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Repartir pasaportes españoles como quien reparte folletos en un semáforo. Así parece haber funcionado la 'ingeniería administrativa' en Buenos Aires. El consulado, que gestiona un volumen delirante de 645.000 peticiones, se ha puesto a limpiar el desastre y los números son, sencillamente, un chiste de mal gusto. De 10.500 expedientes revisados, el resultado es un vacío absoluto: cero pruebas de exilio. Nada. Ni un papel amarillento que justifique que el abuelo huyó por convicciones políticas. La trama tiene nombre y apellido: Sofía Puente. Con una firma que habría hecho palidecer a cualquier notario, la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública decidió que el exilio era una cuestión de fechas, no de motivos. Según su instrucción, bastaba con haber salido de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Básicamente, convirtió la Ley de Memoria Democrática en un 'pase libre' donde emigrar por hambre o para buscar fortuna contaba igual que huir de una persecución. El resultado es un agujero administrativo donde 600.000 personas ya han obtenido la nacionalidad y 2,4 millones lo han solicitado. Ahora el Tribunal Supremo ha dado el golpe sobre la mesa, exigiendo a Félix Bolaños y José Manuel Albares la lista de los 163.020 afectados por la suspensión del voto. El Gobierno, en un despliegue de honestidad tardía, admite que de 31.390 revisados, solo 91 han acreditado el exilio. Sí, 91 personas frente a un ejército de 'nietos' que parecen haber confundido la memoria histórica con un sorteo de lotería. Mientras el Supremo califica de 'incomprensible' que la administración no entregue la lista, el Gobierno dice que 'redoblará esfuerzos'. Traducción: estamos intentando tapar el sol con un dedo antes de las elecciones del 29 de noviembre.
La gestión de la seguridad en España funciona ahora como un juego de sillas musicales, pero con agentes antidisturbios y fronteras reales. Fernando Grande-Marlaska ha decidido que es más urgente blindar los mítines de la precampaña para el 29 de noviembre que mantener el control en Ceuta y Melilla. La operación es sencilla: se llevan 210 agentes de vuelta a la Península porque, tras los disturbios en A Coruña y Avilés, el Gobierno tiene el sueño ligero y teme que los actos electorales se conviertan en un campo de batalla. El reparto del 'sablazo' es quirúrgico. Ceuta pierde 160 efectivos —tres pelotones del GRS de la Guardia Civil (60 agentes) y dos UIP de la Policía Nacional (100 agentes)—, mientras que Melilla se queda con una UIP menos, restando 50 policías de su despliegue. Lo irónico es que Ceuta sigue bajo una 'situación de interés para la Seguridad Nacional' hasta el 31 de diciembre. Es como si te dijeran que tu casa está en zona de incendio, pero que el bombero se tiene que ir porque hay una fiesta importante en el barrio de al lado. Mientras tanto, en el puerto de Ceuta, Juan Manuel Doncel observa cómo el caos crece sin freno. Los datos son un puñetazo en la mesa: las incidencias han pasado de 107 en 2025 a 1.838 en el mismo periodo de 2026. Robos, sabotajes y un campamento de 1.800 inmigrantes que esperan, mientras el Estado hace malabares con el personal. JUPOL ya ha soltado la manta, denunciando una improvisación crónica que no soluciona el riesgo, sino que lo desplaza. Marlaska reforzó la zona en septiembre; un mes después, retira la mano. La seguridad nacional, al parecer, depende de quién tenga el micrófono encendido esta semana.
Hay que tener una capacidad de desapego envidiable para gestionar el dinero ajeno. Mientras el ciudadano medio mira el saldo del banco antes de plantearse cambiar un móvil con la pantalla astillada, el Congreso de los Diputados ha decidido que sus señorías necesitan un 'refresco' tecnológico. Y no cualquier refresco: hablamos de 1.400 euros por diputado para renovar móvil y tableta. Un detalle exquisito, especialmente considerando que las Cortes ya están disueltas y que el 29 de noviembre tenemos elecciones. Es decir, se están comprando los juguetes nuevos justo cuando deberían estar haciendo las maletas. La ingeniería financiera del BOE, publicada este jueves, nos revela que el sablazo total asciende a 1,3 millones de euros. Para que nos entendamos, es como si el Estado decidiera renovar la flota de smartphones de una ciudad entera solo porque los anteriores ya no 'estaban a la moda'. El contrato, que incluye mantenimiento y reparaciones con una garantía de 24 meses, se tramita mediante un procedimiento abierto acelerado. Prisa, mucha prisa. Las ofertas cierran el 3 de noviembre y la apertura económica será el 17 de noviembre. Lo más fascinante es la comparación histórica. Hace cuatro años, la licitación fue de 1,08 millones de euros, adjudicada a Econocom Products and Solutions. En aquel entonces, la excusa fue la ciberseguridad; resulta que los iPhone 8 eran ya piezas de museo y podían dejar pasar cualquier virus por la puerta trasera. Ahora, el presupuesto ha subido, porque aparentemente la seguridad nacional requiere modelos más caros. Todo bajo el sello de Apple Business Manager, porque claro, la gestión de la democracia moderna solo se entiende si pasa por el ecosistema de Cupertino. El único criterio de adjudicación es el precio, el 100%, demostrando que en el Congreso saben ahorrar... siempre que sea con el dinero de los demás.
Hacerse el humilde es un arte que requiere una inversión considerable. Pedro Sánchez aterrizó en 'La Revuelta' con el manual de 'estilismo para parecer un vecino' bajo el brazo, justo cuando el calendario marca que el 29 de noviembre se juega el tablero electoral. El plan era sencillo: quitarse la corbata para que no notemos el olor a Moncloa y fundirse con el ciudadano de a pie. El problema es que ese ciudadano, mientras hace malabares con la cesta de la compra, difícilmente se gasta el presupuesto de un alquiler mensual en una sola camisa. El presidente se plantó ante David Broncano luciendo una camisa azul de Carolina Herrera que cuesta 200 €. Sí, una prenda de 'inspiración vaquera' que cuesta lo mismo que llenar el depósito del coche tres veces. Pero el verdadero golpe de efecto estaba en la muñeca. Sánchez luce desde 2018 un reloj Longines de la colección Présence, una pieza descatalogada con cristal de zafiro y caja de acero de 38,5 milímetros que oscila entre los 1.000 y 1.450 €. Es el tipo de precisión suiza que te recuerda que, aunque el look sea informal, el estatus es innegociable. Para rematar el disfraz de normalidad, calzó unas Muroexe de unos 70 €, un híbrido entre zapato y zapatilla que busca el equilibrio perfecto entre la oficina y el paseo. Y claro, para que no digan que no tiene sentido del humor, se colgó la chapa de 'Perro Sanxe'. Un toque maestro de marketing: convertir el insulto en accesorio. Todo esto sucede en un programa que ha absorbido más de 30 millones de euros, demostrando que en la política actual, la cercanía se compra por catálogo y se vende como autenticidad.
Hay una forma muy sofisticada de decir 'me importa un bledo tu vida' y se llama burocracia administrativa. En Oliva, la rambla de Gallinera no es solo un accidente geográfico, es el monumento a la desidia. Mientras el ciudadano medio se pelea con la factura de la luz, el Gobierno de Pedro Sánchez ha gestionado una obra antirriadas como quien ignora un mensaje de WhatsApp en un grupo familiar: dejándola en 'visto' durante trece años. El guion es digno de una comedia negra. Una obra licitada en 2009, adjudicada por Acuamed a Torrescámara y Sogeosa, que se quedó congelada entre 2013 y 2014 porque el suelo no era lo que esperaban. Luego vino el 'caso Acuamed', el habitual baile de juzgados y una indemnización de tres millones de euros que la Corte de Arbitraje de Madrid y el TSJ de Madrid obligaron a pagar. Es decir, el dinero público voló para pagar el error de no hacer la obra, en lugar de usarlo para hacer la obra. Ingeniería financiera de primer nivel. La hipocresía alcanza su pico el 14 de abril de 2025, cuando el Gobierno le prometió a la diputada Àgueda Micó que estaban 'estudiando alternativas'. Traducido al lenguaje de la calle: 'estamos redactando un papel para decir que redactaremos otro papel'. El 31 de julio de 2025, el Ayuntamiento de Oliva lanzó un grito desesperado advirtiendo que la falta de la presa de laminación era un riesgo para la vida. Pasaron 448 días de silencio absoluto hasta que la dana Adam convirtió la teoría en tragedia: dos muertos y más de 2.000 solicitudes de indemnización al Consorcio de Compensación de Seguros. La rambla alcanzó los 19 metros cúbicos por segundo, pulverizando el límite de 15 de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Al final, Sánchez aterrizó en helicóptero, cuidando que sus zapatos no tocaran el barro, a pocos metros del barranco donde su inacción cavó la fosa.
La política española ha pasado de los debates ideológicos a competir por quién tiene el filtro de TikTok más venenoso. El PSOE acaba de descubrir, con una sorpresa que roza lo teatral, que el Partido Popular usa la Inteligencia Artificial para hacer que sus dirigentes y Begoña Gómez 'confiesen' delitos en vídeos sintéticos. De repente, Ferraz se ha puesto la capa de víctima y estudia denunciar el asunto, como si el código fuente de la manipulación digital hubiera sido inventado ayer en Génova 13. La memoria, sin embargo, es un músculo que en la calle funciona mejor que en los despachos oficiales. Resulta curioso que quienes hoy claman justicia hayan convertido el ridículo ajeno en una estrategia de estado. No olvidamos aquel despliegue de 'creatividad' en TikTok donde Alberto Núñez Feijóo terminó con cuerpo de mujer bailando, un montaje que tiene la misma profundidad intelectual que un meme de grupo de WhatsApp de tías. Pero no se quedaron ahí; lanzaron PSOEplay, una plataforma que suena más a servicio de streaming barato que a canal de noticias, donde Feijóo aparecía llorando y Santiago Abascal lucía un tono verde esperanza que no encajaba con su discurso. Incluso Isabel Díaz Ayuso fue 'pintada' de rojo, como si la política fuera un libro de colorear para preescolares. En 2024, la sofisticación ha dado paso al mazo. Han llegado a equiparar manifestaciones del PP con neonazis, cosiendo imágenes de esvásticas para elevar el tono al máximo. Llamar 'cómplice del fascismo' al jefe de la oposición es el equivalente político a tirar la mesa en una partida de parchís porque vas perdiendo. Al final, la IA es solo el nuevo envoltorio de una vieja costumbre: el barro es el mismo, solo que ahora se lanza con algoritmos y resolución 4K.
Hay una magia casi mística en la gestión de las obras públicas: esa capacidad de hacer que el dinero desaparezca de los presupuestos para reaparecer, convenientemente, en la cuenta de quien tiene la llave del despacho. Acciona Construcción SA ha dejado de jugar al gato y al ratón con el juez Ismael Moreno para soltar la bomba. Sí, confirmaron que soltaron casi 2 millones de euros a la empresa de Santos Cerdán. Dos millones. Para el ciudadano que mira el ticket del supermercado con pánico, esa cifra es una utopía; para el ex secretario de Organización del PSOE, parece haber sido el precio de una 'gestión' especialmente eficiente en Logroño. La trama es tan vieja como el camino real: contratos de obra pública que, según la Audiencia Nacional, huelen a amaño. Mientras el resto de los mortales peleamos por una subvención para arreglar el tejado, aquí se repartían el pastel con la naturalidad de quien se pasa la sal en una cena familiar. La Fiscalía, que no está precisamente de humor para celebraciones, ha salido al paso para dinamitar los recursos presentados por el socio de Joseba Antxon Alonso. Es fascinante el contraste. Por un lado, la retórica de la transparencia y el rigor institucional; por otro, una ingeniería financiera donde Acciona paga y Cerdán cobra, todo bajo el paraguas de una adjudicación en Logroño que ahora parece más un negocio de favores que una obra de ingeniería. Al final, el hormigón es lo de menos; lo que importa es quién pone la piedra y quién se queda con la nata del presupuesto público.
En Ferraz han descubierto que llevar la contabilidad no es tan sencillo como anotar los gastos del súper en una servilleta. El juez Santiago Pedraz les ha pedido que suelten los papeles de los contratos entre 2021 y 2025, pero el PSOE ha activado el modo 'estoy muy liado'. Dicen que, como hay elecciones el 29-N, reunir notas de encargo y expedientes es una odisea logística. Una excusa que suena a chiste malo cuando el juez sospecha que montaron un sistema triangular de facturación para pagar a Leire Díez, la supuesta 'fontanera' del partido, sin que el Tribunal de Cuentas se enterara de nada. La UCO ya ha empezado a encontrar 'huecos' contables, esos agujeros negros donde el dinero desaparece como el sueldo el día uno del mes. Mientras el partido juega al despiste, las cifras hablan: 43.225 euros fueron a parar a Leire Díez vía la consultora Zaño (de Gaspar Zarrías) y sociedades de Ismael Oliver. Pero el plato fuerte es Jacobo Teijelo, quien habría recibido al menos 125.000 euros en facturas que la UCO tilda de 'instrumentales'. Básicamente, papeles pantalla para pagar la defensa de peces gordos como José Luis Ábalos o Santos Cerdán sin manchar los libros oficiales. Incluso Koldo García Izaguirre, desde su banquillo, soltó que había hojas de gastos que el PSOE 'olvidó' declarar. Ahora, Ana María Fuentes Pacheco apunta el dedo a Cerdán, y la nueva portavoz, Rebeca Torró, dice que todo son 'hipótesis'. Muy bonito, pero las hipótesis no explican por qué faltan 53.000 euros en las facturas de Teijelo. Al final, Ferraz pide tiempo, pero el rastro del dinero y la sombra de Víctor de Aldama no entienden de calendarios electorales.
La Ley de Memoria Democrática nació con la nobleza de devolver la patria a quienes el franquismo escupió fuera de sus fronteras. Pero en el Consulado General de España en Ciudad de México, la nobleza se ha convertido en una especie de 'ventanilla del todo vale' donde el rigor histórico es un estorbo. Un funcionario interno ha soltado la bomba: tardó año y medio en ver un expediente real de un exiliado. Sí, un año y medio gestionando papeles para descubrir que el 90% de los solicitantes no tienen nada que ver con el exilio político. Estamos hablando de una ingeniería administrativa donde se han colado bisnietos de españoles que emigraron cuando el Registro Civil (creado en 1871) era todavía una novedad, o gente que presenta partidas de bautismo del siglo XIX como si fueran un ticket del supermercado. El resultado es un despliegue de generosidad absurda: unas 40.000 nacionalidades concedidas solo en Ciudad de México, y fácilmente entre 50.000 y 60.000 si sumamos el resto del país. Lo más delirante no es la laxitud, sino la urgencia por inflar los números. Parece que los cónsules gestionan pasaportes como quien acumula puntos en un programa de fidelidad para conseguir un mejor destino profesional. La hipocresía alcanza su cénit con la cónsul adjunta, María Prada, quien presuntamente dio órdenes vía WhatsApp para usar el Típex y corregir fechas posteriores al 22 de octubre de 2025. Básicamente, han tratado la ley como un borrador de primaria: si la fecha no encaja, se tacha y se pone la que conviene. Los empleados, atrapados entre el miedo al despido y el sentido común, miraban cómo se legalizaba el caos mientras pensaban que, probablemente, estaban participando en algo ilegal. Una gestión de la memoria que, más que reparar el pasado, parece diseñada para maquillar el presente.
Hay quien dice que la televisión pública es el espejo de la sociedad, pero parece que en RTVE han instalado un filtro de Instagram que convierte los cristales rotos en pétalos de rosa. La última joya del infoentretenimiento ocurrió en 'Mañaneros 360', donde el caos en la plaza de María Pita, en La Coruña, fue presentado como una merienda campestre. Mientras el reportero describía el lanzamiento de objetos y agresiones, el presentador Jesús Cintora aplicó una gimnasia mental digna de Cirque du Soleil para concluir que aquello era una 'concentración mayoritariamente pacífica'. Claro, porque para Cintora, que haya una docena de policías heridos y tres arrestados es solo un detalle anecdótico, como olvidarse de comprar el pan. La narrativa es tan redonda que asusta. Naiara Pinedo soltó que es 'legítimo' denunciar el fascismo, mientras el ministro Pablo Bustinduy daba el sello institucional al designating los ataques como 'derecho a la protesta pacífica'. Es la nueva aritmética de la televisión pública: agresiones + policías heridos = democracia liberal. Para cerrar el círculo, Xabier Fortes en 'La noche en 24 horas' invitó a Juan Roch, quien, con la tranquilidad de quien no tiene que limpiar la sangre del asfalto, definió estos ataques como la 'normalidad' de nuestro sistema. Santiago Abascal, desde Burgos, ha denunciado que esta violencia está organizada desde la Moncloa para acosar sus actos, citando lo ocurrido en La Coruña y Avilés. Al final, el guion de TVE es sencillo: si el ataque es contra el tercer partido con más representación, no es violencia, es 'estética democrática'. Una ingeniería narrativa donde el odio se disfraza de civismo y el ruido de los disturbios se apaga con una sonrisa complaciente en el plató.
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Xavier Domínguez