Crítica:
La noticia presenta el conflicto pero ignora el coste económico real de cerrar una planta prematuramente. Se queda en la superficie de la pancarta sin profundizar en el dilema técnico del suministro.
Ecologistas presionan a Sánchez sobre Almaraz con una pancarta en Moncloa: "Pedro, cumple tu palabra"
Post-it gigante en Moncloa contra Almaraz
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Patronal vs Sindicatos: la guerra del absentismo
Imaginen que su jefe decide poner un cartel en la puerta de casa diciendo que usted es un vago porque se tomó la tarde libre para enterrar a su abuelo. Suena a pesadilla, ¿verdad? Pues la CEOE ha decidido que las marquesinas de Cantabria son el lugar ideal para hacer exactamente eso, pero con un envoltorio corporativo. Bajo el mantra de que 'evitar las consecuencias del absentismo es responsabilidad de todos', la patronal ha montado un despliegue publicitario que huele a desesperación por echarle la culpa al empleado de que la empresa no sepa organizar un calendario. El ruido empezó con un representante de la CEOE en Castilla-La Mancha y alcanzó el clímax cuando Feijóo, con la sutileza de un mazo, calificó el absentismo de 'cáncer'. Ahora, CCOO ha saltado a la palestra este jueves, calificando la campaña de 'grosera e insultante'. Mariano Sanz, secretario confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO, ha dejado claro que mezclar una baja por maternidad, un permiso por fallecimiento o una formación con el concepto de 'absentismo' es como decir que ir al médico es lo mismo que quedarse durmiendo hasta las doce un lunes. La hipocresía es deliciosa: mientras la patronal llora por los costes económicos, ignora que el mal funcionamiento de los servicios no es porque el trabajador 'se haya bajado el lunes', sino porque las plantillas están más recortadas que un presupuesto de ayuntamiento en crisis. CCOO no solo pide la retirada inmediata de los carteles, sino que amenaza con acciones judiciales. Al final, el debate no es sobre quién falta, sino sobre quién crea las condiciones para que el trabajador termine en la enfermería mientras la empresa cuenta los céntimos en una hoja de Excel.
PNV y Bildu: el sablazo plurinacional
En el tablero político, hay quienes juegan al parchís y hay quienes, como el PNV y EH Bildu, juegan a cobrar el alquiler antes de que el dueño se dé cuenta de que la casa es suya. Este viernes 17 de julio de 2026, los socios de Pedro Sánchez han decidido que ya no basta con los apoyos parlamentarios; ahora quieren que se les reconozca oficialmente como la «nación vasca». Es la clásica táctica del 'combo': aprovechar que el Gobierno depende de sus votos para pedir un nuevo estatus jurídico y político que, en lenguaje de calle, es como pedir que te cambien el contrato de alquiler por una escritura de propiedad mientras el casero tiene las manos atadas. La jugada llega con una precisión quirúrgica, aprovechando el 150 aniversario de la abolición de los Fueros y los 50 años del Movimiento de Alcaldes de Bergara. El domingo, en Bergara, Aitor Esteban y Arnaldo Otegi compartirán escenario para recordar que el autogobierno actual se les queda pequeño, como un traje de niño en un cuerpo de adulto. Otegi, que ya el pasado mayo le soltó a Sánchez que la prioridad es una «España plurinacional», ahora propone un «programa de mínimos» para las generales de 2027. Lo fascinante es la coreografía: mientras el ciudadano medio lucha con la inflación y el precio del aceite, el PNV y Bildu negocian la arquitectura del Estado como quien regatea el precio de un coche usado. No piden una mejora en los servicios, piden un «fondo de poder político». Básicamente, quieren que la llave de la casa esté en su bolsillo, mientras Sánchez sonríe y asiente para que no se le caiga el tablero antes de tiempo.
Puente invita a Puigdemont al 'baño de realidad'
Hay quienes juegan al póker con la ley y otros que, desde la comodidad de un despacho ministerial, sugieren que el otro apueste todas sus fichas. Óscar Puente, el ministro de Transportes, ha decidido estrenar el viernes 17 de julio de 2026 con un despliegue de valentía ajena digno de un manual de supervivencia política. En las pantallas de RNE, Puente ha lanzado un consejo al aire que suena más a desafío que a asesoría jurídica: que Carles Puigdemont, el líder de Junts, deje de mirar el mapa desde Bruselas y se plante en España hoy mismo. El argumento es sencillo: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), bajo la batuta de Koen Lenaerts, ha dado el visto bueno a la Ley de Amnistía. Según la Corte Europea, perdonar delitos para 'reducir tensiones' es música para sus oídos. Sin embargo, aquí es donde la realidad choca con la retórica del ministro. Mientras Puente dice que 'hay que plantarles cara' y que Puigdemont 'lo tiene a huevo', olvida mencionar que la orden de detención del Tribunal Supremo sigue tan vigente como la factura de la luz en agosto. Puente propone un juego de riesgo: que el ex president se deje detener y llevar a prisión para 'ponerse colorado'. Es una estrategia brillante, siempre y cuando el que se pone las esposas no seas tú. Para que el camino esté despejado, no basta el beneplácito europeo; hace falta que el Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, y el Supremo firmen el pase de salida. Mientras tanto, el Gobierno nos pide coherencia mientras mantiene la obligación legal de arrestar al hombre que el ministro invita a volver. Una gimnasia mental que haría palidecer a cualquier atleta olímpico.
Sánchez: más 'gol' masculino que feminista
Hay agendas que no son calendarios, sino manuales de supervivencia política. Pedro Sánchez acaba de hacer un ajuste de cuentas en su libreta de direcciones: Nueva York es el destino y la final del Mundial masculino de este domingo 19 de julio es el imán. El presidente ha movido los muebles de su agenda en Moncloa a última hora para asegurarse un sitio en el palco, buscando esa foto idílica junto a Donald Trump que sabe que vende más que cualquier discurso sobre igualdad. Lo curioso es que, cuando el asunto era el Mundial femenino de 2023 en Australia, el jet privado del 'feminista' oficial no encontró la ruta hacia Sídney. Mientras las jugadoras de Jorge Vilda hacían historia, el jefe del Ejecutivo prefería el aire acondicionado de Madrid. El patrón se repitió en la Eurocopa femenina de 2025; España llegó a la final y volvió a perder el vuelo. Sin embargo, la memoria del presidente es selectiva: en la Eurocopa masculina de 2024 no solo estuvo, sino que repitió dosis. Es una ingeniería de prioridades fascinante. Para este Mundial 2026, Sánchez ha ignorado la tradición de recibir a la plantilla de Luis de la Fuente antes de partir, y se mantuvo en silencio hasta octavos. Pero ahora que el pastel es grande y el escenario es la Gran Manzana, el entusiasmo ha resucitado. Mientras la Familia Real —el Rey Felipe, Letizia, Leonor y Sofía— ya ha hecho los deberes y ha apoyado al equipo desde México, Sánchez llega al final del camino, justo cuando el flash de la cámara es más brillante. Al final, el feminismo de Estado parece funcionar como una suscripción de streaming: muy bonita la publicidad, pero cuando llega el momento de pagar el precio del viaje, el servicio se cae.
Funcionarios en pánico: el arte del susurro
En los pasillos de la Administración General del Estado se ha instalado un clima que recuerda más a una película de espías de serie B que a una oficina pública. Resulta fascinante: los jefes, esos arquitectos del 'bien común', han descubierto que el correo electrónico es un peligroso testigo y han optado por la táctica del 'susurro al oído'. Órdenes verbales para no dejar rastro. El objetivo es tan antiguo como el hambre: que si la cosa explota, el funcionario de abajo sea el que reciba el impacto mientras el alto cargo se lava las manos con jabón neutro. La situación es tan insólita que los cuerpos superiores han pasado de discutir el café de la máquina a debatir sobre seguros de responsabilidad civil en sus asambleas anuales. Imagínate la escena: profesionales que deberían preocuparse por la eficiencia del Estado ahora actúan como si estuvieran en una zona de guerra, guardando diez versiones de un mismo texto y grabando conversaciones para evitar que el de arriba diga: 'yo no te he pedido que cambiaras eso'. Es la burocracia convertida en modo supervivencia, donde la trazabilidad es el único escudo contra un posible agujero judicial que te arruine la vida en tres o cuatro años. El pánico es real. Desde abogados del Estado hasta Interventores, el miedo es que el 'modus operandi' del Gobierno los salpique. Se habla de informes de subvenciones que desaparecen o de cartas a la Comisión Europea que nunca salen del cajón porque el político decidió que era mejor el silencio. Organizaciones como Fedeca ya recomiendan cubrirse las espaldas. Al final, estamos operando con una lógica que algunos ya comparan con la Camorra italiana: el que firma es el que tiene el problema, y el que manda, simplemente sugiere en voz baja mientras mira hacia otro lado.
Marlaska y la caza de brujas UCO
Hay quien dice que en el Estado se gestionan expedientes; en la calle sabemos que se gestionan miedos. El caso es sencillo: la UCO, esa unidad de élite que se supone que es el perro guardián de la legalidad, acabó convertida en el patio de recreo de una purga política. Todo empezó por un descuido, un 'copia y pega' accidental en un documento técnico sobre los correos de David Sánchez. El error fue incluir una dirección de email oficial de Moncloa perteneciente a Begoña Gómez. Para cualquiera, un desliz administrativo; para el Ministerio del Interior, una declaración de guerra. Fernando Grande-Marlaska no pidió una aclaración, pidió una cabeza. El DAO Manuel Llamas bajó la orden con un tono que haría temblar a cualquier funcionario: 'rodarán cabezas'. Imaginen la escena: agentes analizando delitos económicos, acostumbrados a lidiar con tiburones financieros, sintiendo de repente el aliento del poder en la nuca por un simple índice de correos. Mientras el ciudadano medio pelea con la factura de la luz, en los despachos de la Benemérita se montaba una caza de brujas para castigar a quien, por acción o conocimiento, hubiera dejado escapar ese dato. La ironía es deliciosa. Se buscaba al 'filtrador' con una intensidad insólita, ignorando que el error ya estaba admitido. Al final, el castigo fue una amonestación ridícula para un analista que cometió un error humano. Pero el daño ya estaba hecho. Entre 2024 y 2025, la cúpula abrió tres expedientes disciplinarios que terminaron en nada, pero que sirvieron para dejar claro quién manda. La Fiscalía Anticorrupción lo ha dicho sin adornos: no era depurar responsabilidades, era intimidación pura y dura. Un mensaje directo a los investigadores de los casos Koldo o hidrocarburos: 'Cuidado con dónde miráis, que el cuello es frágil'.
Gibraltar: Nos quitan el botón nuclear
Hay una forma muy elegante de decir que te han quitado las llaves de casa mientras dormías: se llama 'cambio técnico'. El Gobierno, en un alarde de discreción digno de un agente secreto, ha deslizado una modificación en el párrafo dos del artículo 66 de un documento de 1.178 páginas. Para el ciudadano medio, leer eso es como revisar la letra pequeña de un contrato de telefonía; nadie lo hace hasta que llega el sablazo. El pasado 1 de abril, en una reunión del COREPER en Bruselas, España decidió que ya no quería 'ordenar' la terminación del tratado con el Reino Unido, sino simplemente 'solicitarla'. Traduzcamos esto al idioma de la calle: hemos pasado de tener un botón nuclear para dinamitar el acuerdo si las cosas se ponían feas, a tener que rellenar un formulario y esperar a que la burocracia de la UE decida si le apetece hacernos caso. Es como pasar de ser el dueño del local a ser el cliente que sugiere que cierren la persiana. Lo más fascinante es la coreografía política. Mientras Pedro Sánchez se hacía la foto en La Línea demoliendo la Verja junto a Fabian Picardo —vendiendo la imagen del 'último muro de Europa'—, en los despachos se había firmado la renuncia a que el texto pasara por las Cortes. Así, sin debate ni voto, el compromiso de Mariano Rajoy de mantener 'la última palabra' ha terminado en el triturador de papeles. El resultado es un esquema donde Reino Unido mantiene la soberanía y España se queda gestionando el flujo de personas, aceptando que el tabaco y el alcohol sigan disfrutando de un IVA del 15% frente al 21% europeo. Un negocio redondo para la Roca y una 'operativa diaria' para nosotros.
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