Crítica:
El texto original es una sucesión de nombres y cargos que marea al lector. Le falta valentía para llamar 'obstaculización de la justicia' a lo que claramente es una purga interna.
Los jefes de la UCO confirman al juez que el DAO les ordenó ponerse "de perfil" mientras investigaban al entorno de Sánchez
UCO: El arte de mirar hacia otro lado
Otros artículos
Muelas, emojis y mordidas en Almería
En Almería, el silencio es el nuevo deporte nacional de la clase política. Tras cerrar la ronda de declaraciones del «caso Mascarillas», los protagonistas han montado un muro de contención que haría palidecer a cualquier fortificación militar. Javier Aureliano García, expresidente de la Diputación y del PP de Almería, dio una masterclass de eficiencia: ocho minutos en el juzgado y una salida rauda hacia su coche, esquivando micrófonos como quien esquiva un charco en invierno. Su abogado, Joaquín Monterreal, sostiene que no declarar no es ocultar, mientras el sumario sugiere que el lenguaje cifrado era la verdadera lengua oficial de la corporación. Resulta fascinante que, mientras el ciudadano medio se pelea con la factura de la luz, Aureliano y su grupo coordinaban el reparto de 'mordidas' usando el código del odontólogo. Hablar de «visitar al dentista», «empastar muelas» o «hacerse una limpieza» no era una preocupación por la salud bucal, sino la señal para repartirse contratos públicos. El colmo de la ironía llegó con el emoji de una muela enviado al chat ‘Naranjito’ justo después de firmar un contrato de material sanitario con un sobrecoste del 42,27%. Un sablazo monumental disfrazado de higiene dental. La estrategia del mutismo es contagiosa. José Juan Martínez Pérez, alcalde de Tíjola y diputado de Sostenibilidad, ha copiado el manual del silencio, a pesar de que se le vincula con Óscar Liria para inflar las cuentas de las constructoras Inversiones y Construcciones Tágilis y Constíjola, que se llevaron quince adjudicaciones en 2020. Mientras los políticos juegan a las cuatro esquinas con la justicia, los empresarios han empezado a cantar. Ya hay confesiones de testaferros y reuniones de reparto donde se dividían el botín como si fueran taifas medievales. El PSOE, a través de Javier Salvador, lo tiene claro: jefecillos locales controlando el grifo del dinero público mientras el resto espera que el 'dentista' termine la sesión.
Piso franco y WhatsApp: la cloaca del PSOE
Hay quien dice que el poder se ejerce desde despachos de mármol, pero la realidad es que, a veces, el verdadero mando reside en un 'piso franco'. Mientras el ciudadano medio se pelea con el banco por una comisión de cinco euros, en la sombra se montaban operativos de alta cocina política. Resulta que el empresario Javier Parra, un habitual de los juzgados por fraudes en los casos Hafesa y Servicios Omarpar, terminó sentando cabeza en una reunión donde el menú principal era el sabotaje judicial. El escenario: un inmueble que Leire Díez y Javier Pérez Dolset llamaban con orgullo 'piso franco del PSOE', un lugar que indiciariamente alquilaba Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, para usarlo como despacho. Allí, entre paredes que probablemente han oído más secretos que un confesonario, se fraguó el plan contra la magistrada Beatriz Biedma. El objetivo era sencillo: limpiar el camino para David Sánchez, el hermano del presidente, usando la influencia sobre una Fiscalía que, según la propia Díez, es básicamente una extensión del Gobierno donde los fiscales 'siguen órdenes'. Para entrar en este club VIP, Parra tuvo que pagar un peaje: información comprometedora sobre la jueza, facilitada por el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada. Todo este despliegue de ingeniería corrupta se coordinaba en un grupo de WhatsApp llamado 'Vacaciones y Viajes'. Un nombre adorable para un grupo dedicado a gestionar 'injusticias' judiciales y a intentar que David Sánchez cambiara de abogado. El idilio terminó, como ocurre en todas las novelas negras de barrio, con traiciones y acusaciones de filtraciones a la prensa, todo capturado en el iPhone 15 de Leire. La UCO ha dejado claro que, en este juego, la justicia es solo un trámite que se puede negociar en un salón alquilado.
Confad: La comisión que 'olvidó' el Negreirazo
Imaginen que contratan a una empresa de seguridad privada para vigilar que nadie robe en el barrio, instalan cámaras en cada esquina y, mientras tanto, el jefe de la seguridad se toma un café con el ladrón mientras este vacía la caja fuerte. Eso es, básicamente, la Confad. El 9 de julio de 2019, Carmen Calvo firmó la creación de esta comisión para combatir el fraude deportivo, una joya burocrática impulsada por María Jesús Montero y sus colegas de Interior y Cultura. Lo cómico es que nació apenas cuatro días después de que Hacienda empezara a rastrear el rastro de José María Enríquez Negreira. Coincidencia poética. En la mesa de juego estaban todos los sospechosos habituales: el CSD, la Policía, la Guardia Civil y la RFEF, entonces capitaneada por Luis Rubiales. Albert Soler, quien timoneó el CSD entre mayo de 2021 y enero de 2023, fue nombrado dos veces por el Gobierno mientras se investigaba que el FC Barcelona soltara 8,4 millones de euros a Negreira. Para que nos entendamos: es como si el Ayuntamiento crea una oficina contra el fraude inmobiliario y pone al frente a alguien que ignora que su vecino ha construido un rascacielos con dinero invisible. La RFEF ya sabía que Hacienda preguntaba por Negreira el 18 de octubre de 2021, y la Fiscalía volvió a insistir en junio de 2022. Pero en la Confad, el silencio era sepulcral. Ni un acta, ni un susurro, ni una nota en el grupo de WhatsApp. Mientras Aleksander Ceferin calificaba el asunto de 'excepcionalmente grave' en abril de 2023, la comisión seguía debatiendo sobre la protección de menores en sus reuniones, como la del 3 de junio de 2026, fingiendo que la integridad deportiva no era un chiste de mal gusto. El informe 'Pelícano 2.0' lo deja claro: la Confad fue el gran teatro de la omisión.
Cartas de Begoña: el 'empujoncito' millonario
En el mundo de las licitaciones públicas, existen reglas y luego existe la 'magia'. La UCO acaba de destapar que en los contratos de formación digital de Red.es, la magia consistía en adjuntar cartas de apoyo que, aunque no valían más que un ticket de parking en un pliego técnico, sirvieron para inflar la puntuación de la UTE formada por Innova Next y The Valley Business School. Entre esas misivas, destaca una firmadita en julio de 2020 por Begoña Gómez, la esposa del presidente. Mientras el ciudadano medio pelea con la administración para que no le cobren una tasa indebida, aquí se gestionaban 8,4 millones de euros de fondos europeos (Fondo Social Europeo y Fondo Europeo de Desarrollo Regional) con una laxitud pasmosa. La Intervención General de la Administración del Estado no se ha andado con rodeos: llamar 'valoración técnica' al hecho de contar cartas de recomendación es, básicamente, adulterar el examen para que el alumno favorito apruebe. El sistema era un buffet libre de influencias. Barrabés presentó 35 documentos de apoyo, usando una plantilla que parecía un formulario de Ikea, donde Begoña Gómez reconoció explícitamente que la jugada estaba financiada con dinero público. Los expedientes 014 y 016, adjudicados en julio de 2021, fueron el escenario de este baile. Lo más cínico es el contraste: mientras una evaluadora decía que le 'costaba horrores' creer que los rivales eran malos, la jefa de área blindaba el sistema alegando que esas cartas 'daban valor'. Al final, el juez Juan Carlos Peinado tiene sobre la mesa un atestado donde la firma de la mujer del presidente no es un detalle anecdótico, sino un activo que sumó puntos reales en un tablero que ya estaba inclinado a favor de Barrabés.
Guardia Civil: El arte de mirar aparte
En el tablero del poder, 'ponerse de perfil' no es una cuestión de postura corporal, sino una técnica de supervivencia administrativa. Mientras el ciudadano medio se pelea con la administración por una multa de tráfico, en las esferas altas de la Guardia Civil parece que el manual de instrucciones es más flexible. Este viernes, ante el juez Santiago Pedraz, los altos mandos se han ratificado en un baile de confesiones que huele a oficina de despacho y miedo al jefe. Resulta fascinante que Rafael Yuste y Alfonso López Malo, exjefes de la UCO, recuerden con tanta nitidez que Manuel Llamas Fernández, el DAO, les pidió básicamente que miraran hacia otro lado. El timing es quirúrgico: julio de 2024. En ese momento, la mesa de investigaciones estaba servida con un menú degustación de escándalos: la trama Koldo, las actividades de Begoña Gómez y los asuntos de David Sánchez. Pedir que la juez tome la iniciativa es la versión institucional de 'yo no he sido', un juego de pasavueltas donde la policía judicial se convierte en un mueble más del pasillo. Pero el surrealismo no termina ahí. El general Antonio Cortés añade sal al guiso asegurando que le ordenaron abrir expedientes internos contra los agentes que, ingenuamente, se empeñaban en investigar la corrupción del entorno de Pedro Sánchez. Es la ley del espejo: si buscas la verdad, te encontramos la falta administrativa. Todo esto mientras Mercedes González, la directora general, mantenía citas con Leire Díez, la presunta arquitecta de una campaña contra el teniente coronel Antonio Balas. Al final, el dinero público paga la luz de la Audiencia Nacional para descubrir que, en el juego de las cloacas, el perfil más seguro es el que no molesta al que firma la nómina.
Contratos a dedo: el 'milagro' de Barrabés
En el mundo real, si te olvidas de adjuntar un documento clave en una solicitud de alquiler o en una beca, te mandan a paseo sin pestañear. Pero en el universo paralelo de Red.es, que te falte el 'libro blanco' —esa especie de currículum glorificado que pesaba un 60% de la nota— es un detalle menor que se soluciona con un truco de magia administrativa. Mientras que a empresas como IDC Research España les dieron un rapapla de 2 puntos por ser 'insuficientes', la UTE formada por Innova Next SL (del grupo Barrabés) y KPMG se llevó un 8,5 points sin haber entregado el papel. Un auténtico milagro burocrático. Lo mejor es la naturalidad del engaño. Un evaluador, con la soltura de quien oculta una multa de tráfico, sugirió por correo el 30 de diciembre de 2020: «Esto no lo pondría para que el resto de licitadores no sepa que no ha incluido un libro blanco». Es la versión institucional de 'no digas nada y nos lo llevamos'. Así, sin despeinarse, el expediente 044 se convirtió en un cheque de 4.053.500 euros financiado con fondos FEDER. Luis Prieto, el director de Economía Digital, firmó este y otros dos contratos (el 014 y 016) que suman más de ocho millones de euros. La UCO de la Guardia Civil ha dejado claro que esto no fue un despiste, sino un patrón de 'predilección'. Mientras Red.es intenta ahora lavar su imagen diciendo que el contrato 044 no acabó usando fondos europeos y que Begoña Gómez no firmó cartas para este en concreto, la realidad es que el sistema estaba aceitado. El juez Juan Carlos Peinado ya tiene el atestado sobre la mesa para juzgar corrupción y tráfico de influencias. Al final, parece que en Red.es el mérito no estaba en el libro blanco, sino en el libro de contactos.
Sínodo del Terror: El juicio al cadáver
Imaginen que su jefe más odiado muere, pero que el nuevo gerente, para limpiar la empresa, decide desenterrar el cuerpo, ponerle el traje de gala y sentarlo en una oficina para juzgarlo por malversación. Suena a película de terror cutre, pero en la Italia del siglo IX era el pan de cada día. Así nació el Sínodo del Terror, donde el Papa Esteban VI decidió que no bastaba con que el Papa Formoso estuviera bajo tierra; necesitaba que el cadáver, ya en avanzado estado de descomposición y con gusanos haciendo turnos de guardia en sus cuencas, fuera declarado inválido. El asunto no era por santidad, sino por puro cálculo político y rencores familiares. Formoso había jugado a tres bandas entre el Sacro Imperio Romano y los Spoleto, coronando a Arnulfo de Carintia en la Basílica de San Pedro antes de que el germano pillara una parálisis hereditaria y tuviera que largarse. Formoso murió el 4 de abril de 896, pero su tranquilidad duró poco. Esteban VI, actuando como un marioneta de Lamberto de Spoleto y su madre, exhumó la momia nueve meses después. En un despliegue de hipocresía legal, Esteban acusó a Formoso de saltarse el Derecho Canónico al cambiar su sede de Porto por la de Roma. Lo irónico es que Esteban había hecho exactamente lo mismo desde Anagni, pero claro, el muerto no podía presentar una contra-demanda. El veredicto fue un sablazo histórico: papado ilegítimo y anulación de todas sus ordenaciones. Para rematar la jugada, le cortaron los tres dedos de las bendiciones y lo tiraron al río Tíber como quien tira una bolsa de basura. La historia, sin embargo, tiene un sentido del humor negro: en el año 897, la turba romana decidió que Esteban VI también debía experimentar la 'desnudez' y lo estrangularon en una celda. Al final, Teodoro II tuvo que limpiar el desastre y devolverle la dignidad al cadáver, demostrando que en el Vaticano de aquella época, el cargo de Papa tenía una esperanza de vida más corta que un contrato temporal.
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