Crítica:
La noticia es un despliegue de datos administrativos que oculta la falta de cifras sobre el coste real del contrato. El título original es neutro, pero la gestión de la 'emergencia' huele a evitar el control público.
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Gobierno borra 30.000 funcionarios por error
Parece que en el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública han descubierto que sumar no es tan sencillo como parece en la escuela primaria. Tras presumir durante meses de un crecimiento del empleo público que daba gusto, el Gobierno ha decidido hacer un 'borrón y cuenta nueva' con una naturalidad pasmosa, borrando de un plumazo a 30.630 trabajadores que, según sus propias tablas de julio de 2025, existían pero no tanto. Es como si te revisaran la cuenta bancaria y te dijeran que esos 30.000 euros que creías tener eran, en realidad, un error de redondeo en el cajero. La ingeniería contable es fascinante. Pasamos de un total de 3.107.195 empleados a 3.076.565. Un ajuste 'estético' que dinamita la narrativa oficial: aquel crecimiento del 2,3% (casi 70.000 efectivos) que vendieron como un éxito se ha encogido hasta un modesto 1,4%, dejando el incremento real en 43.261 personas. El sablazo más fuerte se lo lleva la Administración Local. Los ayuntamientos, que eran la joya de la corona con un supuesto crecimiento del 6,2%, han visto cómo su plantilla bajaba de 632.030 a 599.713 efectivos. Básicamente, 32.317 personas se han evaporado en el limbo de los 'diccionarios de equivalencias'. Lo más delirante es que hasta los datos de enero sufrieron una limpieza, bajando de 3.037.432 a 3.033.304 trabajadores. Al final, el crecimiento semestral se ha desplomado un 38%. Nos venden que es una 'exhaustiva revisión de fuentes', pero en la calle esto se llama equivocarse por miles de nóminas y borrar el rastro en la web para que nadie note el pinchazo. Una gestión de datos que haría temblar a cualquier administrativo de barrio.
El escondite de RTVE: 3 millones euros
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira la cesta de la compra como quien mira una película de terror, en los despachos de RTVE el dinero fluye con una ligereza envidiable. David Broncano salió este lunes jugando al gato y al ratón con la idea de una «última temporada» de La revuelta, soltando alguna ironía sobre coaliciones entre PP y Vox que podrían dinamitar la cadena. Pero mientras el público se preguntaba si el show terminaba, Grison ya tenía el paracaídas dorado desplegado. No es que tenga un plan B; es que tiene un cheque con siete cifras. La corporación pública ha decidido que Marcos Martínez, el hombre detrás del personaje de Grison, merece su propio altar televisivo: El escondite. Y no es un proyecto hecho con cuatro tablas y un clavo. Para este 2026, la ingeniería financiera entre RTVE y Warner Bros ITVP España ha dejado una cifra que marea: 3.194.090 euros. Para que nos entendamos, es un sablazo que deja a cualquier presupuesto doméstico en coma inducido, aunque palidezca frente a los casi 32 millones de euros que engulle La revuelta a través de El Terrat. Lo más fascinante es la gimnasia mental de la cadena. En 2025, cuando la Defensora de la Audiencia, Rosa María Molló, recibió quejas por la banalización de las drogas en el aire, el delegado de contenidos, Agustín Alonso, salió al rescate con una joya semántica: que Grison es un «personaje de ficción». Resulta que el personaje es ficticio cuando hay que pedir perdón por las bromas, pero es muy real y muy talentoso cuando llega la hora de firmar el contrato para conducir un formato familiar grabado en Países Bajos. Así se gestiona el servicio público: defendiendo el 'humor polisémico' mientras se invierten millones en jugar al escondite con Javi de Hoyos e Inés Hernand.
Fiscalía borra datos: el misterio de los menas
Hay un truco muy viejo en la administración: cuando el dato quema, se borra la página. La Fiscalía General del Estado ha publicado su memoria anual y, casualmente, ha decidido jugar al escondite con los resultados de las pruebas de edad de los menas. Es una jugada maestra de ingeniería administrativa. Nos dicen que en 2025 se abrieron 7.999 expedientes para determinar si quien dice ser un niño es, en realidad, un adulto con barba y DNI invisible. Un récord absoluto. Pero, ¿cuántos resultaron ser mayores? Silencio administrativo. El año pasado el susto fue monumental: solo el 58,58% de los analizados eran realmente menores. Es decir, casi la mitad de los que consumían recursos del sistema de protección eran adultos jugando al juego de la eterna juventud. Ahora, la Fiscalía se escuda en que tiene 3.904 expedientes pendientes por 'falta de medios'. Es como si el cajero del supermercado te dijera que no puede darte el ticket porque se ha quedado sin papel, pero que te cobren la compra igual. Mientras tanto, Ceuta y Canarias están en modo 'contingencia', una palabra elegante para decir que el sistema ha colapsado. El ministro Ángel Víctor Torres hablaba el 7 de septiembre de unos 2.000 menores identificados, aunque hay cientos más flotando en el limbo de la filiación. Para colmo, las repatriaciones son un chiste: ocho en 2024. Ocho. Básicamente, el camino de vuelta a Marruecos está cerrado por obras diplomáticas. Entre radiografías de muñecas y TACs esternoclaviculares, la Fiscalía prefiere que no sepamos cuántos adultos están durmiendo en centros de menores, porque admitirlo sería aceptar que el sistema de protección es, en ocasiones, una guardería para mayores de edad financiada con el dinero de todos.
Moncloa regala el manual de espionaje militar
Hay una forma muy elegante de decir 'metida de pata' y luego está lo que ha hecho Moncloa. En un despliegue de generosidad informativa que roza lo surrealista, el Gobierno ha desclasificado informes sobre Ceuta, pero no se han quedado en el 'qué', sino que han regalado el 'cómo'. Han expuesto al Regimiento de Guerra Electrónica N.º 32 (REW32), una unidad que opera desde Sevilla y Algeciras, básicamente diciéndole al vecino que sí, que tenemos el oído pegado a su pared. La jugada fue torpe. El 30 de julio, mientras el mundo miraba la Fiesta del Trono marroquí, el REW32 ya había detectado un evento «masivo» mediante inteligencia de señales (Sigint). No estaban leyendo tweets (Osint), estaban escuchando radios. El informe, enviado al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas), tenía dos páginas: una con las conclusiones y otra técnica, el 'manual de instrucciones' de la escucha. Moncloa, en un alarde de transparencia mal entendida, publicó ambas. Es como si para avisar de que alguien va a entrar en tu casa, el Gobierno publicara la marca del micrófono oculto y el nombre del técnico que lo instaló. El malestar en el cuartel es total. El coronel jefe de la unidad es un nombre tan secreto que ni el teléfono de la oficina tiene etiqueta, y ahora Marruecos tiene el recibo oficial de que sus comunicaciones terrestres y marítimas son un libro abierto para nosotros. Al final, el búho de oro del escudo del REW32, que simboliza la victoria sobre las traiciones, se ha encontrado con que la traición más efectiva no ha venido de fuera, sino de la propia administración. Ahora que el vecino sabe que lo escuchamos, lo más probable es que cambie la cerradura o se ponga a susurrar, dejándonos con un silencio de radio muy caro y una unidad expuesta en bandeja de plata.
CNI avisa: España es el imán europeo
En el tablero del poder, hay quienes juegan al ajedrez y quienes juegan al Parchís con las reglas del Estado. El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido abrir la puerta de casa con una regularización masiva, convencido de que el mundo es un lugar donde las buenas intenciones no tienen consecuencias. Pero el CNI, esos señores que viven en la sombra y no suelen equivocarse con los datos, ha soltado un informe el 27 de julio que es, básicamente, un cubo de agua fría sobre la mesa del Consejo de Ministros. El Servicio de Inteligencia es claro: España se ha convertido en el 'hotel con desayuno incluido' de la Unión Europea. Mientras el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA), vigente desde el 12 de junio, busca que la UE deje de correr detrás del problema para empezar a disuadir, Madrid hace exactamente lo contrario. Es como intentar cerrar la presa mientras el alcalde organiza una fiesta de bienvenida en el cauce del río. El CNI advierte que esta divergencia no es solo un detalle administrativo; es un agujero en la credibilidad que nos deja tiritando frente a Frontex y debilita nuestra capacidad de pedir fondos europeos. Lo más irónico es el cortocircuito diplomático. El CNI avisa que nuestros socios en África podrían mirar con sarcasmo nuestra insistencia en reducir flujos mientras, por la puerta de atrás, regularizamos a Qualifier. Es una contradicción que huele a quemado. Sánchez, en una entrevista de febrero, fulminó estas advertencias calificándolas de 'falsas', asegurando que la migración irregular ha bajado drásticamente. Pero la inteligencia del Estado no usa adjetivos políticos, usa riesgos: si presionamos demasiado a Marruecos, Mauritania o Senegal para que acepten 'hubs' de retorno, podríamos dinamitar no solo el control migratorio, sino el comercio y la seguridad nacional. En resumen: el Gobierno quiere el aplauso moral, pero el CNI le recuerda que la factura de la realidad siempre llega.
Zapatero y las joyas: el 'sablazo' qatarí
Hay quien dice que el tiempo lo cura todo, pero en el despacho del juez José Luis Calama el reloj corre con una precisión quirúrgica que no admite 'olvidos' diplomáticos. José Luis Rodríguez Zapatero, nuestro exmandatario reconvertido en ermitaño de alquiler en Las Rozas, se ha topado con un muro de hormigón en el Golfo. Resulta que el señor Zapatero prometió en junio entregar los certificados de origen de unas joyas intervenidas en un plazo de diez días. Tres meses después, el plazo ha caducado más que un yogur dejado al sol y los papeles siguen siendo un fantasma. La jugada es tan vieja como el hilo negro: tras intentar hacer gestiones 'amistosas' en Arabia Saudí, Emiratos y Qatar —probablemente con el mismo tono con el que uno pide un favor para saltarse una cola—, el resultado ha sido un silencio sepulcral. Ahora, en un giro de guion digno de Oscar, Zapatero pide que sea el juez quien haga el trabajo sucio mediante comisiones rogatorias, centrando el tiro exclusivamente en Qatar. Es la clásica maniobra de quien, al ver que no puede pagar la cuenta con el carné de socio, pide que el banco gestione la deuda. Mientras tanto, la solidaridad de partido funciona como un seguro a todo riesgo. Pedro Sánchez, que no quiere que el ruido de las joyas le ensucie la campaña, mantiene el teléfono encendido para su mentor, aplicando la técnica de 'creerle al amigo' que ya probó con Víctor de Aldama. Por otro lado, la lealtad en el mundo de los negocios es mucho más volátil. Julio Martínez Martínez, el empresario alicantino que sirvió de arquitectura financiera para una consultora donde Zapatero se lucraría, ha aplicado la ley del hielo. El testaferro ha pasado de ser el confidente a ser un desconocido que no coge el teléfono, dejando al ex presidente solo con sus joyas y sus recuerdos en Las Rozas.
Marlaska: promesas rotas y guardias expulsados
La palabra de un ministro tiene la misma caducidad que un yogur olvidado en el maletero durante agosto. En enero de 2020, Fernando Grande-Marlaska lanzó una promesa blindada: «ningún Guardia Civil va a salir de Navarra». Un mantra que el Gobierno ha repetido hasta 2025, mientras, por debajo de la mesa, se cocinaba un menú degustación de precariedades. Ahora, la realidad ha aterrizado con la sutileza de un choque frontal. La transferencia de competencias de Tráfico a Navarra, efectiva desde abril de 2025, ha dejado a más de 150 agentes en un limbo administrativo que parece diseñado por un experto en sadismo burocrático. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha soltado la bomba: la notificación oficial ya está aquí y el camino es un callejón sin salida. Los agentes tienen un mes para elegir entre el exilio o una 'pasarela' hacia la Policía Foral que es, en realidad, un salto al vacío. Aceptar la integración significa aceptar un sablazo en la nómina con salarios congelados, olvidarse del derecho a una vivienda y ver cómo el coeficiente de reducción para la jubilación se evapora como el agua en el desierto. Es el clásico trato de 'firma aquí y olvida tus derechos'. Para rematar la jugada, los agentes en reserva son obligados a volver al servicio activo, como si el tiempo no pasara o la edad fuera un detalle irrelevante. Lo más cínico es que, una vez que crucen el puente hacia la Policía Foral, la puerta de regreso a la Guardia Civil se cierra con candado y cadena. Una ingeniería financiera y laboral que convierte la estabilidad del funcionario en un juego de azar donde el Estado siempre gana y el agente paga la factura.
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