El texto es un despliegue de indignación justificada, aunque se apoya excesivamente en la narrativa de 'el Gobierno contra el pueblo'. Le falta dar más espacio a la respuesta técnica del BBVA para no parecer un panfleto, aunque los datos del contrato son demoledores.
Imaginen que organizan una cena para 1.500 personas y, por una cuestión de 'logística', deciden guardar casi todo el caviar en solo cuatro platos. Así de surrealista fue la gestión de Correos el pasado 23 de julio de 2023. Mientras la media de las 1.536 unidades operativas manejaba unos modestos 1.605 votos, hubo cuatro 'supercentros' que se tragaron el trabajo del resto sin despeinarse. Sevilla USE1 lideró este despropósito con 60.919 votos, seguida de Zaragoza USE1 con 53.071, Bilbao UR6 con 43.711 y Madrid USE7 con 38.337. En total, estas cuatro dependencias —que representan apenas el 0,26% de la red— custodiaron 196.038 sobres hasta la víspera electoral. Para que nos entendamos: Sevilla recibió casi 38 veces más votos que la media. Es como si en una oficina de barrio te pidieran gestionar el volumen de un aeropuerto internacional con los mismos recursos de una ventanilla de barrio. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha obligado a soltar los datos, pero Correos juega al escondite. Sabemos cuántos sobres entraron, pero no quién tenía la llave de la puerta, quién firmaba la salida o si el control de accesos era un protocolo riguroso o un 'confíe en mí'. Mientras CCOO, UGT y CSIF gritaban que faltaba personal y que los refuerzos eran un espejismo, la empresa presumía de 19.400 contratos el 11 de julio. La hipocresía es deliciosa: nos venden una maquinaria aceitada, pero los datos revelan un cuello de botella donde el 7,95% de los votos totales (de un universo de 2.465.848) quedaron concentrados en cuatro puntos críticos. Si algo falla en esos cuatro almacenes, el problema no es un goteo, es una inundación electoral.
Hay niveles de arrogancia que rozan el arte, y Juan Duarte, embajador en México, ha pintado un fresco completo. Imaginen la escena: estás en uno de los países donde la seguridad es un deporte de riesgo, y el jefe decide, vía WhatsApp, que 'prescinde' de sus escoltas porque ha perdido la confianza. Así, sin más, como quien cancela una suscripción de Netflix que ya no ve. El 2 de noviembre, David Trapiella, subinspector de Policía y jefe de seguridad, recibió el sablazo: Duarte decidió jugar al 'lobo solitario' en un entorno donde el blindaje no es un lujo, sino un seguro de vida. Lo que siguió fue un manual de acoso laboral para principiantes. Primero, el embajador pasó de saludar a Trapiella; luego, ordenó que se le ignorara por completo, convirtiendo al subinspector en un fantasma dentro de su propia oficina. La jerarquía policial, esa que en Madrid se cuida como oro en paño, fue dinamitada cuando Duarte empezó a usar a subordinados como 'puentes' para no mirar a Trapiella a la cara. El nivel de toxicidad alcanzó el cenit cuando el marido del embajador, tras un incidente con un neumático reventado en Querétaro en octubre, decidió que el subinspector era el culpable de que no pudieran viajar en coche blindado. La humillación terminó de cocinarse el 25 de marzo, cuando prohibieron la entrada de Trapiella en la residencia oficial. Un mes después, el 30 de abril, la tragedia: Trapiella muere en un accidente de moto. ¿La respuesta de Duarte? Un WhatsApp de tres líneas para la viuda, ocultando el pésame de la ministra Morant y prohibiendo que la bandera ondeara a media asta. Mientras Trapiella luchaba contra el vacío profesional, el embajador gestionaba el duelo con la misma frialdad con la que borra los mensajes temporales de su móvil.
Hay quien dice que la diplomacia es el arte de decir 'buenos días' mientras revisas si te han dejado el coche en doble fila. Pero lo de Moncloa con Rabat es más bien un juego de cartas donde Pedro Sánchez intenta que no le den el golpe de gracia antes del 29-N. La jugada es sencilla: limpiar Ceuta de los 15.000 inmigrantes que quedan —de los 100.000 que entraron en aquel tsunami de julio— antes de que lleguen las elecciones. Básicamente, quieren que Mohamed VI chasquee los dedos y ordene el regreso voluntario, imitando el truco que hizo su padre, Hassan II, en la Marcha Verde de 1975. Es como intentar que un vecino te devuelva el cortacésped justo antes de que lleguen las visitas, pero sin que parezca que le has tenido que pagar el alquiler de todo el año. Mientras José Manuel Albares y Nasser Bourita se susurran promesas en los pasillos, en Rabat se hacen los suecos. Fatima Ezzahra El Mansouri está montando el nuevo Gobierno, pero el verdadero dueño del tablero es Bourita, que lleva casi una década en el cargo y no piensa soltar el mando. El problema es que Marruecos sabe que Ceuta es el 'as bajo la manga'. ¿Para qué quemar la carta ahora y salvarle el pellejo a Sánchez si pueden guardarla para chantajear —perdón, negociar— con el próximo gobierno que salga de las urnas? Mientras tanto, la Policía Nacional se encarga de la 'estética' del problema. El domingo pasado desalojaron la playa de El Guano, donde unas 500 personas, entre ellas cien menores, vivían en chabolas. Ya han limpiado Benítez y el Trampolín. Es la clásica técnica de 'limpiar el salón antes de que lleguen los invitados': si no se ve el desorden, el problema no existe. Todo esto con la visita de los Reyes en el calendario, buscando que el éxito del retorno parezca un milagro real y no un pacto desesperado de última hora.
En el tablero político, el 'copy-paste' es una herramienta de supervivencia. El Gobierno de Pedro Sánchez acaba de descubrir que el Plan Vive de Isabel Díaz Ayuso no era el monstruo que describían en sus notas de prensa, sino un manual de instrucciones bastante eficiente. Así nace la nueva estrategia de Casa 47: ceder suelo público y soltar subvenciones a promotoras privadas para que hagan el trabajo sucio. Es el clásico volantazo estratégico: ayer era un favor a los fondos buitre; hoy es un 'instrumento necesario' para que las cuentas cuadren. La ingeniería financiera es sencilla. El Ejecutivo pone sobre la mesa 201,7 millones de euros para 29 actuaciones, con el objetivo de levantar unas 2.425 viviendas. Para el ciudadano de a pie, que ve cómo el alquiler se come la mitad del sueldo, esto suena a promesa electoral, especialmente cuando la presidenta de Casa 47, Maribel Ramos Vergeles, ha puesto fecha de caducidad al misterio: las primeras licitaciones saldrán antes del 29 de noviembre. Justo a tiempo para que el calendario electoral brille. El truco está en la 'viabilidad'. El Gobierno admite que, sin apoyo público, el mercado no se mueve porque los costes de inversión son un sablazo comparados con los ingresos limitados del alquiler asequible. La solución es darle el suelo al privado y dejar que gestione el inmueble durante 50 años, siempre que la renta no supere el 30% de los ingresos del hogar. Una arquitectura jurídica que es el espejo del Plan Vive, pero con distinto color de corbata. Con un inventario de 40.000 viviendas y 2.400 suelos heredados de la Sareb, el Gobierno ha decidido que es mejor jugar al juego de Ayuso que seguir intentando inventar la rueda mientras la gente no encuentra dónde vivir.
Hay una coreografía política que nunca falla: el adelanto electoral. Justo cuando Pedro Sánchez lanza la bomba del 29 de noviembre, el Gobierno decide que el presupuesto para las víctimas del franquismo se ha quedado corto, como quien se da cuenta de que no tiene suficiente gasolina para llegar a la gasolinera más cercana. El Ministerio de Hacienda, bajo el mando de Arcadi España, ha soltado un suplemento de crédito de 1.979.170,01 euros. Básicamente, han duplicado la apuesta inicial porque, según sus propias cuentas, solo quedaban 6.369,48 euros en la hucha. Un saldo que no llega ni para pagar un alquiler decente en el Retiro, irónicamente hablando. La ingeniería financiera es sencilla: han recurrido al Fondo de Contingencia para alimentar la cartera de Ángel Víctor Torres. El objetivo es cubrir expedientes ya aprobados por 485.539,49 euros y una previsión adicional de 1.500.000 euros. Todo esto amparándose en el Real Decreto-Ley de marzo, que pone precio al dolor entre 1968 y 1978. Las cifras son contundentes: 250.000 euros por fallecimiento y hasta 500.000 euros por gran incapacidad. Mientras el ciudadano medio ve cómo la lista de la compra se convierte en un deporte de riesgo, el Ejecutivo moviliza millones con la agilidad de quien sabe que el calendario electoral no perdona. Lo más fascinante es el contraste. El anuncio llega mientras los decretos de vivienda caen en el Congreso, dejando en el aire la situación de personas como Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años desahuciada. Al final, la memoria democrática tiene un presupuesto que se duplica en 24 horas, pero la vivienda parece ser un lujo que no cabe en la agenda de urgencias del Consejo de Ministros.
Hay una receta clásica para que un problema desaparezca: poner al dueño del problema a revisar las facturas. El Tribunal de Cuentas, ese órgano que debería funcionar como el auditor implacable que te revisa hasta el último ticket del parking, parece haber decidido jugar al 'teléfono escacharrado' con la independencia. Mientras la Audiencia Nacional husmea en un sobre lacrado con un pendrive —estilo película de espías de bajo presupuesto— buscando los nombres de quienes financiaron al PSOE mediante el 'pitufeo' de donaciones, el partido de la rosa y el puño ha instalado a sus piezas clave en el tablero. Llanos Castellanos, que dejó la subsecretaría de Vivienda el 17 de febrero de 2026 (en medio de un mercado inmobiliario que es un atraco a mano armada), aterriza como nueva gerente. Lo hace sin concurso, sin méritos públicos, básicamente como quien entra en una fiesta VIP con el pase de invitado del dueño. Castellanos no es una desconocida; ha sido el brazo derecho de Pedro Sánchez en el Gabinete de la Presidencia. Ahora controla las compras, el presupuesto y, lo más jugoso, preside las oposiciones. Es decir, ella decide quién entra a trabajar en la casa que debe vigilar a su propio partido. Pero no está sola en este baile. Santiago Martínez Argüelles, exsecretario general de los socialistas de Gijón, ya estaba instalado desde abril de 2024 como Director Técnico de la Presidencia. Argüelles ha escalado el organigrama con la agilidad de quien tiene el ascensor reservado: de subdirector adjunto en 2016 a la mano derecha de Enriqueta Chicano, la presidenta del Tribunal y ex candidata del PSOE al Senado en el año 2000. La ironía es tan espesa que se puede cortar con un cuchillo: en noviembre de 2025, Argüelles escribía que la independencia es 'esencial para la credibilidad'. Claramente, para algunos, la independencia es un concepto teórico que se lee en revistas, pero que no se aplica cuando toca gestionar el dinero público.
Mientras el ciudadano medio hace malabares con el presupuesto para que el alquiler no se coma la mitad de su sueldo, en la cúspide del poder la vivienda no es un derecho, sino una rentabilidad exquisita. Begoña Gómez, la mujer del presidente, gestiona un inmueble en la calle Prado —en plena Milla de Oro del Barrio de Las Letras— que funciona como una máquina de hacer billetes. El modelo es sencillo y pragmático: alquiler por habitaciones a dos estudiantes extranjeras de máster que desembolsan 2.200 euros mensuales, más los gastos de luz, agua y calefacción. Es el típico 'sablazo' que cualquier universitario español miraría con horror, pero que en el centro de Madrid es el pan de cada día para quien sabe especular. La ironía alcanza niveles estratosféricos cuando recordamos que Pedro Sánchez, el arquitecto de los decretos contra la especulación, le ordenaba a José Luis Ábalos no ceder ante Podemos en el control de los precios del alquiler. Resulta que el jefe del Ejecutivo, que presume de combatir la gentrificación, convive con una realidad inmobiliaria muy cómoda: el piso de la calle Prado está en un edificio plagado de apartamentos turísticos, y la pareja presidencial tiene otra joya en Pozuelo de Alarcón alquilada por más de 2.000 euros a ciudadanos asiáticos. Sánchez ha prometido que esta legislatura sería la de la vivienda, pero los datos no mienten: es el presidente que menos vivienda pública ha construido en la historia de España. Mientras tanto, el patrimonio heredado de Sabiniano Gómez sigue rindiendo frutos. Al final, la estrategia es clara: predicar la regulación del mercado para los demás, mientras se mantienen los ingresos de lujo mediante inquilinos extranjeros que no cuestionan la factura. Una ingeniería financiera donde el discurso social es el envoltorio y la renta mensual es el verdadero regalo.
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