Crítica:
El texto original es una joya del resentimiento local, aunque mezcla la gestión técnica con el calendario electoral de forma casi obsesiva. Le falta profundizar en por qué Adif considera que la estación impide el soterramiento.
La estación de tren de 253 millones con la que Puente aísla a los barrios de Valladolid que votan al PSOE
Estación de 253 millones: lujo y muro
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AVE de lujo mientras las vías fallan
Hay una lógica perversa en la gestión de Óscar Puente que es fascinante y aterradora a la vez. Mientras el país aún procesaba la tragedia de Adamuz y el sistema de seguridad de la línea Madrid-Andalucía seguía anclado en 1992 —una reliquia tecnológica que ya pedía la jubilación en 2021—, el Ministerio de Transportes decidió que lo más urgente era tirar la casa por la ventana en el sureste. No es que faltara dinero, es que el dinero tenía prioridades: el cemento nuevo siempre brilla más que el mantenimiento aburrido. Para que nos entendamos, mientras el mantenimiento ferroviario agonizaba con más de 115 fallecidos en diez meses, el Gobierno se permitió un 'shopping' de infraestructuras en Almería y Murcia. Empezaron fuerte con 108,2 millones de euros para 62 kilómetros de vía entre Lorca y Vera. Luego, como quien añade un extra en el menú, soltaron 31,5 millones para Vera-Almería y 38 millones para Nonduermas-Lorca San Diego. Total: una inversión estimada de 186,17 millones de euros solo para 2026, una cifra que hace que cualquier presupuesto doméstico parezca un chiste de mal gusto. Lo más surrealista es el despliegue de 'tecnología punta' (ERTMS) anunciada el 17 de febrero de 2026 para un AVE que ni siquiera tenía las vías puestas. Es como comprarse el último iPhone cuando aún no tienes electricidad en casa. A esto sumamos una base de mantenimiento en Níjar por 28,53 millones y una estación en Vera-Almanzora por 15,69 millones, convenientemente situada a 17 kilómetros del apartamento de Pedro Sánchez y Begoña Gómez en Mojácar. Mientras tanto, Luis Pedro Marco de la Peña, al frente de Adif AV, sumaba otros 33,37 millones en 2026 y una ristra de consultorías y traviesas que en 2025 ya sumaban más de 23 millones. Todo esto ocurre mientras los ministros 'recargan pilas' en la costa almeriense, ignorando que el verdadero problema no es dónde llega el tren, sino que los que ya circulan se caigan a pedazos.
Sánchez da luz a 100.000 casas madrileñas
Resulta fascinante observar cómo funciona la maquinaria del Estado: primero te cortan el grifo y luego, tras un par de años de jugar al gato y al ratón, te anuncian con solemnidad que te dejarán abrir la llave. Pedro Sánchez ha decidido, en un alarde de generosidad administrativa, rectificar la planificación eléctrica para que Madrid pueda levantar más de 100.000 viviendas. Básicamente, el Gobierno central se había olvidado de que para que una casa sea habitable hace falta más que cuatro paredes y un contrato de hipoteca; hace falta electricidad. Es como si te vendieran un coche deportivo pero se olvidaran de ponerle el depósito de gasolina durante dos años. La Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al mando y el recién estrenado José María García Gómez en la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, ha tenido que hacer un trabajo de insistencia digno de un teleoperador persistente para que el Ministerio para la Transición Ecológica admitiera que Valdecarros, Los Ahijones, Los Berrocales y Madrid Nuevo Norte no funcionan con velas. El borrador inicial del Ministerio, presentado hace un año, ignoraba estas necesidades. Una 'omisión' técnica que, en la calle, se traduce en grúas paradas y familias esperando un techo que no llega. Pero ojo, que el papel lo aguanta todo. Mientras celebran el avance, la cautela manda porque en Parla —donde faltan 240 megavatios— y Algete la luz sigue siendo una promesa electoral. Y no es solo el sueño de la primera vivienda; hablamos de un agujero estratégico que pone en riesgo 56 proyectos industriales y tecnológicos. Estamos hablando de 15.000 millones de euros en inversiones y hasta 24.000 empleos que dependen de que el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y el viceconsejero Rafael García se pongan de acuerdo en que la inteligencia artificial y la nube no se alimentan de buenas intenciones, sino de voltios.
Millones para borrar cayucos del mapa
Hay que tener una imaginación envidiable para convertir la basura en un negocio de lujo. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, bajo la batuta de Ángel Víctor Torres, ha decidido que limpiar y triturar barcas de madera y plástico requiere una ingeniería financiera de 4,1 millones de euros. Mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz como quien mira una película de terror, el Estado lanza una licitación el 21 de octubre para gestionar los restos de la crisis migratoria en Canarias. El plan es sencillamente fascinante. No basta con tirar el cayuco al desguace; no, señor. Se requiere una 'ficha con reportaje fotográfico detallado' de cada patera. Básicamente, un álbum de recuerdos del naufragio pagado con dinero público. El servicio cubre desde Gran Canaria hasta El Hierro, asegurando que no quede ni un tornillo sin contabilizar. El presupuesto base es de 1.866.666 €, pero si hacemos cuentas de barrio, el valor estimado sube a los 4,1 millones sumando prórrogas y ese cómodo 20% de 'modificaciones previstas', que en lenguaje administrativo es el colchón para cuando se olviden de algo. Lo más tierno del pliego es la prohibición expresa de vender los motores como unidades operativas. No sea que algún listo se haga rico con el motor de un cayuco mientras el Estado paga la fiesta. El contrato, previsto entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027, garantiza que la destrucción sea 'ecológica'. Porque claro, nada dice 'protección del medio ambiente' como gastar millones en mover escombros de playa en playa y luego enviarlos por barco fuera de las islas cuando el volumen sea suficiente. Una logística impecable para borrar el rastro de una tragedia, con el presupuesto de un hotel de cinco estrellas.
Nadal: Menos propaganda y más trenes funcionando
Alberto Nadal llega al área económica del Partido Popular con el aura de quien sabe dónde están enterrados los cadáveres presupuestarios, después de un paseo por el BID en Washington. Su discurso es un bisturí que intenta diseccionar el 'sanchismo' justo antes del 29 de noviembre. Para Nadal, España es hoy un escaparate de propaganda donde la gestión ha pasado a mejor. El ejemplo es lapidario: trenes que fallan y una red eléctrica que, según él, nos convierte en el único país de la OCDE con apagones generalizados. Es como intentar conducir un coche de lujo que solo brilla por fuera mientras el motor escupe aceite y las ruedas están pinchadas. El contraste financiero que plantea es un bofetón de realidad. Asegura que el Gobierno ha recaudado 200.000 millones de euros más que en 2018 y ha emitido más de medio billón en deuda pública adicional, pero que somos el penúltimo país de Europa en inversión pública. En cristiano: han llenado la hucha, pero se han olvidado de arreglar el tejado. Mientras tanto, el ciudadano siente el sablazo en la factura: una inflación que ha disparado la cesta de la compra más de un 40% y un IPC del 4,9%, dejando a Europa atrás con su 3,8%. Sobre el bolsillo, Nadal promete el clásico 'alivio fiscal'. Habla de doblar los mínimos exentos del IRPF y congelar el IVA de los alimentos, tratando de limpiar la imagen del PP que, en su día, subió impuestos en una 'operación a vida o muerte'. Entre el luto por Fátima Báñez —quien redujo el desempleo en 1.800.000 personas— y la promesa de una auditoría total, Nadal se posiciona como el gestor que sabe que no basta con gastar, sino que hay que evitar que el dinero se evapore en el aire de la ideología.
De revisar billetes a sueldo de jefe
En el mundo real, para pasar de revisar billetes a dirigir una institución, uno suele necesitar un máster, diez años de gestión o, al menos, no haber sido derrotado en primarias. Pero en el manual de 'supervivencia sanchista', la moneda de cambio no es el currículum, sino la lealtad a prueba de balas. José Luis Blanco ha logrado el salto más acrobático de la década: pasar de la cabina del AVE a la cúpula de Renfe con la agilidad de quien tiene el número directo de La Moncloa. La historia es una joya de la ingeniería política. Blanco, que entró en Renfe en 1985 con 17 años, era un supervisor de servicios a bordo que cobraba unos 30.000 euros anuales. De repente, el 5 de marzo de 2024, se despierta como Director de Relaciones Institucionales de Renfe en Castilla-La Mancha. El salto salarial es un espectáculo: pasamos de un sueldo modesto a unos 100.000 euros anuales. Es como si, tras años pidiendo el menú del día, alguien te invitara a cenar en el Ritz todos los viernes y pagara la cuenta con dinero público. ¿El mérito? No fue la gestión de Azuqueca de Henares, donde dejó la alcaldía el 1 de marzo, apenas diez meses después de que los vecinos le renovaran la confianza en mayo de 2023. Tampoco fue su capacidad directiva, inexistente en la compañía. El verdadero activo de Blanco fue el 1 de octubre de 2016, cuando el PSOE echó a Pedro Sánchez de Ferraz y él decidió no saltar del barco. Mientras otros hacían maletas, Blanco se mantuvo fiel. Esa lealtad, que le costó perder contra Emiliano García-Page en 2017 (quien arrasó con el 71% de los votos), ha sido finalmente liquidada con intereses. Óscar Puente, nombrado ministro el 21 de noviembre de 2023, solo tuvo que poner la firma para cerrar el círculo de la gratitud.
Pasaportes gratis: el 'truco' de los falsos nietos
La Ley de Memoria Democrática nació con la promesa romántica de devolver la patria a quienes el franquismo escupió fuera de sus fronteras. Una reparación histórica, dijeron. Pero en la práctica, la interpretación de Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, convirtió el proceso en un buffet libre de pasaportes europeos. El caso del consulado de Montreal es la gota que colma el vaso: un solicitante pretendía nacionalizarse basándose en un abuelo nacido en São Paulo en 1942 que jamás había pisado suelo español. Lógica de calle: no puedes ser exiliado de un sitio donde nunca has dormido una siesta. Mientras el ciudadano medio pelea con la administración por un certificado de empadronamiento, la instrucción de Puente decidió que acreditar el exilio era un trámite opcional. 'Basta que el abuelo sea español', sentenció, abriendo la puerta a que bisnietos de emigrantes económicos del siglo XIX se colaran en el censo. El resultado es un agujero administrativo del tamaño de un estadio: más de 2,4 millones de solicitudes y 600.000 resoluciones favorables que huelen a ingeniería electoral. La hipocresía ha estallado ahora que el Tribunal Supremo ha pedido cuentas para las elecciones del 29 de noviembre. El Gobierno ha tenido que admitir, con una naturalidad pasmosa, que de 31.390 'nietos' revisados, solo 91 han acreditado realmente el exilio. Es decir, el 99,7% de esa muestra son 'turistas de la nacionalidad'. Hemos pasado de reparar una herida histórica a regalar el voto español como quien reparte folletos en un semáforo, todo bajo el paraguas de una ley que, según los datos, se ha usado para todo menos para los exiliados.
Adif: Novatos al mando y ministros blindados
En el tablero del poder, hay quienes gestionan presupuestos millonarios y quienes gestionan el pánico con un sueldo de 1.700 euros. La tragedia de Urda, con sus 69 muertos ya contabilizados, no es solo un choque de trenes; es el choque frontal entre la realidad del operario y la retórica del despacho. Mientras el ministro Óscar Puente se pregunta, con una frialdad que hiela la sangre, qué 'confort' le daría a una familia que ha perdido a un hijo que él dimita, en el centro de control de Adif el ambiente es de bunker. La receta es la de siempre: un sistema de seguridad LZB que tose y falla constantemente —176 veces en un año, según el propio Puente, quien considera que este nivel de averías es 'normal'— y una plantilla exhausta que huye de los puestos como quien huye de un incendio. Es la lógica del ahorro mal entendido: sustituir a los veteranos por novatos que cobran entre 1.700 y 2.000 euros mensuales, dejándolos solos frente a una pantalla mientras el sistema LZB se cae en 63 kilómetros y detiene ocho trenes. Cuando la máquina falla, el Gobierno busca un cuello donde colgar la culpa. El dedo índice de Puente apunta directamente al controlador de Atocha que dio la orden de 'marcha normal' en lugar de 'a la vista'. Es la técnica del escudo humano: el ministro dice que no usa a los trabajadores como parapetos, pero se niega a dimitir alegando que no era su 'deber estar en el centro de mando'. Claro, el deber de un ministro no es mover la palanca, sino evitar que la palanca sea lo único que separe la vida de la muerte cuando el mantenimiento es un concepto abstracto y las piezas de reemplazo brillan por su ausencia en la transición al ERTMS.
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