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Hay quienes ven la seguridad nacional como un servicio y quienes la ven como un catálogo de Wallapop. Un colaborador de la Policía Nacional, de esos que deberían dormir tranquilos sabiendo que protegen el Estado, decidió que la ubicación de un espía valía más que su honor. En marzo, en el hotel Eurobuilding de Madrid, mientras otros pedían un café, este personaje se sentó con emisarios de Marruecos para cerrar un trato: el paradero de Mehdi Hijaouy a cambio de un 'pequeño' incentivo de entre dos y tres millones de euros. Para que nos entendamos, mientras el ciudadano medio pelea con la letra pequeña de la hipoteca, este confidente del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska intentó hacer el negocio de su vida vendiendo a un prófugo como quien vende un coche de segunda mano. Hijaouy no es un cualquiera; era la mano derecha de Yassine Mansouri y jefe del «Service Action» de la DGED. Es el hombre que guarda las llaves del reino: las pruebas del spyware Pegasus y, según se dice, el material sustraído del teléfono de Pedro Sánchez. El colaborador policial no solo sabía que Hijaouy respiraba, sino que le dio el mapa detallado: un piso en Mejorada del Campo y una finca en Cáceres. Datos que, en un mundo sin hipocresías, habrían terminado en un atestado y no en una negociación hotelera. El espía, que ya había pasado por la Audiencia Nacional tras ser detenido en septiembre de 2024, terminó convirtiéndose en la moneda de cambio de un sistema donde la lealtad tiene precio. Mientras el grupo Jaboroot amenaza con soltar la lista de 70.000 agentes y los secretos de la crisis de Ceuta, nosotros descubrimos que en el corazón del aparato policial hay quien prefiere el billete extranjero al deber público. Un despliegue de cinismo que deja el concepto de 'seguridad nacional' como un chiste de mal gusto.
Hay quien lleva la agenda de contactos en el móvil y hay quien, desde el Ministerio del Interior, prefiere montar un catálogo de periodistas clasificados por ideología. Fernando Grande-Marlaska ha tenido que hacer malabares este miércoles para explicar que ese inventario, que Miguel Tellado del PP exhibió en el Congreso como quien enseña una prueba incriminatoria en un juicio, no es más que un 'documento de trabajo'. Claro, porque en el diccionario del poder, etiquetar a profesionales como Carlos Cuesta según su tendencia política es simplemente 'organizar la oficina'. Es la gimnasia mental de quien pide excusas si alguien se siente mal, pero se niega a soltar la silla del mando. Mientras el ministro intenta convencernos de que no hay perfiles ideológicos donde el texto dice precisamente eso, Ceuta sigue siendo el elefante en la habitación. Para Marlaska, el miedo de los vecinos es una 'inseguridad subjetiva'. Traducido al lenguaje de la calle: 'estáis asustados, pero es cosa vuestra, no es para tanto'. Una respuesta que suena a broma de mal gusto mientras Ana Belén Vázquez le recuerda que lo de Ceuta no es una crisis humanitaria, sino una invasión con agresiones y violaciones que no encajan en el PowerPoint del Gobierno. La ironía es deliciosa: el Ministerio es quirúrgico y eficiente para hacer el triaje de periodistas incómodos, pero se vuelve torpe y ciego cuando toca gestionar la frontera. Entre los gritos de 'ministro indigno' y las acusaciones de gestionar el Estado como una 'dictadura bananera', Marlaska se refugia en el mantra de los 'bulos'. Al final, el listado es solo un papel, la inseguridad es solo un sentimiento y la dimisión es solo una sugerencia que el ministro ha decidido ignorar con una calma envidiable.
Hacer números con el dinero público es, a veces, entrar en una dimensión paralela donde la aritmética se vuelve creativa. Tomemos el caso de Casa 47, la joya de la corona de la Vivienda del Gobierno. La cuenta es sencilla, casi infantil: 112 empleados para gestionar 645 pisos. Si hacemos la división, tenemos casi un funcionario por cada cinco viviendas. En cualquier inmobiliaria de barrio, el dueño echaría a todo el mundo antes del café de las nueve, pero aquí estamos hablando de ingeniería estatal. El despliegue financiero es sencillamente obsceno. Mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz como quien mira una película de terror, el Ejecutivo ha soltado 4,5 millones de euros en salarios. De ese pastel, una tarta muy selecta de 9 altos cargos del Comité de Dirección se queda con unos 800.000 euros anuales. Es el lujo de gestionar la escasez desde la abundancia. Pero no se detengan ahí, que el gasto es un deporte de riesgo. Han soltado 1,5 millones de euros en un call center y otros 1,4 millones a EY para que la página web luzca bonita. Para rematar el cuadro, los miembros del Consejo Rector cobran 800 euros por cada reunión, básicamente por sentarse a discutir cómo solucionar un problema que no solucionan. Lo más surrealista es el concepto de 'vivienda asequible'. En Vidreres, Gerona, piden 1.012 euros al mes por un piso. En un pueblo devastado por la Dana, con menos de 160 habitantes, el alquiler 'social' ronda los 956 euros. Es una genialidad: combatir la crisis de vivienda cobrando precios de hotel boutique en la España vaciada. Ni Ione Belarra ni Verónica Martínez Barbero han podido evitar llamar a esto una 'tomadura de pelo', aunque el chiste, lamentablemente, lo pagamos todos.
El Gobierno ha decidido que el contrato laboral ya no sea solo un papel donde firmas tu destino, sino un billete de vuelta garantizado. Yolanda Díaz, en una rueda de prensa en La Moncloa este martes, ha anunciado la transposición de una directiva europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles. La jugada es sencilla: ahora las empresas deberán incluir cláusulas de repatriación. Básicamente, hay que dejar por escrito quién paga el viaje de vuelta al país de origen cuando se acabe la relación laboral. El Ministerio de Trabajo juega al gato y al ratón con la semántica. Dicen que la ley solo exige 'especificar' quién sufraga el gasto, pero acto seguido sueltan la bomba: «lo normal» es que lo pague el empresario. Es como cuando te dicen que el menú es flexible, pero el precio es innegociable. Para el empresario, esto no es un detalle administrativo; es un sablazo extra en la factura operativa. Imaginen a quien contrata personal para la recogida de la fresa en un país africano: ahora, además de la gestión del trabajador, debe provisionar el billete de avión de regreso como si fuera un seguro de coche obligatorio. Pero la generosidad burocrática no acaba ahí. El Gobierno también obliga a traducir los contratos al idioma de origen del inmigrante. Porque claro, no queremos que haya malentendidos, aunque el malentendido real sea el coste de contratar traductores jurados para cada contrato estacional. Esta norma, que también protege al español que trabaja fuera, se presenta como una garantía de transparencia. En realidad, es trasladar la responsabilidad social al balance de resultados de la empresa, asegurando que nadie se quede 'tirado' en el país ajeno mientras el Estado se lava las manos con una directiva europea.
En el tablero político, hay jugadas que parecen sacadas de un manual de magia barata. El Gobierno intentó hacer aparecer en el censo electoral a 382.930 personas mediante la 'Ley de Nietos', una maniobra de ingeniería demográfica que, vista con frialdad, es como intentar inflar el saldo de la cuenta corriente justo antes de que el banco revise los extractos. El Tribunal Supremo ha puesto el freno de mano, suspendiendo estas altas en el CERA tras los recursos de Vox e Iustitia Europa. La jugada era maestra: una instrucción firmada en octubre de 2022 por Sofía Puente —casualmente hermana del ministro de Transportes— permitía presumir que cualquiera que saliera de España entre 1936 y 1955 era un exiliado. No hacía falta probar la persecución, bastaba con haber cruzado la frontera. Un 'vale todo' administrativo que convirtió el censo en un coladero. Para que nos entendamos: el PSOE se quedó a 339.119 votos del PP en las generales del 23 de julio de 2023. Sumar esos 382.930 nuevos votantes habría sido como encontrar un billete de 50 euros en el bolsillo de un pantalón viejo justo cuando no tienes para el alquiler; un alivio matemático que habría alterado el tablero. Ahora, el Supremo exige papeles. Se acabó el 'porque yo lo digo'. Solo pasarán los que acrediten el exilio real, sin presunciones creativas. Mientras el CERA pasaba de 2.333.056 electores en 2023 a 2.715.986 en junio de 2026, la Abogacía del Estado decía que no sabía de dónde venían las altas. Curioso que el Estado sea incapaz de llevar la cuenta de quién entra en su casa, pero muy eficiente a la hora de abrir la puerta. El margen entre bloques fue de 424.084 papeletas; una diferencia que ahora vuelve a ser un muro infranqueable para quienes confiaban en la aritmética del exilio presumido.
Hay escenas que parecen sacadas de una comedia de enredo, pero que se pagan con el presupuesto del Estado. Este 8 de septiembre, el juzgado de Juan Carlos Peinado se convirtió en un patio de colegio donde el magistrado, harto de la pedagogía no solicitada, fulminó al abogado Chema de Pablo con un zarpazo lapidario: «No venga a darnos una clase de 1º de Informática». El letrado, que intentaba explicar el registro de dominios web como quien lee las instrucciones de un microondas, cometió el error táctico de insinuar que el juez, por su edad, estaba desfasado tecnológicamente. Un movimiento arriesgado cuando el que tiene el mazo es el que decide si el camino lleva a la libertad o a un agujero contable por malversación. Mientras el debate técnico sobre servidores y software consumía el tiempo, el banquillo lucía una limpieza envidiable. Begoña Gómez brilló por su ausencia, y Cristina Álvarez, la asesora pagada por Moncloa imputada por usar su horario laboral para asuntos privados, prefería el sol de Miami que el aire acondicionado de la sala. Es el contraste perfecto: mientras unos discuten si un dominio web es un delito, otros disfrutan de vacaciones en el Caribe tras recuperar el pasaporte. En el tablero de piezas, Jaime Campaner debuta como defensor de Gómez, aterrizando literalmente del aeropuerto con una hora de retraso, sustituyendo al perfil político de Antonio Camacho por uno más técnico. Por su parte, la acusación popular unificada en HazteOir (con Vox y Manos Limpias al mando) y la Universidad Complutense de Madrid ratificaron sus escritos en un abrir y cerrar de ojos. Al final, la vista dejó el sabor de boca de un proceso donde los protagonistas no aparecen, los abogados se pelean por conceptos básicos de IT y el juez tiene la paciencia tan agotada como el presupuesto de cualquier ciudadano medio al final del mes.
En el tablero del Consejo de Ministros, las prioridades se gestionan con una gimnasia mental digna de circo. Mientras el ciudadano medio mira el alquiler como quien mira una película de terror, el Gobierno ha decidido soltar 40,41 millones de euros para vivienda y suelo mediante subvenciones directas. Parece mucho, hasta que haces la cuenta de la vieja y recuerdas que hace unas semanas se volatilizaron más de 270 millones en cooperación internacional. Es como intentar tapar una inundación en el salón con un trapo húmedo mientras regamos el jardín del vecino con una manguera industrial. Pero el verdadero espectáculo ocurre en Ceuta. Allí, la gestión se mide en colchones y carpas, como si estuviéramos montando un festival de música mediocre. El 'plan de choque' se ha tragado 309 millones de euros, una cifra que hace que cualquier presupuesto doméstico implosione. El despliegue es casi militar: 5.200 patrullas de vigilancia, 2.000 literas y 45.000 vacunas de procedencia misteriosa. Todo esto mientras el Ministerio de Juventud admite que las ayudas para los 2.004 niños atendidos son, básicamente, una promesa electoral: 'están previstas'. Para rematar la faena, la ingeniería financiera se extiende al ocio cultural con 1,2 millones de euros repartidos entre el Teatro Cervantes de Málaga, el Festival de Cine de San Sebastián y la Spain Film Commission. Es la clásica receta: 우선idad al postureo internacional y al cine de autor, mientras en Alcobendas se queman 309.209 euros solo en seguridad para el Centro de Acogida de Protección Internacional. Al final, el balance es sencillo: 4.516 retornos voluntarios y 278 expulsiones, pero una factura pública que no deja de crecer mientras el acceso a un techo propio sigue siendo un deporte de riesgo para los de casa.
En la televisión pública, el 'servicio público' se ha convertido en un concepto elástico, casi un chiste de mal gusto. La última genialidad consiste en sentar a Pedro Sánchez en el plató de 'Mañaneros 360', un programa que, para evitar las molestias de los controles deontológicos, se disfraza de 'infoentretenimiento'. Es el truco del almendruco: si lo llamas magacín, te ahorras el rigor periodístico y puedes externalizar la producción a La Cometa, mientras los profesionales de casa miran desde la barrera cómo se saltan el artículo 35 del Mandato Marco, que exige un 100% de producción interna para lo institucional. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca, RTVE se gasta millones en productoras externas para programas como 'Malas Lenguas' o 'Directo al grano'. El resultado es un currículum envidiable de condenas judiciales por bulos y noticias falsas. Es como contratar a un fontanero externo que te rompe la tubería y luego cobrarle la reparación al vecino. El Consejo de Informativos (CdI) y el sindicato USO ya han soltado el látigo, calificando la entrevista al presidente como un hecho de 'gravedad extrema'. No es una cuestión de quién pregunta, sino de quién firma el cheque y quién controla la verdad. La indignación es tan real que el 93,5% de los trabajadores consultados creen que este modelo está dinamitando la credibilidad de la corporación. La respuesta no ha sido un correo electrónico educado, sino la convocatoria de paros generales por parte de la CGT para el próximo lunes 14 de septiembre. En Torrespaña y Prado del Rey ya se huele el incendio; la asamblea de este miércoles es solo el fósforo que falta para que la externalización pase de ser un 'modelo de gestión' a un problema de orden público.
Hacer malabares con el presupuesto público es un arte, pero lo de la Moncloa en Ceuta ya es una obra de surrealismo puro. El Ministerio de Sanidad nos vendió un paquete 'Premium' de 100 profesionales para paliar una crisis sanitaria que ya cumple 40 días. Pero, al abrir la caja, la sorpresa es mayúscula: en el servicio de Urgencias, donde la presión es tan alta que los médicos terminan llorando, solo ha aterrizado un único facultativo. Un solo médico. Es como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua mientras el secretario de Estado, Javier Padilla, presume en 'Al Rojo Vivo' de que la plantilla se ha ampliado 'en uno o dos médicos por turno'. La ingeniería contable es fascinante. Nos hablan de 100 contratos, pero en la calle saben que eso es maquillaje: son contratos encadenados para la misma gente, principalmente personal de limpieza, enfermeros y TCAE. Mientras tanto, el músculo financiero del Ministerio, esos 122 millones de euros que Padilla mencionó en sus reuniones, parece haberse evaporado en el camino o haberse quedado atrapado en algún despacho de Madrid. Con esa cantidad, que haría palidecer a cualquier familia media al mirar la hipoteca, solo han sido capaces de poner una firma más en el libro de Urgencias. La hipocresía alcanza su cénit con Mónica García, quien insiste en que no hay colapso, solo una situación 'tensionada'. Llamar 'crisis humanitaria' a un colapso sanitario es un juego de palabras digno de un diccionario de eufemismos políticos. El resultado es una desmoralización total: tres bajas médicas por estrés y un servicio que sobrevive con cinco profesionales por turno, lidiando no solo con neumonías y sarampión, sino con un repunte de intoxicaciones por cocaína y metanfetaminas entre menores. Mientras el Gobierno juega al Monopoly con la salud pública, Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) ha conseguido 27 voluntarios en 48 horas. El mensaje es claro: la voluntad no cuesta 122 millones, pero la inacción política sale muy cara.
El Tribunal Supremo acaba de darle un zarpazo monumental a la ingeniería electoral del Gobierno. Resulta que Sofía Puente decidió que la 'Ley de Memoria Democrática' no era solo para reparar el daño a los exiliados, sino que cualquier descendiente de alguien que hubiera hecho las maletas entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 podía collinear para el pasaporte y el voto. Básicamente, convirtieron una medida de reparación histórica en un buffet libre de nacionalidades. El resultado fue un inflado del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que parece una cuenta bancaria en paraíso fiscal: pasamos de 2.328.260 electores en 2023 a unos delirantes 2.736.522 el 1 de julio de 2026. Estamos hablando de 408.262 nuevos votantes que aparecieron por arte de magia, la mayor subida de la historia. Para que nos entendamos, es como si en una comunidad de vecinos de repente aparecieran cuatrocientos mil inquilinos nuevos que no pagan comunidad pero quieren decidir el color de la fachada. La anomalía es tan bestia que en 162 municipios el CERA ya pesa más que el censo residente (75.182 contra 56.171), y en 558 pueblos el voto exterior ya es el 50% del total. Iustitia Europa y Vox, que no se quisieron perder la fiesta, llevaron el asunto al Supremo, que ha decidido suspender los efectos de esta 'argucia'. Ahora, salvo que el consulado certifique un exilio real y documentado —algo que el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior admite que ocurre en 'muy poca gente'—, esos cientos de miles de nuevos españoles se quedan fuera de las urnas. Mientras Félix Bolaños se pone la mano en el pecho hablando de 'enorme trascendencia' y derechos vulnerados, el Tribunal aplica el 'periculum in mora'. En cristiano: que si no actúan ya, el daño es irreparable. El Gobierno quería jugar al Monopoly con el censo, pero el Supremo les ha recogido el tablero.
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Xavier Domínguez