Crítica:
El texto original es un panfleto de denuncia, pero acierta al exponer la diferencia entre el marketing interno y la percepción externa. Le falta profundidad sobre el coste real de las multas para cerrar el círculo de la hipocresía.
Pere Navarro se inventa el nombre patriota de baliza española para no reconocer el fiasco de la baliza V16
La 'baliza española': marketing barato y fiasco
Otros artículos
Sánchez y Melenchon: el manual del caos
Hay una receta que no falla: mezcla un poco de demagogia televisiva, añade una pizca de caos callejero y sirve con una guarnición de fondos públicos. El menú es el mismo en Madrid que en París. Mientras en Francia Jean-Luc Mélenchon intenta convertir el país en un Saint Denis gigante, aquí Pedro Sánchez parece jugar al mismo juego, aspirando a que toda España tenga el aroma de una Ceuta sitiada. Es la vieja escuela del 'nosotros contra ellos', donde la alternancia democrática es vista como un error de sistema que hay que parchear a base de gritos y humo. Lo fascinante es el casting. Tenemos a los 'viejales' del 68, esos que ya no saben si protestan por el clima o por el reuma, mezclados con adolescentes que confunden el acné con la conciencia de clase. Es un reciclaje perfecto: los antiguos 'coletudos' de la era Zapatero, que vivían del cuento de los telediarios, ahora se han fusionado con los matones del sanchismo. Han pasado de cobrar chiringuitos humanitarios a gestionar la propaganda desde el despacho del director, sin soltar el presupuesto público que, para ellos, es como una tarjeta de crédito sin límite y sin fecha de corte. Pero el verdadero mando a distancia no está en Moncloa. El texto sugiere que el timón lo lleva Begoña Gómez, transformando la gestión del Estado en una suerte de empresa familiar donde el alquiler de Muface es el premio gordo. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la lista de la compra y el mercado del alquiler es un campo de minas, la cúpula parece más preocupada por el calendario judicial que por el electoral. Al final, la democracia se ha convertido en un trámite que depende de si la 'mujer de negocios' prefiere el banquillo de los acusados o un vuelo directo a un país sin tratado de extradición.
Tajo-Segura: El grifo seco y la chapuza
Gestionar el agua en este país es como intentar tapar una gotera en el techo con un chicle masticado: tarde o temprano, el techo se te cae encima. Lo que el Gobierno vendió hace diez días como una 'incidencia temporal' ha resultado ser un desastre arquitectónico con todas las letras. La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha soltado la bomba: el acueducto Tajo-Segura tiene los cimientos hechos trizas, con hundimientos en Liétor y Riansares que obligan a cerrar el grifo durante cinco meses. Cinco meses. Para un millón de personas en Alicante, eso no es una 'incidencia', es una condena a vivir pegados a la factura de la luz, ya que las desaladoras tendrán que trabajar a marchas forzadas para que no nos bañemos en arena. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que la cuenta corriente no llegue a cero, el Ministerio para la Transición Ecológica ha soltado un presupuesto de 1,2 millones de euros para intentar que el hormigón no se convierta en queso suizo. Es una cifra que suena a mucho hasta que te das cuenta de que 30.000 hectáreas de cultivo están ahora mismo en el limbo, rezando para que el calendario avance más rápido que la burocracia. Lucas Jiménez, del SCRATS, pone números al pánico: 65 hectómetros cúbicos en riesgo para el regadío y 25 para el consumo. Un agujero hídrico que deja en evidencia la dejadez estatal. La hipocresía es el plato fuerte. El Gobierno tardó dos semanas en admitir que la infraestructura está en las últimas, limitándose a un comunicado de 365 palabras que parece redactado por alguien que no quiere que lo despierten del siesta. Ahora, entre la presión de Francisco Lucas y las quejas de Miguel Barrachina, se apresuran a declarar la 'emergencia'. Claro, porque la emergencia no es que el canal se hunda, sino que el escándalo político ya no se puede maquillar con eufemismos técnicos.
Motos y arcenes: Cataluña pasa del Reglamento
España acaba de estrenar un nuevo Reglamento General de Circulación que, en teoría, es para todos. Pero claro, en el tablero político actual, 'todos' es un concepto elástico. La novedad estrella permite que las motos circulen por el arcén cuando el tráfico se convierte en un parking gigante. Una medida que la DGT intenta vender con un límite de 30 km/h, aunque cualquier agente de la Guardia Civil con dos dedos de frente sabe que controlar esa velocidad es como intentar contar los granos de arena de una playa: una pérdida de tiempo absoluta. Aquí es donde entra Cataluña. Aprovechando que tiene las competencias de Tráfico transferidas desde 1997, ha decidido que el nuevo reglamento es más una sugerencia que una norma. En Cataluña, los moteros seguirán viendo el arcén como tierra prohibida. Mientras que en otras latitudes se experimenta con peajes dinámicos —como en el País Vasco— o límites cambiantes en la AP-7, aquí la Generalitat ha plantado el pie. El contraste es casi cómico. Por un lado, tenemos una norma estatal que invita a las motos a bailar en el arcén, una zona que, seamos sinceros, suele estar más sucia que el suelo de un taller mecánico y donde cualquier coche averiado puede montar una emboscada involuntaria. Por otro, una comunidad que prefiere mantener el veto. Al final, el conductor se encuentra en un limbo jurídico donde el código postal decide si circular por el arcén es un derecho o una multa. Es la ingeniería administrativa en su máxima expresión: crear una autopista de normas donde cada salida lleva a un destino distinto, dejando la seguridad vial como el daño colateral de una guerra de competencias.
Sueldos públicos para la 'cloaca' de Zapatero
Hay quien dice que el retiro de un expresidente es para escribir memorias y pasear por el campo, pero José Luis Rodríguez Zapatero ha llevado el concepto de 'jubilación dorada' a un nivel de ingeniería financiera digno de un manual de supervivencia. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la cesta de la compra, la Moncloa mantiene un ecosistema de lujo que parece más una sucursal del PSOE que una oficina de representación. La UDEF ha puesto el dedo en la llaga al identificar a Judith Laure Wells Sutton, una funcionaria de Presidencia pagada con dinero público desde 2018, que compartía despacho con la ya conocida Gertrudis Alcázar. No eran solo secretarias; según el juez Calama, eran las piezas operativas de una maquinaria donde se gestionaban comunicaciones sensibles y operativas financieras desde la calle Ferraz. Es el colmo del descaro: usar el erario público para financiar la infraestructura de una presunta organización criminal. Y luego tenemos el caso del primo, José Miguel Vidal Zapatero. El hombre, custodio de una caja fuerte llena de joyas de origen misterioso, se encaja en el presupuesto público con un sueldo de nivel 30, lo que supone un sablazo anual de unos 90.000 euros. Un lujo que se complementa con pasaporte diplomático renovado en junio de 2025 y escoltas que, lejos de proteger la Seguridad Nacional, parecen haber servido para gestionar reservas en restaurantes con Julio Martínez o paseos clandestinos por el monte de El Pardo. Todo esto ocurre mientras el expresidente sigue sin explicar la procedencia de aquellas joyas que, según él, fueron un regalo del rey de Arabia en 2007. Un silencio que, sumado al 1% de comisión del rescate de Plus Ultra (unos 530.000 euros), convierte la presunción de inocencia en un escudo muy cómodo pagado con nuestros impuestos.
Policías en ferri y hoteles vacíos: caos Ceuta
Gestionar una frontera es complejo, pero gestionar la logística de quienes deben custodiarla parece haber sido un ejercicio de improvisación creativa. Desde finales de julio, Ceuta ha absorbido la entrada de unas 80.000 personas vía El Tarajal, y el resultado es un tablero donde nadie cabe. Ni los migrantes, ni las víctimas, ni siquiera los propios policías. Resulta casi surrealista que el Ministerio del Interior haya desplegado refuerzos de la UIP y de la Comisaría General de Extranjería para acabar obligándolos a dormir en Algeciras. Sí, han convertido la jornada laboral en un crucero forzoso: dos horas diarias de ferri para que los agentes puedan cerrar los ojos en un hotel gaditano porque en la ciudad autónoma no hay una cama libre. Es como contratar a un fontanero para arreglar una fuga y decirle que, como no hay sitio en el barrio, se instale en la ciudad vecina y viaje en barco cada mañana. Mientras los agentes de Extranjería lidian con documentos falsos de "mucha calidad" y la UIP desmantela asentamientos en la playa de Benítez y la desaladora, la realidad social es un incendio sin extintores. El centro Mediterráneo ha pasado de ser un refugio a un cuello de botella donde las menores víctimas de agresiones sexuales no tienen dónde meterse. Los datos del CGPJ del 22 de septiembre son un puñetazo: 37 procedimientos por agresión sexual entre el 30 de julio y el 14 de septiembre, un salto del 75% respecto al año pasado. Sin embargo, en el Congreso, la ministra Ana Redondo se ha permitido el lujo de presumir de una labor "muy importante" y de sus 59 centros de crisis. Es la eterna danza del poder: mientras en el terreno se cuentan violaciones y falta espacio, en el despacho se cuentan logros y leyes de paridad. Para rematar el cuadro, Amnistía Internacional señala a los militares por torturas, mientras la ATME, con Marco Antonio Gómez a la cabeza, recuerda que las agresiones a los uniformados también existen, aunque no entren en el catálogo de las ONG.
Colau vuelve: ¿Vocación o sueldo público?
En el tablero político de Barcelona, el aire huele a naftalina y revancha. Daniel Sirera, el portavoz del PP que ya se visualiza en la alcaldía para 2027, ha decidido que es el momento de recordarnos que Ada Colau quiere volver al ruedo. Para Sirera, el regreso de la exalcaldesa al 'frente amplio de izquierdas' no es un acto de vocación, sino una maniobra de supervivencia financiera: según él, Colau no tiene 'ni oficio ni beneficio' y vuelve porque 'hace frío fuera de la política' y quiere seguir cobrando un sueldo público sin despeinarse. El contraste es brutal y Sirera lo usa como un mazo. Mientras el ciudadano medio ve cómo el alquiler en Barcelona se ha convertido en un deporte de riesgo —siendo el metro cuadrado más caro de España—, el portavoz recuerda que la política del 30% de reserva para vivienda social fue un agujero negro: querían 300 viviendas y solo materializaron 36. Un rendimiento que haría llorar a cualquier gestor de barrio. Pero la crónica del 'desastre' no para ahí. Sirera pinta una ciudad dantesca donde la seguridad es una sugerencia y no una realidad, con 400 delitos diarios y una 'cultura de la navaja' que el Ayuntamiento ignora. La hipocresía alcanza su pico cuando menciona que, mientras el alcalde Jaume Collboni le da la espalda a Ceuta, se ha gastado 1,5 millones de euros de los contribuyentes en el llamado 'Distrito Gaza'. Es la clásica ingeniería de prioridades: fondos para la pancarta internacional, pero silencio sepulcral para el vecino que tiene que esquivar orines y basuras en su propia calle. En resumen, para Sirera, Barcelona es hoy un sainete donde los de arriba cobran y los de abajo, entre asentamientos y okupas, esperan que alguien deje de hacer política y empiece a gobernar.
Justicia fallida: el Estado paga récord histórico
Imagínese que usted paga sus impuestos con la precisión de un reloj suizo, pero el Estado gestiona la Justicia como quien monta un mueble de IKEA sin leer las instrucciones y perdiendo tornillos por el camino. En 2025, el sablazo ha sido histórico: 6.727.369,51 euros. No es un error de redondeo; es más del doble de los 3.193.665,53 euros que se soltaron en 2024. Básicamente, la Administración ha decidido que equivocarse con la vida de la gente es un lujo que puede permitirse pagar con el dinero de todos. Desde el año 2000, la factura acumulada asciende a 78.049.823,59 euros. De ese agujero contable, 34.040.035,52 euros se resolvieron por las buenas (vía administrativa), pero los otros 44.009.788,07 euros fueron el resultado de que los tribunales obligaran al Ministerio de Justicia a soltar la pasta. Solo en 2025, el Estado tuvo que pagar 4.855.977,79 euros por sentencias contencioso-administrativas, mientras que en la vía administrativa solo reconoció 1.871.391,72 euros. Traducido al lenguaje de la calle: el Estado no admite que mete la pata hasta que un juez le pone la pistola en la sien. La maquinaria del error no para. En 2025 se abrieron 911 expedientes, disparando las reclamaciones por error judicial de 66 en 2024 a 157 en 2025. El ejemplo más sangrante es el de Ahmed Tommouhi. Quince años de cárcel por violaciones que no cometió porque alguien decidió ignorar una prueba de ADN de la Policía Científica. El Tribunal Supremo ha tenido que soltar 2,5 millones de euros para intentar compensar una vida destrozada. Una cifra astronómica que, aunque parece mucho, es solo una gota en el océano de una serie histórica donde, en 2000, solo se pagaban 1.119.097,29 euros. Parece que la Justicia, con el tiempo, ha aprendido a fallar con presupuestos mucho más generosos.
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