Crítica:
El texto original es demasiado complaciente con la excusa técnica del Ministerio. No cuestiona por qué un error de 30.000 personas es aceptable en una estadística oficial.
El Gobierno rectifica un año después el dato de empleo público y lo rebaja en 30.000 efectivos
Gobierno borra 30.000 funcionarios por error
Otros artículos
Broncano: más millones y menos audiencia
En el mundo real, si tu rendimiento baja en el trabajo, lo más probable es que el jefe te mire mal o te invite a recoger tus cosas. Pero en el ecosistema de la televisión pública, las leyes de la gravedad funcionan al revés. David Broncano acaba de recibir un 'upgrade' en su contrato que haría suspirar a cualquier banquero de inversión: RTVE ha decidido subir la factura de 'La Revuelta' en 330.000 euros, catapultando el coste total de las dos temporadas hasta los 31,88 millones. Es una ingeniería financiera fascinante: mientras las audiencias se desploman y el programa lucha por no quedar debajo de la media de la cadena —llegando incluso a perder la batalla contra Iker Jiménez en Cuatro—, el grifo del dinero público se abre más. Para que el ciudadano medio lo entienda, estamos hablando de que, mientras nosotros miramos el ticket del supermercado con angustia, la cadena pública ha decidido que Broncano y sus socios de Encofrados Encofrasa y El Terrat (el brazo fuerte de Mediapro) merecen un extra solo por existir. El contrato original ya era un despliegue de generosidad: pasaron de 28 millones en las primeras dos temporadas a 31,55 millones en febrero, y ahora, mágicamente, llegamos a los 31,88 millones. Todo esto ocurre bajo la mirada de José Pablo López, en un contexto donde la redacción de informativos está en pie de guerra. Mientras se externalizan contenidos y se censuran críticas a Pedro Sánchez, provocando motines en Torrespaña y huelgas de firmas, la prioridad parece ser blindar el entretenimiento joven hasta la temporada 2027-2028. Es el lujo de quien no paga la cuenta: gastar 161 millones en productoras externas mientras la credibilidad de la noticia se vende al mejor postor o se silencia por decreto. Al final, el chiste no está en el programa, sino en la factura.
Zapatero y el misterio de las joyas
Hay quien dice que el tiempo lo cura todo, pero en el despacho del juez José Luis Calama el reloj corre con una precisión quirúrgica. José Luis Rodríguez Zapatero, que parece haber confundido la Audiencia Nacional con una agencia de viajes de lujo, se ha topado con un muro de silencio en el desierto. Resulta que el ex presidente se comprometió en junio a entregar los certificados de origen de unas joyas intervenidas en su despacho en un plazo de diez días. Tres meses después, el plazo ha caducado más que un yogur olvidado en la nevera y los papeles siguen siendo un espejismo. Tras intentar jugar al diplomático con Arabia Saudí, Emiratos y Qatar —una especie de 'tour' por el Golfo para limpiar el armario—, Zapatero ha fracasado. Ahora, en un giro de guion digno de comedia, le pide al juez que sea el Estado quien haga el trabajo sucio mediante comisiones rogatorias, centrando el tiro exclusivamente en Qatar. Es la clásica maniobra de quien, al no encontrar el ticket de compra para devolver un artículo defectuoso, pide que la tienda busque en sus archivos centrales. Mientras tanto, el ex mandatario vive el 'retiro' en su alquiler de Las Rozas, alternando bajones emocionales por la imputación de sus hijas con una renovada energía para defenderse. Pedro Sánchez, en un ejercicio de lealtad que roza el romanticismo político, mantiene el teléfono encendido y el apoyo público, aplicando la misma técnica de 'creerle al amigo' que usó con Víctor de Aldama. La ironía final la pone Julio Martínez Martínez, el empresario alicantino y antiguo socio de consultoría, que ha aplicado la ley del hielo. El hombre que ayudó a montar la estructura financiera ha decidido que la amistad termina donde empieza la imputación judicial. Una lección de pragmatismo que Zapatero, entre joyas y desiertos, aún no ha terminado de digerir.
El escondite de RTVE: 3 millones euros
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira la cesta de la compra como quien mira una película de terror, en los despachos de RTVE el dinero fluye con una ligereza envidiable. David Broncano salió este lunes jugando al gato y al ratón con la idea de una «última temporada» de La revuelta, soltando alguna ironía sobre coaliciones entre PP y Vox que podrían dinamitar la cadena. Pero mientras el público se preguntaba si el show terminaba, Grison ya tenía el paracaídas dorado desplegado. No es que tenga un plan B; es que tiene un cheque con siete cifras. La corporación pública ha decidido que Marcos Martínez, el hombre detrás del personaje de Grison, merece su propio altar televisivo: El escondite. Y no es un proyecto hecho con cuatro tablas y un clavo. Para este 2026, la ingeniería financiera entre RTVE y Warner Bros ITVP España ha dejado una cifra que marea: 3.194.090 euros. Para que nos entendamos, es un sablazo que deja a cualquier presupuesto doméstico en coma inducido, aunque palidezca frente a los casi 32 millones de euros que engulle La revuelta a través de El Terrat. Lo más fascinante es la gimnasia mental de la cadena. En 2025, cuando la Defensora de la Audiencia, Rosa María Molló, recibió quejas por la banalización de las drogas en el aire, el delegado de contenidos, Agustín Alonso, salió al rescate con una joya semántica: que Grison es un «personaje de ficción». Resulta que el personaje es ficticio cuando hay que pedir perdón por las bromas, pero es muy real y muy talentoso cuando llega la hora de firmar el contrato para conducir un formato familiar grabado en Países Bajos. Así se gestiona el servicio público: defendiendo el 'humor polisémico' mientras se invierten millones en jugar al escondite con Javi de Hoyos e Inés Hernand.
Wifi gratis en Ceuta: el sablazo urgente
Hay quien dice que el internet es un lujo, pero para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es, al parecer, un derecho fundamental de urgencia. Mientras el ciudadano medio pelea con la compañía eléctrica para que no le claven un recargo en la factura, la ministra Elma Saiz ha decidido que lo más apremiante en Ceuta no es el hormigón, sino los gigas. Sin licitaciones, sin anuncios en el portal de contrataciones y saltándose el baile de la burocracia habitual, el Gobierno ha recurrido a la 'situación de excepción' para darle un contrato directo a Telefónica. El motivo: el caos del 30 de julio, cuando unos 80.000 inmigrantes pusieron a prueba la valla y, de paso, dinamitaron el espectro radioeléctrico. La jugada es maestra. El Gobierno paga la fiesta y Telefónica monta tres puntos de wifi gratuitos que, según la operadora, aguantan hasta 10.000 personas por punto. En total, 30.000 usuarios navegando gratis mientras el resto del país mira cómo sube el IVA. No es la primera vez que se juega a esto; Orange ya había instalado una estación para evitar que el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes y la zona de El Trampolín se quedaran en silencio digital. Pero el despliegue no termina en la nube. En el muelle de poniente se están montando 16.000 metros cuadrados de 'glamping' gubernamental: 33 carpas con suelo de madera y techo de lona para 1.000 personas, con generadores y aseos, listos en diez días. Un despliegue logístico que ha despertado el hambre de justicia de Hazte Oír, que ya ha denunciado ante la Fiscalía de Área de Ceuta posibles delitos de prevaricación y malversación. Al final, la pregunta es sencilla: ¿estamos conectando personas o simplemente financiando el despliegue de infraestructura de las telecos con dinero público bajo el paraguas de la emergencia?
Fiscalía borra datos: el misterio de los menas
Hay un truco muy viejo en la administración: cuando el dato quema, se borra la página. La Fiscalía General del Estado ha publicado su memoria anual y, casualmente, ha decidido jugar al escondite con los resultados de las pruebas de edad de los menas. Es una jugada maestra de ingeniería administrativa. Nos dicen que en 2025 se abrieron 7.999 expedientes para determinar si quien dice ser un niño es, en realidad, un adulto con barba y DNI invisible. Un récord absoluto. Pero, ¿cuántos resultaron ser mayores? Silencio administrativo. El año pasado el susto fue monumental: solo el 58,58% de los analizados eran realmente menores. Es decir, casi la mitad de los que consumían recursos del sistema de protección eran adultos jugando al juego de la eterna juventud. Ahora, la Fiscalía se escuda en que tiene 3.904 expedientes pendientes por 'falta de medios'. Es como si el cajero del supermercado te dijera que no puede darte el ticket porque se ha quedado sin papel, pero que te cobren la compra igual. Mientras tanto, Ceuta y Canarias están en modo 'contingencia', una palabra elegante para decir que el sistema ha colapsado. El ministro Ángel Víctor Torres hablaba el 7 de septiembre de unos 2.000 menores identificados, aunque hay cientos más flotando en el limbo de la filiación. Para colmo, las repatriaciones son un chiste: ocho en 2024. Ocho. Básicamente, el camino de vuelta a Marruecos está cerrado por obras diplomáticas. Entre radiografías de muñecas y TACs esternoclaviculares, la Fiscalía prefiere que no sepamos cuántos adultos están durmiendo en centros de menores, porque admitirlo sería aceptar que el sistema de protección es, en ocasiones, una guardería para mayores de edad financiada con el dinero de todos.
Moncloa regala el manual de espionaje militar
Hay una forma muy elegante de decir 'metida de pata' y luego está lo que ha hecho Moncloa. En un despliegue de generosidad informativa que roza lo surrealista, el Gobierno ha desclasificado informes sobre Ceuta, pero no se han quedado en el 'qué', sino que han regalado el 'cómo'. Han expuesto al Regimiento de Guerra Electrónica N.º 32 (REW32), una unidad que opera desde Sevilla y Algeciras, básicamente diciéndole al vecino que sí, que tenemos el oído pegado a su pared. La jugada fue torpe. El 30 de julio, mientras el mundo miraba la Fiesta del Trono marroquí, el REW32 ya había detectado un evento «masivo» mediante inteligencia de señales (Sigint). No estaban leyendo tweets (Osint), estaban escuchando radios. El informe, enviado al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas), tenía dos páginas: una con las conclusiones y otra técnica, el 'manual de instrucciones' de la escucha. Moncloa, en un alarde de transparencia mal entendida, publicó ambas. Es como si para avisar de que alguien va a entrar en tu casa, el Gobierno publicara la marca del micrófono oculto y el nombre del técnico que lo instaló. El malestar en el cuartel es total. El coronel jefe de la unidad es un nombre tan secreto que ni el teléfono de la oficina tiene etiqueta, y ahora Marruecos tiene el recibo oficial de que sus comunicaciones terrestres y marítimas son un libro abierto para nosotros. Al final, el búho de oro del escudo del REW32, que simboliza la victoria sobre las traiciones, se ha encontrado con que la traición más efectiva no ha venido de fuera, sino de la propia administración. Ahora que el vecino sabe que lo escuchamos, lo más probable es que cambie la cerradura o se ponga a susurrar, dejándonos con un silencio de radio muy caro y una unidad expuesta en bandeja de plata.
CNI avisa: España es el imán europeo
En el tablero del poder, hay quienes juegan al ajedrez y quienes juegan al Parchís con las reglas del Estado. El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido abrir la puerta de casa con una regularización masiva, convencido de que el mundo es un lugar donde las buenas intenciones no tienen consecuencias. Pero el CNI, esos señores que viven en la sombra y no suelen equivocarse con los datos, ha soltado un informe el 27 de julio que es, básicamente, un cubo de agua fría sobre la mesa del Consejo de Ministros. El Servicio de Inteligencia es claro: España se ha convertido en el 'hotel con desayuno incluido' de la Unión Europea. Mientras el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA), vigente desde el 12 de junio, busca que la UE deje de correr detrás del problema para empezar a disuadir, Madrid hace exactamente lo contrario. Es como intentar cerrar la presa mientras el alcalde organiza una fiesta de bienvenida en el cauce del río. El CNI advierte que esta divergencia no es solo un detalle administrativo; es un agujero en la credibilidad que nos deja tiritando frente a Frontex y debilita nuestra capacidad de pedir fondos europeos. Lo más irónico es el cortocircuito diplomático. El CNI avisa que nuestros socios en África podrían mirar con sarcasmo nuestra insistencia en reducir flujos mientras, por la puerta de atrás, regularizamos a Qualifier. Es una contradicción que huele a quemado. Sánchez, en una entrevista de febrero, fulminó estas advertencias calificándolas de 'falsas', asegurando que la migración irregular ha bajado drásticamente. Pero la inteligencia del Estado no usa adjetivos políticos, usa riesgos: si presionamos demasiado a Marruecos, Mauritania o Senegal para que acepten 'hubs' de retorno, podríamos dinamitar no solo el control migratorio, sino el comercio y la seguridad nacional. En resumen: el Gobierno quiere el aplauso moral, pero el CNI le recuerda que la factura de la realidad siempre llega.
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