Crítica:
La pieza es un despliegue de indignación justificada, aunque se apoya excesivamente en la narrativa del interrogatorio. Falta la versión oficial de Duarte para cerrar el círculo de la hipocresía.
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Renfe estrena logo pero no tiene presupuesto
Hay que tener una valentía administrativa admirable para estrenar ropa nueva sin tener un euro para pagar el sastre. Renfe ha decidido rescatar 'la galleta', ese logotipo circular que nos trae recuerdos de cuando los trenes eran un misterio, después de 21 años de ausencia. El problema es que el cambio de imagen es, básicamente, un 'logo fantasma'. Han aprobado la estética, pero no hay presupuesto asignado para cambiar los uniformes, las estaciones o los trenes. Es como comprarse un Ferrari y darse cuenta de que no tienes dinero para la gasolina ni para el seguro; el coche luce estupendo en el garaje, pero no se mueve. Mientras tanto, la ingeniería financiera de la casa nos deslumbra. Se han gastado 164,1 millones de euros en renovar el sistema de venta de billetes, un proyecto adjudicado en octubre de 2023 que el actual presidente, Álvaro Fernández Heredia, presenta ahora como un triunfo personal para dar 'buenas noticias' al ministro Óscar Puente. El contraste es hilarante: tenemos un ecosistema comercial digital que costó una fortuna, pero no hay presupuesto para pintar el logo en la pared de la estación. Para que entendamos la magnitud del delirio, cuando Cepsa pasó a ser Moeve, se reservaron unos 130 millones de euros solo para remozar gasolineras. Renfe, en cambio, prefiere el minimalismo forzoso. La gestión interna parece sacada de una comedia de enredos. Ignacio Martínez Padilla, el creativo al mando, ha liderado un proceso tan hermético que el Consejo de Administración se enteró del cambio casi al mismo tiempo que el resto de los mortales. Heredia filtró la imagen públicamente antes de consultarla con sus jefes, demostrando que en la alta dirección ferroviaria, la transparencia viaja a una velocidad mucho menor que el AVE.
Voto por correo: cuatro centros, todo el lío
Imaginen que organizan una cena para 1.500 personas y, por una cuestión de 'logística', deciden guardar casi todo el caviar en solo cuatro platos. Así de surrealista fue la gestión de Correos el pasado 23 de julio de 2023. Mientras la media de las 1.536 unidades operativas manejaba unos modestos 1.605 votos, hubo cuatro 'supercentros' que se tragaron el trabajo del resto sin despeinarse. Sevilla USE1 lideró este despropósito con 60.919 votos, seguida de Zaragoza USE1 con 53.071, Bilbao UR6 con 43.711 y Madrid USE7 con 38.337. En total, estas cuatro dependencias —que representan apenas el 0,26% de la red— custodiaron 196.038 sobres hasta la víspera electoral. Para que nos entendamos: Sevilla recibió casi 38 veces más votos que la media. Es como si en una oficina de barrio te pidieran gestionar el volumen de un aeropuerto internacional con los mismos recursos de una ventanilla de barrio. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha obligado a soltar los datos, pero Correos juega al escondite. Sabemos cuántos sobres entraron, pero no quién tenía la llave de la puerta, quién firmaba la salida o si el control de accesos era un protocolo riguroso o un 'confíe en mí'. Mientras CCOO, UGT y CSIF gritaban que faltaba personal y que los refuerzos eran un espejismo, la empresa presumía de 19.400 contratos el 11 de julio. La hipocresía es deliciosa: nos venden una maquinaria aceitada, pero los datos revelan un cuello de botella donde el 7,95% de los votos totales (de un universo de 2.465.848) quedaron concentrados en cuatro puntos críticos. Si algo falla en esos cuatro almacenes, el problema no es un goteo, es una inundación electoral.
Sánchez y el BBVA: El pelotazo de Chamartín
Hay una coreografía política que ya cansa: el Gobierno se pone la camiseta del 'escudo social' y sale a la calle a gritar que los fondos buitre son el demonio, pero en los despachos el lenguaje es otro. Mientras el ciudadano medio pelea con la hipoteca, el Estado le ha montado un buffet libre al BBVA en la Operación Chamartín. El 28 de diciembre de 2018, Isabel Pardo de Vera —la ex presidenta de Adif que ahora colecciona imputaciones en la Audiencia Nacional— y el ministro José Luis Ábalos firmaron un contrato que es, básicamente, un manual de cómo hacerle un favor a un banco usando el dinero público como colchón. La jugada es brillante en su cinismo. Primero, convirtieron un alquiler de 90 años en una compraventa. Pero claro, el BBVA no tiene que soltar los casi 1.000 millones de euros ahora; se los aplazan 20 años con un interés del 3%, una tasa que cualquier ahorrador con dos dedos de frente consideraría un insulto. Segundo, el Estado decidió cargar con el 'marrón' de los expropiados por el franquismo. Si los tribunales dan la razón a las 1.000 familias de la Asociación No Abuso, la factura la pagamos nosotros, los contribuyentes, y no el banco. Es como si tú compraras un coche robado y el Gobierno prometiera pagar la indemnización al dueño original si este aparece. Para rematar el regalo, borraron la obligación de que el banco mantuviera la solvencia, dejándole el camino libre para vender parcelas en Las Tablas Oeste en noviembre de 2026. Todo esto basado en un informe de la Abogacía del Estado de 2002 que resultó ser un truco de magia: decía una cosa en el contrato y otra muy distinta en el juzgado. Un pelotazo urbanístico blindado por la firma de Pedro Sánchez que ahora tiene a la cúpula de Transportes sudando frío ante la Audiencia Nacional y los reguladores internacionales.
Sánchez juega al póker migratorio con Rabat
Hay quien dice que la diplomacia es el arte de decir 'buenos días' mientras revisas si te han dejado el coche en doble fila. Pero lo de Moncloa con Rabat es más bien un juego de cartas donde Pedro Sánchez intenta que no le den el golpe de gracia antes del 29-N. La jugada es sencilla: limpiar Ceuta de los 15.000 inmigrantes que quedan —de los 100.000 que entraron en aquel tsunami de julio— antes de que lleguen las elecciones. Básicamente, quieren que Mohamed VI chasquee los dedos y ordene el regreso voluntario, imitando el truco que hizo su padre, Hassan II, en la Marcha Verde de 1975. Es como intentar que un vecino te devuelva el cortacésped justo antes de que lleguen las visitas, pero sin que parezca que le has tenido que pagar el alquiler de todo el año. Mientras José Manuel Albares y Nasser Bourita se susurran promesas en los pasillos, en Rabat se hacen los suecos. Fatima Ezzahra El Mansouri está montando el nuevo Gobierno, pero el verdadero dueño del tablero es Bourita, que lleva casi una década en el cargo y no piensa soltar el mando. El problema es que Marruecos sabe que Ceuta es el 'as bajo la manga'. ¿Para qué quemar la carta ahora y salvarle el pellejo a Sánchez si pueden guardarla para chantajear —perdón, negociar— con el próximo gobierno que salga de las urnas? Mientras tanto, la Policía Nacional se encarga de la 'estética' del problema. El domingo pasado desalojaron la playa de El Guano, donde unas 500 personas, entre ellas cien menores, vivían en chabolas. Ya han limpiado Benítez y el Trampolín. Es la clásica técnica de 'limpiar el salón antes de que lleguen los invitados': si no se ve el desorden, el problema no existe. Todo esto con la visita de los Reyes en el calendario, buscando que el éxito del retorno parezca un milagro real y no un pacto desesperado de última hora.
Sánchez hace 'copy-paste' del Plan Vive
En el tablero político, el 'copy-paste' es una herramienta de supervivencia. El Gobierno de Pedro Sánchez acaba de descubrir que el Plan Vive de Isabel Díaz Ayuso no era el monstruo que describían en sus notas de prensa, sino un manual de instrucciones bastante eficiente. Así nace la nueva estrategia de Casa 47: ceder suelo público y soltar subvenciones a promotoras privadas para que hagan el trabajo sucio. Es el clásico volantazo estratégico: ayer era un favor a los fondos buitre; hoy es un 'instrumento necesario' para que las cuentas cuadren. La ingeniería financiera es sencilla. El Ejecutivo pone sobre la mesa 201,7 millones de euros para 29 actuaciones, con el objetivo de levantar unas 2.425 viviendas. Para el ciudadano de a pie, que ve cómo el alquiler se come la mitad del sueldo, esto suena a promesa electoral, especialmente cuando la presidenta de Casa 47, Maribel Ramos Vergeles, ha puesto fecha de caducidad al misterio: las primeras licitaciones saldrán antes del 29 de noviembre. Justo a tiempo para que el calendario electoral brille. El truco está en la 'viabilidad'. El Gobierno admite que, sin apoyo público, el mercado no se mueve porque los costes de inversión son un sablazo comparados con los ingresos limitados del alquiler asequible. La solución es darle el suelo al privado y dejar que gestione el inmueble durante 50 años, siempre que la renta no supere el 30% de los ingresos del hogar. Una arquitectura jurídica que es el espejo del Plan Vive, pero con distinto color de corbata. Con un inventario de 40.000 viviendas y 2.400 suelos heredados de la Sareb, el Gobierno ha decidido que es mejor jugar al juego de Ayuso que seguir intentando inventar la rueda mientras la gente no encuentra dónde vivir.
Sánchez duplica ayudas al franquismo pre-elecciones
Hay una coreografía política que nunca falla: el adelanto electoral. Justo cuando Pedro Sánchez lanza la bomba del 29 de noviembre, el Gobierno decide que el presupuesto para las víctimas del franquismo se ha quedado corto, como quien se da cuenta de que no tiene suficiente gasolina para llegar a la gasolinera más cercana. El Ministerio de Hacienda, bajo el mando de Arcadi España, ha soltado un suplemento de crédito de 1.979.170,01 euros. Básicamente, han duplicado la apuesta inicial porque, según sus propias cuentas, solo quedaban 6.369,48 euros en la hucha. Un saldo que no llega ni para pagar un alquiler decente en el Retiro, irónicamente hablando. La ingeniería financiera es sencilla: han recurrido al Fondo de Contingencia para alimentar la cartera de Ángel Víctor Torres. El objetivo es cubrir expedientes ya aprobados por 485.539,49 euros y una previsión adicional de 1.500.000 euros. Todo esto amparándose en el Real Decreto-Ley de marzo, que pone precio al dolor entre 1968 y 1978. Las cifras son contundentes: 250.000 euros por fallecimiento y hasta 500.000 euros por gran incapacidad. Mientras el ciudadano medio ve cómo la lista de la compra se convierte en un deporte de riesgo, el Ejecutivo moviliza millones con la agilidad de quien sabe que el calendario electoral no perdona. Lo más fascinante es el contraste. El anuncio llega mientras los decretos de vivienda caen en el Congreso, dejando en el aire la situación de personas como Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años desahuciada. Al final, la memoria democrática tiene un presupuesto que se duplica en 24 horas, pero la vivienda parece ser un lujo que no cabe en la agenda de urgencias del Consejo de Ministros.
El PSOE se audita a sí mismo
Hay una receta clásica para que un problema desaparezca: poner al dueño del problema a revisar las facturas. El Tribunal de Cuentas, ese órgano que debería funcionar como el auditor implacable que te revisa hasta el último ticket del parking, parece haber decidido jugar al 'teléfono escacharrado' con la independencia. Mientras la Audiencia Nacional husmea en un sobre lacrado con un pendrive —estilo película de espías de bajo presupuesto— buscando los nombres de quienes financiaron al PSOE mediante el 'pitufeo' de donaciones, el partido de la rosa y el puño ha instalado a sus piezas clave en el tablero. Llanos Castellanos, que dejó la subsecretaría de Vivienda el 17 de febrero de 2026 (en medio de un mercado inmobiliario que es un atraco a mano armada), aterriza como nueva gerente. Lo hace sin concurso, sin méritos públicos, básicamente como quien entra en una fiesta VIP con el pase de invitado del dueño. Castellanos no es una desconocida; ha sido el brazo derecho de Pedro Sánchez en el Gabinete de la Presidencia. Ahora controla las compras, el presupuesto y, lo más jugoso, preside las oposiciones. Es decir, ella decide quién entra a trabajar en la casa que debe vigilar a su propio partido. Pero no está sola en este baile. Santiago Martínez Argüelles, exsecretario general de los socialistas de Gijón, ya estaba instalado desde abril de 2024 como Director Técnico de la Presidencia. Argüelles ha escalado el organigrama con la agilidad de quien tiene el ascensor reservado: de subdirector adjunto en 2016 a la mano derecha de Enriqueta Chicano, la presidenta del Tribunal y ex candidata del PSOE al Senado en el año 2000. La ironía es tan espesa que se puede cortar con un cuchillo: en noviembre de 2025, Argüelles escribía que la independencia es 'esencial para la credibilidad'. Claramente, para algunos, la independencia es un concepto teórico que se lee en revistas, pero que no se aplica cuando toca gestionar el dinero público.
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