Crítica:
El texto es un despliegue técnico impecable de datos, pero peca de excesiva neutralidad ante el caos administrativo que supone el CERA. No se atreve a preguntar quién se beneficia realmente de la 'adscripción por defecto' a Madrid.
El voto en el extranjero podría llegar a cambiar hasta 23 escaños en las próximas generales
Voto exterior: el 'comodín' que mueve escaños
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Pueblos fantasma: más votos fuera que dentro
Imagínate vivir en Madarcos, un pueblo de 69 almas donde el silencio es la norma. De repente, te enteras de que para las próximas elecciones habrá 110 votantes. Sí, has leído bien: hay más gente decidiendo el futuro del pueblo desde un sofá en Suiza o Argentina que personas que pisan el barro del municipio. Es la magia de la 'ley de nietos' (la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática), una especie de 'promoción 2x1' en nacionalidades que ha convertido a 162 municipios españoles en sucursales electorales del extranjero. El perito Gabriel Araújo ha destapado un mapa surrealista. A 1 de julio de 2026, tenemos 451 municipios donde el voto CERA ya representa la mitad de la población. En sitios como Ventrosa, Valdeprado o Fuentestrún, la proporción es delirante: el voto exterior multiplica a los residentes por 6,5, 5,4 y 4,5 veces respectivamente. Es como si en tu comunidad de vecinos, donde viven cuatro gatos, de repente aparecieran treinta primos lejanos de Buenos Aires para votar si se pone ascensor o no, sin haber pisado el portal en su vida. La ingeniería financiera del voto tiene nombre y apellidos. Sofía Puente, con una instrucción del 25 de octubre de 2022, decidió que cualquiera que se fuera entre 1936 y 1955 era exiliado automático, sin preguntas. Resultado: 545.000 nacionalidades concedidas y más de un millón en cola. Mientras tanto, figuras como Paco Salazar o Adrián Barbón hacen turismo electoral por Argentina y Uruguay, moviendo hilos en un escenario donde la JEC no llega. Según Araújo, este 'inflado' del CERA podría mover hasta 16 escaños en provincias clave, permitiendo al PSOE esquivar socios incómodos. Básicamente, están jugando al Tetris con el censo para encajar la mayoría absoluta.
Ceuta: Cambian al fiscal por uno 'dócil'
En el tablero del poder, hay jugadas que son tan sutiles que resultan insultantes. El caso de la entrada masiva en Ceuta del 30 de julio es el ejemplo perfecto. Hasta ahora, el fiscal José Perals llevaba el timón y no tenía miedo de navegar hacia aguas profundas: quería que la Audiencia Nacional investigara si aquello fue una operación organizada desde Marruecos, con personas vulnerables usadas como carne de cañón y un saldo trágico de ahogados. Perals es de los que no se callan; el mismo que fue a degüello en el caso Alsasua o contra los raperos de La Insurgencia. Un perfil combativo que, convenientemente, ha dejado de ser útil. De repente, la Fiscalía decide que el asunto tiene una «singularidad y trascendencia» tales que el jefe, Jesús Alonso, debe asumir personalmente las diligencias. Traducido al lenguaje de la calle: cuando el coche va hacia donde no conviene, el jefe quita el volante al conductor y decide él mismo la ruta. Es el clásico movimiento de 'limpieza de archivos' para evitar que la jueza María Tardón y la denuncia de Iustitia Europa terminen destapando delitos contra la seguridad del Estado. Jesús Alonso es un maestro de la supervivencia institucional. Nombrado en 2017 bajo Rajoy y renovado en marzo de 2022 por Dolores Delgado, ha sabido bailar al son de cualquier música. Mientras Perals buscaba la verdad, Alonso ha recolectado medallas, como la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil concedida por Grande-Marlaska. Ya lo hizo con el caso de Miguel Ángel Blanco, donde obligó al fiscal Vicente González Mota a aceptar que la causa había prescrito. Ahora, el guion se repite. Cambian el perro guardián por uno que sabe exactamente cuándo sentarse y cuándo callar, asegurando que el 'ruido' político no moleste el sueño del Ejecutivo.
Ceuta: El aviso que Moncloa ignoró
En el Congreso, la ministra Margarita Robles puso cara de pocos amigos y se ahorró los aplausos mientras Pedro Sánchez intentaba vender que la crisis de Ceuta fue un imprevisto del destino. Pero en el mundo real, donde las cosas no se arreglan con comunicados oficiales, la realidad es mucho más cruda. Tres días antes del caos, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) ya tenía el mapa del tesoro: un informe que calificaba como «muy probable» la entrada masiva de inmigrantes justo el día de la Fiesta del Trono. No era una corazonada de cafetería; era el Regimiento de Guerra Electrónica 32 (REW-32) de Sevilla, que interceptó comunicaciones de agentes marroquíes usando tecnología que hoy llamaríamos 'vintage', pero que para la inteligencia es oro puro (fuentes A-1). Mientras nosotros peleamos con el precio de la luz, en Rabat se organizaba el asalto como quien planifica una boda: órdenes de que nadie abandonara su puesto y coordinaciones para que la masa entrara tanto por valla como por mar. Incluso hubo quien ordenara pinchar flotadores a familias para que no estorbaran. El informe del Cenif enviado a la jueza María Tardón lo deja claro: hubo oleadas diseñadas para desbordar la seguridad, con agentes marroquíes de uniforme organizando la fila como si fuera la cola de la panadería. Lo verdaderamente cómico es el juego de sillas en Moncloa. La nota pasó por el JEME, el teniente general Romero Losada, el almirante general Teodoro Esteban López-Calderón y llegó al CNI. Es decir, el aviso llegó a todas las mesas importantes. Que el Ministerio del Interior y Presidencia digan que no recibieron información clara es como decir que no viste el incendio mientras tenías el humo en la sala. Margarita Robles lo sabe: los servicios hicieron su trabajo; el problema es que alguien decidió que el aviso no era prioridad.
Badajoz: El juego de sillas de los inhabilitados
En la Diputación de Badajoz han descubierto que las sentencias judiciales son como las multas de tráfico: solo duelen cuando llegan notificadas al buzón. Mientras el ciudadano medio se juega el sueldo en cada compra del súper, en los despachos pacenses se juega una partida de ajedrez surrealista para ver si los inhabilitados del 'Caso David Sánchez' pueden seguir cobrando del erario público, aunque sea moviéndolos de silla. La jugada es maestra. Para evitar que el barco se hunda, la administración ha pedido dos informes: uno al Gabinete de Asuntos Judiciales y otro a la Intervención General. El primero, firmado por Francisco Mendoza Sánchez —que tiene la curiosa virtud de haber sido abogado de los condenados Félix González Márquez y Cristina Núñez Fernández—, concluyó el 20 de agosto de 2026 que, como la sentencia no era firme ni estaba notificada, no pasaba nada. Es la técnica del 'no he visto el correo', aplicada a la alta gestión pública. Pero el ruido en la calle es ensordecedor. Mientras Vox y el sindicato Manos Limpias exigen que David Sánchez y su asesor, Luis Carrero —el del afectuoso 'querido hermanito'—, devuelvan hasta el último céntimo de sus salarios, la Diputación responde con notas genéricas que sirven para cubrir el expediente, como quien pone un parche en una tubería rota. La incertidumbre ahora recae sobre figuras como Juana Calderón, Francisco Martos y Ricardo Cabezas, quienes esperan que la Junta Electoral Provincial haga un milagro interpretativo y decida que la inhabilitación es solo para el puesto concreto y no para cualquier ente público. Mientras tanto, David Sánchez, que no es empleado público pero tiene el camino cerrado en España, podría considerar un billete solo a San Petersburgo o Japón. Una salida elegante para quien dejó una mancha imborrable en el buen nombre de la institución.
Marruecos colapsó Ceuta con un 'truco' migratorio
Hay que reconocerle el mérito al régimen de Mohamed VI: no fueron a ciegas. Mientras nosotros mirábamos el calendario, en Rabat diseñaron una estrategia de desgaste que haría palidecer a cualquier manual militar. No fue un accidente, fue un 'test de penetración' ejecutado con la precisión de un cirujano que primero te anestesia el brazo para que no sientas el tajo. Todo empezó el 1 de julio con una calma sospechosa: 6 personas entrando irregularmente. Durante la primera decena del mes, las cifras fueron un chiste, moviéndose en dígitos simples, casi como si estuvieran midiendo la temperatura del agua. Pero a mediados de mes, bajo la lupa de la jueza María Tardón y la Comisaría General, el gráfico empezó a dibujar una curva que ya no era casualidad. La jugada fue maestra y perversa. Marruecos utilizó la migración como una herramienta de ingeniería financiera, pero en lugar de euros, gastaron nuestros recursos. Cada rescate 'a nado' es un sablazo a la logística: obligan a desviar efectivos de vigilancia para evitar ahogamientos, saturando los CETI y las urgencias sanitarias. Básicamente, nos hicieron hacer cola en el supermercado mientras ellos abrían la puerta trasera. El desgaste duró treinta días. El 29 de julio, la cifra era de 194 personas; un número manejable, casi anecdótico. Pero el 30 de julio, el sistema, ya fatigado y con los nervios destrozados, recibió el golpe de gracia: más de 75.000 personas de golpe. El colapso no fue un imprevisto, fue el objetivo. Cuando la soberanía española en Ceuta se vio comprometida, el muro humano y administrativo ya estaba en modo 'batería baja'. Una invasión predeterminada donde el ruido previo sirvió para que, al final, no quedara nadie despierto para dar la alarma.
Baliza V-16: ¿Seguridad vial o sablazo?
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha decidido jugar al gato y al ratón con el bolsillo del conductor. Mientras Pere Navarro, director general de la DGT, se paseaba por la Domus de A Coruña junto a la alcaldesa Inés Rey asegurando que la baliza V-16 'ha venido para quedarse' y que 'no hay marcha atrás', el Congreso ya empieza a oler el humo. Resulta fascinante que, mientras nos venden la V-16 como el Santo Grial de la seguridad para evitar atropellos, Vox haya lanzado una enmienda para que el aparatito sea opcional y los viejos triángulos no pasen a mejor vida el 1 de enero de 2026. Es la clásica danza política: unos dicen que es vital y otros que es un sablazo innecesario. La DGT presume de gestionar 6,9 millones de desplazamientos este verano, un despliegue logístico que incluye desde el retorno de vacaciones hasta los fanáticos del Gran Premio de Aragón de MotoGP. Pero entre tanta estadística, la realidad es que el ciudadano se siente como el cajero automático de la administración. Para colmo, el RACE nos recuerda que la 'L' de novato sigue siendo una mina terrestre: 100 euros si no la llevas el primer año, y otros 100 euros si se te olvida quitarla después. Una ingeniería financiera brillante donde, hagas lo que hagas, el Estado gana. Navarro pide 'reflexionar' sobre los atropellos, señalando que casi la mitad de los fallecidos en ciudad son peatones. Muy noble el discurso, pero la reflexión real ocurre en el garaje, cuando el conductor mira su cartera y se pregunta por qué un trozo de plástico luminoso es ahora el centro del debate parlamentario mientras las carreteras rurales de Galicia siguen siendo una lotería rusa por la dispersión poblacional.
Hoteles para ONG y barracones para policías
Hay una ironía deliciosa, casi poética, en la gestión del espacio en Ceuta. Mientras los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, esos que ponen el cuerpo en la primera línea, pernoctan en barracones que cualquier colectivo policial calificaría de 'escenografía de película bélica', el Gobierno ha decidido jugar al anfitrión generoso. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, bajo el mando de Elma Saiz, ha abierto las puertas de la Casa del Mar a los voluntarios de la ONG Accem. No es un albergue improvisado con esterillas. Estamos hablando de la sede del Instituto Social de Marina, un edificio diseñado para los trabajadores del mar y sus pensionistas, que ahora sirve de hotel boutique para activistas. El inventario es envidiable: 27 habitaciones con baño propio, sala de lectura, televisión, juegos de mesa y hasta servicio de lavandería. Es el típico pack de vacaciones todo incluido, pero pagado con la gestión del patrimonio público. El contraste es un puñetazo en la mesa. Por un lado, tenemos a Accem, una organización que maneja 84 millones de euros de dinero público y que despliega psicólogos y trabajadores sociales en Loma Margarita para atender a unos 4.000 inmigrantes ilegales (de los cuales 1.300 ya tienen techo y tres comidas). Por otro, tenemos a la policía española, hacinada y olvidada, mientras el Ministerio justifica la cesión alegando 'situaciones de carácter excepcional'. Accem dice que cada inmigrante llega con una historia que 'merece ser escuchada'. Es una frase preciosa, digna de folleto humanitario. Lástima que esa sensibilidad no llegue a los barracones de los agentes, cuyas historias de insomnio y frío parecen no encajar en la agenda de prioridad del Gobierno de Pedro Sánchez.
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