Crítica:
La noticia es un reporte fáctico correcto, pero el título original es casi tan ingenuo como la campaña de la empresa. Falta analizar si hubo sanciones económicas reales más allá de la simple expulsión del recinto.
"No todas las almejas son iguales": expulsan a una empresa italiana de la feria de pesca de Vigo por "sexista"
Almejas y desnudos: el sablazo en Conxemar
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Almejas y desnudos: el sablazo en Conxemar
Hay quien confunde el marketing con un catálogo de los años setenta y luego se sorprende cuando el portero le cierra la puerta en las narices. En la XXVII edición de Conxemar, en Vigo, la empresa italiana La Selvaggia decidió que la mejor forma de vender almejas del Adriático no era hablando de la calidad del molusco, sino poniendo a modelos desnudas a hacer el 'estilo sirena' sobre montañas de marisco. Un despliegue de creatividad que haría palidecer a cualquier publicista con dos dedos de frente y que, básicamente, es el equivalente a intentar vender un seguro de vida usando fotos de accidentes de tráfico. El folleto 'Welcome to La Selvaggia' era un festín de doble sentido barato. Modelos tumbadas sobre almejas, al timón de barcos o entre redes de pesca, acompañadas de frases como 'No todas las almejas son iguales' o el ya clásico 'Pescado fresco'. Un juego de palabras que no es precisamente ingeniería lingüística, sino el típico chiste de bar que ya no hace gracia ni en el puerto más recóndito. La empresa, que ya estaba planeando un calendario para 2027 siguiendo esta línea estética de 'marisco y piel', olvidó que el mundo ha girado un poco desde que el sexismo era una herramienta de ventas aceptable. La reacción de Conxemar fue quirúrgica: expulsión inmediata y definitiva. El Ministerio de Pesca de Italia, que era quien pagaba el alquiler del espacio expositivo, aplicó la técnica del 'yo no he sido', desvinculándose frontalmente del asunto para evitar que la mancha llegara a Roma. Al final, La Selvaggia se quedó sin stand y con la lección aprendida: en el siglo XXI, intentar vender almejas usando cuerpos femeninos como mantel es la forma más rápida de acabar fuera de la feria antes de que se acabe el primer lote de producto.
Begoña Gómez y el muro ético PSOE
En el tablero del poder, hay jugadas que parecen sacadas de una comedia de enredo donde el guion lo escribe la conveniencia. La idea de colar a Begoña Gómez en las listas del PSOE para las generales del 29 de noviembre no es solo un rumor de pasillo; es un intento de ingeniería jurídica para conseguir el 'pack premium' de la política: el aforo y la inmunidad parlamentaria. Básicamente, pasar de la cuerda del juzgado al colchón del Congreso para que sus causas penales terminen en la Sala Penal del Tribunal Supremo, lejos del ruido de la calle. Pero aquí es donde la realidad choca con el manual de instrucciones. El PSOE tiene un Código Ético que, en tiempos normales, se aplica con el rigor de un examen de conducir. El artículo 5.9 es tajante: un auto firme de apertura de juicio oral es la línea roja, el 'no pasarás' definitivo para cualquier aspirante a candidato. Mientras estar investigado es como tener una multa pendiente que puedes ignorar un tiempo, el auto de apertura de juicio oral es el sablazo final. Y ahí es donde el calendario no miente: el juez Peinado abrió juicio oral a Begoña Gómez el pasado 21 de septiembre. La hipocresía es deliciosa. El artículo 1.1 del Código Ético no hace distinciones entre militantes y 'invitados' independientes; todos deben pasar el filtro de idoneidad. Para que la lista sea homologada, hay que firmar el Documento de Aceptación de Candidatura y Compromiso Socialista, un papel donde el candidato jura que no tiene incompatibilidades. Firmar eso sabiendo que el juez Peinado ya dio el paso adelante sería, técnicamente, un ejercicio de gimnasia mental digno de un premio. Ferraz dice que es un bulo, pero los estatutos son tinta seca sobre papel, y la tinta no suele cambiar de color por amor al arte.
Bruselas frena el 'marketing' del silencio
Hay una coreografía muy estudiada en el marketing político: encontrar una tragedia, ponerle música triste y esperar a que el electorado, conmovido, deposite el voto en la urna. El PSOE, Sumar y Podemos intentaron aplicar este manual con Maricarmen, la mujer de 87 años que falleció este miércoles tras un desahucio. Querían convertir el Parlamento Europeo en Estrasburgo en un altar de silencio, pero la realidad les dio un bofetón institucional. Christel Schaldemose, vicepresidenta socialista del Parlamento europeo, no entró al trapo y rechazó la petición de Iratxe García. Básicamente, le dijeron que no usaran la maquinaria comunitaria como un folleto electoral para el 29-N. Es fascinante ver cómo el Gobierno intenta exportar el drama nacional. Mientras que en Madrid el Ayuntamiento y la Asamblea también frenaron el minuto de silencio, los diputados de Más Madrid y el PSOE optaron por el 'plan B': levantarse con carteles, una especie de protesta silenciosa que grita desesperadamente 'mirad cuánto nos importa'. El contraste es brutal. Por un lado, el linchamiento digital hacia PP y Vox, a quienes se tildó de 'asesinos' en redes sociales; por otro, la frialdad de una institución europea que ve el caso como un intento de politizar un fallecimiento natural de una persona avanzada, aunque el estrés del desahucio haya sido el empujón final. Todo este despliegue, desde la acampada en la Puerta del Sol hasta la huelga general del 11 de noviembre, huele a campaña desesperada. Intentan movilizar a ese votante de izquierdas que tiene el sofá más atractivo que la urna. Al final, Maricarmen ha pasado de ser una ciudadana en vulnerabilidad a convertirse en una cifra más en la ingeniería electoral, un peón en un tablero donde el silencio es el activo más caro y el oportunismo la moneda corriente.
Sánchez ignora 112 estudios sobre alquileres
Pedro Sánchez ha decidido jugar al 'ya vuelvo' con los llamados decretos Maricarmen. Después de que el Congreso le diera un portazo hace menos de una semana, el líder socialista pretende colarlos por la puerta trasera de la Diputación Permanente. La jugada es sencilla: insistir en un tope del 2% a las subidas de alquiler, como si el mercado inmobiliario fuera una lista de la compra que se puede congelar con un decreto mientras la inflación nos pega un sablazo cada mañana. El problema es que la realidad no entiende de ideología, sino de datos. Konstantin A. Kholodilin se ha currado una revisión bibliográfica casi exhaustiva analizando 112 artículos empíricos publicados entre 1967 y 2023. El estudio, que pasa por el filtro de revistas con revisión por pares, analiza casos desde Estados Unidos hasta Alemania, Suecia o la propia España. ¿El resultado? Un bofetón de realidad. Sí, 36 de 41 estudios confirman que quien ya tiene el piso regulado paga un poco menos (una media del 9,4%), pero es el único consuelo en un mar de desastres. Para el resto, la película es de terror. Al limitar el precio, la demanda se dispara y los alquileres fuera del control suben como la espuma. Además, el casero, al ver que la cuenta corriente no cuadra, deja que la vivienda se caiga a trozos; 15 de 20 estudios confirman que el mantenimiento se vuelve un lujo olvidado. Para rematar el cuadro, 11 de 16 estudios señalan que se construye menos y 12 de 16 confirman que hay menos oferta. Básicamente, estamos creando un sistema donde quien tiene un piso barato no se muda aunque le sobre espacio, mientras las familias jóvenes se quedan fuera del juego. Una ingeniería financiera que solo sirve para maquillar la superficie mientras el edificio se derrumba.
IMV: Récord de pobreza con aplausos
España ha alcanzado un nuevo récord en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y, como es costumbre en los despachos oficiales, lo celebran como si hubieran ganado la Champions. En septiembre, la prestación alcanzó a 905.792 hogares, lo que se traduce en 2.761.686 personas sobreviviendo con lo justo. Para que nos entendamos: en solo un mes, 35.787 personas más han tenido que tirar de este salvavidas porque la cuenta corriente no daba para más. Si miramos el retrovisor, la cifra es demoledora. Entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, el número de beneficiarios creció un 16,5%. Estamos hablando de 128.868 hogares adicionales y 391.707 personas más que, en doce meses, han pasado a depender del Estado. Mientras el discurso oficial nos vende que la economía es un cohete, la realidad es que el 'combustible' es la precariedad. El sablazo al erario público es proporcional al drama social. La factura mensual saltó de 426 millones de euros en septiembre de 2025 a 479 millones en 2026. Un incremento de 53 millones al mes que hace que el presupuesto acumulado entre enero y septiembre de 2026 se dispare a 4.315 millones, superando en más de 600 millones lo gastado en el mismo periodo del año anterior. Desde junio de 2020, el agujero contable asciende a 22.724 millones de euros. El perfil del beneficiario es un espejo de nuestra fragilidad: el 68,08% son mujeres (616.641 personas) y el 82,6% son españoles (748.199). Lo más surrealista es la narrativa de la Revista de la Seguridad Social, que presume en X de que 1,1 millones de niños (el 40,3% del total) están 'protegidos'. Llamar 'protección' a que casi tres millones de personas no tengan un sueldo digno es una gimnasia mental digna de premio. La verdadera victoria no sería ampliar el subsidio, sino que el IMV fuera innecesario.
Patinete de 250€: la cárcel del Lamborghini
En el tablero del poder, hay piezas que se mueven con una precisión quirúrgica y otras que terminan aplastadas por el peso de la hipocresía. El caso de Jesús García Rocho, alias 'El Tormenta', es el ejemplo perfecto de cómo un patinete de 250 euros puede convertirse en un ancla de cemento si te pones del lado equivocado de la ley. Resulta casi cómico: un joven que se desplaza en un Lamborghini Urus de 400.000 euros —un coche que cuesta más que el piso de medio barrio— acaba en prisión provisional por un robo de movilidad urbana. El detalle es que el chico no tiene antecedentes y su defensa ha presentado pruebas que lo sitúan a 400 kilómetros de Badajoz, atendido en una clínica dental de Marbella el 6 de marzo, y cuidando a su hija el día 8. Pero aquí no hablamos de justicia, sino de tiempos. El lunes 21 de septiembre, el fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca, estaba dispuesto a negociar la salida de Jesús. Todo fluía hasta que su madre, Cintia Rocho, decidió soltar la bomba en el programa 'El Tiempo Justo' de Telecinco: reveló que Leire Díez, la 'fontanera del PSOE', y el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada querían 'eliminar' a la jueza Beatriz Biedma por investigar al hermano de Pedro Sánchez. La frase fue lapidaria: 'a palos aprende el burro'. La reacción fue inmediata. Tras la entrevista, la fiscal Begoña García Boró —la misma que pidió la absolución del hermano del presidente— se sumó a la mesa y, mágicamente, la Fiscalía se cerró en banda. El patinete pasó de ser una nimiedad a una sentencia irrevocable. Mientras tanto, Diego Villafañe ya había intentado que Tejuca archivara las denuncias contra la fontanera alegando 'falta de competencia territorial'. Un truco de magia administrativa para limpiar el camino, que terminó convirtiéndose en un muro infranqueable para el hijo de quien habló de más.
Zonas tensionadas: menos alquileres y más drama
En la política, como en la vida, hay quien confunde 'ayudar' con ponerle un candado a la puerta y esperar que la casa se limpie sola. El Gobierno de Pedro Sánchez decidió que la solución para el drama de la vivienda era declarar 'zonas tensionadas', una etiqueta que suena a zona de guerra pero que, en la práctica, ha funcionado como un repelente de insectos para los propietarios. En La Coruña, el resultado es un golpe de realidad que duele: los contratos de alquiler se han hundido un 52 %, pasando de 730 a unos miserables 349 entre julio de 2025 y el mismo mes del año siguiente. Es como si, para bajar el precio del pan, el ayuntamiento prohibiera venderlo; al final, el pan sigue caro y tú te quedas con hambre. Santiago no se queda atrás en este festival del optimismo. Apenas un mes después de entrar en vigor la medida en julio, el volumen de arrendamientos se desplomó un 55 %, cayendo de 441 a 199 contratos. Mientras Inés Rey y Goretti Sanmartín intentan vender el humo de la regulación, la consejera María Martínez Allegue ha soltado la bomba en el Parlamento: estamos ante un fracaso intervencionista. Y no es un experimento local; en Barcelona, la caída acumulada es del 17 % tras dos años de jugar a los precios controlados. La sangría es estructural. Desde 2018, Galicia ha perdido 14.400 viviendas de alquiler de larga estancia, un 37 % menos según Idealista. En La Coruña, la oferta se ha evaporado, pasando de 18.426 anuncios en 2018 a 11.635 en 2025. En Pontevedra, la historia es la misma: un descenso del 39 %, perdiendo 5.221 viviendas (de 13.397 a 8.176). Al final, la ingeniería financiera del Estado ha logrado lo impensable: que haya menos casas para más gente, mientras los políticos se felicitan por su 'valentía' regulatoria.
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