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Hay una forma muy elegante de limpiar la mesa antes de repartir las cartas: se llama 'evaluación técnica'. En el caso del contrato de Red.es para la Oficina Acelera Pyme, la limpieza fue quirúrgica. Mientras el ciudadano medio pelea con la administración para que no le cobren una tasa indebida, aquí se manejaba un presupuesto de 3,685 millones de euros (que, si le sumas el IVA, supera los cuatro millones), fondos europeos que parecen deslizarse con una facilidad pasmosa hacia ciertos bolsillos. El guion es digno de un manual de 'cómo cocinar un concurso'. El juez Juan Carlos Peinado ha puesto la lupa sobre una pieza donde la Dirección de Economía Digital, capitaneada por Luis Prieto Cuerdo, hizo el trabajo sucio: diseñó el contrato, fue el responsable de su ejecución y, convenientemente, redactó el informe de valoración técnica. Un concentrate de poder que haría palidecer a cualquier auditor serio. La magia ocurrió entre septiembre de 2020 y febrero de 2021. Durante cinco meses, la Mesa de Contratación se tomó su tiempo, como quien espera a que el café se enfríe, para decidir que seis de los diez rivales de Juan Carlos Barrabés no daban la talla. IDC Research, Internetsia, Memorándum Multimedia, Oesía Networks y las UTEs de Consultia-Nebext y Mainjobs-Fidesol fueron fulminadas por no alcanzar los cinco puntos mínimos. Un 'corte de cinta' administrativo que dejó el camino libre. Al final, la UTE KPMG-Innova se llevó el premio gordo con un 10 redondo en la puntuación técnica, dejando a PwC y DXC Technology comiendo polvo. Todo esto mientras Barrabés mantenía sus vínculos con Begoña Gómez, compartiendo másteres y cartas de apoyo. No es que el contrato sea ilegal per se, es que la coincidencia de funciones y la criba selectiva huelen a una ingeniería financiera donde el azar no tiene invitación.
En el tablero del poder, la verdad es como un chicle: se estira hasta que alguien pone el dedo en la llaga. Dos exjefes de la UCO, Rafael Yuste y Alfonso López Malo, han jugado al juego del 'primero digo que no y luego confieso'. Ante el juez Santiago Pedraz, la historia es un delirio de presupuestos invisibles y órdenes susurradas. Resulta que estos mandos negaron inicialmente haber recibido presiones de la cúpula para 'ponerse de perfil' en causas que incomodan al Gobierno de Pedro Sánchez. Pero claro, cuando los agentes de su propia unidad empezaron a apretar las tuercas, la verdad salió a flote: sí hubo presiones, y el hilo conducía directo al DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas. Es la clásica maniobra de oficina: te piden que mires hacia otro lado mientras el hermano del presidente, David Sánchez, tiene sus asuntos en la Diputación de Badajoz bajo la lupa. Mientras el ciudadano medio se pelea con la factura de la luz, aquí se gestionan 'informaciones reservadas' como quien pide un menú del día. El imbroglio escala con Leire Díez y Santos Cerdán, señalados como los arquitectos de una trama para desestabilizar causas judiciales. Para añadir sal al guiso, se investiga si Díez pudo influir en la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, para abrir expedientes contra la UCO. Todo esto envuelto en notas de despacho y secretos de estado que parecen sacados de una mala serie de espionaje, donde la lealtad institucional tiene un precio y la honestidad es un accesorio opcional que solo aparece cuando el juez pide explicaciones.
Hay quienes confunden la gestión de un Ministerio con la gestión de un grupo de WhatsApp de barrio, y el entorno de José Luis Ábalos parece haber optado por la segunda. Mientras el Tribunal Supremo le cae encima con una condena de 24 años de prisión por el caso Mascarillas, su pareja, Andrea de la Torre Maeso, ha decidido que la culpa no es de la ingeniería financiera del exministro, sino de la exmujer, Carolina Perles. El lunes, a las 18:53 horas, De la Torre lanzó un mensaje que parece sacado de una telenovela de bajo presupuesto, preguntando cuánto le habrían pagado a Perles por 'traicionarlo' y lanzando sentencias lapidarias sobre los hijos del condenado. Es fascinante el patrón: cuando los datos aprietan, surge la narrativa del 'pago secreto'. Ábalos ya lo hizo en 2024, intentando desviar la atención de que pagaba unos 6.000 euros al mes —lo mismo que su sueldo de ministro— a una prostituta, Jésica Rodríguez García, quien cobraba la módica suma de 1.500 euros diarios por acompañarlo en viajes oficiales. En aquel entonces, el exministro llamó 'correo fake' a la evidencia, una táctica tan sofisticada como intentar tapar el sol con un colador. Ahora, la joven malagueña, que tiene una edad similar a la de Rocío, la hija mayor de Ábalos, ha recurrido a cambiar de número de teléfono para seguir el hostigamiento. Desde septiembre de 2025, con el documental 'El precio de la corrupción', hasta el pasado 17 de octubre, la estrategia ha sido la misma: amenazas sobre la maternidad de Perles y difamaciones sobre supuestas condenas por conducir ebria que nunca existieron. Al final, mientras uno se prepara para la celda, la otra se cree la directora de una campaña de desprestigio que solo consigue sumar expedientes judiciales por acoso.
Imaginen que el Ayuntamiento de Soria es ese cajón de sastre donde guardamos los tickets del súper y las facturas pendientes. Pues bien, la Guardia Civil ha decidido hacer limpieza general. Desde primera hora de la mañana, la Policía Judicial ha entrado a saco en el Consistorio, buscando rastros de lo que en la calle llamamos 'el juego de los contactos' y en el juzgado 'organización criminal'. El menú de delitos es variado, casi un buffet libre de irregularidades: blanqueo de capitales, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental. Básicamente, el kit completo de la ingeniería financiera municipal. Todo esto ocurre bajo la batuta del Tribunal de Instancia Plaza número 3 de Soria y la Fiscalía de la Audiencia Provincial. Lo curioso, casi poético, es el timing. Carlos Martínez, el actual líder del PSOE en Castilla y León, fue el patrón de Soria hasta abril de este año, justo antes de saltar a las autonómicas. Ahora el timón lo lleva Javier Antón, también del bando socialista. Es fascinante cómo la 'máxima colaboración' que presume el Ayuntamiento en sus notas de prensa suena a disculpa de quien ha sido pillado con las manos en la masa pero insiste en que solo estaba ayudando a limpiar la cocina. La operación no se ha quedado en el despacho del alcalde. Ha habido tres entradas y registros, incluyendo domicilios particulares, y ya hay cinco detenidos: cuatro en Soria y uno en Madrid. Porque claro, para que el dinero 'desaparezca' con elegancia, a veces hace falta un puente hacia la capital. Mientras el Ayuntamiento nos pide 'prudencia' y 'respeto', la calle se pregunta cuántos ceros tenía la factura de este Área de Comercio que ha dinamitado la tranquilidad de la provincia.
Hay quien dice que el dinero público es un fondo común, pero en la 'trama Leire' parece que lo confunden con una hucha personal para repartir entre amigos. La historia es tan vieja como el camino: una empresa, Tubos Reunidos, recibe un rescate del Gobierno de Pedro Sánchez por 112,8 millones de euros. Hasta ahí, filantropía estatal. El problema llega cuando la compañía vende una planta en Sestao en julio de 2024 por 15 millones. Según las reglas del juego, 9,8 millones debían volver directos a la SEPI. Pero, claro, devolver el dinero es un hábito poco extendido en ciertos círculos. Aquí entra el grupo 'Hirurok', una suerte de agencia de viajes para el poder donde militan Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI, y Leire Díez. Cuando la vía directa con la administración resultó ser un muro de hormigón, activaron el 'teléfono rojo' con Santos Cerdán. El guion es digno de una serie de suspense: una reunión en el despacho de Cerdán en noviembre de 2024 con Carlos López de las Heras y Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia. ¿El objetivo? Que la SEPI dejara de ser tan insistente con el cobro. La magia operó rápido. El 14 de marzo de 2025 pidieron el aplazamiento y, en solo 19 días, la SEPI dijo que sí. Mientras tanto, el contrato de 'asesoramiento' —esa palabra tan elegante para disfrazar un sablazo— prometía 40.000 euros por el éxito de la gestión. Para el ciudadano medio, 40.000 euros son años de ahorros o una hipoteca; para esta trama, es simplemente el precio de un favor bien colocado. Leire Díez, actuando como la gran arquitecta, incluso movió los hilos con el Vicelehendakari Mikel Torres Lorenzo en octubre de 2024, asegurando que podían ayudar 'desde otras vías'. Vías que, casualmente, siempre terminan en la cuenta corriente de alguien.
Hay quien dice que las primarias son la fiesta de la democracia interna, pero en el PSOE de 2017 fueron, más bien, el casting para montar un club de beneficios privados. Mientras Pedro Sánchez se peleaba con Patxi López y Susana Díaz para recuperar el mando, en los márgenes del camino, entre viaje y viaje por Navarra, se fraguaba una sociedad limitada basada en la confianza y el saqueo. José Luis Ábalos no solo buscaba votos; encontró en Koldo García al chófer ideal: uno que no solo supiera conducir el coche, sino también el flujo de dinero sucio. La sentencia del Supremo es un manual de instrucciones sobre cómo convertir un cargo público en un cajero automático. Ábalos, condenado a 24 años y tres meses de prisión, utilizó su silla de ministro de Fomento como el sello de garantía para que Koldo García (condenado a 19 años y ocho meses) y Víctor de Aldama pudieran operar sin miedo. Lo que empezó como un 'compromiso militante' recomendado por Santos Cerdán acabó siendo una ingeniería financiera donde los fondos públicos se confundían con la cartera personal del jefe. El despliegue de lujo es modesty pura: 10.000 euros al mes para los gastos fijos de Ábalos, el pago del piso a su expareja Jésica Rodríguez y el alquiler de villas en Marbella y La Alcaidesa. Todo esto a cambio de favores tan mundanos como una nota de prensa sobre Air Europa o licencias de hidrocarburos. Mientras el ciudadano medio pelea con la factura de la luz, este trío gestionaba el Estado como quien gestiona un chiringuito de playa, con Aldama como el comisionista que, irónicamente, se libra de la cárcel por cantar los pecados de sus socios. Un negocio redondo, hasta que el Supremo decidió cerrar la persiana.
En el mercado de los favores políticos, el tiempo es oro y la ética es un estorbo. Mientras el ciudadano medio espera tres meses para que le aprueben una ayuda de Hacienda, en los pasillos del poder el reloj vuela. La UCO ha destapado que Tubos Reunidos S.A. no solo recibió un rescate de 112,8 millones de euros, sino que el trámite tuvo la velocidad de un Fórmula 1 gracias a una 'llamada' oportuna. Según los mensajes del Grupo Hirurok, hablar con el PNV un martes y que el expediente se apruebe el siguiente martes no es una coincidencia cósmica, es ingeniería de influencias. El esquema es tan viejo como el camino: el secretario de Estado de Economía ponía pegas y Arantxa Tapia tenía su criterio, pero al final, el peso del PNV dinamitó cualquier resistencia. Para que la maquinaria girara, Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar, junto a Leire Díez y Vicente Fernández, se habrían asegurado una comisión de 114.950 euros. Para disfrazar este 'agradecimiento', montaron el teatro de Mediaciones Martínez, una empresa instrumental que cobraba 60.000 euros anuales por unos 'asesoramientos' que probablemente consistieron en abrir la puerta adecuada. Pero la ambición no tiene botón de apagado. En 2024, la trama volvió a activarse para conseguir un aplazamiento de 10 millones de euros. Esta vez, el menú incluyó una reunión el 28 de enero de 2025 con la plana mayor: Andoni Ortuzar y Joseba Aurrekoetxea. El resultado fue quirúrgico: validación financiera el 21 de marzo, jurídica el 25 y el visto bueno final el 28 de marzo. Un ritmo de gestión que envidiaría cualquier administración pública, siempre que se tenga el teléfono correcto y la billetera abierta.
La justicia ha decidido que 24 años de prisión son el precio justo para que José Luis Ábalos reflexione sobre su gestión del tiempo. El Tribunal Supremo no solo ha puesto el sello al 'caso Koldo', sino que ha dejado claro que el Ministerio de Transportes no era una oficina pública, sino la sede central de una organización criminal donde Víctor de Aldama se paseaba como si fuera el dueño del chiringuito. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que la cuenta corriente no le diga 'adiós' a final de mes, algunos descubrieron la magia de la multiplicación rápida: Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL pasó de facturar cero euros en 2019 a embolsarse 53 millones gracias a la generosidad de Puertos del Estado y ADIF. Es el equivalente a que el vecino que no tiene ni para el pan acabe comprando un yate porque el Ayuntamiento le ha dado un contrato de emergencia. Pero el verdadero 'sablazo' maestro sigue en el limbo. Hablamos de los 263 millones de euros que Salvador Illa adelantó a FCS Select Products SL, una empresa de marketing para bebidas alcohólicas que no tenía ni un solo trabajador. Imaginen el surrealismo: contratar a alguien que hace etiquetas de botellas para gestionar la emergencia sanitaria. Lo más tierno es que la administradora de FCS ya tenía un currículum brillante: condenada en 2016 por estafa agravada. Ahora, mientras la Fiscalía Anticorrupción pide seis meses más al juez Ismael Moreno para seguir rascando, el expediente de Sanidad duerme la siesta en la Fiscalía Europea desde julio de 2022. Mientras tanto, la lista de invitados al banquete judicial crece con 14 imputados, incluyendo a Santos Cerdán y el presunto 'cupo vasco' de obras. El caso Koldo no es una noticia, es un catálogo de cómo vaciar las arcas públicas bajo el pretexto del pánico colectivo.
Hay que tener valor para llamar 'rescate' a una operación donde el dinero público fluye como agua en canalización mal puesta. Tubos Reunidos, la joya alavesa que recibió una inyección de 112,8 millones de euros en 2021 para no hundirse, decidió que el agradecimiento no bastaba y prefirió pagar la factura de los 'amigos'. En total, 247.459 euros se fueron en comisiones para la trama de Leire Díez, una cifra que para el ciudadano medio es un sueño febril, pero que para estos señores era simplemente el coste de lubricar los engranajes del poder. La ingeniería fue de manual: primero, 114.959 euros pasaron por Mediaciones Martínez, esa sociedad instrumental que servía de buzón para que Leire Díez, Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, se repartieran el botín. Luego, cuando el hambre de comisiones apremia, Vicente Fernández decidió saltarse al intermediario y cobrar 132.500 euros directamente en su cuenta personal. Un movimiento audaz, casi poético, que el juez Santiago Pedraz no ha visto con buenos ojos, imputando ya a tres altos cargos, incluido el expresidente ejecutivo Francisco Irazusta. Pero el guion tiene un giro fascinante en la calle Ferraz. El informe de la UCO sitúa a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, en una reunión de noviembre de 2024 que, mágicamente, cambió la actitud de la SEPI respecto a la amortización del rescate. Mientras el ciudadano lucha con la inflación, en las altas esferas se gestionan aplazamientos de deuda y desbloqueos del FASEE con llamadas y cenas. El grupo Hirurok no vendía tuberías, vendía accesos; y Tubos Reunidos pagó el pase VIP con el dinero que, irónicamente, ya era parte del rescate público.
Hay una elegancia casi coreográfica en cómo se gestionan los relevos políticos cuando el aire empieza a oler a quemado. Carlos Martínez, el hombre que gobernó Soria desde 2007 hasta abril pasado, decidió que era el momento perfecto para saltar a las Cortes de Castilla y León y liderar la oposición del PSOE. Una mudanza administrativa impecable, justificada por la incompatibilidad legal de ser procurador y alcalde en municipios de más de 20.000 habitantes. Pero, como ocurre con las facturas que llegan con sorpresa al final del mes, el pasado tiene una memoria implacable. Este martes, la Guardia Civil decidió que el Ayuntamiento de Soria necesitaba una limpieza profunda, pero no de polvo, sino de archivos. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Soria, Plaza número 3, ha puesto el foco en el Área de Comercio, ese rincón donde Yolanda Santos Grande, del PSOE, lleva el timón. Mientras el ciudadano medio se pelea con la administración por un padrón, la justicia ha preferido ir directa al grano: seis detenidos. Cuatro en la provincia de Soria y dos en Madrid, porque al parecer la ingeniería financiera de los comercios locales requería algunas escalas en la capital. Desde el Ayuntamiento, la respuesta ha sido el manual clásico de supervivencia política: piden 'prudencia' y 'respeto', palabras que en el lenguaje de la calle significan 'esperemos a ver si el incendio se apaga solo'. Aseguran prestar la 'máxima colaboración', entregando papeles como quien entrega la lista de la compra en el súper, mientras el secreto de sumario mantiene el misterio. Seis personas esposadas y un legado de casi veinte años que, de repente, parece haber dejado un agujero contable que no se soluciona con una simple dimisión el 13 de abril.
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Margarita Caballero