Crítica:
La noticia es un eco de comunicados; le falta profundidad en las cifras reales de absentismo para no ser solo un 'él dijo, yo dije'. Se queda en la superficie del conflicto sin cuestionar la base estadística de la campaña.
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Policía y Guardia Civil pasan de Interior
En la guerra de egos entre Sol y Moncloa, el protocolo ha pasado a ser la última prioridad, sustituido por una especie de patio de colegio donde los adultos se lanzan juguetes. Esta vez, el Ministerio del Interior intentó jugar al 'tú no vienes a mi fiesta', enviando instrucciones directas para que los altos mandos de seguridad pasaran del Dos de Mayo. Querían un vacío institucional en la Real Casa de Correos que gritara 'boicot' a los cuatro vientos, siguiendo la estela del 2025, cuando Moncloa decidió que el desfile militar era demasiado 'estético' para sus gustos y lo vetó por primera vez desde la autonomía de Madrid. Pero aquí llega el giro: Fernando Mora, general de división de la Guardia Civil, y Javier Galván, jefe superior de Policía de Madrid, decidieron que el sentido común pesa más que un correo electrónico con órdenes incómodas. Ambos aparecieron firmes durante el himno, plantados en primera fila junto a quienes se dejaron la piel en la DANA de Valencia. Para Mora y Galván, aceptar el veto no era seguir órdenes, sino comprar un billete solo para el espectáculo de la deslealtad institucional. Mientras Interior intentaba hacer un recorte de presupuesto en la presencia oficial, estos mandos prefirieron no ser el peón de una partida de ajedrez donde Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso se pelean por quién tiene la corona más brillante. El resultado es una comedia de errores donde Francisco Martín Aguirre, el delegado del Gobierno, acabó siendo el único representante de Moncloa antes de ser vetado también en 2026 por sus 'estallidos' con la presidenta madrileña. Al final, la orden de Interior quedó como un intento fallido de ingeniería política: un sablazo a la institucionalidad que terminó en un desplante público para el Gobierno central.
Directora de Guardia Civil: ¿Periodismo o cloacas?
En el teatro de la Audiencia Nacional, la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha intentado venderle al juez Santiago Pedraz una trama de ingenuidad digna de un guion de comedia. Resulta que González, imputada el 2 de julio por obstrucción a la justicia y prevaricación administrativa, sostiene que se reunió con Leire Díez porque la exmilitante socialista se presentó como una 'periodista freelance'. Sí, así de sencillo. En el mundo real, si alguien te ofrece un puesto de asesor a cambio de 'purgar' un cuerpo policial, no es una entrevista periodística, es un contrato de demolición. La UCO, que no tiene la costumbre de inventar calendarios, ha dejado constancia de tres citas: el 30 de septiembre de 2024, el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025. González, sin embargo, solo admite dos 'encuentros', describiendo el primero como un 'regalo de la vida'. Un regalo curioso, considerando que la trama, bautizada como 'caso cloacas', buscaba desestabilizar causas judiciales incómodas para el Gobierno. La ironía alcanza su punto máximo cuando González se define como 'víctima', alegando que si Díez hubiera mencionado a Santos Cerdán, el exnúmero 3 del PSOE, la cosa habría sido distinta. Mientras tanto, el comandante Rubén Villalba, imputado en el 'caso Koldo', ha sido el testigo incómodo que desmiente la fantasía del periodismo freelance. Para rematar el cuadro, la cúpula policial se tomó la molestia de amonestar verbalmente al agente que se atrevió a incluir correos entre David Sánchez y Begoña Gómez en un informe. Básicamente, han intentado limpiar la alfombra mientras el polvo se les colaba por las comisuras de los labios.
Post-it gigante en Moncloa contra Almaraz
Colgar una pancarta en el arco de Moncloa es, básicamente, el equivalente a dejarle un post-it en la frente al presidente para que no se olvide de que tiene una cita con el destino. Greenpeace ha decidido que Pedro Sánchez necesita un recordatorio visual —una 'nota en la nevera presidencial'— sobre el calendario de cierres nucleares. El asunto es sencillo: Almaraz debería empezar a decir adiós en 2027, con el resto de las centrales siguiendo el camino hasta que Trillo apague la luz en 2035. Pero claro, la realidad es un animal traicionero. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ya ha dado el visto bueno a la prórroga que piden las propietarias. Ahora el Gobierno tiene dos meses para decidir si se hace el sueco o si cumple la promesa. Mientras el Ministerio de Transición Ecológica se refugia en el clásico 'estudiaremos la documentación' (la frase favorita de quien no quiere dar la cara), el sector nuclear y los políticos locales ya están celebrando el dictamen como si hubieran ganado la lotería. Lo más divertido es la gimnasia mental del ecologismo español. Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF se aferran al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) como si fuera el Evangelio. Sostienen que cerrar las nucleares bajará la luz, aunque admitan, con un encogimiento de hombros, que al principio habrá que quemar más gas y que la factura nos dará un sablazos épicos. Es la lógica del 'ahora sufres, pero luego quizás ahorres'. Irónico que haya asociaciones internacionales pidiendo lo contrario: mantener Almaraz activa para no jugar a la ruleta rusa con la estabilidad del sistema eléctrico, especialmente después de sustos como el apagón de abril.
PNV y Bildu: el sablazo plurinacional
En el tablero político, hay quienes juegan al parchís y hay quienes, como el PNV y EH Bildu, juegan a cobrar el alquiler antes de que el dueño se dé cuenta de que la casa es suya. Este viernes 17 de julio de 2026, los socios de Pedro Sánchez han decidido que ya no basta con los apoyos parlamentarios; ahora quieren que se les reconozca oficialmente como la «nación vasca». Es la clásica táctica del 'combo': aprovechar que el Gobierno depende de sus votos para pedir un nuevo estatus jurídico y político que, en lenguaje de calle, es como pedir que te cambien el contrato de alquiler por una escritura de propiedad mientras el casero tiene las manos atadas. La jugada llega con una precisión quirúrgica, aprovechando el 150 aniversario de la abolición de los Fueros y los 50 años del Movimiento de Alcaldes de Bergara. El domingo, en Bergara, Aitor Esteban y Arnaldo Otegi compartirán escenario para recordar que el autogobierno actual se les queda pequeño, como un traje de niño en un cuerpo de adulto. Otegi, que ya el pasado mayo le soltó a Sánchez que la prioridad es una «España plurinacional», ahora propone un «programa de mínimos» para las generales de 2027. Lo fascinante es la coreografía: mientras el ciudadano medio lucha con la inflación y el precio del aceite, el PNV y Bildu negocian la arquitectura del Estado como quien regatea el precio de un coche usado. No piden una mejora en los servicios, piden un «fondo de poder político». Básicamente, quieren que la llave de la casa esté en su bolsillo, mientras Sánchez sonríe y asiente para que no se le caiga el tablero antes de tiempo.
Puente invita a Puigdemont al 'baño de realidad'
Hay quienes juegan al póker con la ley y otros que, desde la comodidad de un despacho ministerial, sugieren que el otro apueste todas sus fichas. Óscar Puente, el ministro de Transportes, ha decidido estrenar el viernes 17 de julio de 2026 con un despliegue de valentía ajena digno de un manual de supervivencia política. En las pantallas de RNE, Puente ha lanzado un consejo al aire que suena más a desafío que a asesoría jurídica: que Carles Puigdemont, el líder de Junts, deje de mirar el mapa desde Bruselas y se plante en España hoy mismo. El argumento es sencillo: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), bajo la batuta de Koen Lenaerts, ha dado el visto bueno a la Ley de Amnistía. Según la Corte Europea, perdonar delitos para 'reducir tensiones' es música para sus oídos. Sin embargo, aquí es donde la realidad choca con la retórica del ministro. Mientras Puente dice que 'hay que plantarles cara' y que Puigdemont 'lo tiene a huevo', olvida mencionar que la orden de detención del Tribunal Supremo sigue tan vigente como la factura de la luz en agosto. Puente propone un juego de riesgo: que el ex president se deje detener y llevar a prisión para 'ponerse colorado'. Es una estrategia brillante, siempre y cuando el que se pone las esposas no seas tú. Para que el camino esté despejado, no basta el beneplácito europeo; hace falta que el Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, y el Supremo firmen el pase de salida. Mientras tanto, el Gobierno nos pide coherencia mientras mantiene la obligación legal de arrestar al hombre que el ministro invita a volver. Una gimnasia mental que haría palidecer a cualquier atleta olímpico.
Sánchez: más 'gol' masculino que feminista
Hay agendas que no son calendarios, sino manuales de supervivencia política. Pedro Sánchez acaba de hacer un ajuste de cuentas en su libreta de direcciones: Nueva York es el destino y la final del Mundial masculino de este domingo 19 de julio es el imán. El presidente ha movido los muebles de su agenda en Moncloa a última hora para asegurarse un sitio en el palco, buscando esa foto idílica junto a Donald Trump que sabe que vende más que cualquier discurso sobre igualdad. Lo curioso es que, cuando el asunto era el Mundial femenino de 2023 en Australia, el jet privado del 'feminista' oficial no encontró la ruta hacia Sídney. Mientras las jugadoras de Jorge Vilda hacían historia, el jefe del Ejecutivo prefería el aire acondicionado de Madrid. El patrón se repitió en la Eurocopa femenina de 2025; España llegó a la final y volvió a perder el vuelo. Sin embargo, la memoria del presidente es selectiva: en la Eurocopa masculina de 2024 no solo estuvo, sino que repitió dosis. Es una ingeniería de prioridades fascinante. Para este Mundial 2026, Sánchez ha ignorado la tradición de recibir a la plantilla de Luis de la Fuente antes de partir, y se mantuvo en silencio hasta octavos. Pero ahora que el pastel es grande y el escenario es la Gran Manzana, el entusiasmo ha resucitado. Mientras la Familia Real —el Rey Felipe, Letizia, Leonor y Sofía— ya ha hecho los deberes y ha apoyado al equipo desde México, Sánchez llega al final del camino, justo cuando el flash de la cámara es más brillante. Al final, el feminismo de Estado parece funcionar como una suscripción de streaming: muy bonita la publicidad, pero cuando llega el momento de pagar el precio del viaje, el servicio se cae.
Funcionarios en pánico: el arte del susurro
En los pasillos de la Administración General del Estado se ha instalado un clima que recuerda más a una película de espías de serie B que a una oficina pública. Resulta fascinante: los jefes, esos arquitectos del 'bien común', han descubierto que el correo electrónico es un peligroso testigo y han optado por la táctica del 'susurro al oído'. Órdenes verbales para no dejar rastro. El objetivo es tan antiguo como el hambre: que si la cosa explota, el funcionario de abajo sea el que reciba el impacto mientras el alto cargo se lava las manos con jabón neutro. La situación es tan insólita que los cuerpos superiores han pasado de discutir el café de la máquina a debatir sobre seguros de responsabilidad civil en sus asambleas anuales. Imagínate la escena: profesionales que deberían preocuparse por la eficiencia del Estado ahora actúan como si estuvieran en una zona de guerra, guardando diez versiones de un mismo texto y grabando conversaciones para evitar que el de arriba diga: 'yo no te he pedido que cambiaras eso'. Es la burocracia convertida en modo supervivencia, donde la trazabilidad es el único escudo contra un posible agujero judicial que te arruine la vida en tres o cuatro años. El pánico es real. Desde abogados del Estado hasta Interventores, el miedo es que el 'modus operandi' del Gobierno los salpique. Se habla de informes de subvenciones que desaparecen o de cartas a la Comisión Europea que nunca salen del cajón porque el político decidió que era mejor el silencio. Organizaciones como Fedeca ya recomiendan cubrirse las espaldas. Al final, estamos operando con una lógica que algunos ya comparan con la Camorra italiana: el que firma es el que tiene el problema, y el que manda, simplemente sugiere en voz baja mientras mira hacia otro lado.
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