La noticia es un festín de revelaciones, pero deja en el aire la identidad exacta del 'colaborador', protegiendo quizás más al traidor que al sistema. El contraste entre la gravedad del espionaje y la banalidad de la cita hotelera es el verdadero clavo en el ataúd.
España ha logrado lo que parecía imposible: alcanzar el fondo del barril educativo. Mientras nosotros nos peleamos por el precio del aceite en el súper, la OCDE nos ha soltado el informe PISA y el resultado es un auténtico agujero negro. Bajo el mandato de Pedro Sánchez, el rendimiento estudiantil no ha bajado, se ha desplomado, marcando el peor resultado de toda la serie histórica. Es como si hubiéramos decidido que saber leer y sumar es un lujo opcional. Gregorio Luri, pedagogo que no se anda con chiquitas, ha puesto el dedo en la llaga. Para él, no es culpa de que los chavales estén pegados al móvil —porque en Estonia o Singapur usan pantallas y no se vuelven analfabetos—, sino de una 'desertización cognitiva'. Hemos cambiado el rigor por una 'pedagogía blanda' y matemáticas emocionales. Básicamente, hemos sustituido el esfuerzo por palmaditas en la espalda, produciendo más deficiencia que excelencia. Es la gestión del 'todo bien' mientras el edificio se cae a trozos. Pero el espectáculo tiene un giro digno de thriller contable. Jorge Sainz ha destapado que en Cataluña la tasa de exclusión de alumnos pasó del 5,6 % en 2022 al 23,2 % en 2025. Cuadruplicar la exclusión en tres años no es un error de cálculo, es un truco de magia para que la media nacional (477 en ciencias y 451 en lectura) no parezca tan catastrófica. Mientras tanto, el País Vasco ha sufrido un desplome de 47 puntos en lectura, bajando a 419. Al final, nos venden una media nacional que no describe a nadie, ocultando un sistema fragmentado donde el absentismo y la falta de profesores son la verdadera asignatura pendiente.
Hay quienes ven la seguridad nacional como un servicio y quienes la ven como un catálogo de Wallapop. Un colaborador de la Policía Nacional, de esos que deberían dormir tranquilos sabiendo que protegen el Estado, decidió que la ubicación de un espía valía más que su honor. En marzo, en el hotel Eurobuilding de Madrid, mientras otros pedían un café, este personaje se sentó con emisarios de Marruecos para cerrar un trato: el paradero de Mehdi Hijaouy a cambio de un 'pequeño' incentivo de entre dos y tres millones de euros. Para que nos entendamos, mientras el ciudadano medio pelea con la letra pequeña de la hipoteca, este confidente del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska intentó hacer el negocio de su vida vendiendo a un prófugo como quien vende un coche de segunda mano. Hijaouy no es un cualquiera; era la mano derecha de Yassine Mansouri y jefe del «Service Action» de la DGED. Es el hombre que guarda las llaves del reino: las pruebas del spyware Pegasus y, según se dice, el material sustraído del teléfono de Pedro Sánchez. El colaborador policial no solo sabía que Hijaouy respiraba, sino que le dio el mapa detallado: un piso en Mejorada del Campo y una finca en Cáceres. Datos que, en un mundo sin hipocresías, habrían terminado en un atestado y no en una negociación hotelera. El espía, que ya había pasado por la Audiencia Nacional tras ser detenido en septiembre de 2024, terminó convirtiéndose en la moneda de cambio de un sistema donde la lealtad tiene precio. Mientras el grupo Jaboroot amenaza con soltar la lista de 70.000 agentes y los secretos de la crisis de Ceuta, nosotros descubrimos que en el corazón del aparato policial hay quien prefiere el billete extranjero al deber público. Un despliegue de cinismo que deja el concepto de 'seguridad nacional' como un chiste de mal gusto.
Hay quien lleva la agenda de contactos en el móvil y hay quien, desde el Ministerio del Interior, prefiere montar un catálogo de periodistas clasificados por ideología. Fernando Grande-Marlaska ha tenido que hacer malabares este miércoles para explicar que ese inventario, que Miguel Tellado del PP exhibió en el Congreso como quien enseña una prueba incriminatoria en un juicio, no es más que un 'documento de trabajo'. Claro, porque en el diccionario del poder, etiquetar a profesionales como Carlos Cuesta según su tendencia política es simplemente 'organizar la oficina'. Es la gimnasia mental de quien pide excusas si alguien se siente mal, pero se niega a soltar la silla del mando. Mientras el ministro intenta convencernos de que no hay perfiles ideológicos donde el texto dice precisamente eso, Ceuta sigue siendo el elefante en la habitación. Para Marlaska, el miedo de los vecinos es una 'inseguridad subjetiva'. Traducido al lenguaje de la calle: 'estáis asustados, pero es cosa vuestra, no es para tanto'. Una respuesta que suena a broma de mal gusto mientras Ana Belén Vázquez le recuerda que lo de Ceuta no es una crisis humanitaria, sino una invasión con agresiones y violaciones que no encajan en el PowerPoint del Gobierno. La ironía es deliciosa: el Ministerio es quirúrgico y eficiente para hacer el triaje de periodistas incómodos, pero se vuelve torpe y ciego cuando toca gestionar la frontera. Entre los gritos de 'ministro indigno' y las acusaciones de gestionar el Estado como una 'dictadura bananera', Marlaska se refugia en el mantra de los 'bulos'. Al final, el listado es solo un papel, la inseguridad es solo un sentimiento y la dimisión es solo una sugerencia que el ministro ha decidido ignorar con una calma envidiable.
Olvídense de la estampa del náufrago desesperado que llega a la orilla con lo puesto y la mirada perdida. La nueva temporada de llegadas a Baleares viene con un catálogo distinto: iPhones de última generación, zapatillas Nike que no han pisado el barro y neceseres organizados como si se fueran de escapada a Benidorm. No es una huida improvisada; es una logística de precisión. Estamos ante las llamadas ‘taxi-pateras’, un servicio de transporte marítimo donde el equipaje de mano es prioridad y la mudanza está planificada. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la cesta de la compra, algunos desembarcan en Cabrera y Palma con un kit de supervivencia que envidiaría cualquier influencer. La Guardia Civil y la Policía Nacional han confirmado que el 'outfit' de llegada incluye ropa de recambio y terminales de alta gama, rompiendo el mito de la miseria absoluta. El contraste es casi surrealista: decenas de personas aterrizando junto a hoteles de lujo en Palma, portando calzado deportivo de marca que probablemente costó más que el propio pasaje en la patera. Los números no mienten, aunque la narrativa sí. En una sola semana, 11 pateras han depositado a 183 inmigrantes en el archipiélago. El martes fue un día de actividad frenética: desde las 11:50 en Can Parra (Formentera) con 18 magrebíes, pasando por Portocolom con 9 más, hasta el despliegue en el Pilar de la Mola y s’Estufador. La jornada cerró con un desfile de llegadas: 24 subsaharianos rescatados a una milla al sur de Cabrera a las 03:24, y otros 23 magrebíes en el faro de n’Ensiola a las 08:30. Todo coordinado, todo con mudas limpias. La migración ya no es solo un drama humano; es, en ciertos casos, un traslado con equipaje optimizado.
Hacer números con el dinero público es, a veces, entrar en una dimensión paralela donde la aritmética se vuelve creativa. Tomemos el caso de Casa 47, la joya de la corona de la Vivienda del Gobierno. La cuenta es sencilla, casi infantil: 112 empleados para gestionar 645 pisos. Si hacemos la división, tenemos casi un funcionario por cada cinco viviendas. En cualquier inmobiliaria de barrio, el dueño echaría a todo el mundo antes del café de las nueve, pero aquí estamos hablando de ingeniería estatal. El despliegue financiero es sencillamente obsceno. Mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz como quien mira una película de terror, el Ejecutivo ha soltado 4,5 millones de euros en salarios. De ese pastel, una tarta muy selecta de 9 altos cargos del Comité de Dirección se queda con unos 800.000 euros anuales. Es el lujo de gestionar la escasez desde la abundancia. Pero no se detengan ahí, que el gasto es un deporte de riesgo. Han soltado 1,5 millones de euros en un call center y otros 1,4 millones a EY para que la página web luzca bonita. Para rematar el cuadro, los miembros del Consejo Rector cobran 800 euros por cada reunión, básicamente por sentarse a discutir cómo solucionar un problema que no solucionan. Lo más surrealista es el concepto de 'vivienda asequible'. En Vidreres, Gerona, piden 1.012 euros al mes por un piso. En un pueblo devastado por la Dana, con menos de 160 habitantes, el alquiler 'social' ronda los 956 euros. Es una genialidad: combatir la crisis de vivienda cobrando precios de hotel boutique en la España vaciada. Ni Ione Belarra ni Verónica Martínez Barbero han podido evitar llamar a esto una 'tomadura de pelo', aunque el chiste, lamentablemente, lo pagamos todos.
Hay quien dice que el dinero público es como el agua, pero en el Gobierno de Pedro Sánchez parece que lo gestionan como si fuera un buffet libre para amigos con mala suerte financiera. El caso de Vivanta es la joya de la corona de esta ingeniería: 40 millones de euros rescatados en 2022 a través del FASEE para salvar una cadena de clínicas dentales que, curiosamente, ya estaba en números rojos antes de que el Covid nos obligara a todos a usar mascarilla. Para que el ciudadano de a pie lo entienda: mientras el Estado presupuestaba 44 millones para mejorar la salud bucodental pública de todo el país, decidió que era 'estratégico' soltar casi la misma cantidad para que una sola empresa privada no cerrara el chiringuito. Un detalle exquisito. La SEPI, actuando como el portero de una discoteca exclusiva, se ha negado sistemáticamente a enseñar los papeles que justifican por qué Vivanta era 'estratégica'. Prefirieron ir a la Audiencia Nacional antes que admitir que quizá el criterio de selección fue el azar o un apretón de manos. El Consejo General de Dentistas, que no es tonto, ha denunciado que mientras el autónomo de barrio se dejaba la piel pagando créditos bancarios, Vivanta disfrutaba de un privilegio casi real. La comedia alcanza su clímax ahora. El Gobierno, en un alarde de generosidad, ha recalendarizado la deuda hasta julio de 2028, permitiendo que la compañía respire mientras Fairy Investments Topco compra el control de Aestes Dental y sus filiales (Vivanta Canarias y Vivantadental). El resultado es un clásico del género: la empresa cambia de manos, los dueños se desmarcan y los 40 millones de los contribuyentes siguen flotando en el aire, sin devolverse, mientras la CNMC pone el sello a la operación. Es el arte de rescatar el negocio ajeno con la cartera de todos.
El Gobierno ha decidido que el contrato laboral ya no sea solo un papel donde firmas tu destino, sino un billete de vuelta garantizado. Yolanda Díaz, en una rueda de prensa en La Moncloa este martes, ha anunciado la transposición de una directiva europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles. La jugada es sencilla: ahora las empresas deberán incluir cláusulas de repatriación. Básicamente, hay que dejar por escrito quién paga el viaje de vuelta al país de origen cuando se acabe la relación laboral. El Ministerio de Trabajo juega al gato y al ratón con la semántica. Dicen que la ley solo exige 'especificar' quién sufraga el gasto, pero acto seguido sueltan la bomba: «lo normal» es que lo pague el empresario. Es como cuando te dicen que el menú es flexible, pero el precio es innegociable. Para el empresario, esto no es un detalle administrativo; es un sablazo extra en la factura operativa. Imaginen a quien contrata personal para la recogida de la fresa en un país africano: ahora, además de la gestión del trabajador, debe provisionar el billete de avión de regreso como si fuera un seguro de coche obligatorio. Pero la generosidad burocrática no acaba ahí. El Gobierno también obliga a traducir los contratos al idioma de origen del inmigrante. Porque claro, no queremos que haya malentendidos, aunque el malentendido real sea el coste de contratar traductores jurados para cada contrato estacional. Esta norma, que también protege al español que trabaja fuera, se presenta como una garantía de transparencia. En realidad, es trasladar la responsabilidad social al balance de resultados de la empresa, asegurando que nadie se quede 'tirado' en el país ajeno mientras el Estado se lava las manos con una directiva europea.
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