Crítica:
La noticia es un comunicado administrativo disfrazado de información. Omite convenientemente el volumen real de solicitudes para no dimensionar el caos que intenta paliar.
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Visados a España: más cola, misma burocracia
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España paga el agua del tomate marroquí
Hay que tener una cara dura del tamaño del Atlas. Mientras en España gestionar el agua es un deporte de riesgo entre sequías y el fantasma de Acuamed, nuestro vecino marroquí ha decidido jugar a la liga de los grandes. Para 2031, el reino alauita tendrá cuatro de las diez desaladoras más grandes del planeta, situándose justo detrás de los jeques de Arabia Saudita y Emiratos. Y aquí viene el giro irónico: el 'empujoncito' financiero viene de Madrid. Con una ingeniería financiera que haría llorar a cualquier contribuyente, España ha soltado unos 340 millones de euros públicos. El desglose es un poema: 250 millones vía FIEM, 60 millones de Cesce y otros 31 millones por Cofides. Básicamente, estamos pagando la factura de la luz y el agua para que los tomates de Karam Green Agri lleguen más frescos y baratos a los lineales de Lidl y Tesco, compitiendo —y machacando— a la huerta española. El plan es agresivo. De producir 345 millones de metros cúbicos anuales con 17 plantas, quieren saltar a 1.700 millones para 2030. La joya de la corona es la planta de Casablanca, construida por Acciona con un coste de 887 millones de euros, que además sirve de 'maquillaje' hídrico para impresionar a la FIFA de cara al Mundial 2030. Mientras tanto, el Plan Verde de Aziz Ajanuch demostró que plantar sandías en el desierto de Zagora es una genialidad... si no te importa agotar los acuíferos. Ahora, con la ósmosis inversa bajando los costes a 50 centavos el metro cúbico, el agua ya no cae del cielo, sino que sale de una tubería financiada por nosotros. Un negocio redondo para ellos; para nosotros, un agujero contable con sabor a salmuera.
Yolanda Díaz pide manifestarse contra sí misma
Hay que tener un despliegue de gimnasia mental digno de un atleta olímpico para lograr lo que Yolanda Díaz ha hecho esta semana. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, que ocupa un despacho en Moncloa desde 2020, ha soltado la perla: pide una 'movilización contra el Gobierno de España'. Sí, han leído bien. Es como si el dueño de un restaurante saliera a la calle a gritar que hay que cerrar el local porque la comida es incomible, mientras sigue cobrando el sueldo de gerente y manejando la cocina. El escenario fue un acto del Partido Comunista, el lugar ideal para que Díaz lanzara su mantra contra Alberto Núñez Feijóo y Abascal. Pero el giro surrealista llegó cuando sugirió que, si hace falta movilizarse contra el propio Gobierno del que ella es pieza clave, que lo hagan. Es una ingeniería política que deja al ciudadano medio, ese que lucha con la factura de la luz y la lista de la compra, totalmente descolocado. ¿Cómo se puede ser el brazo ejecutor de una política y, simultáneamente, el que pide quemar el mapa desde dentro? Borja Sémper, portavoz del PP, no ha tardado en calificar el episodio de 'berlanguiano' y compararlo con '1984', y no le falta razón. Estamos ante un esperpento donde las siglas de Sumar, fundadas en 2023, ya planean su propia desaparición para 2027 bajo el nombre de Frente Amplio, acogiendo a Izquierda Unida y los Comunes. Mientras tanto, Díaz ya ha avisado que no será la candidata. Básicamente, está preparando la maleta y el aterrizaje, pero antes quiere dejar el jardín abonado con un poco de caos electoral. Una jugada maestra de quien ya no tiene nada que perder, pero mucho que fingir.
Maricarmen, 'Morocarmen' y el juego del desahucio
En el tablero del surrealismo español, donde la realidad parece escrita por un guionista con fiebre, nos encontramos con el caso de Maricarmen. Ochenta y siete años cumplidos y una maleta que resume siete décadas de alquileres pagados. Maricarmen ha sido lanzada a la calle el pasado miércoles, víctima de una resolución judicial firme que decidió que el contrato heredado de sus padres ya había caducado. Mientras ella termina el proceso desde la cama de un hospital, la Puerta del Sol se ha convertido en un campamento de indignados bajo el lema 'Ni una Maricarmen más'. Aquí es donde entra el marketing del agravio. Vox ha decidido que el momento es perfecto para lanzar el dardo de 'Morocarmen', sugiriendo que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene el corazón lleno de plazas para Ceuta pero vacío para las abuelas madrileñas. El contraste es bruto: mientras Maricarmen pierde el techo, el Ejecutivo ha desplegado desde el 30 y 31 de julio más de 6.000 plazas de acogida temporal en Ceuta, repartidas entre La Hípica, la zona del Guano y terrenos militares. Es la eterna pelea de presupuestos: el gasto en alojamiento humanitario temporal frente a la desprotección de una inquilina veterana. El viernes, 63 mujeres inmigrantes accedieron a plazas libres en La Hípica, un dato que Vox usa como combustible para denunciar una supuesta prioridad ideológica. Al final, tenemos a una mujer pidiendo un decreto urgente en el Consejo de Ministros este martes para evitar más dramas, mientras los políticos usan su desahucio como un tablero de ajedrez para medir quién es más 'patriota' o más 'humanista'. Maricarmen no quiere ser un eslogan, quiere un techo; pero en este país, el techo suele ser el límite de la hipocresía política.
España mira mientras Gibraltar rellena el mar
Hay una frase que en el lenguaje de la administración es el equivalente a decir 'estamos viendo la tele mientras se quema la casa': 'a la espera de que se dicte la correspondiente resolución judicial firme'. Así, con una elegancia burocrática pasmosa, el Subdirector General de Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio para la Transición Ecológica le ha explicado a Verdemar-Ecologistas en Acción que, básicamente, no pueden hacer nada. Mientras tanto, el proyecto urbanístico Eastside sigue engordando, soltando toneladas de relleno sobre aguas que, según los mapas, son españolas y protegidas. La cronología es un poema al ritmo lento. Todo empezó en diciembre de 2024, cuando se pidió a los Agentes Medioambientales que miraran si se estaban saltando el plan de gestión de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Estrecho Oriental. El Estado hizo lo que mejor sabe hacer: mover papeles. El Ministerio preguntó a la Guardia Civil y a Hacienda, y estos respondieron que no podían soltar prenda porque el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de La Línea de la Concepción ya tenía el asunto en el horno. Pero aquí llega el giro irónico: la causa está sobreseída provisionalmente. Es decir, el proceso está en el congelador. Sin sentencia no hay sanción, y sin sanción, el cemento sigue cayendo al mar como si fuera confeti en carnaval. Para rematar la faena, la Guardia Civil no puede ni acercarse a tomar muestras porque las autoridades de Gibraltar les cierran el paso. Es el surrealismo puro: tenemos una Fiscalía especializada y al Instituto Español de Oceanografía (IEO) analizando cetáceos y hábitats con el proyecto BIODIV, pero en la práctica, el Estado español es un espectador de primera fila que paga la entrada para ver cómo le roban un trozo de mar.
UE: 700 millones para salvar el mundo
Bruselas ha vuelto a abrir el grifo. Ursula von der Leyen, desde la comodidad de un Global Citizen Festival en Nueva York que acabó siendo un baño colectivo por el mal tiempo, ha anunciado un desembolso de casi 710 millones de euros. Para el ciudadano medio, que mira la factura de la luz como quien mira una película de terror, esa cifra es abstracta; pero traducido al lenguaje de la calle, es como si la UE decidiera pagar la hipoteca de medio barrio mientras nosotros seguimos contando los céntimos para el café. El reparto del botín es quirúrgico. 380 millones de euros se van al África subsahariana para gestionar la migración, que en lenguaje diplomático significa intentar que el flujo no llegue a nuestras costas mediante el 'retorno voluntario'. Un eufemismo elegante para decir que pagan para que no vengan. A esto sumamos otros 97 millones para combatir la malnutrición y el clima en la misma zona, porque aparentemente el primer paquete no bastaba para llenar los platos. Luego están los 'parches' de urgencia. 103 millones de euros se dirigen a Gaza y Líbano, donde los servicios básicos han colapsado más que un servidor de Hacienda el día de la declaración de la renta. Ucrania, que ya tiene la despensa llena de promesas europeas, recibe 52 millones más para no congelarse este invierno. Y para cerrar el despliegue de generosidad, 7.5 millones de euros aterrizan en la República Democrática del Congo para pelearse con el ébola. Todo este despliegue de solidaridad, con 252 millones aún pendientes de que alguien en Bruselas firme el cheque final, nos deja una sensación agridulce. Es la eterna paradoja: Europa se siente el salvador del mundo mientras sus propios barrios se vuelven prohibitivos. Mucho compromiso en redes sociales, pero la realidad es que el dinero vuela más rápido que los aviones privados de los comisarios.
Begoña Gómez y el VIP del Majzén
Hay gente que hace networking y hay quienes montan autopistas directas al núcleo del poder. Begoña Gómez, desde su puesto como directora del Africa Center del IE, no se limitó a organizar seminarios; se instaló en el VIP del Majzén marroquí. Desde agosto de 2018, mientras el ciudadano medio intentaba cuadrar la cuenta bancaria, ella navegaba en la órbita de APD Maroc, el club donde se decide quién es quién en el Reino. El premio gordo de esta agenda fue Meriem Bensalah Chaqroun. No hablamos de una empresaria cualquiera, sino de la mujer más poderosa de Marruecos, alguien que encabeza listas de Forbes y que maneja el Holding Holmarcom como quien mueve las fichas de un Monopoly. Chaqroun, que ya había soltado 35 millones de euros en una planta de cereales en Gran Canaria en 2017, es la definición viva de influencia: primera mujer al frente de la patronal marroquí y exdirectiva de Bank Al Magreb. La ingeniería de contactos alcanzó su cenit en el Foro Económico Empresarial España-Marruecos. Un evento donde el despliegue de cargos era casi obsceno: desde Aziz Rabbah (Energía) y Zohair Chorfi (Economía), hasta Adil Bahi y Ali Seddiki. En el lado español, María Paz Ramos, directora de Comercio Internacional, ponía el sello oficial. Todo coordinado por Saad Kettani, presidente de APD Marruecos y socio estratégico del Africa Center. Es fascinante observar cómo el currículum de Gómez se nutría de estas 'alianzas' justo cuando su marido tomaba las riendas del Gobierno. Al final, el Africa Center no era solo un centro de formación, sino una llave maestra que abría puertas blindadas en Rabat, hasta que el ruido judicial sobre sus métodos de contratación terminó por cerrar el despacho.
Vivienda: Barcelona se lleva el botín estatal
Hay una magia aritmética en Moncloa que cualquier mago de Las Vegas envidiaría. Resulta que Barcelona es el 'ejemplo a seguir' en vivienda, según Pedro Sánchez, pero el truco no está en la gestión, sino en el talonario. Mientras que para la Comunidad de Madrid el Gobierno ha soltado 8.375.000 euros —una cantidad que, a efectos prácticos, se queda en el realojo de la Cañada Real y algunos papeles de notaría—, para la capital catalana el grifo se ha abierto hasta el delirio. Barcelona ha concentrado 21.476.480 euros. Es un sablazo monumental que hace que la ayuda a Madrid parezca una propina dejada en un café. El desglose es casi poético: el Ayuntamiento se lleva 15.777.360 euros para alquileres sociales y otros 250.000 euros solo para organizar el 'HOUSING SUMMIT 2026'. Sí, porque para solucionar que la gente no tenga dónde vivir, lo primero es montar un congreso con catering y ponentes. A esto sumamos los 5.399.120 euros para el Área Metropolitana y un 'bonus' de 50.000 euros repartidos entre cuatro universidades para que escriban artículos y hagan seminarios sobre por qué no hay casas. La ironía alcanza su pico cuando Sánchez presume de una bajada del 4,7% en los precios de los contratos. Pero aquí llega la traducción de la calle: el precio del metro cuadrado subió a 23 euros en junio, tres euros más que el año anterior. ¿Cómo cuadran los números? Muy sencillo. Como explica Carlos Balado de OBS Business School, la superficie media ha caído al 71,4 metros cuadrados. No es que el alquiler sea más barato, es que los inquilinos están viviendo hacinados en cajas de zapatos. Menos espacio, mismo precio, pero en el Excel del Gobierno figura como un éxito rotundo gracias a una inversión que deja a Madrid mirando desde la barrera.
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