La noticia es un festín de contradicciones que deja al lector con un sabor amargo sobre la imparcialidad fiscal. El contraste entre el valor del vehículo del acusado y el objeto robado es el clavo final en el ataúd de la credibilidad del proceso.
Pedro Sánchez ha decidido jugar al 'ya vuelvo' con los llamados decretos Maricarmen. Después de que el Congreso le diera un portazo hace menos de una semana, el líder socialista pretende colarlos por la puerta trasera de la Diputación Permanente. La jugada es sencilla: insistir en un tope del 2% a las subidas de alquiler, como si el mercado inmobiliario fuera una lista de la compra que se puede congelar con un decreto mientras la inflación nos pega un sablazo cada mañana. El problema es que la realidad no entiende de ideología, sino de datos. Konstantin A. Kholodilin se ha currado una revisión bibliográfica casi exhaustiva analizando 112 artículos empíricos publicados entre 1967 y 2023. El estudio, que pasa por el filtro de revistas con revisión por pares, analiza casos desde Estados Unidos hasta Alemania, Suecia o la propia España. ¿El resultado? Un bofetón de realidad. Sí, 36 de 41 estudios confirman que quien ya tiene el piso regulado paga un poco menos (una media del 9,4%), pero es el único consuelo en un mar de desastres. Para el resto, la película es de terror. Al limitar el precio, la demanda se dispara y los alquileres fuera del control suben como la espuma. Además, el casero, al ver que la cuenta corriente no cuadra, deja que la vivienda se caiga a trozos; 15 de 20 estudios confirman que el mantenimiento se vuelve un lujo olvidado. Para rematar el cuadro, 11 de 16 estudios señalan que se construye menos y 12 de 16 confirman que hay menos oferta. Básicamente, estamos creando un sistema donde quien tiene un piso barato no se muda aunque le sobre espacio, mientras las familias jóvenes se quedan fuera del juego. Una ingeniería financiera que solo sirve para maquillar la superficie mientras el edificio se derrumba.
La televisión pública tiene ese problema crónico de creer que el mando a distancia es una extensión del despacho del Presidente. Esta semana, el Sindicato Solidaridad-RTVE ha decidido soltar la lengua y recordar que la Corporación no es la cuenta de Twitter personal de ningún Gobierno, sino que se paga con el sudor de todos, como quien paga la comunidad de vecinos pero descubre que el administrador solo pinta los pasillos que le gustan al dueño del bloque. El detonante ha sido el tratamiento que RTVE Noticias y el programa 'Malas Lenguas' —esa joya conducida por Gonzalo Miró y Esther Palomera— le han dado a José María Figaredo. El diputado de Vox dice que no quiere cargarme las pensiones; RTVE, en cambio, parece haber hecho una cirugía estética de sus palabras en El Debate para que el resultado encaje en su narrativa. Es la clásica maniobra de 'cortar y pegar' que haríamos en el colegio para aprobar un trabajo sin leer el libro. Lo más irónico es que el sindicato, en un despliegue de sarcasmo institucional, propone que estos mismos clips se usen como 'casos prácticos' en el curso obligatorio sobre bulos de la propia casa. Imaginen la escena: empleados de RTVE aprendiendo a detectar noticias falsas analizando sus propios programas. Es como si un restaurante con cockroaches sugiriera que el menú de hoy sea un curso sobre higiene alimentaria. Entre el baile de sillas de Jesús Cintora, que saltó a 'Mañaneros 360' tras la salida de Javier Ruiz, y las exigencias de rectificación visible, la Corporación se enfrenta a un espejo incómodo. El sindicato pide seis puntos claros, desde revisiones documentadas hasta criterios públicos para las redes sociales, intentando que la independencia profesional no sea solo una frase bonita colgada en el vestíbulo para que la vean las visitas.
En el tablero del poder, hay quienes juegan al ajedrez y quienes juegan al 'traspapeleo creativo'. Resulta que votar por correo en las generales de 2023 fue casi tan sencillo como pedir una pizza: bastaba con enseñar el carné del móvil en la oficina de Correos. El detalle es que Juanma Serrano, el hombre de confianza de Pedro Sánchez, logró que la Junta Electoral Central aceptara la app miDGT sin el código QR. Para el ciudadano de a pie, el QR es ese molesto código que valida que no estás enseñando una captura de pantalla retocada con Photoshop; para la cúpula, era un trámite prescindible. Mientras nosotros peleamos con la banca online para que no nos cobren una comisión por respirar, el sistema permitió que durante ocho procesos electorales se votara con una identidad digital que podía ser tan falsa como una promesa electoral. Todo bajo la batuta de Serrano y Leire Díez, quienes presumieron en Facebook de trabajar 'mano a mano' en este equipazo, aunque luego Correos intentara hacer un ejercicio de amnesia corporativa diciendo que Díez no tenía nada que ver con el voto. Mentira blanca: los papeles dicen que ella coordinaba la red y consultaba a la JEC sobre medidas excepcionales. La trama se vuelve turbia cuando entramos en el terreno de la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz ha descubierto que Serrano y Díez no se hablaban solo para organizar sellos: se lanzaron 10.842 mensajes entre WhatsApp y Signal. Una cantidad de chateo que haría palidecer a cualquier adolescente, coordinando movimientos mientras la UCO investigaba una trama de 'mordidas' en contratos públicos por unos 132 millones de euros. Al final, entre el carné digital sin QR y los mensajes cifrados, lo que queda es la sensación de que la democracia se gestionó como una startup de barrio: con mucha confianza y muy poca seguridad.
Hay una danza muy curiosa en las altas esferas del sindicalismo español. Resulta que UGT y CCOO han decidido que luchar por los derechos laborales es, básicamente, una cuestión de calendario electoral. En un giro que dejaría perplejo al más optimista, han cancelado las huelgas de la Agencia Tributaria (AEAT) programadas para el 28 de octubre. ¿La razón? Que el 29 de noviembre hay elecciones generales y, según ellos, no hay 'interlocutores con capacidad de decisión'. Traducido al idioma de la calle: no queremos molestar al Gobierno actual justo antes de que vayamos a las urnas. Es una jugada de manual. Mientras los trabajadores de la AEAT miran el comunicado con la misma cara de asombro que alguien que descubre que le han subido el alquiler sin avisar, los sindicatos aplican una ingeniería financiera de votos. Lo fascinante es la hipocresía del menú: se cancelan los paros contra el Ministerio de Hacienda —donde María Jesús Montero y Arcadi España han dejado su huella—, pero se mantienen intactas las huelgas contra el PP. El 14 de octubre se lanza la ofensiva indefinida contra Isabel Díaz Ayuso en Madrid, y se mantienen las citas contra Alfonso Fernández Mañueco en Castilla-León y Alfonso Rueda en Galicia. El colmo del surrealismo llega con la huelga general del 11 de noviembre por la vivienda. Sí, han convencido a sus bases de dejar el trabajo no por un convenio laboral, sino por un tema inmobiliario, solo para inflar la movilización de izquierda. Unai Sordo y compañía han decidido que el sindicato es ahora una extensión de la campaña electoral. Mientras tanto, medio millón de afiliados de CSIF y USO han dicho 'basta', negándose a ser carne de cañón en este tablero político. Al final, la estrategia es clara: limpiar el camino al Gobierno actual y dejarle el 'regalito' de las protestas acumuladas a Alberto Núñez Feijóo si es que llega a la Moncloa.
Hay una técnica muy depurada en los pasillos del poder: si el Congreso te cierra la puerta en las narices, entra por la ventana mientras todos están distraídos preparando las maletas para las elecciones. Pedro Sánchez ha decidido que el 'no' recibido en julio es, en realidad, un 'quizás' que se soluciona con un Real Decreto cuando ya no hay diputados que molesten. La jugada es sencilla pero quirúrgica. Se trata de modificar el Real Decreto 1004/2010 para que ciertos impuestos no recuperables —leamos: el agujero del IVA— pasen a ser considerados 'costes del servicio público'. En cristiano: que el Estado pague la fiesta. Estamos hablando de una contingencia fiscal de 941 millones de euros. Para que el ciudadano medio lo entienda, es como si tú tuvieras una deuda millonaria con Hacienda por un error de interpretación de hace años y, de repente, el Ayuntamiento decidiera que esa deuda es ahora un 'gasto necesario para vivir' y te la compensara en la factura del agua. Una genialidad contable. José Pablo López, el presidente de RTVE, respira aliviado. Para él, los 940 millones de deuda por el IVA son una herencia tóxica de la era Montoro, un simple 'conflicto interpretativo'. No es que se hayan gastado el dinero en tostadoras de oro, es que no se ponen de acuerdo en cómo leer la ley. Lo verdaderamente fascinante es el timing. El Gobierno lanza este salvavidas financiero justo cuando las Cortes están disueltas y RTVE se prepara para cubrir la campaña electoral. No tocan el gobierno de la corporación, no cambian los jefes, pero le limpian el balance justo antes de que empiecen los anuncios y los debates. Dicen que buscan 'seguridad jurídica', pero lo que encuentran es una vía rápida para evitar que el auditor siga gritando que las cuentas están mal formuladas. El Tesoro Público estará ahí, esperando que haya excedentes, aunque saber dónde está el dinero en RTVE es, a veces, como buscar una aguja en un pajar de decretos.
Hay una ironía deliciosa, casi poética, en ver cómo quien llega al poder prometiendo el paraíso social termina gestionando el ayuntamiento como si fuera una inmobiliaria de lujo en plena Castellana. Joseba Asiron y su equipo en Pamplona han logrado el truco de magia definitivo: convertir la administración pública en el 'fondo buitre' más eficiente de la historia local. Mientras el discurso oficial se llena de palabras bonitas sobre la justicia social, la realidad se mide en desahucios y subastas que harían sonrojar a cualquier especulador de Wall Street. En lo que va de 2026, la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno para echar a la calle a 14 personas. Catorce familias que descubren que la solidaridad municipal tiene fecha de caducidad. Pero el verdadero 'sablazo' llega con las parcelas de Arrosadía. El Ayuntamiento ha subastado terrenos con una repercusión de 150.000 euros por vivienda. Para que nos entendamos: es como si el municipio decidiera inflar la factura del suelo hasta niveles estratosféricos antes de que se ponga el primer ladrillo. Juan José Echeverría, portavoz de UPN, ha echado cuentas rápidas y el resultado es un golpe en la cartera: sumando licencias, honorarios y el coste de construcción, los pisos aterrizarán en el mercado a 500.000 euros. Un precio que convierte el acceso a la vivienda en un deporte de riesgo para cualquiera que no haya nacido en cuna de oro. Y para rematar la jugada, han diseñado una ingeniería jurídica digna de un despacho de abogados de élite. Han transformado el alquiler en una 'prestación de servicio público'. ¿La ventaja? Que ya no son inquilinos protegidos por la Ley de Arrendamientos Urbanos, sino usuarios de un servicio. Así, cuando llega la hora de echarles, no es un desahucio —que suena mal y choca con el decreto Maricarmen—, sino un simple 'cese de servicio'. Es el arte de limpiar la casa sin mancharse la conciencia.
La ironía del destino tiene un sentido del humor muy negro. Resulta que algunos de los uniformados que participaron en el asalto masivo a Ceuta han decidido que el uniforme marroquí les aprieta demasiado y ahora buscan el sello de 'refugiado' en el pasaporte español. El argumento es tan antiguo como el mundo: el pánico a las represalias por la deserción. Básicamente, pasaron de ser la punta de lanza de una invasión a jugar la carta de la víctima para evitar que el régimen los mande al Sahara, un destino que, según las fuentes policiales, es el equivalente administrativo a ser desterrado a Marte por las condiciones de vida. Aquí es donde el Gobierno se encuentra en un callejón sin salida. Si les conceden el asilo, están premiando a quien entró a saco en la frontera; si no lo hacen, se enfrentan al drama humanitario de devolver a alguien a una cárcel marroquí. Mientras tanto, en los pasillos de la comisaría se comenta que el asilo se ha convertido en la 'puerta trasera' preferida. Es un juego de tiempos: aunque el 90% de las solicitudes acaben en la papelera, el proceso es tan lento que el solicitante tiene tiempo de sobra para echar raíces. Para rematar el cuadro, el Real Decreto 1155/2024 ha sido el empujón final, bajando el tiempo para el arraigo de tres a dos años. Es como si hubieran puesto el cartel de 'oferta' en la permanencia ilegal. La policía advierte de un 'efecto llamada' que podría convertir Ceuta en un club de deserción masiva. Porque claro, si decir que eres perseguido o que no encajas en el molde del régimen te da el billete de entrada a Europa, ¿quién no querría intentar el salto? Al final, pasamos de una crisis de seguridad a una ingeniería jurídica donde el delito de deserción se convierte, mágicamente, en el ticket dorado para hacer vida en Europa.
Comentarios