Crítica:
La noticia es un catálogo de negligencias, pero falla al no preguntar por qué el presupuesto exacto del soterramiento nunca llegó a la mesa. Se queda en la superficie del reproche político sin diseccionar el agujero financiero.
Óscar Puente deja en el aire la supresión del paso a nivel de los 79 muertos en Valencia
Puente huye del paso a nivel mortal
Otros artículos
Tarragona sin TEDAX: jugar a la ruleta
Hay una lógica muy particular en el Ministerio del Interior: parece que el riesgo desaparece si simplemente borras al experto que sabe cómo gestionarlo. El 5 de noviembre de 2026 nos enteramos de que Tarragona se queda sin su Grupo de Desactivación de Explosivos (GEDEX). Sí, así como lo lees. Han decidido que cuatro puestos —un sargento y tres agentes especialistas TEDAX-NRBQ— sobran en el presupuesto, como quien decide que en casa ya no hace falta tener extintor porque 'seguro que no hay fuego'. La ironía es deliciosa si no vives allí. Tarragona no es precisamente un campo de margaritas; alberga el mayor complejo petroquímico del sur de Europa y una red de hidrocarburos que, en el peor de los casos, podría convertir la provincia en un espectáculo de fuegos artificiales no deseado. A eso sumamos los 'recuerdos' de la Batalla del Ebro: granadas y proyectiles activos que brotan de la tierra en Terra Alta como si fueran setas después de la lluvia. Ahora, ante un artefacto, habrá que esperar a que el especialista venga de otra provincia, porque la eficiencia administrativa manda sobre la urgencia del reloj. Pero esto no es un desliz, es un patrón. Es un goteo constante, una especie de 'dieta forzosa' de seguridad. Primero fue el GEAS de l'Estartit, luego los recortes en el SEPRONA —que ya tienen a los alcaldes de la Cerdanya sudando frío— y ahora el GEDEX. JUCIL lo tiene claro: estamos ante un desmantelamiento quirúrgico. Mientras el discurso oficial habla de optimización, en la calle se traduce como: 'si explota algo, ya llamaremos a alguien que esté libre en otra ciudad'. Una gestión brillante, siempre que no necesites que la bomba no estalle.
Moncloa 'cocina' audios en Atocha: el sablazo
Hay quien dice que la comunicación política es el arte de gestionar la verdad, pero lo de Lydia del Canto parece más una coreografía de suspense mal ensayada. Resulta que la secretaria de Estado de Comunicación apareció, como por arte de magia, en el centro de control de Adif en Atocha el mismo 28 de octubre, el día del accidente de Urda que dejó 69 víctimas mortales. ¿Qué hacía allí alguien cuya oficina está en Moncloa y no en el Ministerio de Transportes? Pues mientras el país lloraba y un operario era puesto contra las cuerdas para cargarle el muerto, ella entraba y salía de la sala con un nerviosismo que se nota hasta en las fotos, llevándose la mano a la boca como quien acaba de ver un truco de magia barato. La versión oficial decía que Óscar Puente, el exministro de Transportes, fue allí 'para informarse'. Claro, porque cuando tienes una tragedia de este calibre, lo primero que haces es ir a descargar cintas de audio para ver qué puedes filtrar. Es como ir al supermercado por pan y acabar llevándote la caja registradora. La Guardia Civil de Toledo, que no compra cuentos, ya ha encontrado el rastro de la secretaría de Estado de Comunicación en los metadatos de los audios que luego aterrizaron, convenientemente, en medios amigos del Gobierno vía WhatsApp. Ahora la jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Orgaz mantiene el secreto de sumario, mientras los agentes analizan si hubo cortes en las grabaciones. El chiste es que Del Canto se niega a hablar. Es comprensible; cuando los metadatos te dejan la huella digital como quien deja el ticket del súper sobre la mesa, lo más inteligente es hacer el vacío. Estamos ante una ingeniería financiera de la culpa: extraer un audio, editarlo y lanzarlo para salvar el pellejo político mientras el rastro digital grita 'aquí estuvimos'.
Puente: de banquetes privados a dimisión express
Hay dimisiones que son un acto de patriotismo y otras que son un ejercicio de supervivencia básica cuando el armario empieza a escupir esqueletos. La salida de Óscar Puente el 5 de noviembre de 2026 tuvo el aroma rancio de lo segundo. Mientras el país digería el horror del accidente de Urda con sus 69 víctimas, en los pasillos de Moncloa se jugaba una partida de ajedrez mucho más mundana y visceral. A las siete de la tarde, Diego Rubio, el director del Gabinete, le susurró al oído a Pedro Sánchez que el Ministro de Transportes no solo era un peso muerto político, sino que tenía un historial de 'hospitalidad' bastante cuestionable. Resulta que Puente, en sus tiempos de alcalde de Valladolid, parece haber confundido la gestión pública con un club de beneficios privados. El menú: banquetes copiosos y compañía femenina de pago, cortesía de Francisco Javier Meléndez Juárez, el dueño de Patatas Meléndez. A cambio de estas 'atenciones' en el domicilio del empresario, el flujo de dinero público corrió como el aceite. Primero fueron 200.000 euros el 6 de junio de 2023, justo antes de que Puente saltara al Gobierno. Luego, el premio gordo: 2 millones de euros el 9 de mayo de 2025 vía ICO, bajo el paraguas de la guerra de Ucrania. Una ingeniería financiera que hace que cualquier préstamo personal parezca una propina. Lo más delirante es la coreografía: Puente se negaba a dimitir el 30 de octubre, aferrado al apoyo de Sánchez, hasta que la información sobre un acta notarial de 12 páginas —firmada el 17 de mayo de 2024 en la Castellana— aterrizó en el despacho presidencial. Dos horas después, el exministro saltó del barco alegando la tragedia de Urda. Una conveniencia narrativa brillante: usar un cementerio para tapar un orgía de subvenciones y meretrices. El empresario lo define como 'persona humilde'. Claro, humildad es aceptar millones en ayudas mientras se cena con el poder.
Urtasun: 37 millones y cuotas feministas
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira la factura de la luz como quien mira una película de terror, el Ministerio de Cultura ha decidido que el cine necesita un baño de oro. Ernest Urtasun, con la pluma muy suelta, ha autorizado que el ICAA suelte 37 millones de euros para largometrajes en 2027. No es un pequeño incentivo; es un banquete donde el menú está estrictamente organizado por cuotas. La ingeniería social entra en escena con un movimiento maestro: el 40% del pastel, es decir, 14,8 millones de euros, queda blindado exclusivamente para directoras. Es la nueva aritmética del arte: el género pesa más que el guion. Para el resto de mortales, el reparto se fragmenta como una pizza mal cortada. Los documentales se pelearán por un 15%-25%, la animación se queda con un 10% y los proyectos experimentales, esos que probablemente solo entienda el que los graba, con un 5%. El otro 5% se va en coproducciones extranjeras donde España es la cenicienta minoritaria. El techo de gasto por proyecto es de 800.000 euros, una cifra que haría palidecer a cualquier autónomo que intente pedir un crédito para comprar una impresora. Pero ojo, que si decides hacer animación, el Gobierno te sube el límite a un millón de euros. Todo bajo el mantra de la 'concurrencia competitiva', ese eufemismo burocrático que significa que el Estado decide qué es 'especial valor cultural o social'. En resumen, Urtasun no solo financia cine, diseña el catálogo de lo que debemos ver, asegurándose de que la brecha de género se cierre con un cheque público mientras el tejido industrial se mantiene a pulmón artificial.
RTVE ningunea a Jordi Wild: gimnasio y Andorra
Hay una especie de nostalgia tóxica en los pasillos de RTVE, esa manía de mirar el mundo digital como quien mira un anuncio de detergente barato. Carmen Lumbierres, politóloga y voz en LaHora2N, ha decidido que el imperio de Jordi Wild se resume en dos hobbies: levantar pesas y buscar el hueco fiscal más cómodo en Andorra. Una simplificación tan quirúrgica que roza el delirio, especialmente cuando el tipo ha logrado lo que muchos directores de informativos soñarían: sentar en la misma mesa virtual a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau para el próximo 13 de noviembre. Mientras en la televisión pública algunos parecen seguir usando un mando a distancia de 1994, The Wild Project ha movido el tablero desde marzo de 2020. No es solo un tipo hablando con micrófonos caros; son 7,4 millones de suscriptores en YouTube y una trayectoria que ha pasado por Arturo Pérez-Reverte, Charlie Sheen o David Jiménez. Reducir esto a 'gimnasio y Andorra' es como decir que la Biblioteca Nacional es un sitio para guardar papeles viejos. Es ignorar que el programa ha coleccionado premios ESLAND en 2022 y 2023, y que en 2025 se coronó con el Premio Ondas Global del Podcast a la Trayectoria. Lo más irónico es el contraste. Mientras la casta política se prepara para el 29 de noviembre, Wild les impone reglas de calle: entre 60 y 90 minutos de charla, sin preguntas filtradas y sin el derecho a borrar el 'patinazo' después de grabar. Para rematar el sablazo a la hipocresía, meterá a dos periodistas independientes para hacer el fact-checking en tiempo real. Básicamente, Jordi Wild está haciendo que los candidatos bajen al barro digital, mientras que en RTVE prefieren seguir describiendo el barro desde la comodidad de un aire acondicionado pagado con nuestros impuestos.
Ceuta: 36 millones prometidos y cero ladrillos
Prometer es gratis, pero ejecutar cuesta dinero y voluntad. En el tablero de Ceuta, el Gobierno jugó una partida de humo muy sofisticada. Tras el caos de julio, cuando más de 100.000 personas cruzaron la frontera en menos de 48 horas —un volumen que haría temblar a cualquier logística de transporte público—, el ministro Fernando Grande-Marlaska salió al ruedo el 28 de agosto con un catálogo de juguetes tecnológicos. Habló de drones, boyas fondeadas y dispositivos subacuáticos, todo envuelto en un presupuesto de 36 millones de euros. Para que nos entendamos: es como si te prometen reformar la cocina entera con materiales de lujo para evitar que se inunde la casa, pero tres meses después ni siquiera han comprado la silicona. El plan maestro incluía alargar el muro del Tarajal 115 metros mar adentro. Primero 15 metros de vallas antitrepa con pinchos invertidos —estilo 'no pases'— y luego otros 100 metros de dique vertical. Una obra que la Asociación Unificada de Guardias Civiles, a través de Diego Madrazo, pide a gritos desde 2014. Diez años esperando que alguien ponga un ladrillo mientras la seguridad se convierte en un juego de azar. Hoy, la realidad es un chiste de mal gusto. Según Maxi Lacasa, de Mujeres Caballas, el paisaje es el mismo: barreras flotantes desinfladas que parecen globos de fiesta olvidados y una presencia militar que se ha evaporado hacia la península. Mientras el presupuesto de 36 millones sigue, presumiblemente, en alguna carpeta archivada, los ceutíes se preparan para salir a la calle el 21 de noviembre. Porque resulta que, en la gestión de fronteras, hay una diferencia abismal entre el PowerPoint del ministerio y el cemento que falta en la costa.
Zapatero y las joyas: el regalo invisible
Hay quien gestiona su economía con una hoja de Excel y quien, aparentemente, maneja el patrimonio como si estuviera en un bazar de alquiler. José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra ahora en ese incómodo limbo donde las joyas aparecen en el despacho, pero los papeles desaparecen por arte de magia. El juez Calama, del Juzgado Central de Instrucción Número 4, ha tenido la osadía de calificar la versión del expresidente como 'inverosímil'. Y claro, es que pedirle a alguien que explique de dónde vienen unas joyas sin aportar ni un acuse de recibo de las cartas enviadas a Arabia Saudí es como intentar justificar un agujero en la cuenta bancaria diciendo que el dinero 'está en camino' pero que el cartero se ha perdido. La defensa de Zapatero, en un giro digno de guion de suspense, ha decidido que el problema no es la falta de pruebas, sino la falta de imaginación del juez. Básicamente, le retan a que él mismo invente una hipótesis alternativa. Es la técnica del 'yo no sé nada, pero usted dígame qué cree que pasó'. Mientras el ciudadano medio se juega el tipo por un error en la declaración de la renta, aquí nos venden que no tener estuches, ni facturas, ni registros es simplemente una cuestión de 'regalo personal' del rey saudí. El contraste es delicioso: Zapatero recuerda que sí declaró un reloj a Patrimonio, pero que las joyas son harina de otro costal porque no se entregaron en la misma 'unidad de acto'. Según su lógica, hay regalos que pasan por el registro y otros que, por pura mística, aterrizan en el despacho sin dejar rastro administrativo. Una ingeniería financiera basada en la confianza ciega en la monarquía saudí que ahora choca contra el muro de la realidad procesal y el Ministerio Fiscal.
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