La noticia es un festín de contradicciones donde el protagonista intenta salvar el pellejo judicial mientras quema los puentes con sus jefes. Falta profundizar en por qué el CNI avisó y el sistema decidió ignorar la alerta hasta que fue tarde.
Hay que tener un despliegue de gimnasia mental digno de los Juegos Olímpicos para liderar un sindicato de inquilinos mientras el árbol genealógico te escupe billetes de quinientos. Fernando de los Santos Menéndez, el abanderado del Sindicato de Inquilinas que se vende como la voz de los desahuciados, ha resultado ser el ejemplo perfecto de 'turismo social' desde la comodidad de un palacio. El profesor de Filosofía del Derecho, que presume de estancias en Oxford y Warwick mientras critica la meritocracia, dice haber sufrido el acceso a la vivienda. Claro, probablemente se refiera a que el aire acondicionado del salón no enfriaba lo suficiente. La realidad es que el señor De los Santos no es un inquilino con angustias, sino el nieto de Aurelio Menéndez, ministro de Educación de Suárez y primer marqués de Ibias. Mientras la gente común hace malabares con el alquiler y la lista de la compra, la red empresarial de su entorno más cercano maneja un patrimonio que hace parecer el presupuesto de un ayuntamiento pequeño como calderilla: más de 220 millones de euros. Su hermano, Luis de los Santos Menéndez, pilota ROWHILL HOLDCO S.L., una entidad que en 2025 presumía de 220,4 millones de euros, bajando ligeramente desde los 240 millones de 2024. No es una gestión modesta; es ingeniería financiera de alta costura. Lo más delirante es que el portavoz arremete contra las 'empresas buitre' mientras su familia opera ROWHILL BIDCO SL y la ahora extinta BALUARTE CAPITAL SL., esta última con un patrimonio de más de 80 millones de euros dedicado a la inversión inmobiliaria. Es el colmo del cinismo: luchar contra el monstruo mientras se cena en su mesa y se hereda su piel. El despacho Uría Menéndez, fundado por su abuelo, facturó más de 243,6 millones de euros en España, dejando claro que para los De los Santos, la vivienda no es un derecho, sino un activo financiero muy rentable.
Para el Gobierno, el concepto de 'propiedad privada' parece haberse convertido en una sugerencia opcional, casi como las instrucciones de montaje de un mueble de IKEA. El borrador del nuevo Real Decreto-ley de vivienda, con fecha del 28 de septiembre de 2026, no es una simple prórroga; es un búnker legal. La joya de la corona es el artículo 2, que permite congelar desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030. Pero atención al detalle: no solo protege a los que están en el limbo, sino que permite suspender lanzamientos incluso cuando ya hay una sentencia firme. Es como si, tras ganar un partido por goleada, el árbitro decidiera que el resultado no cuenta porque el perdedor tiene los zapatos rotos. La ingeniería es brillante. Si el ocupante es 'vulnerable' y no tiene alternativa, el tribunal le pide ayuda a la administración local. Si la administración —que suele tener la misma capacidad de respuesta que un caracol con asma— no contesta o admite que no tiene casas, el proceso se suspende. Así de sencillo. Podemos estar hablando de tres años de alquiler gratis mientras el propietario mira cómo su patrimonio se convierte en un hotel social no remunerado. Claro que hay 'salvaguardas'. Si eres un pequeño propietario con dos viviendas o menos, tu vulnerabilidad económica podría prevalecer. Pero para el resto, la solución es un cheque de la Administración que promete cubrir impagos y suministros. Un sistema donde el dueño paga la entrada, el okupa disfruta la estancia y el Estado promete pagar la cuenta cuando encuentre la cartera, probablemente en 2030. El mensaje es claro: la sentencia es un papel, pero la permanencia es un derecho.
Hay una coreografía perfecta entre el asfalto y el despacho. Por un lado, tenemos la imagen desgarradora de Maricarmen, una mujer de 87 años que, tras siete décadas en su casa de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, termina saliendo en camilla hacia el Hospital Gregorio Marañón el pasado miércoles. Por otro, el Sindicato de Inquilinas, una maquinaria milimétrica que transformó un portal blindado por 300 personas en una manifestación de entre 25.000 y 300.000 almas el sábado, exigiendo el 'decreto Maricarmen' desde una acampada en la Puerta del Sol. Pero aquí es donde la historia deja de ser un drama social para convertirse en un ejercicio de ingeniería política. El Sindicato no es un grupo de vecinos indignados que se reunieron tomando un café; es una estructura con nodos, comisiones y una 'caja de resistencia' para pagar multas, que se mueve con la precisión de un reloj suizo. Lo fascinante es el árbol genealógico: fundadores como Javier Gil, sociólogo del CSIC, no solo escriben libros como 'Generación inquilina', sino que coordinan los informes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Es el círculo perfecto. Gil define como 'multiarrendador' a cualquiera que tenga dos casas (un concepto que hace que el dueño de un piso heredado parezca un magnate inmobiliario), concluyendo que el 61% del mercado es 'dominado'. El Ministerio de Consumo, liderado por Pablo Bustinduy —amigo íntimo de Jaime Palomera, fundador del sindicato en Barcelona—, agarra esos datos y los usa como martillo para justificar la intervención del mercado. Es, literalmente, poner al zorro a diseñar la cerradura del gallinero mientras el Gobierno sostiene la llave.
En el tablero de la diplomacia, hay quien juega al ajedrez y quien juega al parchís con los expedientes. Mientras el consulado de Buenos Aires se comporta como un examinador de oposiciones obsesionado con la coma y el punto, procesando apenas 1.800 nacionalidades al mes frente a un alud de 645.052 solicitudes, en Rosario han descubierto la fórmula mágica. Allí, bajo la batuta de Pablo Platas, el ritmo es frenético: 3.000 nuevos españoles al mes. Es como comparar una oficina de correos un lunes por la mañana con una cinta transportadora de Amazon en Black Friday. La diferencia no parece ser la eficiencia, sino el 'cariño' político. En mayo, el ministro Ángel Víctor Torres aterrizó en Argentina para una 'coordinación de agenda' que, curiosamente, solo incluía un cónclave privado con Platas, el embajador Joaquín de Arístegui y Fernando Martínez. Al resto de cónsules —Mendoza, Córdoba, Bahía Blanca— los dejaron fuera, como quien no invita al primo pesado a la cena de Navidad. El resultado es un contraste obsceno: mientras en Mendoza se despachan a un ritmo de 500 al mes tras recibir 100.000 expedientes, Rosario vuela. El negocio es redondo. Con la Ley de Memoria Democrática, el Gobierno ha abierto el grifo: 33.638 inscritos solo en el primer trimestre. A este paso, el año cerrará con unos 125.000 nuevos votantes en el CERA. Entre el 'trato VIP' que De Arístegui quiso colar para una influencer vecina de la embajada y la anécdota de Ricardo Darín eligiendo Jaén al azar para su carta de naturaleza, la sensación es que la ciudadanía se está repartiendo como caramelos en un bautizo. Al final, el despliegue de 657 nuevos efectivos contratados por José Manuel Albares parece servir más para gestionar el caos que para garantizar la rigurosidad.
En la política riojana, el currículum parece haberse convertido en un ejercicio de literatura fantástica. No es que se mientan, es que 'ajustan la realidad' como quien intenta cerrar una maleta llena de ropa el día del viaje. El caso estrella es Javier García Ibáñez, el actual secretario general y candidato a las autonómicas del próximo mayo. García Ibáñez, que ya era concejal de Arnedo en 2003 con 21 años (cuando la mayoría estábamos intentando no suspender mates), juega al escondite con sus estudios. En el Parlamento dice que cursó Ciencias Políticas en la UNED 'sin culminar', una muletilla que apareció mágicamente en 2023, justo cuando se convirtió en diputado. Sus detractores, que tienen la lupa encendida, se preguntan si tiene el bachillerato o si entró a la universidad por la puerta de los mayores de 25. Para colmo, rumorean que su puesto en la biblioteca pública de Arnedo entre 2000 y 2003 fue un 'regalito' del entonces alcalde José María León Quiñones. Pero el menú de hipocresías sigue. César Luena, el hombre de confianza de Pedro Sánchez y actual eurodiputado, presume de un doctorado 'cum laude' en 2014 y una licenciatura en Humanidades de 2003 con mención honorífica. El problema es que Pedro Sanz, ex presidente de La Rioja, sugirió que la tesis la escribió otro. Luena amenazó con querella, pero al final el ruido se apagó, como ocurre con muchas sospechas cuando el poder protege al suyo. Y no olvidemos a Concha Andreu, ex presidenta de la región y senadora. Andreu ha hecho un truco de magia con su formación en Enología: lo que en la web del PSOE era un 'máster' entre 1990 y 1992, en el Senado se ha transformado en 'licenciatura'. El detalle es que en aquellos años no existían los másteres oficiales. Básicamente, ha intentado vender un curso propio como un título reglamentado. Una ingeniería curricular digna de un premio al optimismo.
Hay quien dice que el amor es ciego, pero en el mundo de las licitaciones públicas, el amor es, sobre todo, rentable. Mounir Lymouri, el alcalde de Tánger que acaba de aterrizar en el banquillo de los acusados por un presunto pucherazo electoral, resulta ser el socio 'invisible' que calza a nuestras tropas. Mientras el ciudadano medio pelea con la inflación para que la lista de la compra no parezca una hipoteca, el Gobierno español soltó 17,1 millones de euros en el mayor contrato de botas militares de la historia reciente, adjudicado a la UTE formada por Calzados Robusta y FAL. La jugada es una obra maestra de la ingeniería financiera para principiantes. Lymouri no se limitó a poner la fábrica Abantic en Tánger; en febrero de 2011, con la astucia de quien sabe dónde sopla el viento, creó en Navarra la sociedad instrumental Abarca Internationale 2011 SL. Básicamente, le puso un 'disfraz' español a su negocio marroquí para que el papeleo fluyera sin fricciones. Poco después, vendió parte de sus participaciones a Calzados Robusta, sellando un matrimonio de conveniencia que hoy huele a cerrado. Lo más fascinante es que la oferta de FAL-Robusta fue tildada inicialmente de 'baja temeraria'. En lenguaje castizo: era tan barata que olía a chamusquina. Pero el Ministerio de Defensa, tras un análisis rápido, decidió que el precio era justo y mandó a paseo el recurso de Iturri, la empresa que hasta entonces suministraba las botas 'camel'. De esos 17,1 millones, ya se han disparado pedidos concretos por 5,76 millones de euros este año: 3,8 millones en febrero y otros 3,2 millones el 31 de julio. Un ritmo de gasto que haría palidecer a cualquier administrador de consorcio. Ahora, con el alcalde detenido, queda la duda: ¿seguirán marchando las botas o el contrato se quedará sin suela?
Mientras el ciudadano medio se pelea con el cajero automático para sacar veinte euros, en la frontera de Ceuta se ha jugado una partida de póker con la seguridad nacional donde el Estado ha ido haciendo 'blind' sin darse cuenta. El último informe de José María Gil Garre no es una lectura ligera para el domingo; es un jarro de agua fría. Resulta que, aprovechando el caos de la avalancha del 30 y 31 de julio, al menos 12 yihadistas decidieron que era un momento estupendo para colarse en la ciudad. No fue una migración desesperada, sino una infiltración oportunista. De esos doce, cuatro fueron expulsados, incluyendo a los hermanos Chakir y Chakib Achatoui, que ya conocían el camino de vuelta desde 2018. Pero aquí viene el verdadero sablazo: hay dos células activas y una de ellas tiene órdenes de ejecutar una acción de 'inghimasi'. Para los que no hablamos yihadí, esto significa infiltrarse entre la gente como quien va a comprar el pan para luego detonar un ataque de alta letalidad. El objetivo no es cualquier escaparate, sino los soldados españoles, a quienes han deshumanizado mediante campañas de odio en TikTok e Instagram hasta convertirlos en el 'ejército de ocupación'. La hipocresía es deliciosa: Rabat colabora en la caza del terrorista mientras permite que Castillejos sea un 'hub' de reclutamiento donde, entre 2014 y 2015, salieron más de 1.600 combatientes hacia Siria e Irak. Personajes como Mohamed Hamduch, el 'Kokito de Castillejos', son la prueba de que el ecosistema está vivo. Mientras tanto, nuestros militares operan con dotaciones insuficientes y reglas ambiguas, exponiéndose a emboscadas como la del 27 de agosto en Benzú, que dejó cuatro heridos. Básicamente, hemos dejado la puerta abierta y el perro dormido mientras el lobo ya tiene el mapa de la casa.
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