Crítica:
El texto original es un collage de declaraciones judiciales que oculta la negligencia bajo tecnicismos. Falta profundizar en por qué el aviso del 29 de julio no activó ningún protocolo de emergencia inmediato.
La Guardia Civil de Ceuta alertó al Gobierno de los buques marroquíes un día antes del asalto
Aviso ignorado: barcos marroquíes y caos total
Otros artículos
Socio-estratégica: la nueva delegada y Begoña
En el tablero del poder madrileño, las piezas se mueven con la precisión de un reloj suizo y la ética de un casino clandestino. Francisco Martín ha decidido hacer las maletas cinco semanas antes de las generales, alegando que 'no se daban las condiciones'. Traducción: se ha quedado fuera de las listas del PSOE para el 29-N y, sin el escudo del aforamiento, prefiere no estar en primera línea mientras Vox prepara una querella por la acampada de Sol y la Audiencia Nacional husmea en Bancal de Rosal, esa asociación que financió las primarias de Sánchez en 2017. Pero el verdadero espectáculo comienza con el ascenso de Pilar Trinidad. Nombrada subdelegada el 11 de enero, Trinidad no es una desconocida en el ecosistema de Begoña Gómez. Ambas coincidieron en diciembre de 2019 en un evento del Organismo Internacional de la Juventud (OIJ) sobre cambio climático. Para el ciudadano medio, esto suena a altruismo; para el que sabe leer entre líneas, fue el puente perfecto para que la esposa del presidente expandiera sus negocios internacionales y sus cursos de sostenibilidad. Si eso no fuera suficiente, el rastro del dinero nos lleva a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Mientras nosotros contamos los céntimos para llegar a fin de mes, Trinidad estuvo vinculada a una adjudicación de 4 millones de euros para el empresario Juan Carlos Barrabés. Un sablazo considerable que salió de un fondo europeo de 12 millones gestionado por la Asociación del Deporte Español (Adesp). Lo más curioso es que la licitación se lanzó entre el 21 y el 31 de diciembre de 2023, justo cuando el país estaba distraído con el pavo y el turrón. Una ingeniería financiera diseñada a medida para el amigo de Begoña, quien, por cierto, acaba de librarse del banquillo donde sí se sentará la mujer del presidente el próximo 21 de septiembre por tráfico de influencias y malversación.
Sobres millonarios para el voto de nietos
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira la cesta de la compra como quien mira una película de terror, el Gobierno ha decidido que la prioridad nacional es el papel. Concretamente, sobres. Un millón y medio de euros en un 'contrato de emergencia' —esa palabra favorita de la administración para saltarse los trámites lentos— solo para enviar papelería al extranjero. El destino estrella es Argentina, donde planean soltar 550.000 sobres. Es una generosidad conmovedora si recordamos que en 2023 solo votaron 25.879 personas, un ridículo 8,50%. Pasar de 304.168 inscritos a una previsión de 524.852 para 2026 es un salto optimista que haría palidecer a cualquier analista financiero. Pero el verdadero sablazo viene después. Siete millones de euros más para alquilar lectores de DNI digital, porque aparentemente leer un código QR es una tecnología aeroespacial que requiere una inversión millonaria del Ministerio del Interior. Todo esto ocurre bajo la sombra de la 'ley de nietos' y la instrucción de Sofía Puente, un movimiento que ya ha puesto nerviosos al Tribunal Supremo y a colectivos como Iustitia Europea y Vox. El contraste es delicioso: por un lado, la Junta Electoral Central y el Partido Popular exigen garantías blindadas para evitar la 'ingeniería electoral'; por otro, el Gobierno activa la maquinaria para que los 2.769.645 ciudadanos del CERA —superando los 2.325.310 de 2023— participen el 29 de noviembre. Al final, nos venden una fiesta democrática global, pero la factura la pagamos nosotros, los que no tenemos un nieto en Buenos Aires pero sí un recibo de la luz que no deja dormir.
Espadas: función social y cuatro casas
Hay una mística casi religiosa en el lenguaje político: esa capacidad de pedir sacrificios ajenos mientras se acomodan los cojines del propio sofá. Juan Espadas, portavoz del PSOE en el Senado, se ha puesto la capa de salvador social el pasado 29 de septiembre, soltando que la propiedad privada debe cumplir una 'función social'. Una frase preciosa, de esas que quedan muy bien en los comunicados oficiales, pero que suena a chiste de mal gusto cuando revisas el inventario de su despensa inmobiliaria. Según el documento registrado en el Senado el 24 de julio de 2026, el senador no se anda con chiquitas. Tiene cuatro viviendas: tres en Sevilla y una en Cádiz. Mientras la generación Z intenta alquilar un zulo compartiendo baño con tres desconocidos, Espadas ha ido coleccionando llaves desde 1993, cuando compró la primera en Sevilla, seguida de otra en 1997 en la misma ciudad y una tercera en Cádiz en 2010. La cuarta, una herencia de 2020 en Sevilla, llegó para cerrar el póker. Porque claro, la 'función social' es un concepto elástico que se estira según quién sostenga la escritura. Pero el lujo no se queda en los ladrillos. El senador se desplaza en un BMW 530 del año 2024, un coche que probablemente tiene más tecnología que el sistema de gestión de alquileres de media ciudad. Y para que no haya sustos en el retiro, ha blindado su futuro con casi 100.000 euros en planes de pensiones: 56.604 euros en un plan general, 34.959 euros en el Plan Universal de la Abogacía y otros 7.171 euros del propio Senado. En el balance final, solo queda una deuda hipotecaria por la casa de Cádiz (comprada por 260.000 euros), de la cual solo debe 23.459 euros. Es la aritmética del poder: predicar la redistribución desde la comodidad de un patrimonio diversificado y un coche de gama alta.
Marlaska da sprays: ¿defensa o broma?
El Ministerio del Interior ha decidido combatir la violencia callejera con la sutileza de un bote de spray pimienta. Fernando Grande-Marlaska, en un alarde de generosidad táctica, ha dotado a los agentes de los modelos RASS Stream 88 MK3 y MK9. Para el policía que está en el ojo del huracán, esto es como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua: el aparato solo alcanza a una persona y exige una distancia de tres metros. Básicamente, el agente debe sacar una cinta métrica mientras recibe un botellazo para asegurarse de que no infringe el protocolo. La realidad en la calle es un catálogo de agresiones. En las últimas semanas, una treintena de policías han acabado heridos. El pasado 4 de octubre en Valencia, 9 antidisturbios fueron el blanco de radicales por la vivienda; el 12 de octubre en Sol, una turba pateó a un agente hasta que sus compañeros lo rescataron. Y el colofón llegó el sábado en Barcelona, con 15 heridos, cuatro de ellos graves, en disturbios orquestados por la plataforma anónima Blocus. Mientras tanto, el Gobierno despliega la misma 'estratégia' en Ceuta con los militares. Es una gestión que huele a parche barato. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), con Ana María Alarcón a la cabeza, no oculta su escepticismo. No piden milagros, sino medios operativos reales y que el miedo a un expediente disciplinario no paralice al agente. Resulta paradójico que, con España en nivel 4 de alerta antiterrorista y el Ministerio advirtiendo de atentados yihadistas el viernes pasado, la respuesta sea un spray que, si sopla el viento, puede dejar al propio policía cegado. El protocolo del 19 de octubre, firmado por José Luis Santafé, parece escrito en un despacho con aire acondicionado, muy lejos de los 76 menores que, de los 130 detenidos en Barcelona, demostraron que la Ley Orgánica 5/2000 se ha quedado corta frente a la planificación del crimen organizado.
Clases modo 'guardería' y venta de merchandising
Hay una línea muy fina entre enseñar pensamiento crítico y convertir el aula en el despacho de marketing de un sindicato. En la Comunidad de Madrid, algunos docentes han decidido que los servicios mínimos —esos que deberían servir para que los chavales no se quemen el instituto mientras los adultos pelean— son el escenario ideal para un 'pitch' de ventas ideológico. Imagínate la escena: el profesor, en lugar de repasar el álgebra, proyecta un PowerPoint de 21 diapositivas titulado «¿Qué ha estado haciendo vuestrx profe cuando estaba de HUELGA?». Básicamente, un álbum de vacaciones políticas con fotos de piquetes y cortes de tráfico en Gran Vía y Cibeles. Lo más surrealista no es el intento de 'remover conciencias' usando el tiempo pagado por el contribuyente, sino el despliegue comercial. A los alumnos, menores de edad, se les invita a seguir cuentas de TikTok y, ojo al dato, a comprar merchandising para alimentar la 'caja de resistencia'. Es como si el profesor de historia, entre ecuación y ecuación, te intentara encasquetar una camiseta del equipo rival para pagar la cuota del club. Todo esto mientras la Ley Orgánica del Derecho a la Educación pide a gritos una 'neutralidad ideológica' que aquí ha pasado más desapercibida que un lunes de dieta. Los datos no mienten: la huelga, que arrancó el 14 de octubre, se apoya en gráficas de 'Menos Lectivas' y el respaldo de CCOO, UGT, CGT, STEM, CNT y Solidaridad Obrera. Mientras tanto, la consejera Mercedes Zarzalejo es presentada como la 'jefa' malvada en un vídeo, y los servicios mínimos —regulados por la Orden 4252/2026 del 9 de octubre— se reducen a un 'modo guardería' donde no se avanza materia. Un profesor por cada 90 alumnos de ESO es la cifra oficial, pero parece que el ratio de adoctrinamiento es mucho más eficiente.
Vender miedo: el negocio 'nieto' de Arevalillo
Hay quien vende seguros de vida basándose en el miedo al apocalipsis, y luego está David Arevalillo. El fundador de A&A Estudio Jurídico descubrió que el pánico es el mejor motor de ventas, y decidió convertir a Alberto Núñez Feijóo en el 'coco' de los latinoamericanos. En diciembre de 2022, Arevalillo se paseó por las ondas de Unión Radio Noticias en Venezuela no para dar una clase de derecho, sino para lanzar un anzuelo dorado: 'corran, que Feijóo viene a derogar la Ley de Nietos'. Es el marketing del terror en estado puro. Mientras el ciudadano medio intenta que la factura de la luz no le deje en la calle, Arevalillo utilizaba la amenaza de un cambio de gobierno para que los bisnietos de españoles se apresuraran a contratar sus servicios. Todo bajo el paraguas de la instrucción de Sofía Puente, que abría la puerta a una interpretación tan extensiva que casi cualquier ancestro servía para obtener el pasaporte. El despacho prometía respuestas en 24 horas y 'comodines' para deducir datos de abuelos desaparecidos; básicamente, una ingeniería de expedientes para agilizar el sueño europeo. La ironía alcanza niveles estratosféricos cuando miramos el árbol genealógico del poder. Arevalillo es el marido de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en La Moncloa y, para rematar el cuadro, procesada por malversación en el asunto del software para pymes de la Complutense. Una familia donde el asesoramiento público y el negocio privado parecen bailar el mismo tango. Al final, cuando la luz se encendió y el diario preguntó, el abogado cambió el discurso: dice que apenas gestionó solicitudes, a pesar de que sus redes sociales parecían un catálogo de ofertas de nacionalidad. Acto seguido, el perfil de A&A Estudio Jurídico desapareció más rápido que una promesa electoral.
Ley de Nietos: un millón de 'exiliados' fantasma
Hacer cuentas en España se ha vuelto un deporte extremo, pero los números del Observatorio Demográfico de CEU-CEFAS son, sencillamente, un chiste de mal gusto. La Ley de Memoria Democrática, diseñada para sanar heridas, ha terminado siendo un buffet libre de pasaportes. El caso de Argentina es la joya de la corona: mientras que el exilio real por la guerra civil en ese país fue de apenas 2.500 a 3.000 personas, el Gobierno se encuentra ahora gestionando cerca de un millón de solicitudes de nacionalización. Es una matemática creativa que haría palidecer a cualquier contador de barrio; pasar de 3.000 exiliados a un millón de 'nietos' es como comprar un ticket de lotería y pretender que te den el premio mayor multiplicado por mil. La ingeniería detrás de este despliegue tiene nombre y apellido: una instrucción de 2022 firmada por Sofía Puente. Básicamente, se decidió que cualquier persona que hubiera salido de España entre 1936 y 1955 era, por defecto, un exiliado. No importaba si se iba a montar un negocio de tapas en Buenos Aires o a buscar suerte en el campo; con salir del mapa bastaba. Esta 'puerta giratoria' ha inflado la cifra de potenciales nuevos españoles hasta los 2,45 millones, lo que supondría un 6,5% de la población autóctona actual, frente al ridículo 0,8% que representaba el exilio real en 1939. El Tribunal Supremo, que no compra este cuento, ya ha puesto el freno de mano suspendiendo los efectos electorales para quienes no prueben el exilio político. Mientras tanto, la Abogacía del Estado juega al despistado, alegando que es 'imposible' filtrar los expedientes de los 163.020 electores del CERA antes del 29 de noviembre. En resumen: una gestión que confunde la memoria histórica con una campaña de marketing para inflar el censo.
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