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En el tablero del poder, hay piezas que se mueven con una precisión quirúrgica y otras que terminan aplastadas por el peso de la hipocresía. El caso de Jesús García Rocho, alias 'El Tormenta', es el ejemplo perfecto de cómo un patinete de 250 euros puede convertirse en un ancla de cemento si te pones del lado equivocado de la ley. Resulta casi cómico: un joven que se desplaza en un Lamborghini Urus de 400.000 euros —un coche que cuesta más que el piso de medio barrio— acaba en prisión provisional por un robo de movilidad urbana. El detalle es que el chico no tiene antecedentes y su defensa ha presentado pruebas que lo sitúan a 400 kilómetros de Badajoz, atendido en una clínica dental de Marbella el 6 de marzo, y cuidando a su hija el día 8. Pero aquí no hablamos de justicia, sino de tiempos. El lunes 21 de septiembre, el fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca, estaba dispuesto a negociar la salida de Jesús. Todo fluía hasta que su madre, Cintia Rocho, decidió soltar la bomba en el programa 'El Tiempo Justo' de Telecinco: reveló que Leire Díez, la 'fontanera del PSOE', y el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada querían 'eliminar' a la jueza Beatriz Biedma por investigar al hermano de Pedro Sánchez. La frase fue lapidaria: 'a palos aprende el burro'. La reacción fue inmediata. Tras la entrevista, la fiscal Begoña García Boró —la misma que pidió la absolución del hermano del presidente— se sumó a la mesa y, mágicamente, la Fiscalía se cerró en banda. El patinete pasó de ser una nimiedad a una sentencia irrevocable. Mientras tanto, Diego Villafañe ya había intentado que Tejuca archivara las denuncias contra la fontanera alegando 'falta de competencia territorial'. Un truco de magia administrativa para limpiar el camino, que terminó convirtiéndose en un muro infranqueable para el hijo de quien habló de más.
En la política, como en la vida, hay quien confunde 'ayudar' con ponerle un candado a la puerta y esperar que la casa se limpie sola. El Gobierno de Pedro Sánchez decidió que la solución para el drama de la vivienda era declarar 'zonas tensionadas', una etiqueta que suena a zona de guerra pero que, en la práctica, ha funcionado como un repelente de insectos para los propietarios. En La Coruña, el resultado es un golpe de realidad que duele: los contratos de alquiler se han hundido un 52 %, pasando de 730 a unos miserables 349 entre julio de 2025 y el mismo mes del año siguiente. Es como si, para bajar el precio del pan, el ayuntamiento prohibiera venderlo; al final, el pan sigue caro y tú te quedas con hambre. Santiago no se queda atrás en este festival del optimismo. Apenas un mes después de entrar en vigor la medida en julio, el volumen de arrendamientos se desplomó un 55 %, cayendo de 441 a 199 contratos. Mientras Inés Rey y Goretti Sanmartín intentan vender el humo de la regulación, la consejera María Martínez Allegue ha soltado la bomba en el Parlamento: estamos ante un fracaso intervencionista. Y no es un experimento local; en Barcelona, la caída acumulada es del 17 % tras dos años de jugar a los precios controlados. La sangría es estructural. Desde 2018, Galicia ha perdido 14.400 viviendas de alquiler de larga estancia, un 37 % menos según Idealista. En La Coruña, la oferta se ha evaporado, pasando de 18.426 anuncios en 2018 a 11.635 en 2025. En Pontevedra, la historia es la misma: un descenso del 39 %, perdiendo 5.221 viviendas (de 13.397 a 8.176). Al final, la ingeniería financiera del Estado ha logrado lo impensable: que haya menos casas para más gente, mientras los políticos se felicitan por su 'valentía' regulatoria.
Hay una forma muy elegante de decir que te han pillado jugando al casino con el dinero ajeno sin pedir permiso: 'infracción administrativa muy grave'. Así es como el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha decidido darle un toque de atención a EBR Management, con una multa de 750.000 euros que hace que el coche sorteado parezca un juguete de saldo. La jugada era sencilla, casi de parvulario digital: vender fondos de pantalla por un euro para disfrazar una rifa de coche de lujo. Un truco tan viejo como el hilo del tiempo, pero ejecutado con la potencia de fuego de David 'The Grefg' Cánovas, el residente andorrano que decidió que su Tesla Model S, tuneado como Rayo Mc Queen, era el cebo perfecto. Entre el 24 de diciembre de 2024 y el 6 de enero de 2025, mientras el resto de los mortales peleábamos con el pavo de Navidad, EBR Management facturó 376.850 euros vendiendo wallpapers. Un negocio redondo: cambiar píxeles por billetes para sortear un vehículo que, según el dueño, costó 120.000 euros, aunque en el mercado se valoraba en unos 75.000. La Dirección General de Ordenación del Juego no se tragó el cuento de que era una 'promoción publicitaria' y aplicó la Ley de Regulación del Juego con toda la crudeza. EBR intentó recurrir, probablemente esperando que la burocracia se durmiera la siesta, pero el Ministerio ha desestimado el recurso. Al final, el 'Rayo Mc Queen' ha acabado chocando contra el muro de la legalidad, recordándonos que para montar un casino digital hace falta más que un millón de seguidores y una IP española.
La televisión pública tiene ese problema crónico de creer que el mando a distancia es una extensión del despacho del Presidente. Esta semana, el Sindicato Solidaridad-RTVE ha decidido soltar la lengua y recordar que la Corporación no es la cuenta de Twitter personal de ningún Gobierno, sino que se paga con el sudor de todos, como quien paga la comunidad de vecinos pero descubre que el administrador solo pinta los pasillos que le gustan al dueño del bloque. El detonante ha sido el tratamiento que RTVE Noticias y el programa 'Malas Lenguas' —esa joya conducida por Gonzalo Miró y Esther Palomera— le han dado a José María Figaredo. El diputado de Vox dice que no quiere cargarme las pensiones; RTVE, en cambio, parece haber hecho una cirugía estética de sus palabras en El Debate para que el resultado encaje en su narrativa. Es la clásica maniobra de 'cortar y pegar' que haríamos en el colegio para aprobar un trabajo sin leer el libro. Lo más irónico es que el sindicato, en un despliegue de sarcasmo institucional, propone que estos mismos clips se usen como 'casos prácticos' en el curso obligatorio sobre bulos de la propia casa. Imaginen la escena: empleados de RTVE aprendiendo a detectar noticias falsas analizando sus propios programas. Es como si un restaurante con cockroaches sugiriera que el menú de hoy sea un curso sobre higiene alimentaria. Entre el baile de sillas de Jesús Cintora, que saltó a 'Mañaneros 360' tras la salida de Javier Ruiz, y las exigencias de rectificación visible, la Corporación se enfrenta a un espejo incómodo. El sindicato pide seis puntos claros, desde revisiones documentadas hasta criterios públicos para las redes sociales, intentando que la independencia profesional no sea solo una frase bonita colgada en el vestíbulo para que la vean las visitas.
S'Arenal, Llucmajor, ha vuelto a convertirse en el escenario de una comedia negra donde el guion es siempre el mismo. Esta vez, el Hotel Elegance, en la calle Girona, ha pasado de ser un refugio turístico a un campamento improvisado para un grupo de magrebíes y rumanos. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y reza para que la factura de la luz no le deje en la calle, aquí el concepto de 'reserva' ha sido sustituido por la entrada sin invitación. Los vecinos, que solo pedían dormir sin que el ruido pareciera un festival de música gratuita, denuncian gritos y peleas nocturnas que convierten la tranquilidad del barrio en un deporte de riesgo. La Guardia Civil y la Policía Local de Llucmajor ya han pasado por allí, pero sus intervenciones tienen la misma eficacia que un paraguas roto en un temporal: aparecen, miran y se van, dejando el problema intacto. Es la gimnasia habitual en Mallorca. Ya lo vimos en enero de 2025 con el aparthotel Sol y Mar de Cala Bona, donde el conseller de Turismo, Jaume Bauzà, tuvo que hacer acto de presencia para que los ocupantes, mágicamente, decidieran marcharse el 18 de enero. También tuvimos el numerito del complejo Bellevue en Port d'Alcúdia, concretamente en el edificio Neptuno II, en febrero de 2025. Pero el premio a la recurrencia se lo lleva s'Arenal. No olvidamos junio de 2024, cuando un grupo de argelinos, ya 'expulsados' del Molinar, se instalaron en el antiguo horno Joan Tomàs de la calle Marineta. Aquello terminó con una multitud de entre 100 y 200 personas, mayoritariamente gitanas, y un Ayuntamiento que, ante la impotencia, decidió que la mejor solución era tapiar el edificio. Una gestión urbanística brillante: si no puedes echar al invitado, cierra la puerta con cemento.
En el tablero del poder, hay quienes juegan al ajedrez y quienes juegan al 'traspapeleo creativo'. Resulta que votar por correo en las generales de 2023 fue casi tan sencillo como pedir una pizza: bastaba con enseñar el carné del móvil en la oficina de Correos. El detalle es que Juanma Serrano, el hombre de confianza de Pedro Sánchez, logró que la Junta Electoral Central aceptara la app miDGT sin el código QR. Para el ciudadano de a pie, el QR es ese molesto código que valida que no estás enseñando una captura de pantalla retocada con Photoshop; para la cúpula, era un trámite prescindible. Mientras nosotros peleamos con la banca online para que no nos cobren una comisión por respirar, el sistema permitió que durante ocho procesos electorales se votara con una identidad digital que podía ser tan falsa como una promesa electoral. Todo bajo la batuta de Serrano y Leire Díez, quienes presumieron en Facebook de trabajar 'mano a mano' en este equipazo, aunque luego Correos intentara hacer un ejercicio de amnesia corporativa diciendo que Díez no tenía nada que ver con el voto. Mentira blanca: los papeles dicen que ella coordinaba la red y consultaba a la JEC sobre medidas excepcionales. La trama se vuelve turbia cuando entramos en el terreno de la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz ha descubierto que Serrano y Díez no se hablaban solo para organizar sellos: se lanzaron 10.842 mensajes entre WhatsApp y Signal. Una cantidad de chateo que haría palidecer a cualquier adolescente, coordinando movimientos mientras la UCO investigaba una trama de 'mordidas' en contratos públicos por unos 132 millones de euros. Al final, entre el carné digital sin QR y los mensajes cifrados, lo que queda es la sensación de que la democracia se gestionó como una startup de barrio: con mucha confianza y muy poca seguridad.
Hay una danza muy curiosa en las altas esferas del sindicalismo español. Resulta que UGT y CCOO han decidido que luchar por los derechos laborales es, básicamente, una cuestión de calendario electoral. En un giro que dejaría perplejo al más optimista, han cancelado las huelgas de la Agencia Tributaria (AEAT) programadas para el 28 de octubre. ¿La razón? Que el 29 de noviembre hay elecciones generales y, según ellos, no hay 'interlocutores con capacidad de decisión'. Traducido al idioma de la calle: no queremos molestar al Gobierno actual justo antes de que vayamos a las urnas. Es una jugada de manual. Mientras los trabajadores de la AEAT miran el comunicado con la misma cara de asombro que alguien que descubre que le han subido el alquiler sin avisar, los sindicatos aplican una ingeniería financiera de votos. Lo fascinante es la hipocresía del menú: se cancelan los paros contra el Ministerio de Hacienda —donde María Jesús Montero y Arcadi España han dejado su huella—, pero se mantienen intactas las huelgas contra el PP. El 14 de octubre se lanza la ofensiva indefinida contra Isabel Díaz Ayuso en Madrid, y se mantienen las citas contra Alfonso Fernández Mañueco en Castilla-León y Alfonso Rueda en Galicia. El colmo del surrealismo llega con la huelga general del 11 de noviembre por la vivienda. Sí, han convencido a sus bases de dejar el trabajo no por un convenio laboral, sino por un tema inmobiliario, solo para inflar la movilización de izquierda. Unai Sordo y compañía han decidido que el sindicato es ahora una extensión de la campaña electoral. Mientras tanto, medio millón de afiliados de CSIF y USO han dicho 'basta', negándose a ser carne de cañón en este tablero político. Al final, la estrategia es clara: limpiar el camino al Gobierno actual y dejarle el 'regalito' de las protestas acumuladas a Alberto Núñez Feijóo si es que llega a la Moncloa.
Hay una técnica muy depurada en los pasillos del poder: si el Congreso te cierra la puerta en las narices, entra por la ventana mientras todos están distraídos preparando las maletas para las elecciones. Pedro Sánchez ha decidido que el 'no' recibido en julio es, en realidad, un 'quizás' que se soluciona con un Real Decreto cuando ya no hay diputados que molesten. La jugada es sencilla pero quirúrgica. Se trata de modificar el Real Decreto 1004/2010 para que ciertos impuestos no recuperables —leamos: el agujero del IVA— pasen a ser considerados 'costes del servicio público'. En cristiano: que el Estado pague la fiesta. Estamos hablando de una contingencia fiscal de 941 millones de euros. Para que el ciudadano medio lo entienda, es como si tú tuvieras una deuda millonaria con Hacienda por un error de interpretación de hace años y, de repente, el Ayuntamiento decidiera que esa deuda es ahora un 'gasto necesario para vivir' y te la compensara en la factura del agua. Una genialidad contable. José Pablo López, el presidente de RTVE, respira aliviado. Para él, los 940 millones de deuda por el IVA son una herencia tóxica de la era Montoro, un simple 'conflicto interpretativo'. No es que se hayan gastado el dinero en tostadoras de oro, es que no se ponen de acuerdo en cómo leer la ley. Lo verdaderamente fascinante es el timing. El Gobierno lanza este salvavidas financiero justo cuando las Cortes están disueltas y RTVE se prepara para cubrir la campaña electoral. No tocan el gobierno de la corporación, no cambian los jefes, pero le limpian el balance justo antes de que empiecen los anuncios y los debates. Dicen que buscan 'seguridad jurídica', pero lo que encuentran es una vía rápida para evitar que el auditor siga gritando que las cuentas están mal formuladas. El Tesoro Público estará ahí, esperando que haya excedentes, aunque saber dónde está el dinero en RTVE es, a veces, como buscar una aguja en un pajar de decretos.
Hay una ironía casi poética en el hecho de que para descubrir que la fruta española es barata, haya que cruzar la frontera y entrar en un Lidl alemán. Una pareja de expatriados ha soltado una bomba en redes sociales que ha dejado a medio país con el estómago encogido y la cartera llorando. No es solo que llenar el carro en Baviera sea más llevadero; es que el absurdo alcanza niveles estratosféricos cuando ves higos chumbos, cultivados en nuestro suelo y transportados en camiones frigoríficos durante cientos de kilómetros, a 0,99 euros el kilo. En España, ese precio es ya una pieza de museo. Mientras el ciudadano medio aquí hace malabares con la lista de la compra para que no parezca un atraco a mano armada, en Alemania el café frío se despacha a 0,75 euros y las nectarinas italianas a 1,89 euros. El contraste es un puñetazo en la mesa: carne de vaca a 9,99 euros frente a los '10 y pico' que nos clavan en el barrio, y una sandía a 0,999 euros que parece un error del sistema. La verdadera bofetada no está en el ticket final de 40 euros de esta pareja, sino en la arquitectura del sistema. Mientras nosotros gestionamos la inflación con el optimismo de quien espera un milagro, el salario medio más repetido en Alemania ronda los 4.500 euros mensuales. Es el juego perfecto: ganan el doble y pagan menos por la manzana que nosotros mismos plantamos. La guerra de precios entre gigantes del descuento y la eficiencia logística alemana han convertido el supermercado en un lugar amable, mientras que en España, ir a comprar se ha convertido en un deporte de riesgo financiero donde el margen de beneficio parece alimentarse de nuestra desesperación.
Hay niveles de estrellato que no se miden en discos de platino, sino en la capacidad de hacer que una cadena pública como TVE improvise un programa desde un coche y un móvil. El 8 de octubre de 2026, David Broncano experimentó en carne propia lo que es ser un peón en el tablero de Shakira. Mientras el resto de los mortales cuadramos la agenda con Google Calendar y rezamos para que el autobús no llegue tarde, la diva colombiana gestionó su tiempo como quien reparte propinas: con total discreción y a su antojo. El equipo de 'La Revuelta' tuvo que desplazar la grabación de Jordi Mollà y correr al estadio de Madrid para encajar en una ventana de 18 minutos que la artista concedió por pura caridad cronológica. El contraste es delicioso. Por un lado, tenemos a una mujer que se desplaza en Uber para visitar tiendas de fósiles y minerales porque, aparentemente, hasta las estrellas tienen días de 'no hay taxis disponibles'. Por otro, el despliegue de una gira, 'Las mujeres ya no lloran', que ya es la más taquillera de la historia latina y que ha tenido Madrid rendida durante doce días. Pero el momento cumbre de la hipocresía glamurosa llegó con los baños portátiles. Tras admitir que se pasa la vida orinando en esos cubículos de plástico, Shakira activó el modo 'diva corporativa' en cuanto Broncano intentó llevar la broma más allá. 'Yo he venido aquí a hablar de mis conciertos', sentenció, recordándonos que hay una línea muy fina entre la cercanía humana y el control de daños de una marca millonaria. Entre anuncios de Maluma para el concierto del lunes, y las promesas de Dani Martín y Bizarrap para el cierre del 12 de octubre, la entrevista quedó como un trámite. Shakira no fue a charlar; fue a poner el sello de calidad a su gira antes de volver a los juzgados para dirimir la custodia de Milan y Sasha con Gerard Piqué. Una lección de marketing: puedes admitir que usas baños químicos, siempre y cuando el mundo recuerde que el estadio es tuyo.
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Rosa Muñoz