Crítica:
La noticia depende enteramente del testimonio de una sola persona, lo que la hace vulnerable. El texto juega con la ambigüedad de las fechas para generar tensión, pero carece de pruebas documentales inmediatas.
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Sánchez intenta colar la vivienda por decreto
Pedro Sánchez ha descubierto que el botón de 'deshacer' del Congreso no funciona tan bien como en el ordenador de casa. El Ejecutivo ha superado la barrera de los 30 decretazos en lo que va de 2026, pero hay un movimiento que huele a quemado: intentar colar por la puerta trasera de la Comisión Permanente dos paquetes de vivienda que el Pleno del Congreso le tumbó el 2 de octubre (172 votos a favor frente a 178 en contra). La jugada es sencilla: si no te dejan entrar por la puerta principal porque PP, Vox, UPN y Junts te han cerrado el paso, intentas entrar por la ventana donde los votos de Junts se diluyen y el PNV te hace el favor. La Moncloa lo vende como una 'emergencia social', una etiqueta que hoy en día se usa para todo, como quien pone 'urgente' en un correo para que el compañero lo lea antes del viernes. Pero aquí hay un problema de tamaño legal: la 'doctrina Baleares'. Resulta que el Tribunal Constitucional, en su sentencia 28/26 del 25 de marzo de 2026, ya le dio un sopapo al Gobierno de Marga Prohens por hacer exactamente lo mismo. Prohens intentó borrar con un decreto ley una decisión del Parlamento balear sobre el catalán en sanidad, y el TC fue tajante: el hecho de que un Gobierno no esté contento con el resultado de una votación no es una 'urgencia', es simplemente mala suerte democrática. Si el TC aplica su propio criterio, el decreto de vivienda de Sánchez pasará de ser una solución social a ser un 'fraude de ley' de manual. Porque seamos claros: llevar ocho años en el sillón y decir que la vivienda es un problema 'sobrevenido' es como decir que te sorprende que llueva en noviembre. No es urgencia, es ingeniería financiera legislativa para salvar los muebles antes de las elecciones del 29 de noviembre.
Menores en Ceuta: promesas que vuelan
El Gobierno ha jugado al teléfono escacharrado con la gestión de los menores en Ceuta y el resultado es un despliegue de hipocresía digno de un Oscar. Empezaron agosto vendiendo que los traslados a la Península ocurrirían en «unas pocas semanas», una promesa que caducó más rápido que un yogur al sol. Para cuando llegó septiembre, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, cambió el discurso con una naturalidad pasmosa: ahora resulta que «la mayoría se quieren quedar en España y se van a quedar». Pasar del «los movemos ya» al «pues se quedan aquí» es un giro narrativo que en cualquier contrato de alquiler sería motivo de demanda. Los números, que no saben mentir aunque los intenten maquillar, son demoledores. De los 3.331 menores atendidos tras la invasión del 30 de julio, solo 288 han salido de la ciudad autónoma (107 por reagrupación familiar y 181 por el artículo 35 de la Ley de Extranjería). Es decir, que mientras el Ejecutivo central se llena la boca hablando de soluciones, el 91% de los chavales sigue allí, acumulando días en una gestión que parece más un partido de ping-pong político que una política de Estado. Para rematar la faena, el ministro Ángel Víctor Torres ha decidido que la culpa es del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y del PP, acusándolos de bloquear los movimientos por sus pactos con Vox. Es la técnica clásica: cuando el agujero contable de la gestión es demasiado grande, se busca un culpable externo. Mientras tanto, Marruecos ignora 600 expedientes y el Gobierno central sigue intentando encajar cifras que empezaron en 2.000 y terminaron en 3.331, según Elma Saiz. Al final, el «politiqueo con los niños» es la única maquinaria que funciona a pleno rendimiento.
Pensiones públicas: el cuento del PSOE privado
Hay una coreografía política que ya es un clásico: defender el sistema público con el corazón en la mano mientras se guarda el colchón privado bajo la cama. Pedro Sánchez ha decidido izar la bandera de las pensiones públicas, vendiéndonos una solvencia que parece sacada de un cuento de hadas, pero cuando revisamos los libros de cuentas, la realidad es otra. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que la pensión no se evapore con la inflación, el presidente del Gobierno lidera el ranking de la previsión privada con 105.378,10 euros en su plan personal. Es el típico caso de 'confía en el sistema, pero por si acaso, llénate los bolsillos'. La cadena de mando sigue la misma lógica. Margarita Robles no se queda atrás con 99.816 euros y Félix Bolaños asegura su futuro con 84.406,64 euros. Es una ingeniería financiera envidiable: predicar la fe en lo público mientras se contrata el seguro privado. Óscar Puente (42.479,40 €) e Isabel Rodríguez (10.790 €) también juegan en esa liga. Incluso quienes ya han hecho las maletas del gabinete, como Carmen Calvo (99.816 €), Miquel Iceta (65.858 €) o Meritxell Batet (54.772 €), mantienen sus ahorros lejos del riesgo estatal. El despliegue de hipocresía alcanza niveles industriales cuando vemos que los diputados socialistas suman casi dos millones de euros en planes privados. Desde Patxi López con sus 45.943,28 euros hasta la diputada Teresa Llorens, que ha superado al jefe con 123.383,62 euros. Sumemos a esto que Sánchez, Bolaños y Puente también viven del alquiler, demostrando que la 'bandera de la vivienda' se bajó rápido cuando el patrimonio inmobiliario empezó a molestar. Al final, la moraleja es clara: el sistema público es sagrado, siempre y cuando tengas un plan B privado que te permita dormir tranquilo.
Ceuta: militares marroquíes miraban el caos
Hay momentos en los que la diplomacia es simplemente el nombre elegante que le damos a dejarse pisar la cara. El teniente coronel Miguel Lobo, jefe de operaciones de la Comandancia de Ceuta, acaba de aterrizar en la Audiencia Nacional para contar que, mientras el Gobierno jugaba al teléfono escacharrado, en la frontera el guion era digno de una comedia negra. Resulta que el 30 de julio, coincidiendo con el día del trono, más de 70.000 personas decidieron que era el momento ideal para entrar en la ciudad autónoma. ¿Y los militares de Rabat? Según Lobo, estaban 'de brazos caídos'. No es que estuvieran descansando; es que, según el testimonio, se limitaban a dar órdenes para echar a la gente al agua, convirtiendo la frontera en una piscina forzada donde la Guardia Civil tuvo que rescatar personas para evitar una tragedia. Mientras tanto, en el despacho del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Triano, reinaba el silencio administrativo. Lobo avisó de las embarcaciones el día anterior, pero no recibió ni una instrucción. Imaginen la escena: un mando militar tomando decisiones de vida o muerte mientras el jefe político parece haber perdido el mando a distancia. Lobo terminó abriendo la valla para evitar que la avalancha se convirtiera en cementerio, una decisión que le valió un rifirrafe con Lorenzo Juan Fages, inspector jefe de la Policía Nacional, quien prefería mantener el portón cerrado, como quien cierra la persiana de un negocio que ya no quiere atender clientes. Todo esto bajo la sombra de una sentencia del Tribunal Supremo que prohibía las devoluciones en caliente por vía marítima, dejando a los agentes en un limbo legal donde la única certeza era el caos. El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas ya lo había avisado: Marruecos no estaba frenando nada; estaba organizando la cola.
Menú degustación con dinero público
Hay una ironía deliciosa en que la institución encargada de vigilar que el Estado no abuse del ciudadano sea la misma que ha decidido que comer fuera es un derecho fundamental y carísimo. Mientras el ciudadano medio hace malabares con el presupuesto para que el aceite no se convierta en un activo de lujo, el Defensor del Pueblo, bajo el mando de Ángel Gabilondo, ha decidido que el hambre es el peor enemigo de la burocracia. En los últimos dos años, el organismo ha soltado casi medio millón de euros en vales restaurante. No es una cifra redonda para dejar pasar: 477.696 euros exactamente. Para que nos entendamos, es como si el Defensor hubiera decidido que la dieta de sus empleados es más prioritaria que la austeridad. El salto es obsceno: pasamos de unos 185.000 euros en 2024 a un contrato con Edenred España que, sumando prórrogas, dispara el gasto un 30%. Lo más jugoso es el perfil del beneficiario. No hablamos de becarios que sobreviven a base de café y esperanza, sino de una plantilla con salarios que oscilan entre los 27.600 y los 110.400 euros anuales. Sí, alguien que cobra más de cien mil euros al año recibe vales para que el menú del día no le duela en la cartera. Pero la maquinaria no se detiene. El 23 de octubre ya han lanzado la nueva licitación. El presupuesto base es de 240.984 euros, aunque el valor estimado escala hasta los 527.990 euros si deciden prolongar el banquete hasta 2028. Ahora quieren tarjetas prepago, físicas o virtuales, con recargas mensuales y un servicio de atención al cliente impecable. Porque claro, perder la tarjeta del menú es una tragedia nacional que requiere una reposición en diez días. Todo esto mientras el ciudadano espera que el Defensor defienda sus derechos, aunque sea entre plato y plato.
Sobres en Moncloa: el 'impuesto' de Ferraz
Hay quien dice que el dinero no da la felicidad, pero en Moncloa parece que sirve para comprar el silencio y financiar el partido. Francisco Martín, el exdelegado del Gobierno en Madrid, resultó ser mucho más que un funcionario con mala cara para pelearse con Ayuso; fue el 'fontanerillo' de lujo de Félix Bolaños. Entre 2021 y 2023, mientras el ciudadano medio contaba los céntimos para que el carrito del súper no pareciera un atraco, Martín montaba una oficina de recaudación clandestina en el corazón del Estado. La mecánica era de una sencillez casi artesanal: sobres con metálico que volaban desde los despachos ministeriales hasta las arcas de Ferraz. Un 'impuesto revolucionario' que algunos mandos pagaban sin pestañear y otros, como la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, cuestionaban al ver que le volaban 1.000 euros mensuales de su nómina. La escena es digna de una comedia: Pardo de Vera confrontando a un Martín tímido y superado que, ante la pregunta de si tenía algo que decir, se limitó a un 'no' lapidario. En este ecosistema de ingeniería financiera, José Luis Ábalos —hoy en prisión— destacaba por su modernidad, siendo de los pocos que prefería la transferencia bancaria al sobre marrón. Incluso hubo triangulaciones dignas de un casino: Koldo García pagando los 1.000 euros mensuales de Ricardo Mar. Al final, la lealtad en política dura lo que tarda en cambiar la lista electoral. Martín, el hombre que no abría la boca en las reuniones de los jueves y que gestionó la financiación de las primarias de Sánchez en 2017, ha acabado en la calle por no entrar en las listas. Mientras tanto, Antonio Hernando sigue blindado gracias a los 'padrinos' José Blanco y Zapatero. Así funcionan las cosas: unos recogen los sobres y otros, con los contactos adecuados, recogen los cargos.
Policía contra Sánchez: 'No nos dejan trabajar'
Hay una danza macabra en nuestras calles que el Gobierno prefiere mirar a través de un filtro de Instagram. Mientras el ciudadano de a pie cuenta los céntimos para que la cesta de la compra no parezca un atraco a mano armada, en ciudades como La Coruña, Bilbao o Barcelona el orden público se ha vuelto un concepto opcional. Alfredo Perdiguero, subinspector de la Policía Nacional y portavoz de JUNTOSPOLGC, lo ha soltado sin anestesia en esRadio: la policía tiene el manual de instrucciones y las ganas, pero desde Moncloa parece que han perdido la llave del despacho. En Bilbao, la cuenta ya va por 16 proetarras detenidos, mientras que en Barcelona el panorama es una radiografía del fracaso integrador: 76 menores detenidos, algunos de apenas 11, 12 o 13 años, mayoritariamente de origen marroquí y magrebíes. De ellos, 6 ya tienen el sello de la Fiscalía para internamiento. Es la generación del 'directo' en TikTok, donde robar y saquear no es un delito, sino un contenido viral coordinado por WhatsApp y Telegram, mientras el Gobierno juega al escondite con la realidad. La hipocresía alcanza niveles estratosféricos cuando el Ejecutivo señala a la extrema derecha como el culpable. Si el radar del Gobierno era tan preciso, ¿por qué el despliegue de la delegada en Cataluña fue tan insuficiente que la jefa de los Mossos terminó sintiéndose rodeada y superada? Ni siquiera sacaron la manguera de agua, el clásico 'baño refrescante' que en otros países pone fin a la fiesta. Perdiguero es claro: la Policía Nacional es referente internacional en orden público, pero trabajar con las manos atadas es como intentar apagar un incendio con un vaso de agua. Con objetivos marcados para el día 31 y el caos instalado, la pregunta es sencilla: ¿están esperando a que el incendio llegue a su puerta para recordar que tienen extintores?
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