datos del CNI sobre la movilización previa, pero parece que el Centro de Seguridad Nacional olvidó que un polvorín y una crisis migratoria no son buenos vecinos.
Jueza 'anormal' y el Supremo le frena
En el teatro del absurdo que llamamos justicia, hay quien confunde la toga con una licencia para el desprecio. El Tribunal Supremo acaba de darle un toque de atención al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por intentar barrer bajo la alfombra un episodio que huele a prepotencia de despacho. La historia es sencilla: un ciudadano acude el 29 de mayo de 2024 a una exploración judicial en Majadahonda, en un proceso de apoyo a personas con discapacidad promovido por su hija. En lugar de garantías, se encontró con un 'anormal' lanzado a la cara. Un sablazo al honor que, en cualquier otro contexto, terminaría en comisaría, pero que aquí se gestionó con la delicadeza de un elefante en una cristalería. Lo verdaderamente cómico —si es que alguien se ríe en este juzgado— es que la magistrada decidió que la grabación de la sesión era un accesorio opcional, como el cilantro en los tacos. Sin video y sin la presencia del Ministerio Fiscal, el CGPJ decidió archivar la queja en febrero de 2025. La lógica era brillante: 'Si no hay grabación, no podemos probar que te llamó anormal, así que no pasó nada'. Es como si te roban el coche y la policía archiva el caso porque el ladrón tuvo la precaución de apagar las cámaras de seguridad. El Supremo, sin embargo, no ha comprado este truco de magia. Ha recordado que la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Civil no son sugerencias de lectura, sino obligaciones. Que las salas de vistas estuvieran ocupadas no es una excusa válida para improvisar un interrogatorio en el despacho del Letrado de la Administración de Justicia sin dejar rastro audiovisual. Ahora, el órgano de gobierno de los jueces tendrá que explicar por qué permitieron que el silencio y la falta de actas sirvieran de escudo para una magistrada que parece haber olvidado que el respeto es la base del cargo.
Renfe: el examen que fue un 'copia-pega'
En el mundo real, cuando te pillan con el carrito del helado, pides perdón. En el mundo de Renfe, cuando se filtran las preguntas de un examen, te escondes detrás de un manual de derecho administrativo. Resulta que en la convocatoria para 600 plazas de operador comercial, donde se peleaban 5.716 aspirantes, alguien decidió que el examen psicotécnico fuera un 'copia y pega' del material de la academia Eticop. De hecho, 35 de las 36 preguntas eran calcos. Un éxito rotundo de eficiencia, si lo que buscabas era que el examen fuera un trámite para quien pagó la academia correcta. La respuesta de la compañía pública ante la solicitud de transparencia de THE OBJECTIVE es una joya del cinismo corporativo: dicen que dar explicaciones les obligaría a hacer una 'notable labor previa de búsqueda'. Traducido al cristiano: 'estamos demasiado ocupados ignorando el problema como para redactar un informe'. Es la misma lógica que usarías para no lavar los platos alegando que organizar la esponja y el jabón requiere un análisis de impacto logístico. El resultado es un caos ferroviario sin raíles. Tras consultar a la Abogacía del Estado, decidieron repetir la prueba el 25 de julio, mandando al juzgado a casi 400 candidatos que ya creían que tenían la plaza en el bolsillo. Mientras el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo piden auditorías urgentes, la empresa People Experts, la encargada del diseño, se cierra en banda alegando que dar detalles pondría en riesgo sus 'métodos'. Claro, porque el método de 'copiar a la academia' es un secreto industrial que hay que proteger a toda costa. Entre el silencio de Renfe y la opacidad de la consultora, los opositores se quedan con la sensación de que el tren de la meritocracia ha descarrilado antes de salir de la estación.
DGT: Arcenes sucios como vía segura
La DGT ha decidido que la mejor forma de 'proteger' a los motoristas es invitándolos a pasear por el arcén. Sí, exactamente ahí, donde el asfalto es más una sugerencia que una realidad. A partir del 1 de septiembre, el nuevo Reglamento de Circulación permite que las motos esquiven los atascos por el borde de la carretera, transformando una infracción grave de 200 euros en un derecho ciudadano. Es una genialidad administrativa: para salvarte del tráfico, te mandan a un terreno donde el mantenimiento es un mito urbano. La norma pide que no pasen de los 30 km/h. Claro, porque sabemos que el arcén está lleno de radares invisibles y agentes con cronómetro en mano. Es como pedirle a alguien que camine por la cuerda floja pero sin correr. Mientras tanto, la realidad es que el arcén es el vertedero oficial de la calzada. Un guardia civil, en un momento de honestidad brutal, ha confesado que este año las carreteras están más abandonadas que nunca y que las barredoras parecen haberse ido de vacaciones permanentes. Imaginen la escena: el motero, sintiéndose 'protegido' por la ley, navegando entre piedrecillas, restos de neumáticos y coches averiados en un espacio que, según la norma 3.1-IC de Trazado de Carreteras, debería medir entre 1 y 2,5 metros. En las nacionales, el margen de error es aún más estrecho, apenas un metro en algunos casos. Básicamente, la administración nos dice que, si hay retención, lo más seguro es jugar al Tetris con la vida propia sobre una franja de tierra y grava que nadie limpia. Una medida brillante para quienes disfrutan del riesgo extremo y de los agujeros contables en el presupuesto de mantenimiento vial.
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