Crítica:
La noticia es un catálogo de excusas cruzadas donde el dato humano desaparece tras el 'tira y afloja' competencial. El titular original es correcto, pero el contenido deja un vacío legal intolerable sobre el destino real de los niños.
Sánchez se desentiende de los menas en los pasillos del Congreso: «Pregúntenle a Vivas»
Sánchez y Vivas: El ping-pong de los menas
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Muface borra rastros tras 'gangazo' de los Gómez
Hay una magia muy particular en la administración pública: la capacidad de hacer desaparecer datos justo cuando el aire empieza a oler a chamusquina. Muface, que hasta ayer era un libro abierto, decidió que el 27 de febrero de 2025 sus inmuebles debían entrar en el programa de protección de testigos. De repente, las direcciones exactas y el estado de los alquileres se esfumaron de sus registros oficiales, justo siete días antes de que THE OBJECTIVE soltara la bomba sobre los alquileres de la familia de Begoña Gómez. Hablemos de números, que es donde la hipocresía se vuelve tangible. Mientras el madrileño medio paga un riñón por un zulo, la familia Gómez disfrutaba de un ático de 115 metros en pleno centro de Madrid por 850 euros al mes. Un tercio del precio de mercado. Un regalo que haría llorar a cualquier inquilino que tenga que tirar de tarjeta cada fin de mes para llegar al día 30. Y no era un descuido; en el edificio de San Bernardo 38, la mutualidad tenía tres propiedades (bajo, primer piso y sexta planta) con capitales asegurados que sumaban más de 1,2 millones de euros. Datos que, curiosamente, estaban en el BOE en 2020 y en el expediente 88/2024, pero que ahora son un secreto de Estado. La excusa es la clásica: 'protección de datos personales'. Una genialidad jurídica que llega justo cuando se descubre que Sabiniano Gómez Serrano y Francisco Gómez mantenían el contrato desde 2015. Lo más delirante es que el 61,54% de las propiedades del Fondo Especial (136 de 221) están libres. Tienen el parque inmobiliario vacío, pero prefieren borrar el mapa antes que explicar por qué algunos privilegiados pagan una renta de risa mientras el resto del mundo lucha contra la inflación.
España vende barco a quien nos asalta
Hay que tener un don especial para el surrealismo diplomático. Mientras en Ceuta todavía se sacuden el polvo del asalto masivo de abril, España se prepara para entregarle a Rabat un juguete nuevo y brillante. El Gobierno de Pedro Sánchez, que tiene la particular habilidad de hacer malabares con la soberanía, ultima la entrega del Moulay Hassan. Sí, un patrullero Avante 1800 de 87 metros de eslora y 2.020 toneladas que sale orgulloso de los astilleros de Navantia en San Fernando. La ironía es tan espesa que se puede cortar con un cuchillo: el CNI avisó a Marruecos de las entradas masivas y Rabat decidió hacer oídos sordos; incluso la Policía Nacional señaló a sus agentes como los 'animadores' del caos en la frontera. Pero hey, los negocios son los negocios. El contrato, anunciado en enero de 2021 por María Jesús Montero, se mueve con la agilidad de un tiburón. El sablazo es de 130 millones de euros. Para que nos entendamos, es una cifra que hace que cualquier presupuesto doméstico parezca una broma de mal gusto. Lo más exquisito de la ingeniería financiera es que el Banco Santander puso el combustible: un crédito de 95 millones formalizado en agosto de 2022. Básicamente, le prestamos el dinero para que nos compren el barco que luego usarán para vigilar sus aguas. El buque, botado el 27 de mayo de 2025 tras un corte de chapa el 3 de julio de 2023 y una quilla el 6 de septiembre de 2024, se entrega 'desnudo', sin armamento. Navantia deja el hueco para el cañón de 76mm y las ametralladoras, permitiendo que Rabat elija sus propios juguetes. Un millón de horas de trabajo y 250 empleos en Cádiz que, irónicamente, se pagan con la moneda de quien ignora los avisos de nuestra inteligencia.
Castillo militar: fiesta marroquí y caos fronterizo
Hay escenas que parecen sacadas de una comedia de enredos, pero que en realidad huelen a una complacencia institucional que marea. El 30 de julio, mientras en Ceuta la situación era un auténtico incendio con entradas masivas que el Gobierno de Pedro Sánchez cifró entre 72.000 y 80.000 personas, en Palma de Mallorca se respiraba un aire mucho más festivo. El Ministerio de Defensa, en un alarde de generosidad que deja perplejo a cualquiera, decidió abrir las puertas del Castillo de San Carlos para que el Consulado General de Marruecos celebrara la Fiesta del Trono del rey Mohammed VI. Es el contraste perfecto: en un extremo, militares españoles desplegados en la frontera, sintiéndose impotentes y patrullando con un fusil para cada cinco o seis efectivos —una especie de 'ahorro de material' que ya ha dejado fracturas de peroné y traumatismos en el cuerpo de seguridad—. En el otro extremo, canapés y protocolo en un recinto militar español para homenajear al monarca del país que provoca la crisis. El cónsul Zakaria Balga encabezó el evento, donde no faltaron figuras como Othman Ktiri, el dueño de OK Mobility, quien presumió de su asistencia en redes sociales mientras sus colegas de uniforme en Ceuta se preguntaban dónde estaba la orden clara del Gobierno para actuar. Ceder un castillo militar para una fiesta diplomática es, en lenguaje de calle, como prestarle el salón de tu casa al vecino que acaba de saltarte la valla y te está pisando el jardín. La deferencia institucional ha pasado de ser cortesía a convertirse en un espectáculo de hipocresía. Mientras los militares de Ceuta se movilizan este 16 de septiembre denunciando que 'no los dejan defenderse', el Castillo de San Carlos servía de escenario para que la élite empresarial y diplomática brindara por la estabilidad de un trono ajeno sobre el suelo de una fortaleza española.
Sánchez: el escudo perfecto de Marruecos
Hay que tener una cara de cemento armado para gestionar las fronteras como quien gestiona una comunidad de vecinos en conflicto. Mientras el ciudadano de a pie se pelea con la administración por un papel, en Bruselas se juega el honor de Ceuta. Este jueves, el Parlamento Europeo debate los 'ataques híbridos' y la instrumentalización de migrantes, pero el régimen alauí ya ha movido sus fichas. La Embajada de Marruecos ante la UE y la OTAN ha enviado un correo selectivo a los eurodiputados, presumiendo de su 'buena voluntad' y prometiendo readmitir a todo el mundo, desde menores no acompañados hasta nacionales de terceros países. Un gesto noble, casi caritativo, si no fuera porque el guion tiene un giro surrealista. El escudo de Rabat no es un muro de hormigón, sino el propio Pedro Sánchez. Marruecos se defiende en Bruselas usando las palabras del presidente español: 'el Gobierno ha dicho que no se puede responsabilizar a Marruecos'. Es el colmo de la ingeniería diplomática: el dueño de la casa le dice al vecino que el incendio no fue provocado, mientras el vecino usa esa frase para evitar la multa. Sánchez no solo ha ignorado los informes policiales enviados a la juez Tardón, sino que ha tratado los documentos desclasificados del CNI como si fueran folletos publicitarios sin valor probatorio. La paradoja es deliciosa y amarga. Si Rabat acepta readmitir a los invasores, ¿por qué Moncloa prefiere acusar al PP de buscar votos que ejecutar las devoluciones? Mientras el presidente disfruta de sus vacaciones, la frontera se convierte en un tablero de ajedrez donde España parece jugar con las piezas del rival. Para rematar la faena, el Gobierno ultima la entrega de un buque militar a Marruecos. No hace falta Pegasus ni espionaje sofisticado para entenderlo: cuando externalizas tu seguridad, el precio es el silencio y la sumisión.
RTVE paga caro el silencio de Intxaurrondo
En el ecosistema de la televisión pública, el silencio es el producto más caro del catálogo. Silvia Intxaurrondo ha ganado su batalla legal contra RTVE, y para celebrar la victoria, ambas partes han decidido aplicar la técnica del 'borrón y cuenta nueva' con un pacto de silencio total sobre la cuantía del cheque. Es la danza clásica del poder: primero se comete el error administrativo y luego se paga el peaje para que nadie hable del precio del ticket. Todo empezó con un juego de sillas corporativo. La Hora de La 1 dejó de ser un producto de la productora Tesseo para convertirse en producción propia de la Corporación. En ese traspaso, Intxaurrondo firmó como externa con un techo de 269.000 euros anuales, una cifra que haría palidecer a cualquier familia española que intente cerrar el mes con el carrito de la compra medio vacío. Pero el castillo de naipes se derrumbó cuando una denuncia anónima despertó a la Inspección de Trabajo. El veredicto fue seco: la forma jurídica era incorrecta. Básicamente, RTVE intentó maquillar la relación laboral y Trabajo ordenó darla de alta como persona física. El problema es que, al pasar a ser trabajadora (no fija), el sueldo de Silvia sufrió un recorte que no encajaba en sus planes. Tras un juicio que se retrasó porque la juez cayó enferma, la sentencia ha sido un jarro de agua fría para las arcas públicas: RTVE debe devolverle el salario que percibía antes del cambio. Mientras la presentadora volvía a su puesto el 10 de agosto, tras dejar el testigo a Álex Barreiro y Aida Bao el 12 de junio, José Pablo López, presidente de RTVE, se prepara para el interrogatorio de Vox en el Parlamento. Una ingeniería financiera que terminó en el juzgado y que ahora se sella con un secreto a voces pagado con dinero de todos.
Ley de Nietos: El sablazo electoral
La burocracia española ha descubierto el truco definitivo para multiplicar la familia: una instrucción ministerial firmada en un despacho, cinco días después de la Ley de Memoria Democrática de 2022, ha abierto el grifo de la nacionalidad como si fuera una oferta de 'todo incluido'. El resultado es un delirio estadístico: 2,6 millones de solicitudes. Para que el ciudadano de a pie lo entienda, es como si intentáramos meter en un coche compacto el doble de gente de la que cupo en los mandatos de Aznar, Zapatero y Rajoy juntos. Un sablazo demográfico que ha dejado al Tribunal Supremo con el vello erizado, advirtiendo de un "peligro fundado real y serio" para la transparencia electoral. En el ring, Rafa Núñez (PP) denuncia una jugada "turbia" donde la Dirección General de Seguridad Jurídica decidió borrar los filtros, permitiendo que bisnietos y tataranietos se sumen a la fiesta sin límite cronológico. La paradoja es casi surrealista: en 160 municipios, como Malarcos en Madrid, hay más gente votando desde el extranjero que viviendo en el pueblo. Es el fenómeno del 'vecino invisible' que decide el destino del barrio desde el otro lado del charco. Por su parte, César Mogo (PSOE) se pone la capa de los derechos fundamentales, alegando que suspender esto es dejar a cientos de miles en indefensión y que podría alterar los resultados de las generales de 2023. Mientras Mogo justifica sus viajes por Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay como simples "responsabilidades orgánicas" —como quien dice que ir al supermercado es una misión diplomática—, el debate se reduce a una pelea entre el ius sanguinis y el sentido común. Al final, nos queda un censo exterior de 2,7 millones de personas y una duda razonable sobre si la nacionalidad es un vínculo afectivo o una herramienta de ingeniería electoral.
Zapatero busca testigos tras 'mordida' de Plus Ultra
Hay quien dice que el silencio es oro, pero para José Luis Rodríguez Zapatero, el silencio de sus antiguos colaboradores empieza a ser un lastre caro. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que la cuenta corriente no llegue a números rojos, el expresidente se ha instalado en 'La Capilla', un reservado del hotel Santo Mauro, para intentar reclutar testigos que le saquen las castañas del fuego. El asunto es sencillo: Plus Ultra ha soltado la bomba confirmando que aquellos 530.000 euros —el 1% de un rescate público de 53 millones— no eran honorarios por informes brillantes, sino una comisión ilegal, una 'mordida' con todas las letras para aceitar los engranajes del Ejecutivo. La estrategia es digna de un guion de suspense: reuniones blindadas por escoltas, cambios de coches oficiales y un despliegue de seguridad que haría palidecer a un jefe de Estado en activo. Zapatero intenta convencer a excolaboradores de que sus informes para Análisis Relevante SL eran fruto de consultas reales y no meras obviedades redactadas por terceros, como Sergio Sánchez de Telefónica. Resulta irónico que alguien que presumía de informes verbales en el Senado haya dejado una huella escrita tan mediocre como afirmar que 'la pandemia va a ser una larga crisis'. Mientras tanto, el clan familiar se encarga del control de daños en hoteles como el AC La Finca, intentando pulir una imagen que hoy parece más oxidada que nunca. Entre el refugio en su chalet de Las Rozas y el viaje incógnito a León para los 100 años de su padre, el expresidente descubre que el 'pago a éxito' que describió Julio Martínez Sola ante el juez José Luis Calama tiene un precio muy alto: la soledad jurídica. Porque, al final, cuando el dinero público entra en juego, los amigos suelen tener una memoria muy selectiva.
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