La noticia es un ejercicio de prudencia administrativa que oculta la impotencia real. Se limita a citar al portavoz sin cuestionar por qué, tras la experiencia de 2024, la solución sigue siendo 'pedir más recursos' en lugar de tener un plan preventivo.
Hay una receta clásica para cocinar una dictadura: un puñado de caos social, una moneda que no vale ni para comprar tabaco y un trauma militar que deje a la nación en estado de shock. En septiembre de 1923, Miguel Primo de Rivera decidió que el país necesitaba un 'tajo político', presentándose como el cirujano de hierro mientras el Parlamento era básicamente un club de lectura cerrado. El detonante no fue una idea brillante, sino la carnicería de Annual, donde más de 10.000 soldados españoles fueron masacrados por las milicias de Abd el-Krim. Imaginen el impacto: cuerpos dejados al sol rifeño y una humillación colectiva que hizo que el ciudadano medio aceptara cambiar la urna por la bota militar sin que volara una sola bala. El Rey Alfonso XIII, que prefería la estabilidad de un cuartel a que el 'Expediente Picasso' le salpicara los zapatos con chanchullos y mordidas del ejército, no puso pegas. Así, entre vítores y el silencio impuesto a intelectuales como Unamuno —quien ya advertía que un país no se gobierna como un cortijo—, nació el Directorio Militar. La tragedia del Rif, que duró diez años, fue el caldo de cultivo perfecto. Mientras la Legión, fundada el 28 de enero de 1920, romantizaba la muerte como si fuera un beso de ángel según José Millán-Astray, la realidad eran camiones aplastando cadáveres en Monte Arruit. El clímax llegó el 8 de septiembre de 1925 con el desembarco de Alhucemas. Un éxito táctico que catapultó a figuras como Sanjurjo y ascendió a un joven Franco a coronel. Irónicamente, aquellos guerreros de Abd el-Krim que España no pudo domar terminaron siendo los 'Regulares' que diez años después aterrorizarían la Ciudad Universitaria de Madrid. La historia nos deja un aviso: cuando el liderazgo es mediocre y el conflicto colonial se gestiona con incompetencia, el camino hacia la autocracia está pavimentado con buenas intenciones y muchos muertos.
Hay que tener un despliegue de optimismo casi quirúrgico para publicar una lista de canciones favoritas en Instagram mientras el país parece un episodio de 'Supervivientes' sin presupuesto. Mientras Ceuta se asfixiaba el pasado 30 de junio con una entrada masiva de inmigrantes marroquíes y los incendios forestales devoraban el mapa, Pedro Sánchez decidió que el momento era ideal para un 'reset' emocional. No cualquier reset: cuatro semanas de desconexión total, un récord de generosidad personal que dejaría en ridículo a cualquier otro jefe de Estado de la UE. El despliegue logístico fue digno de una estrella de rock: jet privado hasta Lanzarote y refugio en la villa estatal 'La Mareta', donde el acceso privado al mar y la pista de tenis ayudan a filtrar el ruido de la realidad. Según 'The Bild', el presidente ignoró sistemáticamente las advertencias de los servicios de inteligencia sobre la crisis migratoria, pero no olvidó incluir a Madonna con su tema 'I Feel So Free' en su banda sonora veraniega. Es el arte de la gestión moderna: mientras los cadáveres aparecen en las playas y la oposición grita que el Gobierno niega la realidad, el mandatario se dedica a curar su playlist de Charli XCX y los Rolling Stones. Para rematar la jugada, el cuadro familiar se completa con Begoña Gómez, quien acompaña al presidente en su retiro antes de enfrentarse, a partir de septiembre, a un juicio por influencias ilegales y malversación de fondos públicos. 'The Times' y 'The Telegraph' no han sido precisamente delicados con la sensibilidad del jefe del Ejecutivo. Al final, el mensaje es claro: el país puede hundirse en el caos, pero la música en La Mareta suena impecable y el aire acondicionado del avión privado funciona a la perfección.
La naturaleza no lee boletines oficiales ni entiende de protocolos diplomáticos. Mientras los burócratas en Madrid se pelean con el mapa, la palometa negra (Brama brama) ha decidido que las aguas de Mauritania están demasiado calientes para su gusto y se ha mudado al norte, al Sáhara Occidental. Un éxodo biológico que deja a la flota española en una situación ridícula: el pescado está ahí, pero tocarlo es jugar a la ruleta rusa con el derecho internacional. Los números son una bofetada. Pasar de descargar 2.928 toneladas en 2019 a unas miserables 80 toneladas en 2025 no es una fluctuación; es un desplome. Para que el lector de a pie lo entienda: es como si tu sueldo mensual pasara de un buen salario a lo que te queda después de pagar el alquiler y comprar un paquete de galletas. El rendimiento ha caído un 92%, bajando de 3.650 kilos diarios en 2017 a solo 308 kilos en 2025. Un agujero financiero que hunde la rentabilidad de armadores gallegos y canarios. Aquí entra la gimnasia mental de Luis Planas. El ministro, cuyo móvil fue el juguete de Pegasus por cortesía de Rabat, ha redactado un borrador de ayudas que evita decir la palabra 'Sáhara' como si fuera una maldición. Para el Gobierno, el pez no se ha ido a una zona en disputa, sino a 'aguas jurisdiccionales del Reino de Marruecos'. Un malabarismo semántico peligroso, ya que la UE no tiene acuerdo con Rabat y el contrato con Mauritania caduca el 14 de noviembre. Mientras España se pierde en el laberinto legal y ofrece una palmadita económica de 80.000 euros bajo el régimen de minimis —una cifra que para una flota industrial es como poner una tirita en una amputación—, los barcos chinos y turcos pasan por el lado y se llevan el botín sin remordimientos ni tratados que respetar.
Cruzar la frontera es, hoy día, una cuestión de presupuesto y de saber leer el clima. Mientras más de 70.000 personas colapsaban Ceuta en una marea humana que recordaba a las peores aglomeraciones de un concierto gratuito, un grupo selecto decidió que el paso fronterizo de El Tarajal era para los que no tienen presupuesto. Para estos 'VIP' de la irregularidad, la solución fue un banco de niebla y una tarifa premium: entre 4.000 y 6.000 euros por plaza, un sablazo que triplica el coste de una patera convencional, que ya de por sí es un atraco entre 1.000 y 3.000 euros. La ironía es que mientras las mafias despliegan motos de agua de 70 nudos —máquinas que vuelan sobre el agua—, la Guardia Civil intenta perseguirlas con una lancha S-40 que apenas alcanza los 29 nudos. Es como intentar atrapar un Ferrari con un carrito de helados. Para rematar la jugada, la lancha HS-60 ha pasado el último mes en el taller; la arreglaron el 16 de julio para el día del Carmen, pero el artefacto decidió morirle a los agentes veinticuatro horas después. Una gestión del material que roza la comedia. Al menos una veintena de personas aterrizó en puntos como el Faro de Punta Carnero, la ensenada de Getares o la playa de Levante en La Línea de la Concepción. El domingo pasado se detectó la jugada, y aunque la Policía Nacional detuvo a cuatro personas el lunes en Cala Secreta, el sistema sigue siendo un colador. Lo más preocupante es el efecto dominó: al mandar a todo el mundo a vigilar la crisis migratoria, el narcotráfico ha encontrado la puerta abierta. Según el Informe Anual 2026 de CEAR, el Estrecho solo representó el 1% de las llegadas en 2025 (347 personas), pero cuando la niebla cubre el mar y las lanchas fallan, ese porcentaje es el espacio perfecto para que el crimen organizado haga sus cuentas.
Hay que tener un despliegue de optimismo —o de descaro— digno de un premio Oscar para intentar salvar la gestión de ocho años con una sartén. Iago Negueruela, el candidato del PSOE a la Alcaldía de Palma, ha decidido que la mejor forma de combatir el calentamiento global es convertir el Parc de Sa Riera en un restaurante de menú del día. Con la solemnidad de quien descubre la penicilina, Negueruela rompió un huevo sobre un tobogán para demostrar que, efectivamente, el sol calienta. El espectáculo es fascinante. Mientras el político lanza la perla de que «en la sombra hace menos calor que en el sol» —una revelación científica que probablemente dejaría boquiabiertos a los físicos de la NASA—, presume de que el tobogán alcanzó los 66 grados y los columpios superaron los 50. El contraste es tan grueso que se puede cortar con cuchillo: el candidato se lamenta de la falta de árboles en un parque donde su propio partido gobernó entre 2015 y 2023. Básicamente, Negueruela se queja de que no hay sombra en el jardín que él mismo dejó sin regar durante casi una década. Para rematar la jugada, el secretario general de la Agrupación Socialista de Palma (ASP) decidió que el culpable era el alcalde del PP, Jaime Martínez, acusándolo de preferir las obras para turistas y pactar con Vox. Es la clásica ingeniería política: cuando no encuentras la solución al problema, buscas un culpable y, si no hay presupuesto para plantar robles, siempre puedes comprar una docena de huevos en el supermercado y grabar un TikTok. El plan 'ambicioso' para dar sombra a la ciudad ahora llega justo a tiempo, probablemente porque el tobogán ya no solo quema, sino que cocina.
Hay quien dice que el dinero público es como el aire: invisible hasta que alguien te lo quita. En la Diputación de Badajoz, parece que el aire soplaba con un aroma particularmente caro. El Tribunal de Cuentas ha decidido dejar de mirar desde la barrera y se ha plantado en los pasillos de la administración provincial para hacerle un examen sorpresa a la contabilidad. El objetivo es claro: rastrear el rastro de los 340.572,36 euros que David Sánchez Pérez-Castejón cobró entre julio de 2017 y mayo de 2025. Para que nos entendamos, es una cifra que haría palidecer a cualquier familia intentando cerrar el mes con la inflación actual, pero que para el hermano del presidente del Gobierno fue el salario de una plaza que la Audiencia Provincial de Badajoz calificó, con una elegancia brutal, de «innecesaria y vacía de contenido». Pero el festín no terminó ahí. En el menú de la sospecha también aparece Luis María Carrero, ex asesor de Moncloa, quien se embolsó 86.988,76 euros entre enero de 2024 y junio de 2025. Sumando ambos, tenemos un agujero contable de 427.561,12 euros que ahora el organismo presidido por Enriqueta Chicano quiere recuperar. La jugada maestra llega de la mano de Iustitia Europa, que ha logrado que su denuncia supere el trámite inicial y llegue a la Sección de Enjuiciamiento, evitando que el tiempo borre las huellas de este «procedimiento de escaparate». Como si el sueldo por no hacer nada no fuera suficiente, la fiesta incluyó la producción de 'La Paz Perpetua' y el 'Proyecto Ópera Joven', donde se gastaron 128.080 euros para recaudar unos miserables 2.000. Básicamente, un negocio donde la pérdida es la norma y el beneficio es el prestigio. Mientras Miguel Ángel Gallardo se enfrenta a 18 años de inhabilitación, el Tribunal de Cuentas busca ahora que el dinero vuelva a las arcas públicas, porque resulta que trabajar para el Estado sin trabajar es un lujo que ya no se puede permitir.
Hay una forma muy elegante de decir que el sistema ha colapsado: llamarlo 'normalidad'. Mientras el Gobierno se empeña en maquillar la realidad, el Instituto de Medicina Legal de Ceuta ha tenido que resucitar el antiguo Hospital Militar, cerrado desde 2018, para convertirlo en una morgue improvisada. No es un centro de salud, es un almacén de tragedias donde descansan 79 cuerpos rescatados del mar. De las 77 autopsias realizadas, solo dos personas tienen nombre y apellidos. El resto son fantasmas burocráticos. Aquí es donde entra la 'cortesía' diplomática. Marruecos, con la naturalidad de quien devuelve un paquete que no quiere en Amazon, solo se ha hecho cargo de 40 fallecidos. El resto queda en un limbo de huellas dactilares y ADN que la Guardia Civil intenta descifrar contrarreloj. Es el juego del hambre institucional: si no estás registrado en España, no existes para el sistema, y para Marruecos, simplemente no eres su problema. Mientras tanto, el ministro Fernando Grande-Marlaska lanza cifras al aire como quien tira confeti en un funeral. Habla de 72.000 inmigrantes que entraron, asegura que 70.000 ya se fueron y admite que quedan 2.000. Pero bajen a la playa del Trampolín y verán que la aritmética oficial no cuadra con la arena. El Gobierno de Ceuta estima que siguen allí entre 3.000 y 5.000 personas. El delegado Miguel Ángel Pérez Triano ya admite que la normalidad está 'lejos', aunque el Ejecutivo siga insistiendo en que todo está bajo control. Para rematar el cuadro, el CETI, diseñado para 512 personas, alberga a más de 1.000. Estamos intentando meter un elefante en una caja de zapatos mientras fingimos que el zapato es, en realidad, un palacio.
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