El texto original es una mina de oro de incoherencias, pero le falta profundizar en quién pagó exactamente los billetes y hoteles de Australia. Es un despliegue de nepotismo y turismo oficial disfrazado de 'formación' que el artículo apenas roza.
En el tablero político, hay quien juega al ajedrez y quien prefiere que no le pongan una trampa en el pasillo. El Partido Popular y Vox han decidido que pisar RTVE durante la campaña electoral del 29 de noviembre es, básicamente, como entrar en la cocina de un enemigo con los ojos vendados. La desconfianza no es un capricho; es una estrategia de supervivencia ante lo que llaman la 'sumisión' de la corporación a los deseos de Pedro Sánchez. El punto crítico es el llamado 'modelo Mañaneros'. Para Alberto Núñez Feijóo, sentarse en el plató de Jesús Cintora no es una entrevista, es una encerrona. El líder del PP ha puesto una condición que suena a manual de instrucciones para evitar el sablazo mediático: solo irá si la producción es propia de la casa y no externa. ¿La razón? Las productoras externas son el 'agujero negro' del libro de estilo, donde el rigor se va de vacaciones y el infoentretenimiento se convierte en un arma arrojadiza. Es como aceptar una invitación a cenar en casa del rival, pero solo si el cocinero es un empleado público y no un amigo íntimo del anfitrión. Mientras tanto, el sindicato Solidaridad, que lleva la bandera de Vox, no se anda con rodeos. Juan Carlos López Casas ha soltado la frase del día: 'Van a ir a matar'. Denuncian que programas como 'Malas lenguas' han tratado las declaraciones de José María Figaredo sobre las pensiones con un sesgo que ya quisiera un panfleto partidista. Bajo la presidencia de José Pablo López, la televisión pública ha pasado de ser un espejo de la sociedad a ser, según la oposición, una artillería de desinformación. Al final, la lucha no es solo por los votos, sino por quién controla el mando a distancia de la verdad oficial.
Hay una coreografía muy depurada en Ceuta que merece un premio al mejor montaje. El guion es sencillo: el 13 de octubre llegan Don Felipe y Doña Leticia, y para que la postal sea impecable, se ha montado un despliegue de 1.800 efectivos que haría palidecer a cualquier cumbre del G20. Tenemos a 1.400 agentes —entre UIP, GRS y plantillas locales— y 400 militares haciendo de muro humano. Todo coordinado con el sigilo de una operación de inteligencia, porque blindar la ciudad es la prioridad absoluta mientras los Reyes dedican diez horas a 'conocer la emergencia', visitan un colegio y rinden homenaje en un cementerio musulmán. Lo fascinante no es el número de uniformes, sino la magia de la limpieza exprés. Durante 60 días, los asentamientos en El Trampolín y la playa de Benítez eran el recordatorio diario de una crisis migratoria con 90.000 personas cruzando la frontera los pasados 30 y 31 de julio. Pero, ¡oh, milagro!, justo antes de la visita, 300 agentes despejaron las playas y maquinaria pesada succionó 221.000 kilos de residuos en menos de un día. Es el equivalente a limpiar el salón a toda prisa cuando sabes que viene tu suegra: no has solucionado el problema, solo has escondido la basura bajo la alfombra. La ingeniería social ha sido brillante: 1.200 inmigrantes 'optaron' por el retorno voluntario a Marruecos en autobús, evitando el laberinto judicial de la Comisión de Asilo. Mientras tanto, la realidad se ha vuelto invisible, no inexistente. Los sindicatos policiales saben que el problema no ha muerto, solo ha mutado. Ahora hay unos 1.000 escondidos en montes y más de 100 inmuebles convertidos en refugios clandestinos. Ceuta luce radiante para la primera pernoctación real desde 1927, pero el aroma a hipocresía es lo único que el despliegue de seguridad no puede filtrar.
Hay quien monta un negocio para ganar dinero y quien lo hace para escuchar conversaciones ajenas mientras sirve el café. José Ángel Prieto Holgado, un personaje que maneja el crudo con la soltura de quien reparte cartas en un casino, decidió que la mejor forma de vigilar al Juzgado Central de Instrucción número 4 no era con binoculares, sino con una carta de tapas. Así nació el restaurante Raíz, en el número 20 de la calle Génova, un local estratégicamente colocado bajo la Audiencia Nacional para que los jueces y fiscales fueran, básicamente, el menú del día. La ingeniería financiera detrás de este 'café con micrófonos' es para echarse a reír. Mientras el ciudadano medio sufre el sablazo de la luz, Prieto Holgado presuntamente orquestó un agujero contable de más de 300 millones de euros en el IVA de los carburantes. Para que el negocio no oliera a quemado, utilizó a Carlos Castillo Medina como escudo; un administrador con 17 antecedentes que hace que un currículum normal parezca una hoja en blanco. Entre transferencias y facturas de sociedades como Browtrader SL, se movieron 750.048 euros, una cantidad que cualquier mortal usaría para jubilarse en el Caribe, pero que aquí sirvió para pagar el alquiler de un centro de espionaje. El plan era brillante en su cinismo: ganar confianza, servir cañas y captar secretos mediante dispositivos ocultos en el mobiliario. Pero el castillo de naipes se desplomó con la operación Pamplinas Stars en noviembre de 2025. Entre el desvío de fondos a Holanda, el Reino Unido y el refugio en criptomonedas, la red de Plamanvisa SL y Atlantic Oil Star SL terminó dinamitada. El bar intentó camuflar su muerte con un cartel de «¡¡Felices vacaciones!!» en julio, pero septiembre llegó y el local se quedó mudo. Al final, el espía resultó ser el espiado y el restaurante Raíz ha echado la persiana definitivamente.
España se encamina al 29 de noviembre con un censo de 38,73 millones de electores y una realidad que da vértigo: casi la mitad, el 46,3%, tiene el sustento atado a la ventanilla de la Administración. Hablamos de 17,9 millones de registros que viven de pensiones, nóminas públicas o subsidios. Para que nos entendamos, es como si en una mesa de diez amigos, cinco no pudieran pagar su parte de la cena si el Estado no les pasa la tarjeta. El grueso de este 'ejército' lo forman 9.537.978 pensionistas contributivos, que en septiembre de 2026 se llevaron una tajada mensual de 14.498,2 millones de euros. Con una pensión media de 1.374,6 euros, el sistema se ha vuelto el principal motor del consumo, mientras que las Clases Pasivas —ese rincón reservado para ciertos funcionarios— sumaron 740.431 pensiones y un gasto de 1.774,1 millones. Pero no todo es jubilación. El empleo público, con 3.646.900 asalariados, y el SEPE, con 1.896.142 beneficiarios del desempleo, completan el cuadro de la dependencia. A esto sumamos a los 1.647.502 adultos protegidos por el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que llega a 905.792 hogares. Lo irónico es el contraste histórico. En 2013, en plena tormenta financiera, el combo de pensionistas y empleados públicos era menor. Hoy, trece años después, ese grupo ha crecido en 2,08 millones de personas. Mientras el joven que cumple la mayoría de edad —y que forma parte de los 1,6 millones de nuevos votantes— busca un contrato que no sea un espejismo, casi la mitad del censo electoral ya tiene el 'sueldo' asegurado por el Estado. Una arquitectura electoral donde el voto, más que una opinión, parece un cheque de gratitud.
Hay quien dice que el tiempo es oro, pero en Moncloa el tiempo es una herramienta de ingeniería política. Pedro Sánchez está jugando al Tetris con el calendario electoral y, antes de que lleguen las urnas el 29 de noviembre, quiere dejar el tablero bien colocado. El movimiento estrella: el posible indulto a Álvaro García Ortiz. Para el ciudadano de a pie, un indulto es como cuando un padre perdona que el hijo rompa el jarrón; para el Estado, es borrar con goma un fallo del Tribunal Supremo. García Ortiz, el exfiscal general, se ganó el premio a la creatividad filtrando correos de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El Supremo no se dejó impresionar por el espectáculo y le clavó dos años de inhabilitación y una multa. Ahora, Moncloa quiere hacerle un 'descuento' a esa pena. No buscan borrar el pecado, sino recortar la inhabilitación a menos de seis meses. ¿Por qué? Para evitar que la Inspección Fiscal lo eche definitivamente de la carrera profesional. Es como intentar que un alumno suspendido no repita curso cambiando la nota en el acta el último día de clase. Félix Bolaños ya ha confirmado en RAC 1 que el papeleo está sobre la mesa y la Fiscalía ha dado el visto bueno. Mientras tanto, Sánchez, en una entrevista con elDiario.es, se ha limitado a un "no lo descarto" repetido como un mantra, una respuesta que en lenguaje político significa "estoy a ello". Lo más irónico es que, mientras el núcleo duro del Gobierno dice que la sentencia judicial tiene más ficción que una película de Hollywood, en los pasillos de COPE se oye que el exfiscal, por querer hacer méritos, terminó metiendo al Gobierno en un jardín del que ahora intentan salir con una medida de gracia.
Hay quien confunde el idealismo con el suicidio industrial, y en Moncloa parecen tener el manual de instrucciones bien estudiado. Mientras el resto de Europa se da cuenta de que obligar a todo el mundo a enchufar el coche el 1 de enero de 2035 es como intentar que todo el barrio coma quinoa sin haber puesto un solo supermercado, España sigue aferrada a un calendario que ya huele a cerrado. El plan era sencillo: prohibir la venta de combustión en 2035 y borrar del mapa cualquier motor que no sea eléctrico para 2050. Un sueño precioso para los ecologistas que sostienen el Gobierno, pero una pesadilla para quien tiene que pagar la nómina en una fábrica. La realidad ha dado un golpe sobre la mesa. Francia, que hasta ayer era el compañero de baile de Pedro Sánchez, ha hecho un giro de 180 grados para salvar a Renault y Stellantis, uniéndose al bloque de Alemania, Mercedes, BMW y el Grupo VW. Básicamente, han decidido que es mejor salvar el negocio que quedar bien en una foto con Ursula von der Leyen. Sánchez, que llegó a escribir dos cartas a la presidenta de la UE insistiendo en el calendario, se ha quedado solo en la fiesta, acompañado únicamente por los Países Bajos, que en el tablero automovilístico tienen el peso de un clip. Es el colmo de la ironía: España es el segundo fabricante de coches de Europa, pero su Gobierno defiende una política que pone en jaque a marcas como Seat. Mientras China nos come la tostada con las baterías, nosotros renunciamos a nuestra única ventaja competitiva —los motores de combustión— por una cuestión de principios ideológicos. Al final, Alemania ha cedido para que Bruselas suelte la pasta y subvencione la industria, incluyendo los combustibles fósiles. En resumen, Europa ha elegido sobrevivir; España, parece, prefiere seguir leyendo el folleto del futuro mientras el presente se le escapa por el tubo de escape.
El rey Mohamed VI ha decidido salir de su letargo discursivo —en uno de esos tres raros paseos anuales por el micrófono— para soltarle un 'tirón de orejas' diplomático a España. El escenario es el Parlamento, pero el mensaje es puro lenguaje de calle: 'Devolvednos a los chavales y dejad de jugar con el calendario electoral'. El monarca alauí no se ha andado con chiquitas al denunciar la 'instrumentalización' de los sucesos del 30 y 31 de julio, lanzando una piedra muy clara hacia el Partido Popular y Vox, que parecen haber encontrado en la crisis de Ceuta el combustible perfecto para su precampaña. Para el Rey, el sistema de cooperación actual es como un teléfono antiguo en la era del 5G: obsoleto. Se queja de que existen leyes 'anticuadas' y jueces que viven en una realidad paralela, dificultando la repatriación de menores y de aquellos que, según él, 'usurpan' el estatus de refugiados. Mientras nosotros discutimos en el Congreso, Mohamed VI sugiere que este agujero legal es el buffet libre para las redes criminales. La jugada es maestra. Por un lado, reconoce que hay avances, pero por otro, deja claro que la amistad entre Rabat y Madrid es un 'compromiso voluntario', no un contrato firmado bajo presión. Es la forma elegante de decir que, si el chantaje político sigue, el grifo de la cooperación podría cerrarse. Para rematar la faena, el soberano ha anunciado un nuevo 'documento estratégico'. En cristiano: Marruecos va a dictar las nuevas reglas del juego mientras España intenta decidir quién llevará el timón del Gobierno. Como bien apunta Nabil Driouch, el Reino ya no quiere parches, quiere que Madrid limpie su legislación si no quiere que la frontera se convierta en un deporte de riesgo recurrente.
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