Crítica:
El texto original es una diatriba cargada de sospechas sin pruebas directas sobre los cargos internacionales. Sin embargo, acierta al exponer la preocupante laxitud en el control del gasto público sin presupuestos aprobados.
El texto original es una diatriba cargada de sospechas sin pruebas directas sobre los cargos internacionales. Sin embargo, acierta al exponer la preocupante laxitud en el control del gasto público sin presupuestos aprobados.
Hay que tener valor. Mucho valor. José María Figaredo, el secretario general de Vox en el Congreso, ha decidido que la geopolítica del norte de África se resuelve analizando el vestuario del Real Madrid. El pecado mortal de Vinicius, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté ha sido no lucir al completo una camiseta en homenaje a Ceuta tras el partido contra el Elche. Para Figaredo, que tres futbolistas no se pongan un trozo de tela es un 'desprecio' a los españoles, casi como si el destino de la integridad territorial de la nación dependiera de la elección de vestuario de tres tipos que cobran más en una tarde que un pueblo entero en una década. Es fascinante el razonamiento: reconoce que los jugadores son 'muy libres' de defender sus causas, pero nos recuerda que nosotros también somos 'muy libres' de indignarnos porque tres millonarios no pasen por el aro. Es el clásico reproche de quien ve el mundo en blanco y negro mientras los protagonistas están jugando en otra liga, literalmente. Pero claro, la camiseta es solo el aperitivo. El plato fuerte es la insistencia de Vox en que España se retire de organizar el Mundial junto a Marruecos, alegando una 'guerra híbrida' y una 'invasión' que el Gobierno de Pedro Sánchez ignora mientras, según ellos, se queda 'cruzado de brazos'. La narrativa escala rápido. Pasamos de una camiseta no puesta a una 'traición' histórica. Figaredo ha pedido al Partido Popular que se anime a aplicar el artículo 102 de la Constitución para juzgar a Sánchez, quien, según el portavoz, usa la posible visita del rey Felipe VI a Ceuta como una cortina de humo para no mencionar al rey de Marruecos. Al final, la crónica es la de siempre: usar un desplante deportivo para intentar dinamitar la Moncloa, convirtiendo un asunto de marketing en el campo en una cuestión de Estado.
Ursula von der Leyen ha decidido que el mejor momento para recordarles a los ceutíes que no están solos es desde la comodidad de Estrasburgo, más de un mes después de que la ciudad autónoma se convirtiera en el epicentro de un caos migratorio. Con la elegancia de quien firma un cheque sin fondos, la presidenta de la Comisión Europea lanzó su mantra: «la frontera de Ceuta es la frontera de Europa». Traducción para el ciudadano de a pie: el apoyo llega en forma de discurso, pero las vallas y el estrés los pusieron los españoles. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación en la compra semanal, Bruselas se dedica a repasar su 'hoja de ruta' en el SOTEU, proponiendo una ley de emergencia para que la próxima crisis no sea tan improvisada. Lo fascinante es el silencio sepulcral sobre el papel de Marruecos. Von der Leyen ha esquivado mencionar al vecino del sur con la misma destreza con la que un político evita una pregunta incómoda en un debate, a pesar de que casi 80.000 personas cruzaron la frontera los pasados 30 y 31 de julio. La estrategia es clara: endurecer el Pacto de Migración y agilizar las deportaciones. Magnus Brunner, el comisario de Interior y Migración, ha sido más directo: la prioridad es 'retornar rápidamente' a quienes no tienen derecho a quedarse. Brunner aterriza en Madrid este jueves para una ronda de visitas que parece más una agenda de cortesía que un plan de rescate, reuniéndose con Fernando Grande-Marlaska, Elma Saiz y Ángel Víctor Torres. Y claro, porque en este juego de sillas, el PP ya ha asegurado que Alberto Núñez Feijóo también recibirá al comisario. Al final, Europa 'estará ahí', pero siempre llega justo a tiempo para la foto, nunca para el primer empujón.
Hay una magia muy particular en la administración pública: la capacidad de hacer desaparecer datos justo cuando el aire empieza a oler a chamusquina. Muface, que hasta ayer era un libro abierto, decidió que el 27 de febrero de 2025 sus inmuebles debían entrar en el programa de protección de testigos. De repente, las direcciones exactas y el estado de los alquileres se esfumaron de sus registros oficiales, justo siete días antes de que THE OBJECTIVE soltara la bomba sobre los alquileres de la familia de Begoña Gómez. Hablemos de números, que es donde la hipocresía se vuelve tangible. Mientras el madrileño medio paga un riñón por un zulo, la familia Gómez disfrutaba de un ático de 115 metros en pleno centro de Madrid por 850 euros al mes. Un tercio del precio de mercado. Un regalo que haría llorar a cualquier inquilino que tenga que tirar de tarjeta cada fin de mes para llegar al día 30. Y no era un descuido; en el edificio de San Bernardo 38, la mutualidad tenía tres propiedades (bajo, primer piso y sexta planta) con capitales asegurados que sumaban más de 1,2 millones de euros. Datos que, curiosamente, estaban en el BOE en 2020 y en el expediente 88/2024, pero que ahora son un secreto de Estado. La excusa es la clásica: 'protección de datos personales'. Una genialidad jurídica que llega justo cuando se descubre que Sabiniano Gómez Serrano y Francisco Gómez mantenían el contrato desde 2015. Lo más delirante es que el 61,54% de las propiedades del Fondo Especial (136 de 221) están libres. Tienen el parque inmobiliario vacío, pero prefieren borrar el mapa antes que explicar por qué algunos privilegiados pagan una renta de risa mientras el resto del mundo lucha contra la inflación.
El arte de pasar la pelota ha alcanzado niveles olímpicos en los pasillos del Congreso. Pedro Sánchez, con la soltura de quien devuelve un paquete que no ha pedido, ha resumido la crisis de los menores en Ceuta en cuatro palabras: «Pregúntenselo a Vivas». Así de sencillo. Mientras unos mil niños inmigrantes no acompañados hacen de mobiliario urbano en las calles y playas de la ciudad autónoma mes y medio después del asalto masivo de finales de julio, el Presidente ha decidido que su función es la de espectador con mando a distancia. La aritmética del caos es fascinante. Tenemos a Juan Jesús Vivas en el ojo del huracán porque, según la ley de extranjería, él tiene las competencias. Pero claro, el Gobierno central intenta jugar al buen samaritano con un plan de choque y un real decreto-ley para que el reparto sea 'vinculante'. Traducción: quieren obligar a las regiones del PP a abrir la puerta, pero estas han cerrado el cerrojo con llave, probablemente por los pactos con Vox. Es como intentar organizar una cena comunitaria donde nadie quiere poner la mesa ni lavar los platos. Los datos son un laberinto. El Ministerio de Juventud e Infancia hablaba de trasladar urgentemente a 500 niñas a la Península, pero la realidad es que Sira Rego cifra en más de 700 las que siguen esperando una plaza. Mientras tanto, la solidaridad se mide en gotas: María Chivite acogió a cinco niñas en Navarra y Adrián Barbón ofrece otras cinco en Asturias. Un despliegue generoso que deja a la gran mayoría en el limbo. El Gobierno ni siquiera sabe cuántos hay exactamente; pasaron de cifrar 5.000 a admitir que podrían ser más de 10.000 inmigrantes, con 1.822 expedientes de adultos en trámite. Al final, entre el mando único de Ángel Víctor Torres y las pullas de Carlos Cuerpo a Esther Muñoz, los niños son la moneda de cambio en un partido de tenis político donde el premio es no tener la culpa.
Hay que tener un don especial para el surrealismo diplomático. Mientras en Ceuta todavía se sacuden el polvo del asalto masivo de abril, España se prepara para entregarle a Rabat un juguete nuevo y brillante. El Gobierno de Pedro Sánchez, que tiene la particular habilidad de hacer malabares con la soberanía, ultima la entrega del Moulay Hassan. Sí, un patrullero Avante 1800 de 87 metros de eslora y 2.020 toneladas que sale orgulloso de los astilleros de Navantia en San Fernando. La ironía es tan espesa que se puede cortar con un cuchillo: el CNI avisó a Marruecos de las entradas masivas y Rabat decidió hacer oídos sordos; incluso la Policía Nacional señaló a sus agentes como los 'animadores' del caos en la frontera. Pero hey, los negocios son los negocios. El contrato, anunciado en enero de 2021 por María Jesús Montero, se mueve con la agilidad de un tiburón. El sablazo es de 130 millones de euros. Para que nos entendamos, es una cifra que hace que cualquier presupuesto doméstico parezca una broma de mal gusto. Lo más exquisito de la ingeniería financiera es que el Banco Santander puso el combustible: un crédito de 95 millones formalizado en agosto de 2022. Básicamente, le prestamos el dinero para que nos compren el barco que luego usarán para vigilar sus aguas. El buque, botado el 27 de mayo de 2025 tras un corte de chapa el 3 de julio de 2023 y una quilla el 6 de septiembre de 2024, se entrega 'desnudo', sin armamento. Navantia deja el hueco para el cañón de 76mm y las ametralladoras, permitiendo que Rabat elija sus propios juguetes. Un millón de horas de trabajo y 250 empleos en Cádiz que, irónicamente, se pagan con la moneda de quien ignora los avisos de nuestra inteligencia.
Hay escenas que parecen sacadas de una comedia de enredos, pero que en realidad huelen a una complacencia institucional que marea. El 30 de julio, mientras en Ceuta la situación era un auténtico incendio con entradas masivas que el Gobierno de Pedro Sánchez cifró entre 72.000 y 80.000 personas, en Palma de Mallorca se respiraba un aire mucho más festivo. El Ministerio de Defensa, en un alarde de generosidad que deja perplejo a cualquiera, decidió abrir las puertas del Castillo de San Carlos para que el Consulado General de Marruecos celebrara la Fiesta del Trono del rey Mohammed VI. Es el contraste perfecto: en un extremo, militares españoles desplegados en la frontera, sintiéndose impotentes y patrullando con un fusil para cada cinco o seis efectivos —una especie de 'ahorro de material' que ya ha dejado fracturas de peroné y traumatismos en el cuerpo de seguridad—. En el otro extremo, canapés y protocolo en un recinto militar español para homenajear al monarca del país que provoca la crisis. El cónsul Zakaria Balga encabezó el evento, donde no faltaron figuras como Othman Ktiri, el dueño de OK Mobility, quien presumió de su asistencia en redes sociales mientras sus colegas de uniforme en Ceuta se preguntaban dónde estaba la orden clara del Gobierno para actuar. Ceder un castillo militar para una fiesta diplomática es, en lenguaje de calle, como prestarle el salón de tu casa al vecino que acaba de saltarte la valla y te está pisando el jardín. La deferencia institucional ha pasado de ser cortesía a convertirse en un espectáculo de hipocresía. Mientras los militares de Ceuta se movilizan este 16 de septiembre denunciando que 'no los dejan defenderse', el Castillo de San Carlos servía de escenario para que la élite empresarial y diplomática brindara por la estabilidad de un trono ajeno sobre el suelo de una fortaleza española.
Hay que tener una cara de cemento armado para gestionar las fronteras como quien gestiona una comunidad de vecinos en conflicto. Mientras el ciudadano de a pie se pelea con la administración por un papel, en Bruselas se juega el honor de Ceuta. Este jueves, el Parlamento Europeo debate los 'ataques híbridos' y la instrumentalización de migrantes, pero el régimen alauí ya ha movido sus fichas. La Embajada de Marruecos ante la UE y la OTAN ha enviado un correo selectivo a los eurodiputados, presumiendo de su 'buena voluntad' y prometiendo readmitir a todo el mundo, desde menores no acompañados hasta nacionales de terceros países. Un gesto noble, casi caritativo, si no fuera porque el guion tiene un giro surrealista. El escudo de Rabat no es un muro de hormigón, sino el propio Pedro Sánchez. Marruecos se defiende en Bruselas usando las palabras del presidente español: 'el Gobierno ha dicho que no se puede responsabilizar a Marruecos'. Es el colmo de la ingeniería diplomática: el dueño de la casa le dice al vecino que el incendio no fue provocado, mientras el vecino usa esa frase para evitar la multa. Sánchez no solo ha ignorado los informes policiales enviados a la juez Tardón, sino que ha tratado los documentos desclasificados del CNI como si fueran folletos publicitarios sin valor probatorio. La paradoja es deliciosa y amarga. Si Rabat acepta readmitir a los invasores, ¿por qué Moncloa prefiere acusar al PP de buscar votos que ejecutar las devoluciones? Mientras el presidente disfruta de sus vacaciones, la frontera se convierte en un tablero de ajedrez donde España parece jugar con las piezas del rival. Para rematar la faena, el Gobierno ultima la entrega de un buque militar a Marruecos. No hace falta Pegasus ni espionaje sofisticado para entenderlo: cuando externalizas tu seguridad, el precio es el silencio y la sumisión.
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