El texto original es un rompecabezas de fechas y nombres que intenta conectar el voto por correo con una trama de corrupción mayor. Es effective en la denuncia, pero abusa de la enumeración de autos judiciales, lo que puede marear al lector desprevenido.
La televisión pública tiene ese problema crónico de creer que el mando a distancia es una extensión del despacho del Presidente. Esta semana, el Sindicato Solidaridad-RTVE ha decidido soltar la lengua y recordar que la Corporación no es la cuenta de Twitter personal de ningún Gobierno, sino que se paga con el sudor de todos, como quien paga la comunidad de vecinos pero descubre que el administrador solo pinta los pasillos que le gustan al dueño del bloque. El detonante ha sido el tratamiento que RTVE Noticias y el programa 'Malas Lenguas' —esa joya conducida por Gonzalo Miró y Esther Palomera— le han dado a José María Figaredo. El diputado de Vox dice que no quiere cargarme las pensiones; RTVE, en cambio, parece haber hecho una cirugía estética de sus palabras en El Debate para que el resultado encaje en su narrativa. Es la clásica maniobra de 'cortar y pegar' que haríamos en el colegio para aprobar un trabajo sin leer el libro. Lo más irónico es que el sindicato, en un despliegue de sarcasmo institucional, propone que estos mismos clips se usen como 'casos prácticos' en el curso obligatorio sobre bulos de la propia casa. Imaginen la escena: empleados de RTVE aprendiendo a detectar noticias falsas analizando sus propios programas. Es como si un restaurante con cockroaches sugiriera que el menú de hoy sea un curso sobre higiene alimentaria. Entre el baile de sillas de Jesús Cintora, que saltó a 'Mañaneros 360' tras la salida de Javier Ruiz, y las exigencias de rectificación visible, la Corporación se enfrenta a un espejo incómodo. El sindicato pide seis puntos claros, desde revisiones documentadas hasta criterios públicos para las redes sociales, intentando que la independencia profesional no sea solo una frase bonita colgada en el vestíbulo para que la vean las visitas.
Hay una danza muy curiosa en las altas esferas del sindicalismo español. Resulta que UGT y CCOO han decidido que luchar por los derechos laborales es, básicamente, una cuestión de calendario electoral. En un giro que dejaría perplejo al más optimista, han cancelado las huelgas de la Agencia Tributaria (AEAT) programadas para el 28 de octubre. ¿La razón? Que el 29 de noviembre hay elecciones generales y, según ellos, no hay 'interlocutores con capacidad de decisión'. Traducido al idioma de la calle: no queremos molestar al Gobierno actual justo antes de que vayamos a las urnas. Es una jugada de manual. Mientras los trabajadores de la AEAT miran el comunicado con la misma cara de asombro que alguien que descubre que le han subido el alquiler sin avisar, los sindicatos aplican una ingeniería financiera de votos. Lo fascinante es la hipocresía del menú: se cancelan los paros contra el Ministerio de Hacienda —donde María Jesús Montero y Arcadi España han dejado su huella—, pero se mantienen intactas las huelgas contra el PP. El 14 de octubre se lanza la ofensiva indefinida contra Isabel Díaz Ayuso en Madrid, y se mantienen las citas contra Alfonso Fernández Mañueco en Castilla-León y Alfonso Rueda en Galicia. El colmo del surrealismo llega con la huelga general del 11 de noviembre por la vivienda. Sí, han convencido a sus bases de dejar el trabajo no por un convenio laboral, sino por un tema inmobiliario, solo para inflar la movilización de izquierda. Unai Sordo y compañía han decidido que el sindicato es ahora una extensión de la campaña electoral. Mientras tanto, medio millón de afiliados de CSIF y USO han dicho 'basta', negándose a ser carne de cañón en este tablero político. Al final, la estrategia es clara: limpiar el camino al Gobierno actual y dejarle el 'regalito' de las protestas acumuladas a Alberto Núñez Feijóo si es que llega a la Moncloa.
Hay una técnica muy depurada en los pasillos del poder: si el Congreso te cierra la puerta en las narices, entra por la ventana mientras todos están distraídos preparando las maletas para las elecciones. Pedro Sánchez ha decidido que el 'no' recibido en julio es, en realidad, un 'quizás' que se soluciona con un Real Decreto cuando ya no hay diputados que molesten. La jugada es sencilla pero quirúrgica. Se trata de modificar el Real Decreto 1004/2010 para que ciertos impuestos no recuperables —leamos: el agujero del IVA— pasen a ser considerados 'costes del servicio público'. En cristiano: que el Estado pague la fiesta. Estamos hablando de una contingencia fiscal de 941 millones de euros. Para que el ciudadano medio lo entienda, es como si tú tuvieras una deuda millonaria con Hacienda por un error de interpretación de hace años y, de repente, el Ayuntamiento decidiera que esa deuda es ahora un 'gasto necesario para vivir' y te la compensara en la factura del agua. Una genialidad contable. José Pablo López, el presidente de RTVE, respira aliviado. Para él, los 940 millones de deuda por el IVA son una herencia tóxica de la era Montoro, un simple 'conflicto interpretativo'. No es que se hayan gastado el dinero en tostadoras de oro, es que no se ponen de acuerdo en cómo leer la ley. Lo verdaderamente fascinante es el timing. El Gobierno lanza este salvavidas financiero justo cuando las Cortes están disueltas y RTVE se prepara para cubrir la campaña electoral. No tocan el gobierno de la corporación, no cambian los jefes, pero le limpian el balance justo antes de que empiecen los anuncios y los debates. Dicen que buscan 'seguridad jurídica', pero lo que encuentran es una vía rápida para evitar que el auditor siga gritando que las cuentas están mal formuladas. El Tesoro Público estará ahí, esperando que haya excedentes, aunque saber dónde está el dinero en RTVE es, a veces, como buscar una aguja en un pajar de decretos.
Hay una ironía deliciosa, casi poética, en ver cómo quien llega al poder prometiendo el paraíso social termina gestionando el ayuntamiento como si fuera una inmobiliaria de lujo en plena Castellana. Joseba Asiron y su equipo en Pamplona han logrado el truco de magia definitivo: convertir la administración pública en el 'fondo buitre' más eficiente de la historia local. Mientras el discurso oficial se llena de palabras bonitas sobre la justicia social, la realidad se mide en desahucios y subastas que harían sonrojar a cualquier especulador de Wall Street. En lo que va de 2026, la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno para echar a la calle a 14 personas. Catorce familias que descubren que la solidaridad municipal tiene fecha de caducidad. Pero el verdadero 'sablazo' llega con las parcelas de Arrosadía. El Ayuntamiento ha subastado terrenos con una repercusión de 150.000 euros por vivienda. Para que nos entendamos: es como si el municipio decidiera inflar la factura del suelo hasta niveles estratosféricos antes de que se ponga el primer ladrillo. Juan José Echeverría, portavoz de UPN, ha echado cuentas rápidas y el resultado es un golpe en la cartera: sumando licencias, honorarios y el coste de construcción, los pisos aterrizarán en el mercado a 500.000 euros. Un precio que convierte el acceso a la vivienda en un deporte de riesgo para cualquiera que no haya nacido en cuna de oro. Y para rematar la jugada, han diseñado una ingeniería jurídica digna de un despacho de abogados de élite. Han transformado el alquiler en una 'prestación de servicio público'. ¿La ventaja? Que ya no son inquilinos protegidos por la Ley de Arrendamientos Urbanos, sino usuarios de un servicio. Así, cuando llega la hora de echarles, no es un desahucio —que suena mal y choca con el decreto Maricarmen—, sino un simple 'cese de servicio'. Es el arte de limpiar la casa sin mancharse la conciencia.
La ironía del destino tiene un sentido del humor muy negro. Resulta que algunos de los uniformados que participaron en el asalto masivo a Ceuta han decidido que el uniforme marroquí les aprieta demasiado y ahora buscan el sello de 'refugiado' en el pasaporte español. El argumento es tan antiguo como el mundo: el pánico a las represalias por la deserción. Básicamente, pasaron de ser la punta de lanza de una invasión a jugar la carta de la víctima para evitar que el régimen los mande al Sahara, un destino que, según las fuentes policiales, es el equivalente administrativo a ser desterrado a Marte por las condiciones de vida. Aquí es donde el Gobierno se encuentra en un callejón sin salida. Si les conceden el asilo, están premiando a quien entró a saco en la frontera; si no lo hacen, se enfrentan al drama humanitario de devolver a alguien a una cárcel marroquí. Mientras tanto, en los pasillos de la comisaría se comenta que el asilo se ha convertido en la 'puerta trasera' preferida. Es un juego de tiempos: aunque el 90% de las solicitudes acaben en la papelera, el proceso es tan lento que el solicitante tiene tiempo de sobra para echar raíces. Para rematar el cuadro, el Real Decreto 1155/2024 ha sido el empujón final, bajando el tiempo para el arraigo de tres a dos años. Es como si hubieran puesto el cartel de 'oferta' en la permanencia ilegal. La policía advierte de un 'efecto llamada' que podría convertir Ceuta en un club de deserción masiva. Porque claro, si decir que eres perseguido o que no encajas en el molde del régimen te da el billete de entrada a Europa, ¿quién no querría intentar el salto? Al final, pasamos de una crisis de seguridad a una ingeniería jurídica donde el delito de deserción se convierte, mágicamente, en el ticket dorado para hacer vida en Europa.
Hay una urgencia casi mística en los pasillos del Ministerio de Trabajo. Yolanda Díaz ha decidido que el calendario es un mero trámite y que el 29 de noviembre —la fecha del juicio final electoral— es el límite infranqueable. La jugada es sencilla: subir el salario mínimo ahora, aunque sea a ciegas, para dejar el regalo envuelto antes de que el bloque PP y Vox, según las encuestas, pasen la escoba por Moncloa. Para lograrlo, la ministra ha puesto a los expertos contra las cuerdas. Les ha dado hasta el 1 de noviembre para presentar una propuesta. ¿El problema? Que calcular la subida sin el dato exacto de la inflación media anual es como intentar hacer la declaración de la renta basándose en lo que crees que gastaste en cafés. El INE no soltará la cifra real hasta mediados de enero, pero a la ministra no le cuadran los tiempos. Se apoya en el 4,9% de inflación de septiembre, ignorando que ese dato es una foto instantánea y no la película completa del año. Mientras tanto, el mundo real sigue girando con sus dramas: la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz están jugando al billar con el precio del petróleo y el gas. En la calle, eso se traduce en que llenar el depósito o encender la calefacción es una ruleta rusa, pero en el despacho ministerial se prefiere la prisa al dato. La patronal ya huele el truco. Recuerdan aquellos 'viernes sociales' de 2019, cuando se lanzaban reales decretos como quien lanza confeti en una boda, solo para ganar votos. En 2024 la subida llegó el 6 de febrero; en 2025, el 11 de febrero. Este año, la paciencia ha muerto. Se busca el impacto inmediato, el titular brillante, aunque la aritmética sea, sencillamente, una moneda al aire.
Hay gente que tiene un don para el descanso y otros que tienen el don de cobrar por descansar. Alicia de Miguel Sánchez, secretaria de Organización del PSOE en la Ribera Baixa, ha descubierto la alquimia financiera perfecta: cobrar pluses de productividad mientras está de vacaciones. Entre 2023 y julio de 2026, se embolsó 8.925 euros en complementos que, según el Real Decreto 861/1986, deberían premiar el 'especial rendimiento'. Pero claro, en el Ayuntamiento de Almusafes el rendimiento es un concepto elástico. En septiembre de 2024, mientras disfrutaba de su tiempo libre, recibió 250 euros; en agosto de 2025, otros 300 euros por no trabajar casi veinte días; y en septiembre de 2025, la generosidad subió a 400 euros. Es fascinante ver cómo la curva de 'productividad' de De Miguel escala como una acción de NVIDIA: 850 euros en 2023, 2.325 en 2024, 3.800 en 2025 y ya lleva 1.950 euros en lo que va de 2026. Todo esto bajo la mirada cómplice de Toni González, un alcalde que es un auténtico malabarista: investigado por acoso y agresión sexual, expulsado del PSOE en marzo de 2026, pero que sigue cobrando la subvención del Grupo Municipal Socialista y, ojo al dato, alquilando la sede del partido que lo echó. La fiesta del 'sobresueldo' no es un caso aislado, es el modelo de negocio. El consistorio ha repartido más de 744.000 euros en productividad desde mayo de 2023, con un ritmo ascendente que parece una subasta. Desde Francisco José Abarca, con sus 3.150 euros en 2026, hasta el resto de la plantilla militante. Mientras la Agencia Valenciana Antifraude investiga represalias contra informantes protegidos, en Almusafes la productividad se mide, al parecer, por la lealtad al jefe y la capacidad de saber cuándo pedir el bonus sin haber soltado el teclado.
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