Crítica:
El texto original es un despliegue de indignación justificada, pero peca de basarse excesivamente en declaraciones unilaterales. El contraste entre la cifra de muertos y la respuesta del ministro es el único motor real de la noticia.
Controladores de Adif dejan sus puestos por la presión y son sustituidos por otros con menos experiencia
Adif: Novatos al mando y ministros blindados
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Pasaportes gratis: el 'truco' de los falsos nietos
La Ley de Memoria Democrática nació con la promesa romántica de devolver la patria a quienes el franquismo escupió fuera de sus fronteras. Una reparación histórica, dijeron. Pero en la práctica, la interpretación de Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, convirtió el proceso en un buffet libre de pasaportes europeos. El caso del consulado de Montreal es la gota que colma el vaso: un solicitante pretendía nacionalizarse basándose en un abuelo nacido en São Paulo en 1942 que jamás había pisado suelo español. Lógica de calle: no puedes ser exiliado de un sitio donde nunca has dormido una siesta. Mientras el ciudadano medio pelea con la administración por un certificado de empadronamiento, la instrucción de Puente decidió que acreditar el exilio era un trámite opcional. 'Basta que el abuelo sea español', sentenció, abriendo la puerta a que bisnietos de emigrantes económicos del siglo XIX se colaran en el censo. El resultado es un agujero administrativo del tamaño de un estadio: más de 2,4 millones de solicitudes y 600.000 resoluciones favorables que huelen a ingeniería electoral. La hipocresía ha estallado ahora que el Tribunal Supremo ha pedido cuentas para las elecciones del 29 de noviembre. El Gobierno ha tenido que admitir, con una naturalidad pasmosa, que de 31.390 'nietos' revisados, solo 91 han acreditado realmente el exilio. Es decir, el 99,7% de esa muestra son 'turistas de la nacionalidad'. Hemos pasado de reparar una herida histórica a regalar el voto español como quien reparte folletos en un semáforo, todo bajo el paraguas de una ley que, según los datos, se ha usado para todo menos para los exiliados.
Seguridad ferroviaria: el millón que costó el PNV
En la aritmética del poder, parece que la seguridad ferroviaria tiene el valor exacto de un favor político. Mientras el ciudadano medio se pelea con el banco por una comisión de cinco euros, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió que un millón de euros destinados al ASFA Digital —el sistema de respaldo que evita que los trenes se conviertan en proyectiles cuando falla la tecnología principal— eran prescindibles. ¿El motivo? Un 'refuerzo de servicios' entre Bilbao y Karrantza, una petición del PNV que el Ejecutivo aceptó con la naturalidad de quien cambia un neumático por una pegatina decorativa. La ingeniería financiera fue sencilla: el 17 de noviembre de 2022, la Comisión de Presupuestos aprobó la enmienda de Aitor Esteban. Se recortó el presupuesto de seguridad transversal para varias comunidades autónomas y se envió el dinero directo a Vizcaya. Es el equivalente a quitarle el extintor al edificio entero para comprarle una alfombra nueva al despacho del vecino que te ayuda a mantener la comunidad. El coste de este trueque se hizo carne en Urda (Toledo). Tras la caída del sistema LZB en la línea Madrid-Sevilla, el ASFA entró en juego. Pero el sistema de respaldo, ese que debía ser el ángel guardián a 200 km/h, no pudo evitar que un tren de Renfe impactara contra un Iryo detenido. El resultado: 69 fallecidos. El ministro Óscar Puente ahora intenta explicar que los trenes estaban en el mismo 'cantón', una palabra técnica que suena muy elegante pero que no devuelve la vida a nadie. Al final, la cuenta es cruel: un millón de euros en favores políticos para el PNV y una tragedia que nos recuerda que, en este país, la seguridad a veces es una variable ajustable según el calendario electoral.
ADIF: Seguridad en pausa y LZB 'normal'
En la gestión pública, hay una técnica ancestral llamada 'si no lo miro, no existe'. ADIF ha elevado esta disciplina a categoría de arte. Desde diciembre de 2024, el Comité General de Seguridad en la Operación (CGSO) —ese órgano creado en 2017 para evitar que los trenes se conviertan en chatarra aplastada— ha entrado en coma inducido. No se han reunido. Ni una sola vez en 2025, justo cuando Luis Pedro Marco de la Peña tomaba el mando. La excusa oficial es la típica frase de manual corporativo: 'cambios organizativos'. Traducido al lenguaje de la calle: hemos movido los muebles de sitio y se nos ha olvidado dónde dejamos la seguridad. Mientras tanto, la realidad golpea con la fuerza de un tren bala en Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo). Accidentes mortales que, en cualquier mundo cuerdo, habrían provocado reuniones diarias de emergencia, pero que aquí han pasado como ruido de fondo. Para rematar la jugada, la seguridad de la circulación ha terminado en el escritorio de Salvador Almenar, director del Gabinete de Presidencia. Sí, un periodista. Es como si en un quirófano, para optimizar la gestión, pusieran al jefe de prensa a suturar el corazón. La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) ya ha puesto el grito en el cielo, advirtiendo que este reparto de tareas es un 'condicionamiento grave' bajo la lupa de la Unión Europea. Para cerrar el círculo del surrealismo, el ministro Óscar Puente nos dice que el sistema de señalización LZB se ha caído 170 veces en un año y que eso es 'normal'. Normal es que se te caiga el mando de la tele, no que el cerebro que evita colisiones ferroviarias tenga más apagones que una bombilla fundida. Con equipos de los años noventa y un sindicato como SCF denunciando fallos en la señalización, ADIF nos vende la 'mejora continua' mientras el sistema juega a la ruleta rusa con los pasajeros.
RTVE: Blindaje millonario para jefes antes del 29-N
Hay quien dice que el dinero público es como el aire, que sobra y que no cuesta nada. En RTVE parecen haberlo comprendido muy bien. Mientras el ciudadano medio mira la cuenta corriente con el pavor de quien ve una película de terror, la Dirección Económica Financiera de la corporación ha decidido que lo más urgente antes de las elecciones del 29-N es montar un búnker jurídico para sus jefes. No es un búnker de hormigón, sino de pólizas de seguro, porque dormir tranquilo cuando sabes que el viento puede cambiar de dirección tiene un precio: 110.000 euros anuales. La ingeniería es fascinante. Buscan un blindaje que sume 30 millones de euros en coberturas (una capa de 10 y otra de 20), asegurándose de que no quede ni una rendija abierta. Piden retroactividad, que en lenguaje de calle significa: 'si hemos metido la pata antes, que el seguro lo pague ahora'. El timing es una obra maestra del cinismo: el plazo de la licitación expira el 10 de noviembre, justo tres días antes de que empiece la campaña electoral. Es el equivalente corporativo a comprarse un paraguas reforzado justo cuando el cielo se pone negro y huele a tormenta política. Pero no se quedan ahí. Han decidido que los gastos de respuesta a reguladores suban de 100.000 a 300.000 euros y que el plazo para notificar reclamaciones se duplique a 40 días. Comodidades de lujo para quien gestiona el presupuesto de todos. Y mientras José Pablo López mantiene el protocolo de selección de cargos en el congelador para seguir nombrando a los suyos, se asegura de que, si algún día alguien decide pedir cuentas, el abogado ya esté pagado con la tarjeta de la casa. Una jugada maestra para que el relevo de mando no sea un paseo por el juzgado, sino un retiro dorado.
Defensa paga millones por habitaciones vacías
El Ministerio de Defensa ha decidido jugar al Monopoly con el dinero público en el barrio de Fuencarral. Bajo el sofisticado rótulo de 'coliving' —ese término moderno para decir que compartes cocina y no tienes privacidad—, Margarita Robles ha alquilado un antiguo edificio universitario en la calle Manuel Tovar por la módica suma de 10.909.090,83 euros. Para que nos entendamos: el Estado está soltando 330.578,51 euros al mes a la empresa Micampus, un sablazo mensual que haría temblar a cualquier administrador de finca sensato. El resultado del experimento es, cuanto menos, curioso. Mientras que las habitaciones individuales vuelan (229 ocupadas de 283), las dobles son el desierto de Gobi: solo 7 personas han aceptado compartir cuarto, dejando 72 plazas vacías. El 92% de las habitaciones dobles son básicamente aire acondicionado y sábanas limpias pagadas con nuestros impuestos. El Ministerio lo llama 'carácter dinámico', que en lenguaje de calle significa: 'no sabíamos que nadie querría dormir con un compañero de armas'. La paradoja es deliciosa. El Invied nos vende una ubicación 'estratégica' y 'moderna', aunque el edificio esté rodeado de naves industriales y tenga como vecino preferente el Tanatorio Norte. Un entorno ideal para reflexionar sobre la carrera militar. Mientras tanto, la realidad económica es un puñetazo: un soldado que cobra 1.325 euros netos tiene que jugarse casi 500 euros al mes por un hueco, una cifra que convierte la lista de la compra en un ejercicio de supervivencia. Al final, el proyecto piloto parece más un subsidio encubierto para la inmobiliaria que una solución real a la movilidad geográfica, demostrando que en Defensa saben mucho de estrategia militar, pero muy poco de mercado inmobiliario real.
Trenes al caos: el Ministerio sin capitán
Gestionar la alta velocidad en España se ha convertido en una especie de juego de sillas musicales donde nadie quiere sentarse por miedo a que la silla explote. El Ministerio de Transportes es hoy un desguace administrativo. Tenemos dos accidentes de trenes en menos de diez meses —Adamuz (Córdoba) el 18 de enero de 2026 y Urda (Toledo) el pasado día 28— y la respuesta institucional tiene la solidez de un castillo de naipes en medio de un vendaval. Mientras el ciudadano paga el billete esperando no terminar en una zanja, el organigrama ministerial parece una oficina de lunes por la mañana después de un puente: no hay nadie al mando. Sara Hernández del Olmo, la secretaria general de Transporte Terrestre nombrada el 2 de septiembre tras el cese de Rocío Báguena, está de baja. En el lenguaje de la calle, esto significa que el barco no tiene capitán y que las reuniones las preside «el último que pasa por allí». El resultado es un bloqueo total. Los ingenieros y funcionarios, que no son tontos, se niegan a firmar proyectos técnicos. Saben que, en este ecosistema de 'politiqueo', cualquier error se traduce en un 'marrón' que cae sobre el técnico mientras el político se lava las manos. Óscar Puente, el ministro, se ha limitado a decir el miércoles que él es quien sufre un «calvario», una metáfora conmovedora que hace palidecer el riesgo real de los pasajeros. Pedro Sánchez ya ha admitido que la confianza en el sistema está quebrada, pero mantiene a Puente en el puesto, ignorando que el Partido Popular, Vox y hasta el Frente Amplio piden su cabeza. El 29 de noviembre habrá elecciones generales, y mientras tanto, el Ministerio sigue operando bajo la premisa de que si nadie firma nada, técnicamente nadie es culpable. Una ingeniería financiera del riesgo donde el coste lo paga el usuario.
Puente paga privada: sanidad pública colapsada
Hay una regla no escrita en la gestión pública: cuanto más se ensalza la sanidad universal en los mítines, más rápido corre el funcionario hacia la puerta de la privada cuando le toca pasar la revisión. El Ministerio de Transportes, bajo el mando de Óscar Puente, acaba de dejarlo por escrito. Resulta que para los 150 trabajadores de la Autoridad Portuaria de Ceuta y sus familias, el Sistema Nacional de Salud es un laberinto de listas de espera infinitas y especialistas invisibles. Para ellos, la sanidad pública no es un derecho, es un riesgo laboral. Con una urgencia que ya quisiera cualquier paciente con una hernia, el Ministerio ha lanzado una licitación para un seguro privado. ¿El motivo? Que la póliza actual con Sanitas expira el 31 de diciembre de 2026 y no quieren que sus elegidos se queden 'desprotegidos'. Mientras el ciudadano de a pie en Ceuta sobrevive con una ratio ridícula de 4,26 médicos por cada 1.000 habitantes —compartiendo el sótano de la miseria con Melilla—, la Administración saca la cartera para evitar que sus empleados sufran la realidad que ellos mismos gestionan. El sablazo estimado es de 75.000 euros públicos, aunque si sumamos los aportes de los trabajadores y sus 200 familiares para las coberturas amplias, el pastel sube hasta los 315.000 euros anuales. Es una ingeniería financiera curiosa: el Estado paga la entrada y el empleado pone el resto para saltarse la cola. Mirando el historial, el gasto no ha dejado de subir: de los 280.315 euros de 2023 a los 234.531 euros ya gastados solo hasta octubre de 2026. En Ceuta, la salud pública es para el pueblo; para el Puerto, hay póliza de urgencia.
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