La pieza es un ejercicio de indignación presupuestaria con datos precisos, aunque se apoya excesivamente en las denuncias de un solo partido. Falta la contraparte oficial para entender el destino real de cada euro más allá de la etiqueta ministerial.
En el tablero político, hay quienes juegan al Monopoly con la vida real y otros que simplemente pasan la factura. El ministro Óscar Puente ha decidido que el puerto de Ceuta es el lugar ideal para montar un campamento de carpas para más de 1.000 personas en situación irregular, ignorando con una elegancia glacial el voto negativo de la Autoridad Portuaria de Ceuta. Para el Ministerio, el artículo 73.3 de la Ley de Puertos es como un 'vale todo' que permite saltarse la opinión de quienes gestionan el muelle día a día. La jugada es maestra en su desfachatez: mientras el Consejo de Administración advertía que esto era incompatible con la explotación del puerto —algo así como intentar montar un mercadillo en medio de una autopista—, Puente firmó la orden el sábado por la mañana. Resultado: 16.000 metros cuadrados de dominio público convertidos en un hotel de lona hasta el 31 de diciembre de 2026. Lo más jugoso es el contraste. Puertos del Estado admitió que la medida podría 'incrementar riesgos' en infraestructuras críticas. Traducido al cristiano: es un riesgo, pero como el 'interés general' manda, nos aguantamos. Mientras los empresarios de la CECE gritan que no se toque el motor económico de la ciudad, el Gobierno despliega enfermerías y casetas de seguridad como quien coloca muebles en un piso alquilado que no es suyo. Al final, la solución humanitaria se impone mediante un 'porque yo lo digo', dejando a la administración local como un simple espectador de su propia infraestructura, con la opción de recurrir ante la Audiencia Nacional si no les gusta el paisaje de carpas que ahora domina el horizonte portuario.
Hacer la compra hoy es un deporte de riesgo, una lotería donde siempre pierdes. Mientras el ciudadano medio mira el ticket del súper con cara de tragedia, Vox ha decidido sacar la calculadora para el arranque del curso político. El planteamiento es sencillo, casi de libro de cuentas de barrio: ¿por qué seguimos pagando el pato mientras el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se gasta más de 1.000 millones de euros anuales en el programa de «acciones a favor de los inmigrantes»? Es el clásico contraste entre el presupuesto para el vecino que llega y el bolsillo del que ya estaba aquí. Santiago Abascal no se anda con rodeos y apunta al dedo a Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, con una moción que huele a urgencia. Según las cuentas de Vox, desde 2018 nos han clavado más de 140 subidas de impuestos. Es una lluvia de tributos que ha dejado el poder adquisitivo en cuidados intensivos, con una pérdida del 3,2% en los salarios reales. Para rematar el cuadro, dicen que la recaudación del IRPF en 2025 se disparó un 85% comparado con 2017. Básicamente, el Estado ha pasado de pedir una propina a llevarse media cena. La receta de Vox para salir del agujero es el 'borrón y cuenta nueva' fiscal: exenciones para rentas bajas de 22.000 euros, bajadas de IVA y eliminar los impuestos a los hidrocarburos y la electricidad. También ponen el foco en la vivienda, donde sostienen que la llegada de 7,8 millones de inmigrantes entre 2018 y 2025 ha dinamitado los precios, convirtiendo el alquiler de una habitación en lo que antes era un piso entero. Piden una auditoría del Tribunal de Cuentas porque, según ellos, hay una ingeniería financiera invisible que oculta el gasto real en inmigración ilegal mientras el español de a pie sigue apretándose el cinturón.
Hay algo profundamente poético en que el hombre que convirtió la frontera sur de Estados Unidos en su campaña publicitaria eterna decida ahora darnos lecciones de urbanismo y seguridad. Donald Trump, con la sutileza de un martillo neumático, ha vuelto a poner al Gobierno de Pedro Sánchez en su diana el pasado domingo. Según el mandatario estadounidense, España ha perdido el control de su frontera, calificando de «triste» y «lamentable» la situación en Ceuta. Para Trump, que gestiona la geopolítica como quien administra un casino en Las Vegas, la entrada de 80.000 inmigrantes desde Marruecos es el síntoma de un «control nulo». Mientras en Moncloa intentan jugar al equilibrista, librando de toda responsabilidad al gobierno marroquí pese a que los informes policiales dicen lo contrario, Trump dispara desde su red social. No se ha quedado corto: el jueves pasado ya había bautizado a España como una «nación arruinada», un comentario que duele más que un sablazo en la factura de la luz al final del mes. El guion es previsible. Trump señala las «leyes flojas» y la «mala gestión» de Sánchez, mofándose de una administración que, a su juicio, no sabía ni por dónde le soplaba el viento ante la avalancha. Incluso ha sacado punta a la sentencia del Tribunal Supremo de julio, esa que impide devolver a quienes llegan a nado por fronteras invisibles, convirtiendo la jurisprudencia española en un chiste de mal gusto para el consumo global. Pero aquí llega la joya de la corona: la hipocresía tiene nombre y apellidos. Mientras machaca a Sánchez, Trump le dedica versos de amor al rey Mohamed VI de Marruecos, llamándolo «sabio liderazgo» y «pilar de estabilidad». Es la vieja escuela de la diplomacia del interés: abrazar al que tiene la llave de la puerta mientras se escupe al que intenta cerrar la cerradura rota.
En la política, como en el fútbol, hay jugadores que nunca pisan el césped pero cobran como si fueran el capitán. José Antonio Ríos Pavón es el ejemplo perfecto de este 'estilo de vida'. Mientras el ciudadano medio tiene que pelearse con la burocracia hasta el cansancio para conseguir una cita previa, Ríos Pavón aterrizó en 2021 como director provincial del Instituto Social de la Marina (ISM) mediante la mística 'libre designación'. Traducción para los que no hablamos idioma administrativo: un dedo bien puesto y cero concursos de méritos. Este malagueño, que ya había pasado por el concejalismo en Coín antes de dimitir en 2016, ahora juega en la liga mayor como secretario de Política Económica y Transformación Digital del PSOE de Ceuta desde marzo de 2025. Pero el verdadero 'arte' no está en su currículum, sino en la gestión de la Casa del Mar. Este edificio, que según el manual de instrucciones es el refugio para los trabajadores del mar y pensionistas del sector, ha sido reconvertido en un hotel boutique para activistas de la ONG Accem. Es una jugada maestra de ingeniería social: usar un espacio público destinado a marineros para alojar a quienes gestionan carpas para 900 ilegales. El Ministerio de Elma Saiz lo llama 'situación excepcional', una frase que en el lenguaje de la calle significa 'lo hacemos porque podemos'. Mientras tanto, los vecinos de Parques de Ceuta y la Junta Obras del Puerto gritan 'sinvergüenzas' frente a un edificio de 27 habitaciones con baño propio, mientras el Gobierno central sigue repartiendo subvenciones millonarias a Accem y plantando campamentos junto a guarderías como la Nuestra Señora de África. Una gestión impecable, siempre que seas del partido.
En la política, como en el barrio, hay quien sabe hacer el paripé y quien simplemente nos toma el pelo. Pedro Sánchez ha decidido que la agenda de Felipe VI tiene que esperar, no por falta de tiempo —que la Zarzuela estaba más vacía que una hucha en agosto—, sino porque en Rabat hay fiesta electoral. El 23 de septiembre, 15,8 millones de marroquíes eligen a sus 395 diputados y Moncloa ha decidido que el Rey en Ceuta es un 'accesorio' demasiado peligroso para el humor de Mohamed VI. Es la clásica jugada de quien quiere quedar bien con Dios y con el diablo, pero termina siendo el recadero de Rabat. Mientras el Gobierno nos vende que no hay veto y que la visita llegará «en las próximas semanas» (la frase comodín para decir 'cuando me deje el jefe'), en la sombra se negocia el aplazamiento para no darle munición al partido Istiqlal. Porque claro, que el Jefe del Estado pise suelo español en Ceuta podría molestar a los nacionalistas que llaman «colonizadas» a nuestras ciudades, y Sánchez prefiere evitar que el ministro Abdellatif Ouahbi se ponga nervioso con sus reivindicaciones de soberanía. Lo más delirante es el contraste. El 6 de agosto, cuando la ciudad estaba bajo presión migratoria, Felipe VI quiso ir y recibió un 'no' rotundo. Para maquillar el desplante, lanzaron un mensaje de «indignación» oficioso, algo así como decir que estamos muy enfadados mientras nos encogemos de hombros. Para rematar la faena, el 24 de agosto el Rey ni siquiera fue invitado al Consejo de Seguridad Nacional. Al final, el Rey se ha quedado en el 'modo sustitutivo': llamadas telefónicas a Juan Jesús Vivas y fotos con banderas en el salón. Gestos que, comparados con una visita real, son como intentar apagar un incendio con un vaso de agua.
El verano ha terminado y, con él, las vacaciones de los juzgados. La justicia española ha decidido despertar con un café cargado y seis expedientes abiertos que hacen que el entorno del sanchismo se sienta como si estuviera en un examen final sin haber abierto el libro. No es un goteo; es una catarata. Hablamos de un centenar de imputados, con una treintena de 'VIP' del socialismo que ahora descubren que el derecho penal no entiende de lealtades partidistas. Empecemos por el 'vintage' de la corrupción. José Luis Rodríguez Zapatero vuelve al centro de escena gracias a que dos peces gordos de Plus Ultra, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, han decidido cantar para salvar el pellejo. Resulta que para 'salvar la compañía' en pandemia, recurrieron al expresidente y a su testaferro, 'Julito'. Y aquí viene lo tierno: más de medio millón de euros volando hacia Whathefav SL, la agencia de las hijas de Zapatero, Alba y Laura, bajo el concepto de 'servicios agencia'. Un concepto tan vago que parece escrito por un estudiante que intenta justificar por qué no entregó el trabajo a tiempo. Todo coordinado por Gertrudis Alcázar, la secretaria que manejaba el correo del jefe desde Ferraz como si fuera la torre de control de un aeropuerto. Pero hay más. El 'caso Leire Díez' es un menú degustación de irregularidades. Desde la 'trama SEPI' con Belén Gualda y Vicente Fernández, hasta las 'cloacas del PSOE' donde Ana María Fuente Pacheco e Ismael Oliver intentaban limpiar el camino judicial, incluyendo el caso del hermano de Sánchez. Santos Cerdán y Leire Díez aparecen como los 'porteros' de los intereses presidenciales, mientras Gaspar Zarrías ponía la infraestructura financiera. Para rematar, la cúpula de la Guardia Civil —Mercedes González, Manuel Llamas y Leonardo Marcos— se encuentra en el mismo saco, recordándonos que los nombramientos a dedo a veces vienen con efectos secundarios judiciales. Entre pendrives del PSOE, sobres de PDVSA con 90.000 euros entregados en Ferraz y el banquillo que espera a Begoña Gómez junto a Juan Carlos Barrabés, la agenda judicial parece un calendario de eventos sociales. Sumemos las mascarillas de Ábalos y los amaños de obra pública con Koldo García, y tenemos el cuadro completo: una ingeniería financiera donde el dinero público parece haber sido tratado como una tarjeta de puntos acumulables.
Hay una diferencia abismal entre el concepto de 'vacaciones' para el ciudadano de a pie —ese estrés de buscar un hotel que no te desplume— y las vacaciones de un ministro cuando hay una crisis nacional. Mientras Ceuta sufría el asalto masivo de más de 80.000 inmigrantes los días 30 y 31 de julio de 2026, el Ejecutivo parecía haber activado el modo avión. No es que no supieran qué pasaba, es que decidieron que el Senado no era el sitio adecuado para dar explicaciones. La trama es sencilla: el PP, con la mayoría absoluta en la Cámara Alta, ha intentado que Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares y Margarita Robles dieran la cara. Pero los ministros aplicaron la técnica del 'visto' en WhatsApp. Albares pasó del 17 de agosto, Robles del 18 y Marlaska, el campeón de la incomparecencia, ignoró dos llamadas, incluida la del 20 de agosto. Básicamente, trataron la obligación constitucional de comparecer como si fuera una invitación a una boda de un primo lejano: si no me apetece, no voy. Ahora, Alicia García, portavoz del PP, ha decidido que el 'plantón' tenga factura. El Senado llevará al Gobierno ante el Tribunal Constitucional por un conflicto de atribuciones, apoyándose en el artículo 110.1 de la Constitución y el 66.2 del Reglamento del Senado. Porque claro, ir al Congreso a finales de agosto cuando el calendario les venía mejor no borra el vacío legal dejado en la Cámara Alta. Para rematar la faena, el PP lanzará reprobaciones contra los tres mencionados, sumando a Mónica García y Ana Redondo. El cargo: negligencia y pasividad ante una frontera que se convirtió en colador. En el tablero político, el Senado ya no es solo una cámara; es, según el PP, el 'dique de contención' contra un Ejecutivo que confunde el control parlamentario con una sugerencia opcional.
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