Crítica:
El texto original es una recopilación de respuestas administrativas tediosas. Le falta courage para cuestionar directamente la conveniencia política de la adjudicación más allá de la falta de papeles.
Moncloa oculta las puntuaciones con las que La Séptima ganó el concurso de la licencia de TDT
TDT: El Gobierno oculta notas de La Séptima
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Chalet gratis y pliegos a medida
Hay quien dice que el amor mueve montañas, pero en el ecosistema del poder, lo que mueve los muebles es el interés. Mientras el ciudadano medio se pelea con el casero por una humedad en el techo o mira la cuenta bancaria con pánico antes de pagar el alquiler, Cristian Corvillo, militante del PSOE y ex chófer de Sánchez, disfrutaba de un chalet en Córdoba cortesía de Víctor de Aldama. No fue un gesto de generosidad cristiana; fue una transacción. Aldama pagó la vivienda durante un año, transformando un contrato de alquiler en una especie de 'bono de influencias' para abrir puertas en el sur de España. La UCO ha desgranado este menú de favores con precisión quirúrgica. Por un lado, Corvillo ayudaba a redactar los pliegos para que la empresa de Aldama, World Magic In The Villages SL, se quedara con un hotel en San Roque (Cádiz). El detalle delicioso: solo se presentó esa empresa. El Ayuntamiento, liderado por el socialista Juan Carlos Ruiz Boix, concedió el contrato sin despeinarse. Es la magia de la administración cuando el viento sopla a favor del amigo. El árbol genealógico de esta ingeniería financiera es fascinante. Rubén Corvillo, hermano de Cristian, se coló en Medictrading Consulting Group SL, la compañía fundada el 5 de noviembre de 2020 por Aldama y sus socios César Moreno y Javier Serrano Costumero. Para rematar la faena, en el registro de la casa de Corvillo el pasado 5 de noviembre, los agentes encontraron 3.600 euros en efectivo y una agenda que parece el libro de cuentas de un mercadillo, llena de anotaciones de dinero. Ahora la UCO rastrea si este entramado sirvió para canalizar 'mordidas' de Adif, aprovechando que Koldo presentó a Corvillo ante la entonces presidenta, Isabel Pardo de Vera. Al final, el chalet no era una casa, era una oficina de gestiones paralelas.
Supremo frena el sablazo al voto 'nietos'
Hay quien cree que la democracia es un club privado con portero en la puerta, pero el Tribunal Supremo acaba de decir que, por ahora, la fiesta sigue abierta. Resulta que Vox e Iustitia Europa intentaron cerrar el grifo del voto a los hijos de quienes se nacionalizaron por la 'ley de nietos'. Querían que el censo electoral pasara por un filtro quirúrgico, pero el Supremo ha respondido con un 'no' rotundo, básicamente porque estamos a dos semanas de que el voto empiece a caer en los consulados y no hay tiempo ni de organizar una barbacoa, mucho menos de auditar expedientes. La jugada es surrealista. En septiembre ya se había suspendido el voto de 163.000 personas, un sablazo administrativo que dejó a la red consular sudando la gota gorda. Ahora, el objetivo eran otros 189.678 ciudadanos inscritos en el CERA al 1 de agosto. El Gobierno, con una honestidad administrativa casi poética, ha confesado que no tiene un desglose claro de quién es quién; es decir, que tienen la lista, pero no saben distinguir quién entró por la ley de 2007 y quién por la de 2022. Es como intentar separar los garbanzos de las lentejas en un saco gigante mientras el reloj hace tic-tac. La Abogacía del Estado ha soltado que es materialmente inviable revisar cada carpeta individualmente sin que el sistema colapse. Y es que, para colmo, la Oficina del Censo Electoral admitió el 28 de octubre que todavía hay 30.482 registros en el limbo, pendientes de identificación de la suspensión anterior. El Supremo ha preferido la seguridad jurídica al purismo ideológico: no se puede dinamitar el calendario electoral el 29 de noviembre solo porque algunos quieran hacer una limpieza de censo a última hora. Al final, la burocracia, que suele ser el freno de mano de España, ha servido esta vez como escudo para que el voto siga en pie.
Turespaña: Dietas infladas y buffet libre público
Hay quien dice que promover la Marca España requiere un sacrificio heroico, pero según parece, el sacrificio consiste en comer gratis y luego cobrar la dieta como si hubieran pagado el menú del día con su propia cartera. En Oslo, el consejero de turismo decidió que ya bastaba de jugar al Monopoly con el dinero público y soltó la bomba: un sistema de dietas infladas donde se cobraban manutenciones por cenas que ya estaban subvencionadas. Básicamente, un 'doble dip' financiero que convierte el presupuesto público en un buffet libre para unos pocos. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que el sueldo llegue al día 20, los responsables de estas consejerías disfrutan de salarios libres de impuestos que oscilan entre los 140.000 y los 300.000 euros anuales. Un lujo obsceno que, al parecer, no era suficiente. La ingeniería financiera no se quedó en Noruega; el rastro apunta a Nueva York y Milán, sugiriendo que el hambre de extras era una epidemia global. Lo más fascinante es la reacción institucional: la denuncia interna acabó en el cajón, y al denunciante le dieron las gracias cesándolo de su cargo. Una recompensa ejemplar. Sin embargo, la Autoridad Independiente de Protección del Informante, dirigida por Manuel Villoria y nacida de una directiva europea para evitar que los 'whistleblowers' terminen en el ostracismo, ha intervenido para darle la condición de «persona protegida». Ahora la Fiscalía analiza si este festín coordinado escala hasta el Ministerio de Industria y Turismo. Se investiga a ocho altos cargos del Instituto de Turismo de España por malversación, encubrimiento y tráfico de influencias. Queda por ver si el asunto acaba en un tribunal ordinario o en la Audiencia Nacional, mientras Turespaña guarda un silencio sepulcral, probablemente esperando a que alguien más pague la cuenta.
Agente trans contra jueces: caos en Ceuta
La burocracia española es un deporte de riesgo, pero en Ceuta han decidido jugar en la liga de los surrealismos. Imaginen la escena: una agente de la Policía Nacional con dos décadas de servicio, afiliada al Sindicato Policial Trans No Normativos (TNN), termina detenida el 21 de diciembre de 2025. El giro irónico es que, aunque legalmente es mujer desde mayo de 2025 gracias a la ley de Irene Montero, el sistema la procesó bajo el régimen de violencia de género. Es como si compraras un coche eléctrico y en el taller te insistieran en cambiarle el aceite del motor diesel basándose en 'cómo se ve el coche'. La trama se complica con una ex pareja que, tras retirar la denuncia, admitió que la rectificación registral de la agente le generó una 'confusión' jurídica. Confusión es una palabra amable para describir el caos que siguió. Mientras la agente pide al CGPJ que investigue a los magistrados Rubén Salinas Vela y Antonio Pastor Ranchal, el calendario judicial parece moverse a la velocidad de una tortuga con reuma. Una solicitud de sobreseimiento libre presentada el 26 de mayo de 2026 quedó en el limbo hasta octubre. La ingeniería judicial alcanzó su punto álgido cuando la Audiencia Provincial de Cádiz revocó el archivo de una querella por denuncia falsa el 30 de septiembre de 2026, solo para que el juzgado volviera a cerrar el grifo el 14 de octubre. Mientras tanto, la funcionaria ve cómo le recortan los accesos informáticos y el sistema VioGén la ignora. Daniel Gallardo, desde TNN, sostiene que esto no es un caso aislado, sino un patrón. Al final, tenemos un choque frontal entre el papel oficial y la realidad del juzgado, donde el derecho fundamental parece depender de si el juez del turno ha actualizado su manual de instrucciones.
Begoña Gómez y los Murat: coincidencias sospechosas
Madrid es ese tablero de Monopoly donde los caminos se cruzan, pero algunos se cruzan con una precisión quirúrgica que asusta. El 5 de diciembre de 2019, el Organismo Internacional de la Juventud (OIJ) montó un evento sobre Derechos Humanos y Cambio Climático que parecía el catálogo típico de 'buenismo' institucional. Allí, entre frases hechas y café de catering, coincidieron Begoña Gómez y Eduardo Murat, un senador mexicano que, sinceramente, tenía menos experiencia en derechos juveniles que yo en astrofísica. Lo curioso no es el encuentro, sino el apellido. Eduardo es hermano de Alejandro Murat, el gobernador de Oaxaca que es la pieza clave en el puzzle del caso Koldo. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación en la cola del súper, en las altas esferas se tejen redes donde el 12 de diciembre de 2018 —fecha semilla de esta trama— Víctor de Aldama y Koldo García flanqueaban a José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. ¿El objetivo? Conectar Madrid con Huatulco. Una operación de ingeniería financiera que terminó con la camiseta del Zamora CF luciendo el nombre de Oaxaca en la temporada 2018-2019, un detalle que Alejandro Murat intentó borrar de su historial como quien borra un mensaje comprometido de WhatsApp. En este ecosistema de favores, Begoña Gómez no solo compartió aire con los Murat, sino también con Pilar Trinidad, quien facilitaba el acceso a plataformas financiadas por 21 países iberoamericanos para expandir sus negocios. Desde las llaves de Oaxaca entregadas a Zapatero en febrero de 2017 hasta los sellos de Correos bajo el mando de Juan Manuel Serrano, la trama es un círculo cerrado. Es la eterna historia de los 'amigos de los amigos', donde las coincidencias son tan frecuentes que dejan de serlo para convertirse en un método de trabajo.
Hacienda Galicia: El club VIP del petróleo
En el mundo de la administración pública, hay dos formas de salir por la puerta: con una medalla o con una querella respirándote en la nuca. Miguel Cárcaba, el delegado especial de la Agencia Tributaria en Galicia, ha optado por la segunda. El Gobierno lo ha fulminado el pasado lunes, según el BOE, justo cuando el Tribunal de Instrucción número 6 de La Coruña decidió que su gestión olía a prevaricación administrativa. La historia es un manual de cómo montar un club VIP donde solo entran los amigos. Hacienda creó los 'operadores confiables', una especie de zona lounge para petroleras donde solo hay ocho asientos reservados. El Ministerio de Hacienda dio la orden en diciembre de 2025 y cerró la lista el 1 de febrero de 2026. El problema es que, mientras el ciudadano medio lucha por cuadrar la cuenta bancaria, Hacienda juega al misterio: nueve meses después, el listado oficial sigue siendo un secreto de Estado. Hatta Energy, que se quedó fuera del grupo, denuncia que para operar sin ser 'confiable' hay que soltar un aval del 110% del IVA de los dos últimos meses. Un sablazo financiero que para muchos es el equivalente a pedirle a alguien que compre una casa en el centro de Madrid con el sueldo del SMI. Según la querella, Cárcaba y su equipo —incluyendo a Eva Ana García Muntaner, José Enrique Gómez, María del Carmen de la Fuente y Óscar Luis Almeida— no solo ignoraron los papeles, sino que aplicaron el 'silencio administrativo' como arma de asfixia económica para favorecer el oligopolio de Repsol, Moeve, BP, Galp, Meroil, Disa, Esergui y Dyneff. Cárcaba no era el que apretaba el botón, sino el que vigilaba que nadie lo detuviera. Una 'cobertura jerárquica' que ahora le ha costado el puesto, sumándose a una purga en la Agencia Tributaria que ya se ha llevado a Soledad Fernández, Virginia Muñoz y Manuel Trillo, en un contexto donde el fraude de hidrocarburos ha dejado un agujero contable de cientos de millones de euros.
ADIF: Menos matemáticas y más política
En el mundo de la gestión pública, hay una regla no escrita: cuando tienes a alguien que sabe dónde está cada tuerca de la maquinaria, lo más prudente es dejarlo tranquilo. Pero ADIF decidió jugar al Tetris con su organigrama. José Estrada Guijarro, un matemático con 36 años de carretera en Renfe y ADIF, era el tipo de profesional que no necesitaba manuales porque él mismo los había escrito. Un hombre capaz de detectar un fallo en Córdoba estando en Madrid, una 'mente prodigiosa' que mantuvo el timón de la Dirección General de Circulación y Gestión de Capacidad durante siete años. Sin embargo, en enero de 2025, la empresa decidió que tener una dirección especializada en que los trenes no chocaran era 'duplicidad'. Aplicaron una cirugía estética corporativa: pasaron de nueve a seis direcciones generales. En el proceso, fulminaron el puesto de Estrada y fusionaron sus competencias en una nueva Dirección General de Operaciones y Explotación. Es como si en un hospital decidieran que el cirujano jefe ya no es necesario y que sus funciones las absorba el director de suministros para 'simplificar'. El relevo tuvo un aroma muy familiar. Tras un breve paso de Raúl Míguez Bailo, el mando cayó en 2026 sobre Ángel García de la Bandera, un perfil con un currículum que huele a despacho oficial de la Generalitat Valenciana y vínculos directos con Ximo Puig. Cambiaron la precisión matemática por la ingeniería de contactos. Menos de un año después, el 18 de enero de 2026, el sistema colapsó en Adamuz. El resultado: 46 muertos. No se puede decir que la salida de Estrada causara el accidente, pero es una ironía sangrienta que justo cuando deciden prescindir del experto que 'lo controlaba todo' para poner a alguien del entorno político, la red ferroviaria decida recordarnos que las vías no entienden de reorganizaciones administrativas, sino de seguridad real.
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