Crítica:
La noticia es un catálogo de negligencias materiales disfrazado de 'normalidad'. El contraste entre los 70 nudos de los traficantes y los 29 de la ley es el verdadero titular que el organismo oficial intenta suavizar.
La noticia es un catálogo de negligencias materiales disfrazado de 'normalidad'. El contraste entre los 70 nudos de los traficantes y los 29 de la ley es el verdadero titular que el organismo oficial intenta suavizar.
Parece que el calendario de los 'harraga' tiene una fecha marcada en rojo, como quien reserva el restaurante para la Nochevieja: el 15 de agosto de 2026. Mientras el ciudadano medio se pelea con la maleta para irse de vacaciones, en TikTok y WhatsApp se cocina un 'evento masivo' con la precisión de un festival de música, pero sin entradas ni seguridad. El punto de encuentro es Castillejos (Fnideq), el lugar donde la esperanza y la desesperación se dan la mano frente a la valla. Alejandro Ramírez, portavoz del Gobierno de Ceuta, ha salido a la palestra con el tono habitual de quien ve venir la tormenta pero no tiene el paraguas a mano. Dice que hay 'preocupación'. Traducción: saben que el guion es el mismo que el del verano de 2024, cuando el 15 de septiembre se intentó repetir la jugada. En aquel entonces, más de 700 personas se colaron nadando o saltando el perímetro, convirtiendo la frontera en un coladero humano que obligó a desplegar un ejército de agentes para evitar que el caos se multiplicara. Ahora, el canal 'haraga mrc' es la nueva oficina de turismo para la irregularidad. Lo fascinante es la coreografía institucional: Ramírez pide más efectivos de la Policía Nacional y ayuda a Europa, básicamente solicitando que el Gobierno central deje de mirar hacia otro lado y mande recursos antes de que el 15 de agosto sea el día del desbordamiento. Es la eterna historia de Ceuta: pedir ayuda a Madrid mientras los grupos de WhatsApp organizan la logística de entrada más eficiente que la gestión de los fondos europeos. Esperan que no ocurra, pero la historia, al igual que los mensajes en darija, tiene una costumbre terrible de repetirse.
La naturaleza no lee boletines oficiales ni entiende de protocolos diplomáticos. Mientras los burócratas en Madrid se pelean con el mapa, la palometa negra (Brama brama) ha decidido que las aguas de Mauritania están demasiado calientes para su gusto y se ha mudado al norte, al Sáhara Occidental. Un éxodo biológico que deja a la flota española en una situación ridícula: el pescado está ahí, pero tocarlo es jugar a la ruleta rusa con el derecho internacional. Los números son una bofetada. Pasar de descargar 2.928 toneladas en 2019 a unas miserables 80 toneladas en 2025 no es una fluctuación; es un desplome. Para que el lector de a pie lo entienda: es como si tu sueldo mensual pasara de un buen salario a lo que te queda después de pagar el alquiler y comprar un paquete de galletas. El rendimiento ha caído un 92%, bajando de 3.650 kilos diarios en 2017 a solo 308 kilos en 2025. Un agujero financiero que hunde la rentabilidad de armadores gallegos y canarios. Aquí entra la gimnasia mental de Luis Planas. El ministro, cuyo móvil fue el juguete de Pegasus por cortesía de Rabat, ha redactado un borrador de ayudas que evita decir la palabra 'Sáhara' como si fuera una maldición. Para el Gobierno, el pez no se ha ido a una zona en disputa, sino a 'aguas jurisdiccionales del Reino de Marruecos'. Un malabarismo semántico peligroso, ya que la UE no tiene acuerdo con Rabat y el contrato con Mauritania caduca el 14 de noviembre. Mientras España se pierde en el laberinto legal y ofrece una palmadita económica de 80.000 euros bajo el régimen de minimis —una cifra que para una flota industrial es como poner una tirita en una amputación—, los barcos chinos y turcos pasan por el lado y se llevan el botín sin remordimientos ni tratados que respetar.
Hay que tener un despliegue de optimismo —o de descaro— digno de un premio Oscar para intentar salvar la gestión de ocho años con una sartén. Iago Negueruela, el candidato del PSOE a la Alcaldía de Palma, ha decidido que la mejor forma de combatir el calentamiento global es convertir el Parc de Sa Riera en un restaurante de menú del día. Con la solemnidad de quien descubre la penicilina, Negueruela rompió un huevo sobre un tobogán para demostrar que, efectivamente, el sol calienta. El espectáculo es fascinante. Mientras el político lanza la perla de que «en la sombra hace menos calor que en el sol» —una revelación científica que probablemente dejaría boquiabiertos a los físicos de la NASA—, presume de que el tobogán alcanzó los 66 grados y los columpios superaron los 50. El contraste es tan grueso que se puede cortar con cuchillo: el candidato se lamenta de la falta de árboles en un parque donde su propio partido gobernó entre 2015 y 2023. Básicamente, Negueruela se queja de que no hay sombra en el jardín que él mismo dejó sin regar durante casi una década. Para rematar la jugada, el secretario general de la Agrupación Socialista de Palma (ASP) decidió que el culpable era el alcalde del PP, Jaime Martínez, acusándolo de preferir las obras para turistas y pactar con Vox. Es la clásica ingeniería política: cuando no encuentras la solución al problema, buscas un culpable y, si no hay presupuesto para plantar robles, siempre puedes comprar una docena de huevos en el supermercado y grabar un TikTok. El plan 'ambicioso' para dar sombra a la ciudad ahora llega justo a tiempo, probablemente porque el tobogán ya no solo quema, sino que cocina.
Hay quien dice que el dinero público es como el aire: invisible hasta que alguien te lo quita. En la Diputación de Badajoz, parece que el aire soplaba con un aroma particularmente caro. El Tribunal de Cuentas ha decidido dejar de mirar desde la barrera y se ha plantado en los pasillos de la administración provincial para hacerle un examen sorpresa a la contabilidad. El objetivo es claro: rastrear el rastro de los 340.572,36 euros que David Sánchez Pérez-Castejón cobró entre julio de 2017 y mayo de 2025. Para que nos entendamos, es una cifra que haría palidecer a cualquier familia intentando cerrar el mes con la inflación actual, pero que para el hermano del presidente del Gobierno fue el salario de una plaza que la Audiencia Provincial de Badajoz calificó, con una elegancia brutal, de «innecesaria y vacía de contenido». Pero el festín no terminó ahí. En el menú de la sospecha también aparece Luis María Carrero, ex asesor de Moncloa, quien se embolsó 86.988,76 euros entre enero de 2024 y junio de 2025. Sumando ambos, tenemos un agujero contable de 427.561,12 euros que ahora el organismo presidido por Enriqueta Chicano quiere recuperar. La jugada maestra llega de la mano de Iustitia Europa, que ha logrado que su denuncia supere el trámite inicial y llegue a la Sección de Enjuiciamiento, evitando que el tiempo borre las huellas de este «procedimiento de escaparate». Como si el sueldo por no hacer nada no fuera suficiente, la fiesta incluyó la producción de 'La Paz Perpetua' y el 'Proyecto Ópera Joven', donde se gastaron 128.080 euros para recaudar unos miserables 2.000. Básicamente, un negocio donde la pérdida es la norma y el beneficio es el prestigio. Mientras Miguel Ángel Gallardo se enfrenta a 18 años de inhabilitación, el Tribunal de Cuentas busca ahora que el dinero vuelva a las arcas públicas, porque resulta que trabajar para el Estado sin trabajar es un lujo que ya no se puede permitir.
Hay una forma muy elegante de decir que el sistema ha colapsado: llamarlo 'normalidad'. Mientras el Gobierno se empeña en maquillar la realidad, el Instituto de Medicina Legal de Ceuta ha tenido que resucitar el antiguo Hospital Militar, cerrado desde 2018, para convertirlo en una morgue improvisada. No es un centro de salud, es un almacén de tragedias donde descansan 79 cuerpos rescatados del mar. De las 77 autopsias realizadas, solo dos personas tienen nombre y apellidos. El resto son fantasmas burocráticos. Aquí es donde entra la 'cortesía' diplomática. Marruecos, con la naturalidad de quien devuelve un paquete que no quiere en Amazon, solo se ha hecho cargo de 40 fallecidos. El resto queda en un limbo de huellas dactilares y ADN que la Guardia Civil intenta descifrar contrarreloj. Es el juego del hambre institucional: si no estás registrado en España, no existes para el sistema, y para Marruecos, simplemente no eres su problema. Mientras tanto, el ministro Fernando Grande-Marlaska lanza cifras al aire como quien tira confeti en un funeral. Habla de 72.000 inmigrantes que entraron, asegura que 70.000 ya se fueron y admite que quedan 2.000. Pero bajen a la playa del Trampolín y verán que la aritmética oficial no cuadra con la arena. El Gobierno de Ceuta estima que siguen allí entre 3.000 y 5.000 personas. El delegado Miguel Ángel Pérez Triano ya admite que la normalidad está 'lejos', aunque el Ejecutivo siga insistiendo en que todo está bajo control. Para rematar el cuadro, el CETI, diseñado para 512 personas, alberga a más de 1.000. Estamos intentando meter un elefante en una caja de zapatos mientras fingimos que el zapato es, en realidad, un palacio.
Hay una mística muy bonita en el sacrificio patrio, pero la mística no llena la panza. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez se esmera en vender una postal de control y normalidad en Ceuta, la realidad en el terreno tiene sabor a mortadela barata y cansancio crónico. Los militares desplegados para frenar la crisis migratoria están viviendo una especie de experimento de supervivencia: jornadas maratonianas de 14 a 16 horas, con apenas dos horas de sueño entre turnos, que hacen que cualquier horario de oficina parezca un spa. Lo verdaderamente surrealista es la logística del Ministerio de Defensa. Para mantener a punto a cuerpos que son auténticos templos de resistencia, el menú consiste en un kit que envidiaría un niño de primaria en una excursión: un bocadillo de mortadela (que a veces muta a chorizo o salchichón), una lata de atún con un panecillo, una manzana y dos botellines de agua de 330 mililitros. Si el día es generoso, cambian la fruta por un yogur y cuatro galletas. Es, básicamente, alimentar a un ejército con el presupuesto de una merienda escolar. Marco Antonio Gómez, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería (ATME), ha soltado la verdad sin anestesia: no se puede pedir profesionalidad cuando el combustible es insuficiente. A esto sumemos que los soldados duermen hacinados en pasillos y habitaciones de cuarteles que no fueron diseñados para albergar a tanta gente, ya que la mayoría vive fuera con sus familias. Para rematar la jugada, en algunas unidades se ha prohibido el uso del móvil. Oficialmente será por seguridad, pero en la calle se sospecha que es para evitar que el mundo vea que la 'élite' de la defensa española está durmiendo en el suelo y cenando galletas mientras el relato oficial sigue brillando en Madrid.
Hay quienes ven la frontera como una sugerencia y el código penal como una lista de recomendaciones. Resulta fascinante que, mientras el ciudadano medio se juega el cuello para que no le suban la cuota del seguro, ciertos jóvenes marroquíes de unos 20 años decidieron que la prohibición de entrada en España era simplemente un desafío personal. Aprovechando el caos de la invasión del pasado jueves y viernes —donde 72.000 personas decidieron que Ceuta era el lugar ideal para un paseo masivo—, algunos 'viejos conocidos' con antecedentes graves y órdenes de expulsión decidieron volver para saludar. La ironía es deliciosa: algunos fueron interceptados en el puerto intentando pillar un barco hacia la península, como quien busca un vuelo low-cost, solo para descubrir que su billete de vuelta era directo al centro penitenciario de Ceuta. Otros, más impulsivos, prefirieron el camino del cuchillo, como el sujeto que apuñaló a otro compatriota el jueves noche tras una discusión. Lo más surrealista es el vacío administrativo. Mientras las calles de Ceuta eran un campo de batalla con asedios a supermercados y tentativas de okupación, la cárcel registró apenas siete ingresos. El sindicato TAMPM está perplejo; esperaban una avalancha y se encontraron con un desierto. ¿La razón? Una orden gubernamental tan optimista que rozaba la fantasía: «garantizad vuestra integridad, dejaos ver, pero sin intervenir». Básicamente, pidieron a los policías que hicieran de mobiliario urbano mientras el Gobierno de Pedro Sánchez vendía un control que solo existía en sus notas de prensa. Sin protocolos, sin refuerzos y con el silencio sepulcral de Instituciones Penitenciarias, Ceuta espera ahora al 15 de agosto, fecha en la que las redes sociales sugieren que la fiesta de la ilegalidad tendrá una segunda parte.
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